RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOS/WPGR/M/20
17 de marzo de 1999
(99-1072)
Grupo de Trabajo sobre las Normas del AGCS
INFORME DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 19 DE FEBRERO DE 1999
Nota de la Secretaría
1. La vigésima reunión del Grupo de Trabajo sobr e las Normas del AGCS estuvo presidida por
el Sr. Harald Fries, de Suecia.  El orden del día de la reunión, distribuido por medio del aerograma
WTO/AIR/1009, constaba de cinco puntos:  negociaciones sobre salvaguardias de conformidad con el
artículo X del AGCS;  negociaciones sobre subvenciones de conformidad con el artículo XVdel AGCS;  negociaciones sobre contratación pública de conformidad con el artículo XIII del AGCS;
fecha de la próxima reunión del Grupo de Trabajo;  y otros asuntos.
2. El Presidente indicó que para ayudar a las delegaciones a preparar la reunión había distribuido
una Nota, Nº 772, de fecha 10 de febrero de 1999.  En la Nota se hacía una recapitulación de la
situación en que se hallaban las tres cuestiones en el Grupo de Trabajo y se proponía cierta estructurapara el debate.
PUNTO A: NEGOCIACIONES SOBRE SALVAGUARDIAS DE CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO X DEL AGCS
3. El Presidente indicó que en la anterior re unión el Grupo de Trabajo había mantenido un
primer intercambio de opiniones sobre la Nota de la Secretaría titulada "Cuestiones para debates
futuros sobre medidas de salvaguardia urgentes" (S/WPGR/W/27);  las delegaciones acordaron
proseguir el debate.  En la Nota se consideraban, en primer lugar, las posibles formas que podía
adoptar un mecanismo de salvaguardia en el marco del AGCS y, en segundo lugar, se desarrollaba la
lista de cuestiones contenida en el esquema presentado por Venezuela (documento sin signatura
Nº 5412, de fecha 14 de octubre de 1998).  Propuso abordar las cuestiones una por una.
Posibles formas de un mecanismo de salvaguardia
4. El Presidente recordó el debate inicial sobre los pros y los contras de un mecanismo de
salvaguardia por sectores específicos frente a un mecanismo uniforme de aplicación general.  Invitó a
los autores de la propuesta de un mecanismo por sectores específicos a que explicaran su posible
forma.  A este respecto, entre las cuestiones pertinentes figuraban las siguientes:  i) la necesidad de
normas y principios generales y su contenido potencial;  ii) los sectores para los que debía prepararse
ese mecanismo;  y iii) la posibilidad de que tuvieran acceso al mecanismo todos los Miembros osolamente los que se hubieran reservado el derecho a utilizarlo en sus listas.
5. El representante de los Estados Unidos resumió brevemente la anterior comunicación de su
delegación sobre el tema (S/WPGR/W/17).  Se basaba  en la hipótesis de que podrían facilitarse los
compromisos de liberalización si fuera posible consignar disposiciones tipo salvaguardia en las listas.
Las disciplinas pertinentes no serían muy distintas de las previstas en el artículo XIX del GATT:carácter decreciente, temporal, etc.  Sin embargo, no veía posibilidad realista alguna de incluir una
prueba de la existencia de daño, dados los graves problemas que planteaban los datos.  Podría más
bien establecerse un conjunto de condiciones que confirieran el derecho a adoptar medidas conS/WPGR/M/20
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respecto a un número limitado de sectores de servicios.  Aunque el de los servicios financieros tal vez
no fuera un buen ejemplo, dada la excepción cautelar, podría contemplarse el establecimiento de
disposiciones tipo salvaguardia, por lo menos conceptualmente, en el caso de las telecomunicaciones.
6. Algunas delegaciones expresaron preocupación con respecto a la incorporación en las listas
de un mecanismo por sectores específicos.  El representante de Corea estimaba que las pequeñas
economías sin gran poder de negociación podrían tener problemas para lograr su inclusión en las
negociaciones.  El representante de las Comunidades Europeas señaló las dificultades conceptuales de
elaborar una lista de sectores en los que pudieran ser necesarias las salvaguardias y manifestópreferencia por un enfoque horizontal.  El representante del Brasil era también partidario de un
enfoque horizontal, en correspondencia con la idea de  acontecimientos imprevistos.  El representante
de Tailandia dijo que los problemas relativos a los datos no constituían un argumento sólido en contra
de un mecanismo horizontal, puesto que en el caso de normas por sectores específicos se plantearían
problemas similares.  Por otro lado, sería difícil identificar sectores que, a más largo plazo, fueran más
propensos a situaciones tipo salvaguardia que otros.  Pidió aclaraciones en cuanto al fundamento
jurídico de un enfoque por sectores específicos.  El representante de Australia dijo que tal vez no
fuera práctico elaborar disciplinas separadas para diferentes sectores, dados los problemas estadísticosque se planteaban.  El representante de Nueva Zelandia se hizo eco de esas preocupaciones y se
mostró partidario del establecimiento de normas horizontales.
7. La representante de México, que expresó su apoyo al mecanismo horizontal, estimaba que un
enfoque por sectores específicos podría fragmentar el sistema y comprometer su previsibilidad y
estabilidad.  Tenía también dudas sobre su fundamento jurídico.  El representante de la India señaló
diversos problemas y expresó una firme oposición al enfoque por sectores específicos.  El
representante del Uruguay subrayó las dificultades conceptuales que planteaban, entre otras, las
medidas de salvaguardia con respecto al modo 3 y la falta de estadísticas comparables a nivelinternacional.  No obstante, el mandato del artículo X del AGCS era claro y formaba parte del proceso
de aplicación de los resultados de la Ronda Uruguay.   Entre las diversas opciones, el Uruguay prefería
un enfoque horizontal.  No tenía necesariamente que basarse en los modelos contenidos en losAcuerdos sobre la Agricultura y sobre los Textiles, que implicaban circunstancias excepcionales.
Fuera cual fuere el mecanismo, debía garantizarse un trato especial y diferenciado a los países en
desarrollo.  El representante de Tailandia, si bien reiteró el apoyo de la ASEAN a un enfoque
horizontal, estaba también dispuesto a examinar los argumentos a favor de un modelo por sectores
específicos.
8. El representante del Japón distinguía tres opciones con respecto al mecanismo de
salvaguardia:  salvaguardias consignadas en las li stas;  salvaguardias específicas con respecto a
determinados sectores;  y un mecanismo horizontal.  En su opinión, la primera opción introduciría un
elemento de inestabilidad en los compromisos consignados en las listas.  La segunda estaría al alcance
de todos los Miembros en un determinado sector, sin relación con las listas.  Sugirió que se
examinaran otros posibles mecanismos paralelamente a las cuestiones identificadas en la sección II de
la Nota de la Secretaría.  El representante del Canadá subrayó la importancia de avanzar la labor sobre
las salvaguardias y sugirió que se examinaran con detalle las distintas cuestiones.  A su vez, ello era
compatible con un enfoque horizontal que, en cualquier caso, parecía gozar de mayor apoyo.  El
representante de los Estados Unidos indicó que varias delegaciones parecían suponer que el Grupo de
Trabajo tenía que decidir entre un enfoque horizontal y un enfoque por sectores específicos.  Sinembargo, la cuestión que realmente había que decidir era si se necesitaban en absoluto salvaguardias.No se habían abordado suficientemente una serie de consideraciones contrarias a un enfoque
horizontal.
9. Al iniciar el examen de la sección II del documento S/WPGR/W/27, el Presidente subrayó la
importancia de determinadas cuestiones fundamentales, como las situaciones que justificaban laS/WPGR/M/20
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aplicación de medidas de salvaguardia y los conceptos de daño y causalidad.  Pidió también que se
pusieran ejemplos concretos en este contexto.
Definición y alcance
10. Según el Presidente, la opinión general parecía ser que sólo debían estar autorizados a aplicar
salvaguardias los gobiernos y los organismos bajo control gubernamental.  En cuanto a los
beneficiarios potenciales, una gran mayoría de delegaciones era partidaria de que lo fuera la rama de
producción interna en vez de la rama de producción nacional únicamente.  Ninguna delegación
parecía cuestionar el principio de protección de los "derechos adquiridos" de las empresas de
propiedad extranjeras establecidas.  Sin embargo, se abrigaban dudas en cuanto a si esa protección
contravenía el principio NMF.  Por otro lado, alg unas delegaciones habían cuestionado la finalidad de
impedir nuevas entradas en una rama de producción mediante medidas de salvaguardia en el modo 3.
11. El representante del Japón coincidía en que en el caso de las medidas de salvaguardia el
sujeto activo debía ser el gobierno y el sujeto pasivo la rama de producción interna en vez de la
nacional.  Compartía la opinión de que debía protegerse a los proveedores establecidos, lo que no
planteaba ningún problema con respecto al princi pio NMF puesto que todos los Miembros quedaban
en principio abarcados.  Dudaba de que la aplicación de medidas por modos específicos entrañara
graves pérdidas de eficiencia y, por tanto, de que fueran necesarias disciplinas para evitar esasmedidas.  El representante de Corea adujo que la obligación de trato NMF significaba dar a los
Miembros igual trato que a los "proveedores similares" de otros Miembros;  ahora bien, si losproveedores de servicios establecidos en el país eran "similares" a los proveedores de servicios
establecidos en el extranjero, su protección podría ser incompatible con el principio NMF.
Situaciones que justifican su aplicación (tipo de daño)
12. El Presidente señaló tres cuestiones fundamentales con respecto a este tema:  la necesidad de
ejemplos convincentes de situaciones en que fueran necesarias salvaguardias para facilitar el reajuste
sectorial;  la disponibilidad de datos empíricos que permitieran establecer una vinculación creíble
entre el aumento de los suministros extranjeros y el daño a la rama de producción;  y la cuestión de la
cláusula de interés público.
13. El representante de Venezuela dijo que podían utilizarse varios indicadores para demostrar la
existencia de daño, con inclusión de los ingresos resultantes del impuesto sobre el valor añadido.  Se
había aducido que la información facilitada a efectos fiscales era normalmente confidencial.  No
obstante, en los casos, por ejemplo, de medidas antidumping y de salvaguardia con respecto a las
mercancías, en los que uno de los elementos utilizados para evaluar el daño eran las declaraciones de
impuestos, se protegía el carácter confidencial de la información.  Podían utilizarse también los
siguientes indicadores:  las estadísticas sobre oferta/ventas que normalmente mantenían las empresasprivadas y las cámaras de comercio;  el número de proveedores presentes en el mercado;  las
variaciones de los precios y la estructura de éstos;  la participación en el mercado;  las corrientes de
capital registradas por las oficinas nacionales de estadística con respecto a diferentes actividades,
grupos de empresas y finalidades;  y las estadísticas sobre la entrada de extranjeros y sus actividades
profesionales.  Aunque las delegaciones habían hec ho hincapié en la necesidad de pruebas fidedignas,
era necesario tener presente que los niveles de prueba tendían a ser más bajos en las investigaciones
económicas que en los casos criminales.  El representante de los Estados Unidos expresó reservas en
cuanto a que pudieran utilizarse las corrientes de capital para medir el aumento de las importaciones yel consiguiente daño.  Las corrientes de capital acompañaban a una amplia variedad de actividades
económicas y no estaban necesariamente relacionadas con las ventas de servicios.  El representante dela Argentina señaló que el primer paso en toda investigación era la determinación del "aumento de las
importaciones";  en este contexto, podía utilizarse el número de proveedores extranjeros de serviciosparticipantes en un mercado como valor sustitutivo del comercio en el modo 4.  No obstante, seS/WPGR/M/20
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preguntaba cómo podía definirse el término "impor taciones" para los otros modos de suministro,
teniendo presente el párrafo 14 de la Nota de la Secretaría.  La dificultad consistía en hallar una
definición compatible con el concepto de rama de producción interna, con inclusión de todos los
proveedores establecidos, e identificar después las estadísticas apropiadas.
14. El representante de Australia consideraba que en cualesquiera normas sobre salvaguardias en
la esfera de los servicios eran elementos importantes los conceptos de daño y causalidad;  era
necesario garantizar que las medidas sólo se adoptaran en caso de daño resultante de importantes
aumentos de las importaciones.  El representante del Japón expresó preocupación en cuanto a la
utilización de cláusulas de "interés público" no definidas debidamente.  Reconoció, sin embargo, que
el concepto podía servir de elemento positivo y evitar la aplicación excesiva de salvaguardias en casos
individuales;  en el artículo 3 del Acuerdo sobre Salvaguardias se preveía un sistema de audiencias
públicas que podría utilizarse también en el contexto de los servicios.
15. El representante de las Comunidades Europeas recordó que el objeto de un mecanismo de
salvaguardia era facilitar el reajuste en situaciones de urgencia;  los conceptos de daño y causalidad
servían para determinar esas situaciones.  Era evidente que había que centrarse en el daño causado por
las importaciones, no en otras cuestiones estructurales que pudieran plantearse al mismo tiempo.  El
representante del Canadá recomendó que se examinara primero el concepto de daño y se vinculara
después al comercio.  A tal efecto, era necesario disponer de información precisa y podría ser útil
examinar más a fondo las opciones mencionadas por Venezuela.
Medidas temporales o provisionales
16. El Presidente indicó que en este punto se unían las cuestiones 3 y 6 de la propuesta inicial de
Venezuela.  En todas las declaraciones hechas en anteriores reuniones se había hecho hincapié en que
las salvaguardias debían otorgar cierto respiro para proceder al reajuste, es decir, debían ser
temporales.  De no ser así, habrían de modificarse los compromisos con arreglo al artículo XXI.
Procedimientos aplicables/investigación del daño
17. Según el Presidente, parecía haber acuerdo general en que cualesquiera disciplinas en materia
de salvaguardias debían incluir disposiciones sobre la investigación de la existencia de daño.  Varios
Miembros habían mencionado anteriormente como posible modelo el artículo 3 del Acuerdo sobre
Salvaguardias, siempre que pudiera dársele un contenido sustancial.
Medidas aplicables.  Principios de trato nacional y no discriminación
18. El Presidente recordó la sugerencia hecha en la anterior reunión de que las medidas de
salvaguardia no debían afectar a los compromisos adicionales contraídos de conformidad con el
artículo XVIII;  preguntó si había opiniones c ontrarias.  Ninguna delegación pidió la palabra.
Transparencia y notificación
19. El Presidente indicó que en este punto se unían las cuestiones 7 y 8 de la propuesta de
Venezuela.  Estimaba que todos los Miembros estaban de acuerdo en la importancia de esas
cuestiones;  podía servir de modelo el Acuerdo sobre Salvaguardias.  En cuanto a las tres cuestiones
anteriores, tal vez no fuera necesario realizar un examen a fondo en esta etapa.
Trato especial y diferenciado
20. El Presidente recordó diversas declaraciones de carácter general hechas en la anterior reunión.
Una delegación dijo que quizás fuera prematuro realizar un examen a fondo en estos momentos.S/WPGR/M/20
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El representante de Tailandia señaló la importancia del principio de trato especial y diferenciado, que
estaba en armonía con el preámbulo del AGCS;  el artículo 9 del Acuerdo sobre Salvaguardias era un
modelo apropiado.
21. En conclusión, el Presidente indicó que muchas delegaciones habían expresado la opinión de
que el Grupo de Trabajo debía seguir centrándose en unas cuantas cuestiones fundamentales,
paralelamente a los debates sobre las posibles formas de un mecanismo de salvaguardia.
Declaraciones adicionales
22. El representante de Tailandia, en nombre de la ASEAN, subrayó la necesidad de que la
Secretaría preparara un proyecto de acuerdo sobre salvaguardias.  Existía una obligación de aplicar los
resultados de las negociaciones para finales de junio de 1999.  De otra manera podría incumplirse el
mandato del artículo X y, por consiguiente, resultar afectados los derechos y obligaciones de los
Miembros en el marco de los Acuerdos de la OMC.  El representante de Polonia apoyó esa opinión y
recordó la comunicación de su delegación de mayo  de 1997, en la que se había pedido que el Grupo
de Trabajo ultimara las negociaciones a tiempo.  El representante de Egipto subrayó que el
establecimiento de normas sobre salvaguardias no constituía una opción sino una obligación.  Porconsiguiente, para finales de junio de 1999 debía haber resultados concretos.  El representante de
los Estados Unidos reiteró la existencia de problemas conceptuales que era necesario resolver.
No veía motivo para pedir a la Secretaría que preparara un proyecto de disciplinas, ya que aún no se
había llegado a un acuerdo general sobre la necesidad de salvaguardias.  Las delegaciones podían
presentar sus propios proyectos de texto.  El representante de Malasia señaló de nuevo la cuestión de
cuál sería el fundamento jurídico de un mecanismo de salvaguardia por sectores específicos y recordóa las delegaciones la obligación de tener normas para la fecha límite de junio.  Si la Secretaríapreparara un proyecto podría ser muy útil como base de ulteriores debates.
23. El Presidente observó que había opiniones diferentes sobre la manera de proceder a la luz de
las obligaciones establecidas en el artículo X.  Sugirió que se celebrara una reunión informal en la
segunda quincena de marzo para examinar estas cuestiones, teniendo en cuenta la proximidad de la
fecha límite de junio.  Así lo acordó el Grupo de Trabajo.
PUNTO B: NEGOCIACIONES SOBRE SUBVENCIONES DE CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO XV DEL AGCS
24. El Presidente recordó a las delegaciones el ejercicio de intercambio de información prescrito
en el artículo XV.  En anteriores reuniones no se había prestado mucha atención a la cuestión de las
subvenciones.  Estimaba que se facilitaría considerablemente la labor futura si se hiciera un esfuerzo
colectivo para que el Grupo de Trabajo comprendiera mejorar:  a) las circunstancias en que era
probable que las subvenciones crearan distorsiones del comercio;  y b) la pertinencia de las actualesdisciplinas del AGCS en tales circunstancias.  En su opinión, parecían merecer especial atención dos
situaciones:  el otorgamiento de subvenciones que tuvieran por efecto la sustitución de las
importaciones o el aumento de las exportaciones.  Recordó la contribución hecha por la Argentina en
la anterior reunión e invitó a las demás delegaciones a que formularan observaciones al respecto.
25. El representante de la Argentina aclaró un malentendido posiblemente implícito en el
párrafo 7 de la Nota del Presidente de 10 de febrero de 1999.  Aunque deseaba promover un examen a
fondo de las cuestiones relacionadas con las subvenciones, su delegación no proponía un ejercicio
conjunto de interpretación para determinar el alcance de las actuales disciplinas.  El representante de
la India dijo que su delegación no estaba convencida de la necesidad de hacer nada, pero estaba
dispuesta a examinar otras opiniones.S/WPGR/M/20
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26. Dado el relativamente escaso nivel de participación en esta esfera y las limitaciones de tiempo
con respecto a las negociaciones sobre salvaguardias, el Presidente propuso que se mantuviera la
cuestión de las subvenciones en el orden del día de futuras reuniones;  no obstante, no invitaría a quese realizara un examen a fondo.  El representante del Japón coincidió en que era razonable centrarse
en las salvaguardias, dado el plazo establecido.  El representante de la Argentina reiteró el interés de
su delegación en las cuestiones relativas a las subvenciones, pero reconoció las actuales limitacionesde tiempo.  No ponía objeciones a la propuesta del Presidente, que entendía no impediría a los
Miembros plantear cuestiones relacionadas con las subvenciones;  entendía asimismo que se
procedería de la misma manera en el caso de la contratación pública.  El representante del Uruguay,
aunque no puso objeciones a la propuesta, subrayó la necesidad de que hubiera equilibrio entre las tresesferas cuyo examen se había encomendado al Grupo de Trabajo.
PUNTO C: NEGOCIACIONES SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD
CON EL ARTÍCULO XIII DEL AGCS
27. El Presidente recordó los anteriores debates sobre el alcance y la cobertura de la contratación
pública de servicios.  En la presente reunión deseaba invitar a que se hicieran nuevas observaciones
para llegar a conclusiones preliminares, no necesariamente convenidas, e identificar cuestiones
fundamentales para su ulterior examen.  Recordó a las delegaciones las tres cuestiones planteadas enel documento informal de las Comunidades Europeas de febrero de 1998:  a) ¿qué transacciones
constituyen contratación?;  b) ¿cuáles son las entidades contratantes?;  y c) ¿qué se contrata?
28. En cuanto a la primera pregunta, el Presidente indicó que una cuestión importante era la
definición y el trato de las concesiones.  El repr esentante del Canadá recordó al Grupo de Trabajo la
solicitud de su delegación de aclaraciones por parte de las Comunidades Europeas e indicó que
proseguían la cuestión bilateralmente.  La representante de las Comunidades Europeas dijo que la
cuestión planteada estaba relacionada con la interpretación del Acuerdo sobre Contratación Pública.En relación con las concesiones, añadió que la definición pertinente parecía diferir entre las
legislaciones nacionales;  las CE estaban preparando una comunicación sobre este tema y esperaban
también contribuciones de otras delegaciones.
29. El representante de los Estados Unidos recomendó que se utilizara como punto de partida la
definición contenida en el artículo XIII del AGCS, que se refería a la contratación de "servicios
destinados a fines oficiales y no a la reventa comercial o a su utilización en el suministro de servicios
para la venta comercial", siguiendo el modelo del párrafo 8 del artículo  III del GATT de 1994.  Dado
el grado de ambigüedad existente, estimaba que sería útil que la Secretaría facilitara información de
base sobre la interpretación dada en el contexto de las mercancías.  Indicó también que el texto del
artículo XIII no abarcaba aparentemente la contratación de servicios destinados a su utilización en elsuministro de mercancías  para la venta comercial.  Tal vez el Grupo de Trabajo quisiera examinar las
implicaciones jurídicas y de definición de esa omisión.  En cuanto a las concesiones, observó que
algunas delegaciones consideraban que quedaban fuera del ámbito de la contratación pública e indicó
que cabía exponer algunos argumentos que podían resultar sólidos.  Sería muy útil que pudiera
facilitarse información adicional sobre los regímenes nacionales pertinentes y sobre posiblesdistinciones de definición con respecto a la contratación pública.
30. El representante de Australia reiteró las dificultades de definición que se planteaban y
coincidió en que el punto de partida de la labor futura debía ser el artículo XIII del AGCS.  Un
contrato BOT (construcción-explotación-transferencia)  podía constituir un ejemplo de concesión;  a
diferencia de la compra de un servicio por el gobierno, los costos recaían por completo en losconsumidores en cierto período de tiempo.  Por consiguiente, las transacciones correspondientes
estaban sujetas a las disciplinas generales del AGCS.   En cambio, servicios como los de recogida de
basuras, total o parcialmente pagados por el Gobierno, podían considerarse contratación.  Al tratar de
establecer criterios generales, sería útil examinar más a fondo si la asignación de costos constituía unS/WPGR/M/20
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factor determinante.  Otra cuestión importante era la definición de "fines oficiales" y, en este contexto,
si había que centrarse en la utilización del servicio por parte del gobierno -como en el caso de los
servicios de mantenimiento y limpieza- o en su función y responsabilidad en el suministro del
servicio, como en el caso de la recogida de basuras.  No obstante, la función de los gobiernos difería
de un país a otro.  También estaba cambiando la relación entre el gobierno y el sector privado, ya quecada vez era mayor el número de empresas que prestaban servicios tradicionalmente suministrados
por los gobiernos.
31. El representante de Tailandia coincidía en que sería útil examinar la interpretación dada a las
disposiciones pertinentes del GATT.  En Tailandia se preveían regímenes de concesiones en muchas
disposiciones legislativas diferentes;  sin embargo, siempre se definían como servicios suministrados
en ejercicio de facultades gubernamentales.
32. La representante de México indicó, como referencia, variaciones de la legislación nacional
con respecto a las concesiones y la contratación pública.  En su país las concesiones no estaban
asimiladas a la contratación pública, puesto que no entrañaban la adquisición directa de mercancías o
servicios por el Gobierno ni ningún gasto por parte de éste.  Para evitar confusión, México mantenía
diferentes conjuntos de disposiciones legislativas para, por un lado, las obras públicas, que estaban
comprendidas en la contratación pública, y, por otro, las concesiones para el suministro de serviciospúblicos, que tenían sus propias normas.  En este último contexto, el Estado autorizaba a una o varias
empresas privadas a ofrecer un servicio público y determinaba también las tarifas que se impondrían.
En cambio, los contratos de obras públicas no entrañaban la concesión a empresas privadas de
autorización para explotar un servicio público.  Otra diferencia era que la concesión podía transferirse
a otras partes, en tanto que la responsabilidad de la ejecución de obras públicas recaía siempre en elcontratista principal, independientemente del grado de subcontratación existente.  Mientras que un
concesionario tenía que aportar los recursos económicos para la ejecución de las obras y la
explotación del servicio, en la contratación de obras públicas los costos los sufragaba el Estado.  En el
caso de las concesiones, la relación jurídica abarcaba no sólo al gobierno y al concesionario sino
también al usuario del servicio;  las obligaciones jurídicas en la esfera de las obras públicas estabanlimitadas al contratista y el organismo contratante.
33. Al concluir el examen de esta cuestión, el Presidente animó a las delegaciones a facilitar
información sobre sus regímenes nacionales, preferentemente por escrito.  A su vez, la Secretaría
facilitaría una nota documental sobre la manera en que se habían interpretado en el contexto
del GATT términos similares a los contenidos en el párrafo 1 del artículo XIII del AGCS.  Se
preguntaba si el Grupo de Trabajo estimaría útil que la Secretaría preparara también una nota sobre
posibles formas de concesiones y disposiciones potencialmente pertinentes del AGCS.  La Secretaría
indicó que en una nota de este tipo se distinguiría esencialmente entre tres categorías de servicios:  los
suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales, que quedaban fuera del ámbito de
aplicación del AGCS;  los contratados por los gobiernos, que estaban comprendidos en el
artículo XIII;  y todos los demás servicios.  Si las concesiones no eran servicios suministrados en
ejercicio de facultades gubernamentales ni constituían contratación pública, quedaban en ese casosujetas a la obligación general de trato NMF y, cuando procediera, a los correspondientes
compromisos específicos.  Desde un punto de vista jurí dico, la nota que pudiera elaborar la Secretaría
no podría ir mucho más allá de esas cuestiones de principio.
34. Varias delegaciones, entre ellas las de la Argentina, Venezuela
 y Malasia , estimaban que sería
útil examinar más a fondo estas cuestiones en el Grupo de Trabajo, sobre la base de la información
facilitada por los Miembros, antes de pedir a la Secretaría que elaborara una nota documental.
35. En relación con la segunda pregunta, es decir, cuáles son las entidades contratantes,
el Presidente recordó que hasta ahora se habían sugerido dos criterios:  a) el control gubernamental de
las entidades;  y b) la estructura correspondiente del mercado, en particular la existencia deS/WPGR/M/20
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competencia.  El representante del Canadá, que estaba de acuerdo con las opiniones expresadas en el
documento no oficial presentado por las Comunidades Europeas, subrayó la diferencia entre un
ejercicio de definición, encaminado a determinar los tipos de entidades que habían de quedar
abarcadas por las normas, y un proceso de negociación, en el que las distintas entidades quedarían
sujetas a las normas.  Al determinar el alcance de las normas sobre contratación pública, la principalconsideración debía ser el nivel de control gubernamental.  El representante de los Estados Unidos
dijo que la gama de entidades que podían quedar comprendidas abarcaba niveles de gobiernocentrales y subcentrales, caso este último en el que se planteaban dificultades especiales.  En cuanto a
la existencia de control gubernamental, estimaba que cualquier definición debía excluir la
contratación por empresas totalmente de propiedad privada, ya que el concepto de contratación
pública implicaba cierto grado de propiedad gubernamental.
36. En cuanto a la tercera pregunta, es decir, qué se contrata, el Presidente se preguntaba si era
necesario especificar servicios no comprendidos en el AGCS, es decir, "servicios suministrados en
ejercicio de facultades gubernamentales", según los términos del párrafo 3 del artículo I.  Además,
preguntó si había que plantear otras cuestiones en este contexto y/o si el Grupo de Trabajo estaba
dispuesto a abordar el segundo punto del programa de trabajo, es decir, la disciplina básica de no
discriminación.  No se expresaron opiniones.  El Presidente concluyó diciendo que en la siguiente
reunión se seguiría centrando la atención en el primer punto del programa de trabajo.
PUNTO D: FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN
37. El Presidente propuso que la siguiente reunión ordinaria se celebrara el viernes 16 de abril
de 1999.  El Grupo de Trabajo aceptó la propuesta.
PUNTO E: OTROS ASUNTOS
38. No se planteó ningún otro asunto.
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