RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/Q4/HUN/1
22 de octubre de 1998
(98-4111)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  inglés
EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE LA OBSERVANCIA
HUNGRÍA1
En el presente documento se reproduce la declaración introductoria formulada por la
delegación de Hungría, las preguntas que le fueron hechas y las respuestas facilitadas en el examen de
la legislación sobre la observancia que se llevó a cabo en la reunión del Consejo celebrada del 17 al
21 de noviembre de 1997.2
_______________
I. DECLARACIÓN INTRODUCTORIA
Nos ha complacido observar el gran interés que sienten algunos Miembros por la situación
legal existente en Hungría en lo que se refiere a la observancia de los derechos de propiedad
intelectual, interés demostrado por el gran número de preguntas que nos han formulado.  Sin embargo,
quisiéramos indicar que ya hemos facilitado información detallada sobre la mayoría de esas preguntas
al responder a la Lista de cuestiones sobre la observancia.3  Además, hemos notificado oportunamente
al Consejo de los ADPIC las leyes y reglamentos pertinentes.  Creemos que los materiales disponibles
contienen información suficiente con respecto a un cierto número de las preguntas que se nos handirigido.  Hubiéramos preferido que los Miembros  que han demostrado especial interés por nuestro
ordenamiento jurídico utilizaran en mayor medida esas fuentes de información.  Para responder a las
preguntas hemos debido llevar a cabo nuevas labores que no eran necesarias y, por consiguiente,
pedimos respetuosamente a nuestros interlocutores que en el futuro utilicen de manera más eficiente
la información disponible.
Algunos aspectos de la observancia de los derechos de propiedad intelectual venían cobrando
en Hungría mayor importancia aun antes de que entrara en vigor el Acuerdo sobre los ADPIC.  No
obstante, los esfuerzos de Hungría por aumentar la eficiencia de la observancia del derecho en materia
de propiedad intelectual se han fortalecido y ampliado, a partir de entonces.  Como resultado de ello,en la actualidad la legislación húngara es plenamente compatible con las prescripciones del Acuerdo
sobre los ADPIC, en particular con la Parte III.  A fin de permitir una acción eficaz contra cualquier
acto de infracción de los derechos de propiedad intelectual comprendidos en el Acuerdo, Hungría se
ha asegurado de que cuenta en sus leyes con recursos y procedimientos apropiados en todos los
sectores pertinentes.
                                                     
1 En lo que respecta a las leyes y reglamentos pertinentes a la esfera que se examina y notificados por
Hungría con arreglo al párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo, se hace referencia a los documentosIP/N/1/HUN/1/Rev.2 (anexo I) e IP/N/6/HUN/1.
2 Las actas de esta reunión se han distribuido con la signatura IP/C/M/16.
3 Documento IP/N/6/HUN/1.IP/Q4/HUN/1
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En lo que respecta a las esferas concretas de la observancia de los derechos de propiedad
intelectual, permítanme ustedes poner de relieve las siguientes características de las leyes y
reglamentos húngaros.
Procedimientos y recursos civiles, en particular medidas provisionales
En 1995 se enmendaron las normas del Código de  Procedimiento Civil (Ley Nº III de 1952) a
fin de que la legislación húngara resultase compatible con el artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC
así como con la experiencia adquirida en relación con las infracciones de los derechos de propiedad
industrial y el derecho de autor, y con las necesidades prácticas que se presentan en este campo.  Una
descripción detallada de las disposiciones enmendadas figura en la respuesta de Hungría a la
pregunta 10 de la Lista de cuestiones sobre la observancia.4
Ese mismo año Hungría adoptó una nueva medida a fin de mejorar la eficiencia de los
recursos y procedimientos de derecho civil en los casos de infracción.  Como parte de la nueva Ley de
Marcas (Ley Nº VII de 1997) se adoptaron disposiciones especiales relativas a las medidas
provisionales aplicables en caso de infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual.  Esasdisposiciones establecieron una presunción legal, en favor de los titulares de derechos de propiedad
intelectual, de que existe necesidad de proteger un derecho "digno de consideración especial" (como
lo requieren las normas generales del Código de Procedimiento Civil) siempre que el demandante
acredite que la obra, invención, marca u otro objeto está protegido legalmente y que el demandante
tiene derecho a esa protección, es decir, que es titular o licenciatario debidamente autorizado de esederecho de propiedad intelectual.  Además, se ha impuesto a los tribunales la obligación de resolver
acerca de las solicitudes de medidas provisionales en un plazo de 15 días como máximo, contados
desde la presentación de la solicitud.
Otra novedad importante de la nueva Ley de Marcas es que se ha facultado a los tribunales
para que sometan la expedición de una orden de presentación preliminar de pruebas a la constitución
de una fianza.  Esto se considera un medio legislativo para aumentar la disposición de los tribunales a
dictar mandamientos ex parte  acerca de la presentación y la conservación de las pruebas.
Además de las nuevas reglas relativas a las medidas provisionales y las órdenes de búsqueda,
las disposiciones sobre la presentación de pruebas se han hecho más favorables a los titulares de los
derechos de propiedad intelectual.  Conforme a las nuevas reglas introducidas por la Ley de Marcas,si durante el desarrollo de los procedimientos por infracción en materia de propiedad intelectual una
de las partes ya ha dado a los hechos cierto grado de verosimilitud, el tribunal puede ordenar, a pedido
de la parte que ha producido las pruebas, que la parte contraria presente cualquier documento u otro
medio de prueba que sean pertinentes y se encuentren en su poder, y que haga posible su inspección.
De esta manera la ley húngara concuerda con el párrafo 1 del artículo 43 del Acuerdo sobre losADPIC.
La nueva Ley de Marcas ha complementado también algunos recursos importantes de derecho
civil.  Con arreglo a las nuevas normas, todo titular de un derecho de propiedad intelectual puede, en
caso de infracción, pedir que el infractor suministre informaciones sobre la identidad de tercerosparticipantes en la producción y distribución de las mercancías infractoras o en la prestación de los
servicios infractores y sobre sus vías de distribución.
Además, con arreglo a la nueva Ley de Marcas, ahora es posible pedir la confiscación de los
medios y materiales utilizados exclusiva o principalmente para cometer la infracción y de losproductos infractores y sus envases.  El tribunal podrá disponer, a petición del titular, que se elimine
el carácter infractor de los medios, materiales, productos o envases confiscados o, si tal cosa no es
                                                     
4 Documento IP/N/6/HUN/1.IP/Q4/HUN/1
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posible, que éstos se destruyan.  Procederá la confiscación de los medios y materiales utilizados para
la infracción, y de los productos y envases infractores, si su poseedor estaba en conocimiento de la
infracción de la marca o tenía motivos razonables para conocerla.
Medidas en frontera
Una de las medidas legislativas más importantes adoptadas para hacer que la legislación
húngara resulte plenamente compatible con las disposiciones relativas a la observancia del Acuerdo
sobre los ADPIC fue la promulgación, en juli o de 1997, del Decreto Gubernamental Nº 128/1997
sobre las medidas en frontera aplicables a las infracciones de derechos de propiedad intelectual en los
procedimientos de la administración de aduanas.  El Decreto, que entró en vigor el 1º de agosto
de 1997, no sólo se ajusta a los artículos 51 a 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, sino que va más alláde sus prescripciones mínimas.  Por ejemplo, el Decreto también es aplicable a la exportación y
reexportación de las mercancías infractoras, mientras que las disposiciones obligatorias del Acuerdo
sobre los ADPIC se limitan a la importación de las mismas.
Procedimientos penales
En lo que respecta a los procedimientos penales, quisiera señalar que en Hungría la primera
acción emprendida contra las infracciones de los derechos de propiedad intelectual se orientó en
función del derecho penal.  En mayo de 1993 se modificó el Código Penal de Hungría para calificar
como delitos las infracciones del derecho de autor y derechos conexos, fijándose cinco años de prisióncomo la pena más grave.  La infracción del derecho de autor y los derechos conexos constituye un
delito aun cuando se comete por negligencia o en escala no comercial.  Por consiguiente, el Código
Penal establece una protección más amplia, así como un medio de disuasión más eficaz, contra esas
infracciones de lo que requiere el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.  Conforme a las
disposiciones pertinentes del Código Penal, la confiscación de los objetos (mercancías, instrumentos,etc.) que son resultado de la comisión del delito, o que se han utilizado para cometerlo, es procedente
aun si el propietario de los bienes no es el autor del delito pero tenía conocimiento del mismo.
Además, como resultado de una enmienda del Código Penal de 1994, la indicación falsa de
mercancías es también un delito que puede sancionarse con una pena de prisión no mayor de tres
años.
En conclusión, Hungría ha establecido un marco legislativo apropiado para la observancia de
los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo
sobre los ADPIC.  A partir de estas bases sólidas, Hungría tiene intención de aumentar aún más la
observancia de los derechos de propiedad intelectual, entre otras cosas mediante la debida formación
de los funcionarios interesados y el fortalecimiento de la cooperación entre las autoridades encargadasde la observancia de las leyes.
Por último, permítame mencionar que hemos recibido recientemente unas cuantas preguntas
más de las Comunidades Europeas
5, a las que pensamos responder conforme a los procedimientos
usuales, establecidos por el Consejo de los ADPIC, para contestar a las preguntas de seguimiento.  No
obstante, quisiera señalar a la atención del distinguido representante de las Comunidades Europeas,
que algunas de las preguntas ya se han contestado en la respuesta a su pregunta 1.
                                                     
5 Que figuran en la pregunta 7 de las CE, más abajo.IP/Q4/HUN/1
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II. RESPUESTAS A PREGUNTAS FORMULADAS POR LAS COMUNIDADES
EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS
1. Los tribunales húngaros suelen conceder indemnizaciones muy modestas a los
demandantes que logran hacer valer sus derechos de propiedad intelectual.  En vista de esta
práctica, sírvanse explicar cómo cumple Hungrí a el párrafo 1 del artículo 45 ("... adecuado para
compensar el daño ...") y el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC ("... recursos
que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones").
Las indemnizaciones que se otorgan a los demandantes que logran hacer valer sus derechos
en asuntos referentes a la propiedad intelectual varían según los casos y dependen de las
circunstancias.  La idoneidad de la indemnización otorgada para reparar los perjuicios sufridos por el
titular de derechos es una cuestión que sólo puede apreciarse caso por caso.  Es obvio que los
demandantes en los juicios sobre propiedad intelectual no quedan satisfechos en todos los casos con laindemnización que el tribunal les otorga.  Sin embargo, no parece fundado afirmar que los tribunales
húngaros suelen conceder indemnizaciones "muy modestas" a los demandantes que logran hacer valer
sus derechos de propiedad intelectual.
Con arreglo al párrafo 2) del artículo 35 de la Ley Nº XXXIII de 1995 sobre la protección de
las invenciones mediante patentes (llamada en lo sucesivo "Ley de Patentes"), el titular de la patentepuede, independientemente de otras acciones,  demandar por indemnización de daños y perjuicios de
conformidad con las reglas de la responsabilidad civil.  Todas las demás leyes de Hungría sobre
propiedad intelectual contienen disposiciones similares.  Por lo tanto, la norma legal que determina
los factores que se han de tomar en consideración para establecer la cuantía de la indemnización son
las del artículo 355 del Código Civil (Ley Nº IV de 1957).
Ese artículo dice así:
"1) La persona responsable de los perjuicios deberá restablecer las cosas en su estado
original, y si ello no es posible o el perjudicado no lo desea por motivos fundados,
deberá reparar los daños patrimoniales y no patrimoniales sufridos por el perjudicado.
2) Los perjuicios se repararán mediante indemnización en efectivo, salvo que las
circunstancias justifiquen la reparación en especie.  Esta última podrá ser
especialmente justificada si el objeto de la reparación es producido también por el
causante del perjuicio o se encuentra en su poder.
3) También podrá fijarse como indemnización el pago de una renta.  Ésta se impondrá
en general cuando la indemnización tenga por objeto prestar apoyo económico a la
persona perjudicada o a su pariente con derecho a recibir su respaldo, o complementar
ese apoyo.
4) La indemnización de daños y perjuicios comprenderá la desvalorización de los bienes
del perjudicado y la pérdida de beneficios patrimoniales que le hayan provocado los
hechos que causaron el daño, así como el resarcimiento o el pago de los gastos
necesarios para atenuar o eliminar los perjuicios patrimoniales y no patrimoniales que
haya sufrido."
Por lo tanto, la legislación de Hungría está en conformidad con el párrafo 1 del artículo 41 y
el párrafo 1 del artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC.IP/Q4/HUN/1
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2. Sírvanse aclarar:
a) cuánto tiempo se invertirá en un  procedimiento civil para imponer la
observancia del derecho de propiedad intelectual en la práctica actual húngara
(desde la incoación del procedimiento hasta la publicación de la sentencia del
tribunal de primera instancia);
b) cuál sería la duración media para la sustanciación de un caso penal de infracción
de derechos de propiedad intelectual;
c) si, en consecuencia, la Ley húngara aplica el párrafo 2 del artículo 41 del
Acuerdo sobre los ADPIC, según el cual los procedimientos relativos a la
observancia no comportarán retrasos injustificables .
Los procedimientos civiles para imponer la observancia de derechos de propiedad intelectual,
en la práctica judicial actual, insumen alrededor de un año desde su iniciación hasta que se dicta lasentencia de primera instancia.
La duración media de tramitación de un asunto penal sobre derechos de propiedad intelectual
es de uno a dos años.
A nuestro juicio, la legislación de Hungría da cumplimiento al párrafo 2 del artículo 41 del
Acuerdo sobre los ADPIC, que dispone que "los procedimientos relativos a la observancia de losderechos de propiedad intelectual ... no comportarán ... retrasos innecesarios".
En los procedimientos judiciales y administrativos húngaros existen dos clases de plazos.  Por
un lado existen los establecidos para los tribunales u órganos administrativos;  por otro, los
establecidos para las partes.  Por lo que respecta a los primeros, sólo se aplican plazos en los
procedimientos de la administración de aduanas.  Pueden encontrarse disposiciones del segundo tipono sólo en el Decreto sobre Medidas en Frontera  (Decreto Gubernamental Nº 128/1997 (VII.24) sobre
las medidas en frontera aplicables contra las infracciones de derechos de propiedad intelectual en los
procedimientos de la administración de aduanas), sino también en el Código de Procedimiento Civil
(Ley Nº III de 1952) y el Código de Procedimiento Penal (Ley Nº I de 1973).  En este último se fijan
algunos plazos tanto para las autoridades inspectivas como para los fiscales.  Sin embargo, ni en elCódigo de Procedimiento Civil ni en el Código  de Procedimiento Penal figuran plazos que deba
cumplir el tribunal en sus actuaciones.
Plazos que rigen en los procedimientos de la administración de aduanas:
- El párrafo 1) del artículo 5 del Decreto sobre Medidas en Frontera establece un plazo
de cinco días hábiles, contados desde la presentación de la solicitud, para que las
autoridades aduaneras dicten una decisión sobre el fondo del asunto.
- El solicitante debe verificar que en un plazo de 10 días hábiles, contados desde la
comunicación de la decisión dictada por las autoridades aduaneras con la orden de
supervisión directa de las mercancías infractoras, se incoe demanda solicitando la
aplicación de medidas provisionales por el tribunal.  Ese plazo puede prorrogarse por
otros 10 días mediando causa justificada (párrafo 4) del artículo 5 del Decreto sobre
Medidas en Frontera).IP/Q4/HUN/1
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Plazos en los procedimientos penales:
- Las autoridades inspectivas deben decidir, en los tres días siguientes a la formulación
de denuncia de un delito, si ha de iniciarse o no una investigación.  Este plazo puede
prorrogarse, si así lo exigen las circunstancias, por términos sucesivos de 15, 15
y 30 días por los directores de las autoridades inspectivas (párrafo 1) del artículo 126del Código de Procedimiento Penal).
- Las investigaciones criminales deben concluir dentro de los dos meses siguientes a la
orden que las dispuso.  Este plazo puede prorrogarse por otros dos plazos sucesivos
de dos meses en los casos pertinentes, y después de ello por el Director del Ministerio
Público (artículo 131 del Código de Procedimiento Penal).
- Las autoridades inspectivas deben comunicar la documentación al fiscal en los ocho
días siguientes a la notificación de la conclusión de la investigación (párrafo 1) delartículo 145 del Código de Procedimiento Penal).
- El fiscal debe examinar la documentación y resolver en consecuencia acerca de la
continuación del asunto, en un plazo de 15 dí as.  En circunstancias excepcionales este
plazo puede prorrogarse por 15 días más (párrafos 2) y 4) del artículo 145 del Código
de Procedimiento Penal).
- En la etapa judicial, el juez decide, en un plazo de ocho días contados desde la
presentación de la documentación, acerca de la continuación del asunto;  y, si no se
requieren otras decisiones, fija fecha para la audiencia (párrafo 1) del artículo 167 del
Código de Procedimiento Penal).
Plazos en los procedimientos civiles:
- El plazo habitual fijado por los jueces para que las partes cumplan determinados actos
del proceso es de 15 días.
Existen en el sistema húngaro de aplicación de las leyes diversas disposiciones tendientes a
asegurar la rapidez de los recursos.  Los procedimientos penales y los de la administración de
aduanas, por su propia naturaleza, tienen por objeto aplicar medidas eficaces contra cualquier acto deinfracción de derechos de propiedad intelectual.  Sin embargo, es respecto de los recursos que ofrece
el procedimiento civil donde la legislación de Hungría ha realizado progresos importantes en fechas
bastante recientes.  Merecen señalarse en particular las disposiciones especiales sobre medidas
provisionales y sobre la presentación preliminar y la preservación de pruebas.  Esas disposiciones,
introducidas este año en virtud de la nueva Ley de Marcas (Ley Nº XI de 1997 sobre la protección de
las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas), son de naturaleza interpretativa
respecto del Código de Procedimiento Civil.  Establecieron una presunción legal, en favor de lostitulares de derechos de propiedad intelectual, de que existe necesidad de proteger un derecho "digno
de consideración especial" (como lo requiere el Código de Procedimiento Civil) siempre que el
demandante acredite que la obra, invención, marca u otro objeto está protegido legalmente y que el
demandante tiene derecho a esa protección, es decir, que es titular o licenciatario debidamente
autorizado de ese derecho de propiedad intelectual.  Además, se ha impuesto a los tribunales laobligación de resolver acerca de las solicitudes de medidas provisionales en un plazo de 15 días como
máximo, contados desde la presentación de la solicitud.  Para detalles más precisos sobre los recursos
expeditivos que ofrece la legislación de Hungría, véanse nuestras respuestas a las preguntas referentes
a determinados procedimientos y recursos.IP/Q4/HUN/1
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En cuanto a las demoras deliberadas, los breves plazos que estipula el Decreto sobre Medidas
en Frontera tienen la consecuencia de que las partes se ven obligadas a evitar las demoras.  Por otra
parte, conforme al párrafo 1) del artículo 5 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal debe
impedir todo acto encaminado a provocar la dilación injustificada del proceso, o que pueda tener ese
efecto.  Los párrafos 2) y 4) del artículo 5 disponen que el tribunal debe aplicar una multa a la parte o
representante que, mediante aseveraciones falsas o a través de declaraciones, o retrasando
indebidamente sus exposiciones, ponga obstáculo a la conclusión del proceso.  Con arreglo al
artículo 120, la multa puede alcanzar a 50.000 forint.
Además, también otras varias disposiciones del Código de Procedimiento Civil ponen
obstáculos a las demoras deliberadas (por ejemplo, el párrafo 1) del artículo 105, conforme al cual las
partes por regla general no pueden cumplir válidamente los actos que omitieron realizar, o el
artículo 107, que fija un plazo de 15 días para justificar una omisión después del vencimiento delplazo, etc.).
3. En la práctica, la compensación por gastos concedida a un litigante ganador de un
procedimiento civil es bastante inferior a sus gas tos reales.  Además, los tribunales tienen poder
discrecional para fijar los honorarios de los abogados.  La cuantía de tales honorarios es muy
variable.  A la luz de esta práctica, sírvanse explicar cómo cumple la Ley húngara el párrafo 2
del artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC .
Conforme al artículo 75 del Código de Proced imiento Civil, los gastos procesales incluyen
todos los que las partes han realizado, en audiencia o fuera de ella, para seguir un proceso en forma
práctica y de buena fe (gastos de las investigaciones preliminares y la correspondencia, costas
oficiales de las actuaciones judiciales, poderes, etc., gastos de testigos y peritos, retribución deintérpretes, gastos de las diligencias judiciales e inspecciones in situ , etc.).
Los gastos y honorarios del asesor jurídico de la parte también deben añadirse a los gastos del
procedimiento.
Con arreglo a los artículos 78 y 79 del Código de Procedimiento Civil, la parte perdedora
debe reembolsar los gastos de la parte ganadora.  Esos gastos se fijan por el tribunal teniendo encuenta los datos presentados y debidamente acreditados por las partes.  De conformidad con lo
dispuesto en el párrafo 2 del artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC, esos gastos incluyen los
honorarios de abogados que sean procedentes.
En el párrafo 3) del artículo 95 de la Ley de Patentes se encuentra otra disposición conforme a
la cual los gastos y honorarios del abogado especializado en patentes que asiste a la parte deben
añadirse a los gastos del procedimiento.
No obstante, corresponde a las facultades discrecionales del tribunal apreciar si ha de
considerarse justificada la factura total del abogado del titular de derechos (el honorario anticipado
total pactado por el titular de derechos y su abogado).  Por lo general se considera un honorario
justificado un máximo de 5 por ciento de la cuantía total en litigio o, en casos excepcionalmente
complejos, ese porcentaje más un 50 por ciento de él, o sea un 7,5 por ciento.  Este cálculo se basa en
la regla obligatoria (artículo 1) del Decreto del Ministerio de Justicia Nº 12/1991 (IX.29), sobrehonorarios de los abogados.  Debe señalarse que los desembolsos efectivos de la actividad de los
abogados (por telecomunicaciones, fotocopias, viajes, alojamiento, mecanografía y gastos diversos
análogos) deben reembolsarse además de los honorarios, sobre la base de una relación detallada de
esos gastos que el abogado debe presentar (artículo 2).  En la práctica, los abogados húngaros muchas
veces omiten cumplir este requisito y no presentan su relación de gastos, con lo que no puedenobtener que se les reembolsen además de sus honorarios.IP/Q4/HUN/1
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4. Sírvanse explicar cómo cumple Hungría el párrafo 1 del artículo 48 del Acuerdo sobre
los ADPIC, según el cual "las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una
parte a cuya instancia se hayan adoptado medidas y que haya abusado del procedimiento de
observancia que indemnice adecuadamente a la parte a que se haya impuesto indebidamente
una obligación o una restricción, por el daño sufrido a causa de tal abuso".
En la esfera del derecho civil cabe mencionar como medios para impedir los procedimientos
promovidos indebidamente principios generales como el de la obligación de actuar de buena fe y la
doctrina del abuso de derecho.  El Código Civil establece estas doctrinas en sus artículos 4 y 5, en los
términos siguientes:
Artículo 4:
"1) En el ejercicio de sus derechos civiles y en el cumplimiento de sus obligaciones, las
partes deberán actuar conforme a los requisitos de la buena fe (...)."
Artículo 5:
"1) Queda legalmente prohibido el abuso de derecho.
2) El ejercicio de un derecho constituirá abuso si está encaminado a un propósito
inconciliable con la finalidad social del derecho, en especial si da lugar al (...)
hostigamiento de personas, la lesión de sus derechos o intereses legítimos o laadquisición de ventajas injustas."
La doctrina del deber de actuar de buena fe también se manifiesta en el párrafo 1) del
artículo 5 del Código de Procedimiento Civil, y su artículo 120 establece la posibilidad de que los
tribunales apliquen a la parte que obra de mala fe una multa de hasta 50.000 forint.
Además, también otras varias disposiciones del Código de Procedimiento Civil ponen
obstáculos a los actos ilícitos;  por ejemplo, el párrafo 1) del artículo 121 exige que la demanda
incluya la exposición de los hechos que dan fundamento al derecho que se trata de hacer observar, y
también las pruebas necesarias a su respecto, en especial los documentos que acrediten tales hechos.
Si el demandante no cumple estos requisitos, el juez devuelve la demanda para que se la complete,
fijando un plazo breve cuyo vencimiento sin que se haya cumplido lo dispuesto da lugar a que sedesestime la petición, es decir, al rechazo de la demanda (párrafo 1) del artículo 95 del Código de
Procedimiento Civil).  El párrafo 2) del mismo artículo exige que las partes paguen las tasas en el acto
de presentación de cualquier solicitud.  En cuanto a otras consecuencias financieras:  el artículo 78
dispone que la parte perdedora debe reembolsar los gastos de la parte ganadora, y el párrafo 2) del
artículo 80 dispone que la parte que no tiene éxito respecto de cualquier acto, u omite cumplir un
plazo, o causa gastos innecesarios en cualquier otra forma, no puede obtener en ningún caso el
reembolso de los gastos correspondientes.
Con respecto a los procedimientos de la administración de aduanas, el párrafo 4) del
artículo 3 del Decreto sobre Medidas en Frontera enumera las personas facultadas para solicitar esas
medidas a las autoridades aduaneras;  y con arreglo al párrafo 1) del artículo 4 el solicitante está
obligado a verificar tanto la existencia de protección legal de la marca, indicación geográfica u obra
amparada por el derecho de autor, como su propio derecho a formular la solicitud.  Los párrafos 1)y 2) del artículo 4 establecen otros requisitos concretos que debe cumplir el solicitante, y también
debe constituirse un depósito ante las autoridades aduaneras (párrafo 1) del artículo 8 del Decreto
sobre Medidas en Frontera).  Si no se cumplen esos requisitos, la solicitud se rechaza y, por
consiguiente, las autoridades aduaneras no adoptan ninguna medida (párrafo 2) del artículo 5 del
Decreto sobre Medidas en Frontera).  Si se hace lugar a la solicitud, su autor debe formular demandaIP/Q4/HUN/1
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judicial por infracción solicitando al tribunal co mpetente una medida provisional, y presentar
asimismo pruebas suficientes que acrediten su derecho (párrafo 4) del artículo 5 del Decreto sobre
Medidas en Frontera).
En los procedimientos penales, rigen contra el abuso principios generales como el derecho de
defensa y la presunción de inocencia (artículos 3 y 6 del Código de Procedimiento Penal);  y también
pueden impedirlo, incluso antes de que el asunto pase a la etapa judicial, las autoridades de
investigación, que están facultadas para desestimarla o interrumpirla.  El fiscal puede igualmente no
dar curso judicial al asunto o, durante el procedimiento judicial, desistir de la acusación (párrafo 1)
del artículo 127, párrafo 1) del artículo 139, párrafo 2) del artículo 145 y párrafo 1) del artículo 170
del Código de Procedimiento Penal).  Además, la falsa acusación constituye un delito conforme a los
artículos 233 a 236 del Código Penal (Ley Nº IV de 1978).
En lo que respecta a los perjuicios sufridos como consecuencia de un abuso, puede aplicarse
una disposición general (párrafo 1) del artículo 339 del Código Civil) por la que toda persona que
ilícitamente causa un perjuicio está obligada a indemnizar a quien lo ha sufrido.
5.  Sírvanse explicar cómo cumple Hungría la exigencia del párrafo 1 del artículo 50 del
Acuerdo sobre los ADPIC de ordenar medidas provisionales "rápidas y eficaces".
Con arreglo al artículo 156 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal puede ordenar
mediante una medida provisional que se dé cumplimiento a la demanda (o a la contrademanda) o a
cualquier petición especial de medida provisional.  Pueden obtenerse medidas provisionales si son
indispensables para impedir un daño inminente, o mantener condiciones que dan mérito a una acción,
o preservar derechos del peticionante que son dignos de consideración especial.  El tribunal debe
cerciorarse también de que los inconvenientes causados por la medida no sean de mayor peso que losbeneficios que permite obtener.  El tribunal puede condicionar la medida provisional a que el
solicitante constituya una garantía.  Los hechos en que se funda la petición deben ser de apariencia
probable.  El pedido de medidas provisionales sólo puede presentarse después de haber formulado
demanda.  El tribunal, sin embargo, puede resolver acerca de la medida provisional aun antes de la
primera audiencia.  Debe decidir acerca de la medida provisional sin demora, pero previamente a ellodebe oír a las partes personalmente o darles oportunidad de exponer sus argumentos por escrito.  Sólo
se puede dejar de oír a las partes en caso de que exista urgente necesidad de la medida provisional, o
la parte interesada no cumpla el plazo fijado para la audiencia.  Aunque la decisión del tribunal sobre
la medida provisional puede ser objeto de apelación, ésta no tiene necesariamente efecto suspensivo
respecto de la ejecución de la medida, que por lo tanto puede cumplirse anticipadamente.
Estas disposiciones del Código de Procedimiento Civil (con las modificaciones de la Ley
Nº LX de 1995) cumplen los requisitos del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC.
A través de la Ley de Marcas se han incluido disposiciones especiales sobre medidas
provisionales aplicables a los casos de infracción en las leyes de Hungría sobre propiedad industrial y
derecho de autor, y figuran en la propia Ley de Marcas.
Estas disposiciones son de naturaleza interpretativa respecto del Código de Procedimiento
Civil, y están destinadas a contemplar las características peculiares de los asuntos sobre derechos depropiedad intelectual a fin de acentuar la eficacia de los procedimientos sobre su observancia.
Establecieron una presunción legal, en favor de los titulares de derechos de propiedad intelectual, de
que existe necesidad de proteger un derecho "digno de consideración especial" (como lo requiere el
Código de Procedimiento Civil) siempre que el de mandante acredite que la obra, invención, marca u
otro objeto está protegido legalmente y que el demandante tiene derecho a esa protección, es decir,que es titular o licenciatario debidamente autorizado de ese derecho de propiedad intelectual.  La
presunción, sin embargo, no rige si han transcurrido seis meses desde el comienzo de la infracción, oIP/Q4/HUN/1
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60 días desde la fecha en que el solicitante adquirió conocimiento de la infracción y la identidad del
infractor.  (No obstante, también en esos casos puede obtenerse una medida provisional, pero sólo con
arreglo a las disposiciones generales del Código de Procedimiento Civil, es decir, sin la "ayuda" de la
presunción legal.)  Además, se ha impuesto a los tribunales el deber de resolver acerca de las
solicitudes de medidas provisionales dentro de un plazo de 15 días contados desde su presentación.
Las disposiciones aplicables son las siguientes:  párrafos 2) a 4) del artículo 95 de la Ley de
Marcas;  párrafos 3) a 5) del artículo 52 de la Ley de Derecho de Autor (Ley Nº III de 1969);
párrafos 3) a 5) del artículo 20 del Decreto sobre Dibujos y Modelos Industriales (Decreto Ley Nº 28
de 1978);  y párrafos 3) a 5) del artículo 104 de la Ley de Patentes.
Además, en virtud de los artículos 207 a 211 del Código de Procedimiento Civil el
diligenciamiento preliminar de pruebas es admisible tanto antes como después de la demanda, en
particular si parece probable que su obtención durante el juicio o en una etapa posterior supondríadificultades considerables.  En situaciones de urgencia el tribunal puede disponer el diligenciamiento
preliminar de pruebas incluso sin oír previamente a la parte contraria.  En los asuntos sobre infracción
de derechos de propiedad intelectual, los tribunales pueden condicionar la orden de diligenciamiento
preliminar de pruebas a la constitución de garantía (párrafo 6) del artículo 95 de la Ley de Marcas;
párrafo 7) del artículo 52 de la Ley de Derecho de Autor;  párrafo 7) del artículo 20 del Decreto sobreDibujos y Modelos Industriales;  y párrafo 7) del artículo 104 de la Ley de Patentes).
Véanse también las respuestas de Hungría al punto 10 de la Lista de Cuestiones sobre la
Observancia.
6
6.  Sírvanse explicar si Hungría prescribe pr ocedimiento para la suspensión del despacho
de aduana por las autoridades aduaneras de bien es sospechosos de ser mercancías de marca de
fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionen el derecho de autor, como
disponen los artículos 51 y 60  del Acuerdo sobre los ADPIC.
Con arreglo a las disposiciones del Decreto sobre Medidas en Frontera, para impedir la
entrada a libre circulación (importación), la exportación o la reexportación de mercancías ilegales
(infractoras), puede presentarse a la autoridad aduanera competente una solicitud específica o
general.  En el primer caso puede pedirse la intervención de las autoridades aduaneras respecto de
mercancías o envíos ilegales (infractores) específicos, mientras que en el caso de la solicitud generalla intervención puede referirse a determinado productor o país de origen durante un plazo máximo de
seis meses.
La solicitud específica debe presentarse a la oficina de aduanas del lugar en que se prevé que
ocurra la importación o exportación de las mercancías ilegales, o en que se ha iniciado el trámite de
despacho de aduanas de las mercancías.
Las solicitudes específicas (cuando se desconoce el lugar del despacho de aduanas) y las
solicitudes generales deben presentarse a la Dirección Nacional de la Guardia de Aduanas y Finanzas.
Se requiere una solicitud escrita del titular de derechos, que debe contener:
a) la comprobación de que rige, en relación con las mercancías de cuyo despacho se
trata, una protección de marcas, indicaciones geográficas, derecho de autor oderechos conexos;
                                                     
6 IP/N/6/HUN/1.IP/Q4/HUN/1
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b) la declaración de que el interesado está facultado para actuar contra la infracción;
c) la solicitud de que las autoridades aduaneras adopten las medidas convenientes para
poner las mercancías ilegales bajo supervisión aduanera directa;
d) la descripción y la indicación de las características pertinentes de las mercancías de
cuyo despacho se trata a fin de facilitar su identificación, y las circunstancias, datos ydocumentos que indican la probabilidad de infracción;
e) el reconocimiento de la obligación de constituir la garantía requerida por el artículo 8
del Decreto;
f) si se trata de una solicitud general, el plazo por el cual se solicita la vigilancia.
El titular de derechos debe comunicar los siguientes datos a las autoridades aduaneras, en
caso de conocerlos:
a) el lugar en que se encuentran las mercancías, o su lugar de destino;b) los datos detallados que permitan identificar el envío, la consignación o el paquete
(con especial referencia a los datos relativos al envasado y el valor de las mercancías
de cuyo despacho se trata y el vehículo que las transporta);
c) la designación del importador, exportador o propietario de las mercancías;
d) el momento y lugar en que se espera la llegada o salida de las mercancías;e) todas las informaciones relativas a las mercancías o a las personas involucradas en la
cuestión que puedan ser de utilidad para las autoridades aduaneras.
Con arreglo al artículo 5 del Decreto sobre Medidas en Frontera, la autoridad aduanera debe
dictar resolución sobre el fondo de la cuestión dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud.  Si se ha formulado una solicitud específica en que se piden medidasrespecto de mercancías presentadas por su despacho de aduanas, la autoridad aduanera debe adoptar
decisión en cinco días teniendo en cuenta las necesidades del procedimiento de despacho.
Sobre la base de una solicitud aprobada, la autoridad aduanera somete las mercancías a
supervisión aduanera directa durante 10 días hábiles, y se notifica de ello de inmediato al titular de
derechos.  Este plazo puede ser prorrogado por otros 10 días hábiles en los casos que lo justifiquen.
Conforme al artículo 8 del Decreto sobre Medidas en Frontera, el titular de derechos debe
constituir una garantía ante la autoridad aduanera para cubrir los gastos de depósito de las mercancías
puestas bajo supervisión aduanera.  También se requiere garantía del solicitante respecto de los gastos
de destrucción de las mercancías si han de ser destruidas, y de la eventual indemnización que haya de
pagarse a la persona que ha presentado las mercancías para su despacho.
El importe de la garantía es un 5 por ciento del valor de las mercancías, si el valor de éstas
puede determinarse.  En caso contrario, la garantía es de 60.000 forint mensuales (unos300 dólares EE.UU.) por cada solicitud.  Si en una solicitud general de medidas en frontera no puede
indicarse el valor de las mercancías, y la solicitud se formula por un plazo de seis meses, el importe de
la garantía alcanza a 360.000 forint.  Si en la solicitud se indica más de un país de origen, o más de
una clase de mercancías, ello determina desde luego la aplicación de múltiplos de 60.000 forint
(importe básico de la garantía).IP/Q4/HUN/1
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Si la garantía no cubre los gastos mencionados más arriba, el titular de derechos debe pagar la
diferencia.
La autoridad aduanera, tomando en consideración la decisión obligatoria del tribunal sobre el
fondo de la cuestión, debe dar cuenta de la suma entregada como garantía por el solicitante en
conformidad con las reglas de la Ley Nº C de 1995 (Ley de Aduanas, Procedimiento Aduanero yAdministración de Aduanas).
El titular de derechos debe acreditar, en un plazo de 10 días hábiles contados desde la
notificación de la suspensión de las mercancías infractoras, que ha incoado demanda por infracción
solicitando una medida provisional judicial.
Si el titular declara que no desea ejercer sus derechos, o no acredita que ha pedido la medida
provisional, o la solicitud de ésta ha sido desestimada por el tribunal, la autoridad aduanera debe
notificar de inmediato a la persona que ha presentado las mercancías para su despacho y, acontinuación, esas mercancías deben ser tratadas según la solicitud de dicha persona.  Al mismo
tiempo, la autoridad aduanera notifica al titular de derechos la cesación de la supervisión aduanera
directa.
Conforme a los artículos 5 y 6 del Decreto sobre Medidas en Frontera, el titular de derechos
debe acreditar, en un plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación, que ha incoado demandapor infracción solicitando una medida provisional judicial.  El tribunal decide, a más tardar en 15 días
hábiles desde la recepción de la solicitud de medidas provisionales, si la suspensión ha de mantenerse
con carácter de confiscación o corresponde el despacho de las mercancías.
El importador, consignatario o propietario puede presentar una solicitud de indemnización por
los perjuicios causados por la retención ilícita o por la retención conforme al artículo 55 del Acuerdosobre los ADPIC, dirigiéndola al tribunal competente en un procedimiento independiente.
7. Respecto a los casos de infracción de la propiedad intelectual, se invita al Gobierno de
Hungría a facilitar datos sobre el número de:
- procedimientos incoados, con sus resultados respectivos y duración media del
procedimiento desde la presentación de la denuncia hasta la sentencia final;
- mandamientos judiciales dictados (tal como los define el artículo 44 del Acuerdo
sobre los ADPIC), con explicación de cómo se ejecutan tales mandamientos;
- medidas provisionales (como las define el artículo 50 del Acuerdo sobre los
ADPIC) que se han concedido y plazo medio para la obtención de las mismas
(desde la solicitud);
- suspensiones en la frontera de mercancías de marca de fábrica o de comercio
falsificadas o piratas, o en relación con mercancías que infrinjan otros derechosde propiedad intelectual;
- casos penales, con las sentencias aplicadas;  indicación de si han sido ejecutadas;
sírvanse explicar también qué tipo de infracciones de un derecho de propiedad
intelectual se considerarían delitos;
- decomisos y/o destrucción de mercancías de marca de fábrica o de comercio
falsificadas y mercancías pirata que lesionen el derecho de autor.IP/Q4/HUN/1
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Se ruega además al Gobierno de Hungría que  explique y dé ejemplos prácticos de:
- cómo se calcula la compensación del daño por infracción de los derechos de
propiedad intelectual (artículo 45, párrafo 1, del Acuerdo sobre los ADPIC);
- cuáles serían los "gastos del titular de l derecho" que deberían pagarse según el
párrafo 2 del artículo 45, primera parte de la primera frase, del Acuerdo sobrelos ADPIC, y cómo se calcularían;
- si son reembolsables los honorarios de los abogados y cómo se calcularían tales
honorarios;
- si se ha aplicado en Hungría la segunda frase del párrafo 2 del artículo 45 del
Acuerdo sobre los ADPIC, y cómo se calcularían tales "perjuicios".
El Gobierno de Hungría quisiera confirmar su posición anterior relativa a la presentación de
datos estadísticos.  En los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 63 del Acuerdo se requiere que los miembros
publiquen o pongan a disposición del público las leyes, reglamentos, decisiones judiciales definitivas
y resoluciones administrativas de aplicación general y se establecen prescripciones en materia de
notificación en tal sentido.  Sin embargo, en ninguna de estas disposiciones, ni en ninguna otra
disposición del Acuerdo, se crea ninguna obligación de reunir, publicar y notificar datos estadísticos
sobre los casos de infracción y sobre las medidas de observancia.  Las autoridades húngaras sólo
podrían proporcionar estos datos si dispusieran de un sistema separado para reunir datos relacionados
con los derechos de propiedad intelectual.  Esto exigiría la creación de un sistema de información
dentro del poder judicial distinto del encargado de la aplicación de las leyes en general, lo cual no
estaría en armonía con el párrafo 5 del artículo 41 del Acuerdo.
En lo que se refiere a los cuatro últimos puntos de la pregunta, véanse las respuestas a las
preguntas 1 y 3 de las CE.
III. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL JAPÓN
1. Sírvanse explicar cuáles son las "autoridades  competentes" estipuladas en el artículo 51
del Acuerdo sobre los ADPIC.
En Hungría, la autoridad competente para recibir solicitudes de suspensión del despacho de
mercancías sospechosas de infracción es la oficina de aduanas del lugar en que se prevé que ocurra la
importación o exportación de las mercancías ilegales, o en que se ha iniciado el trámite de despacho
de aduanas de las mercancías o, si se trata de las llamadas solicitudes generales, puede ser laDirección Nacional de la Guardia de Aduanas y Finanzas.
2. Sírvanse explicar si el "procedimiento co nducente a una decisión sobre el fondo de la
cuestión", previsto en el artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC, es judicial o administrativo.
El "procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo de la cuestión" es judicial.
El titular de derechos debe acreditar, en un plazo de 10 días hábiles contados desde la
notificación de la suspensión de las mercancías infractoras, que ha incoado demanda por infracción
solicitando una medida provisional judicial.
3. ¿Existe algún medio, además de la demanda prevista en los artículos 51 y 52 del
Acuerdo sobre los ADPIC (a la que se hará re ferencia en adelante como "Demanda"), por elIP/Q4/HUN/1
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que un titular de derechos pueda solicitar a las autoridades competentes que suspendan el
despacho de mercancías que infrinjan derechos de propiedad intelectual, o de las que se
sospeche que los infringen?
No existen otros medios, además de la demanda (prevista en los artículos 51 y 52 del Acuerdo
sobre los ADPIC) que permitan al titular de derechos solicitar que las autoridades competentes
suspendan el despacho de mercancías que infringen derechos de propiedad intelectual, o de las que se
sospecha que los infringen;  pero las autoridades aduaneras adoptan medidas de oficio para poner las
mercancías presentadas para su despacho bajo supervisión aduanera directa, o deben colocar esas
mercancías en depósito, si a través de otros procedimientos obtienen datos sobre cuya base resulta
probable que las mercancías presentadas para su despacho sean ilícitas.
4. Sírvanse explicar cuál considera su país el "plazo razonable" dentro del cual las
autoridades competentes "comunicarán al demandante ... si han aceptado la demanda",
conforme a lo estipulado en el artículo 52 del Acuerdo sobre los ADPIC .
Conforme al artículo 5 del Decreto Gubernamen tal Nº 128/1997 (VII. 14) sobre las medidas
en frontera aplicables contra las infracciones de derechos de propiedad intelectual (Decreto sobre
Medidas en Frontera), la autoridad aduanera debe dictar resolución sobre el fondo de la cuestión
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.  Si se ha formulado unasolicitud específica en que se piden medidas respecto de mercancías presentadas por su despacho de
aduana, la autoridad aduanera debe adoptar decisión en cinco días teniendo en cuenta las necesidades
del procedimiento de despacho.
Sobre la base de una solicitud aprobada, la autoridad aduanera somete las mercancías a
supervisión aduanera directa durante 10 días hábiles, y se notifica de ello de inmediato al titular dederechos.  Este plazo puede ser prorrogado por otros 10 días hábiles en los casos que lo justifiquen.
5. Sírvanse explicar cuál es el plazo de vigencia de las Demandas .
El titular de derechos debe acreditar, en un plazo de 10 días hábiles contados desde la
notificación de la suspensión de las mercancías infractoras, que ha incoado demanda por infracción
solicitando una medida provisional judicial.  Este plazo puede prorrogarse por 10 días hábilesmediando causa justificada.  Si el titular declara que no desea ejercer sus derechos, o no acredita que
ha pedido la medida provisional, o la solicitud de és ta ha sido desestimada por el tribunal, la autoridad
aduanera debe notificar de inmediato a la persona que ha presentado las mercancías para su despacho
y, a continuación, esas mercancías deben ser tratadas según la solicitud de dicha persona.  Al mismo
tiempo, la autoridad aduanera notifica al titular de derechos la cesación de la supervisión aduanera
directa.
6. Sírvanse explicar si el titular de derech os está obligado a pagar algún gravamen para
poder presentar la Demanda.
Los gastos de los procedimientos de aduana se incluyen en el importe de la garantía.  Ese
importe es del 5 por ciento del valor de las mercancías si tal valor puede determinarse.  En caso
contrario la garantía es de 60.000 forint mensuales por cada solicitud.  Si el importe de la garantía no
cubre los gastos, el interesado debe pagar la diferencia.
7. Sírvanse indicar las disposiciones de las leyes y ordenanzas que establecen el
"procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto", estipulado en el
artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC;  y resumir el contenido de esas disposiciones .IP/Q4/HUN/1
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En esos casos el procedimiento consiste en una demanda presentada ante el tribunal
competente.  Esa demanda debe contener la petición de una medida provisional adecuada.
En los procedimientos judiciales sobre infracción de marcas tiene jurisdicción y competencia
exclusiva el Tribunal Metropolitano.  Conforme a las disposiciones de la nueva Ley de Marcas, en los
procedimientos por infracción, cuando una de las partes ha presentado en apoyo de sus aseveracionespruebas suficientes de las que podía disponer razonablemente, el juez puede ordenar -a pedido de una
de las partes- que la parte contraria presente documentos u otras pruebas que se encuentren a su
disposición.  El tribunal puede condicionar la orden preliminar de presentación de pruebas a la
constitución de una garantía.  En virtud de la nueva Ley de Marcas se han incluido disposiciones
similares en otras leyes sobre propiedad industrial y en la Ley de Derecho de Autor.
La Ley Nº III de 1952, sobre procedimiento civil, contiene las reglas referentes a las medidas
provisionales que pueden aplicarse igualmente a los casos de infracción de derechos de propiedadintelectual.  En virtud de las últimas modificaciones del Código de Procedimiento Civil, el tribunal
puede ordenar mediante una medida provisional, a petición del interesado, que se dé cumplimiento a
la demanda (o a la contrademanda) o a cualquier petición especial de medida provisional si es
indispensable para impedir un daño inminente, o mantener condiciones que dan mérito a una acción, o
preservar derechos del peticionante que son dignos de consideración especial, siempre que losinconvenientes causados por la medida no sean de mayor peso que los beneficios que permite obtener.
El tribunal puede condicionar la medida provisional a que el solicitante constituya una garantía.  Los
hechos en que se funda la petición deben ser de apariencia probable.  El pedido de medidas
provisionales no puede presentarse antes de haber formulado demanda;  el tribunal, sin embargo,
puede resolver acerca de la medida provisional aun antes de la primera audiencia.  Debe decidiracerca de la medida provisional sin demora, pero previamente a ello debe oír a las partes
personalmente o darles oportunidad de exponer sus argu mentos por escrito.  Sólo se puede dejar de oír
a las partes en caso de que exista urgente necesidad de la medida provisional, o la parte interesada no
cumpla el plazo fijado para la audiencia.  Aunque la decisión del tribunal sobre la medida provisional
puede ser objeto de apelación, la medida puede ejecutarse anticipadamente.
En virtud de la nueva Ley de Marcas se han incluido disposiciones especiales sobre medidas
provisionales aplicables a los casos de infracción en nuestras leyes sobre propiedad industrial y
derecho de autor.
Conforme a esas disposiciones, en los litigios sobre propiedad intelectual, para que los
tribunales presuman la necesidad de una medida provisional destinada a proteger los derechos del
peticionante que son dignos de consideración especial bastará que se haya acreditado que el
solicitante es titular de los derechos o está facultado, por otras razones, para promover losprocedimientos, y que la protección legal existe.
Estas disposiciones no se aplicarán si han transcurrido seis meses desde el comienzo de la
infracción de una marca, o 60 días desde la fecha en que el solicitante adquirió conocimiento de la
infracción y la identidad del infractor.
El tribunal debe decidir acerca de la medida provisional sin demora, pero a más tardar a
los 15 días de la presentación de la solicitud respectiva.
En los procedimientos por infracción de derechos de propiedad intelectual el tribunal puede
condicionar la orden de presentación preliminar de pruebas a la constitución de una garantía.
8. Sírvanse explicar qué procedimiento especial  corresponde aplicar, en caso de que exista
alguno, cuando no resulta evidente si las m ercancías infringen o no derechos de propiedad
intelectual, en los casos del artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC.IP/Q4/HUN/1
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Las autoridades aduaneras proceden respecto de las mercancías ilegales (infractoras) según
las decisiones del tribunal que dispone acerca de la adopción de medidas provisionales.
Las autoridades aduaneras efectúan el despacho de las mercancías según la decisión
obligatoria que dicta el tribunal al poner fin a los procedimientos.
9. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás
autoridades conexas frente a los titulares de derechos cuando omiten suspender el despacho
para libre circulación de mercancías que infringen derechos de propiedad intelectual, en
relación con la suspensión basada en una Demanda o con la actuación de oficio prevista en el
artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Véase la respuesta a la pregunta 11.
10. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás
autoridades conexas frente a los titulares de derechos cuando examinan mercancías que
infringen derechos de propiedad intelectual y a pesar de ello las despachan para libre
circulación, en relación con la suspensión basada en una Demanda o con la actuación de oficio
prevista en el artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Véase la respuesta a la pregunta 11.
11. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás
autoridades conexas frente a los titulares de de rechos cuando suspenden el despacho para libre
circulación de mercancías que no infringen derechos  de propiedad intelectual, en relación con la
suspensión basada en una Demanda o con la actuación de oficio prevista en el artículo 58 del
Acuerdo sobre los ADPIC.
No tenemos disposiciones especiales sobre la responsabilidad de las autoridades competentes
a que se refieren las preguntas anteriores.
Conforme al artículo 349 del Código Civil, la  responsabilidad por daños y perjuicios causados
en la esfera de la administración pública se declarará únicamente en caso de que los perjuicios no
hayan podido evitarse mediante los recursos judiciales ordinarios.  Estas reglas se aplicarán
igualmente a la responsabilidad por daños y perjuicios causados en la esfera de competencia de lasfiscalías.
12. ¿Se informa al titular de derechos sobre la identidad de los importadores y
consignadores cuando las autoridades competentes "suspenden" las mercancías que infringen
derechos de propiedad intelectual, o de las que se  sospecha que los infringen, así como en el caso
en que se informa al titular de derechos sobre la identidad de los importadores y consignadores
según lo estipulado en el artículo 57 del Acuerdo sobre los ADPIC?
Las autoridades aduaneras, cumpliendo las disposiciones en materia de protección de las
informaciones, deben proporcionar información, a pedido del titular de derechos, acerca de la persona
que solicita el despacho de aduana y el nombre y dirección del consignatario de las mercancías, y
también deben asegurar que el titular de derechos pueda observar y examinar las mercancías en
aduana para ejercer sus facultades.  A fin de acelerar los procedimientos de aduana, la autoridad
respectiva puede tomar muestras de las mercancías presentadas para su despacho.
13. Sírvanse explicar las medidas destinadas a proteger la información confidencial durante
la inspección prevista en el artículo 57 del Ac uerdo sobre los ADPIC;   y sírvanse indicar las
disposiciones de las leyes y ordenanzas que disponen tales medidas .IP/Q4/HUN/1
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Las autoridades aduaneras, cumpliendo las disposiciones en materia de protección de las
informaciones, deben proporcionar información, a pedido del titular de derechos (que debe formularse
por escrito), acerca de la persona que solicita el  despacho de aduana y el nombre y dirección del
consignatario de las mercancías.  Con respecto a la protección de los datos personales es de aplicación
igualmente la Ley Nº LXIII de 1992.
14. Sírvanse explicar los procedimientos para  las retenciones y confiscaciones que han de
disponer las autoridades competentes sobre la ba se de los artículos 51 y 55 del Acuerdo sobre
los ADPIC .
No existen disposiciones especiales  para las retenciones y confiscaciones  dispuestas por las
autoridades competentes sobre la base de los artículos 51 y 55 del Acuerdo sobre los ADPIC.  Se
aplican las disposiciones generales de la Ley Nº  LIII de 1994 sobre las ejecuciones judiciales.
15. Sírvanse explicar los procedimientos de apelación contra cualquier decisión dictada por
las autoridades competentes, conforme a los artículos 51 y 55 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Conforme al párrafo 6) del artículo 156 del Código de Procedimiento Civil, las decisiones
judiciales sobre medidas provisionales pueden ser objeto de apelación en un plazo de 15 días pero
pueden ser ejecutadas anticipadamente.  Con arreglo a las disposiciones generales de la Ley Nº C
de 1995 (Ley de Aduanas, Procedimiento Aduanero y Administración de Aduanas), las decisiones de
la administración de aduanas que ordenan la puesta bajo supervisión aduanera directa de las
mercancías solicitadas por el titular de derechos pueden ser objeto de apelación, pero la orden debe
ejecutarse de inmediato.
16. Sírvanse explicar la base de cálculo de la  fianza o garantía equivalente estipulada en el
artículo 53 del Acuerdo sobre los ADPIC, que las autoridades competentes pueden exigir al
demandante cuando suspenden el despacho para libre circulación .
Véase la respuesta a la pregunta 6.
17. Sírvanse explicar quién debe pagar los gastos de las retenciones basadas en el artículo 51
del Acuerdo sobre los ADPIC o de la dest rucción estipulada en su artículo 59.
La autoridad aduanera, tomando en consideración la decisión obligatoria del tribunal sobre el
fondo de la cuestión, debe dar cuenta de la suma entregada como garantía por el solicitante en
conformidad con las reglas de la Ley de Adua nas, Procedimiento Aduanero y Administración de
Aduanas.
18. Sírvanse explicar qué clase de situaciones se consideran "circunstancias excepcionales"
en que las autoridades competentes pueden autorizar la reexportación de mercancías de marca
de fábrica o de comercio falsificada, conforme a lo estipulado en el artículo 59 del Acuerdo
sobre los ADPIC .
Las autoridades competentes pueden autorizar la reexportación de mercancías de marca de
fábrica o de comercio falsificada que se encuentren en tránsito y entren en el territorio aduanero a
través de una importación no comercial (importación de minimis ).
Conforme al párrafo 7) del artículo 1 de la Ley Nº C de 1995 (Ley de Aduanas,
Procedimiento Aduanero y Administración de Aduanas), constituyen tráfico no comercial laimportación o exportación de mercancías presentadas a la aduana, en cantidades no comerciales, que
se importan, llegan, se exportan o se expiden por una persona natural a una persona natural o cuyo
valor total no excede de las siguientes sumas en forint:IP/Q4/HUN/1
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Bebidas alcohólicas: 1 litro de aguardiente
1 litro de vino
5 litros de cerveza
Productos del tabaco: 500 cigarrillos
100 cigarros, o100 g de tabaco
Café, té, cacao, todas las especias y sus mezclas:  1 kg de cada uno, con excepción de la
páprika y sus mezclas.
Otras mercancías: de valor no mayor de 500 forint:  10 unidades por tipo
de valor no mayor de 2.000 forint:  5 unidades por tipo
de valor no mayor de 5.000 forint:  2 unidades por tipo
de valor mayor de 5.000 forint:  1 unidad por tipo
Vehículos automóviles: 1 por año y por familia.
19. Sírvanse designar las leyes y ordenanzas, indicando sus disposiciones, en que se
prescribe la suspensión del despacho de las mercancías que infringen derechos de propiedad
intelectual, o de las que se sospecha que los infringen, como lo estipula el artículo 51 del
Acuerdo sobre los ADPIC .
El Decreto Gubernamental Nº 128/1997 (VII.14) sobre las medidas en frontera aplicables
contra las infracciones de derechos de propiedad intelectual (Decreto sobre Medidas en Frontera)
contiene las disposiciones relativas a la suspensión del despacho de las mercancías que infringen
derechos de propiedad intelectual, o de las que se sospecha que los infringen.
Están facultados para solicitar esas medidas el titular de la marca o la indicación geográfica y
el titular del derecho de autor o de los derechos conexos y el usuario de la marca inscrita en el
Registro de Marcas;  en el caso del derecho de autor y los derechos conexos, el usuario autorizado de
ellos y la organización de administración colectiva del derecho de autor o los derechos conexos.
La autoridad aduanera debe dictar resolución sobre el fondo de la cuestión dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.  Si se ha formulado una solicitud específica enque se piden medidas respecto de mercancías presentadas por su despacho de aduana, la autoridad
aduanera debe adoptar decisión en cinco días teniendo en cuenta las necesidades del procedimiento de
despacho.
La autoridad aduanera desestima la solicitud si no ha sido presentada por el titular de
derechos o no cumple los requisitos necesarios, o el titular de derechos no constituye garantía.
Sobre la base de la solicitud aprobada, la autoridad aduanera somete a supervisión aduanera
directa las mercancías presentadas para su despacho, y se notifica de ello de inmediato al titular dederechos.
El titular de derechos debe acreditar, en un plazo de 10 días hábiles contados desde la
notificación, que ha incoado demanda por infracción solicitando una medida provisional judicial.
Este plazo puede prorrogarse por 10 días hábiles mediando causa justificada.
Si el titular declara que no desea ejercer sus derechos, o no acredita que ha pedido una medida
provisional definida en el párrafo 5), o la solic itud de ésta ha sido desestimada por el tribunal, la
autoridad aduanera notifica de inmediato a la persona que ha presentado las mercancías para suIP/Q4/HUN/1
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despacho y, a continuación, esas mercancías se tratan según la solicitud de dicha persona.  Al mismo
tiempo, la autoridad aduanera notifica al titular de derechos la cesación de la supervisión aduanera
directa.
Las autoridades aduaneras adoptan medidas de oficio para poner las mercancías presentadas
para su despacho bajo supervisión aduanera directa, o colocan esas mercancías en depósito, si a travésde otros procedimientos obtienen datos sobre cuya base resulta probable que las mercancías
presentadas para su despacho sean ilícitas (infractoras).
Si en un procedimiento iniciado de oficio no resulta posible determinar quién es el titular de
los derechos, la autoridad aduanera se pone en comunicación con la Oficina de Patentes de Hungría si
se trata de una infracción de marcas o de indicaciones geográficas, o con la organización de
administración colectiva de derecho de autor si se trata de una infracción de ese derecho o de los
derechos conexos.  La Oficina de Patentes de Hungría, según los datos disponibles, informa a laautoridad aduanera la identidad del titular de derechos en cinco días, o bien, si la persona no desea
actuar contra la infracción, esa autoridad pone fin a la supervisión aduanera directa y procede al
despacho según la solicitud de la persona que presentó las mercancías.
El interesado debe constituir una garantía ante la autoridad aduanera para cubrir los gastos de
depósito de las mercancías puestas bajo supervisión aduanera sobre la base del procedimiento deaduanas reglamentado en este decreto, respecto de los gastos de destrucción de las mercancías, si han
de ser destruidas, y de la eventual indemnización que haya de pagarse a la persona que ha presentado
las mercancías para su despacho.
20. Sírvanse indicar qué derechos de propiedad intelectual se protegen sobre la base de la
Demanda presentada por un titular de derechos .
Puede solicitarse la suspensión del despacho respecto de las mercancías que infringen marcas,
indicaciones geográficas, derecho de autor o derechos conexos.
21. Sírvanse explicar la naturaleza y el contenido de los documentos que debe aportar el
solicitante al presentar una Demanda .
Se requiere una solicitud escrita del titular de derechos, que debe contener:a) la comprobación de que rige, en relación con las mercancías de cuyo despacho se
trata, una protección de marcas, indicaciones geográficas, derecho de autor o
derechos conexos;
b) la declaración de que el interesado está facultado para actuar contra la infracción;
c) la solicitud de que las autoridades aduaneras adopten las medidas convenientes para
poner las mercancías ilegales bajo supervisión aduanera directa;
d) la descripción y la indicación de las características pertinentes de las mercancías de
cuyo despacho se trata a fin de facilitar su identificación, y las circunstancias, datos y
documentos que indican la probabilidad de infracción;
e) el reconocimiento de la obligación de constituir la garantía requerida por el artículo 8
del Decreto;
f) si se trata de una solicitud general, el plazo por el cual se solicita la vigilancia.IP/Q4/HUN/1
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El titular de derechos debe comunicar los siguientes datos a las autoridades aduaneras, en
caso de conocerlos:
a) el lugar en que se encuentran las mercancías, o su lugar de destino;
b) los datos detallados que permitan identificar el envío, la consignación o el paquete
(con especial referencia a los datos relativos al embalaje y el valor de las mercancíasy el vehículo que las transporta);
c) la designación del importador, exportador o propietario de las mercancías;
d) el momento y lugar en que se espera la llegada o salida de las mercancías;
e) todas las informaciones relativas a las mercancías o a las personas involucradas en la
cuestión que puedan ser de utilidad para las autoridades aduaneras.
22. Sírvanse explicar las medidas que las autoridades judiciales pueden disponer en relación
con el derecho de autor y los derechos conexos, las patentes, los dibujos y modelos industriales,las marcas de fábrica o de comercio y los esquemas de trazado (topografías) de circuitos
integrados, incluyendo los mandamientos judiciales, la indemnización de daños y perjuicios, la
condena al pago de los gastos y la destrucción u otra forma de eliminación de las mercancías
infractoras y los materiales y accesorios utilizados para su producción.
El artículo 27 de la Ley de Marcas establece los siguientes recursos (además de la acción por
indemnización de daños y perjuicios):
"2) El titular de derechos podrá, según las circunstancias, hacer uso de los siguientes
recursos civiles:
a) la petición de que el tribunal declare la existencia de infracción;
b) la petición de un mandamiento judicial para que el infractor haga cesar sus
actos de infracción;
c) la petición de que se ordene al infractor suministrar informaciones sobre la
identidad de terceros participantes en la producción y distribución de las
mercancías infractoras o en la prestación de los servicios infractores y sobre
sus vías de distribución;
d) la petición de una satisfacción por el infractor mediante una declaración o por
otro medio idóneo;  en caso de que sea preciso, la declaración se hará pública
por el infractor o a su costa;
e) la demanda de entrega por el infractor de los beneficios que haya obtenido
mediante la infracción de la marca;
f) la demanda de confiscación de los medios utilizados exclusiva o
principalmente para cometer la infracción y de los productos infractores y susenvases.
3) El tribunal podrá disponer, a petición del titular, que se elimine el carácter infractor
de los medios, materiales, productos o envases confiscados -en particular, mediante la
supresión de la marca- o, si tal cosa no es posible, que se destruyan.  Cuando existanIP/Q4/HUN/1
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razones fundadas para ello, el tribunal podrá disponer, en lugar de la destrucción, que
los medios y materiales confiscados se subasten conforme a los procedimientos de
ejecución judicial;  en ese caso, el tribunal decidirá el destino de las sumas obtenidas.
4) Procederá la confiscación de los medios y materiales utilizados para la infracción de
la marca, y de los productos y envases infractores,  aun cuando no se encuentren enpoder del infractor, si su poseedor estaba en conocimiento de la infracción de la
marca o tenía motivos razonables para conocerla."
Como el artículo 120 de la Ley de Marcas ha modificado en la misma forma otras leyes sobre
propiedad intelectual, ofrecen iguales recursos, mutatis mutandis , el artículo 52 de la Ley de Derecho
de Autor, el artículo 11 del Decreto sobre Dibujos y Modelos Industriales, el artículo 10 de la Ley
sobre la Protección de las Topografías de Productos Semiconductores Microelectrónicos y el
artículo 35 de la Ley de Patentes.
23. Sírvanse explicar si la cuantía de la indemnización cuyo pago imponen las autoridades
judiciales a quien infringe derechos de propiedad intelectual en favor del titular de los derechos
constituye una reparación adecuada del daño sufrido por éste, y qué criterios y método de
cálculo determinan la cuantía de la indemnización.
Conforme al párrafo 2) del artículo 35 de la Ley de Patentes, el titular de la patente puede,
independientemente de otras acciones,  demandar por indemnización de daños y perjuicios de
conformidad con las reglas de la responsabilidad civil.  Todas las demás leyes de Hungría sobre
propiedad intelectual contienen disposiciones similares.  Por lo tanto, la norma legal que determina
los factores que se han de tomar en consideración para establecer la cuantía de la indemnización son
las del artículo 355 del Código Civil.
Ese artículo dice así:
"1) La persona responsable de los perjuicios deberá restablecer las cosas en su estado
original, y si ello no es posible o el perjudicado no lo desea por motivos fundados,
deberá reparar los daños patrimoniales y no patrimoniales sufridos por el perjudicado.
2) Los perjuicios se repararán mediante indemnización en efectivo, salvo que las
circunstancias justifiquen la reparación en especie.  Esta última podrá ser
especialmente justificada si el objeto de la reparación es producido también por el
causante del perjuicio o se encuentra en su poder.
3) También podrá fijarse como indemnización el pago de una renta.  Ésta se impondrá
en general cuando la indemnización tenga por objeto prestar apoyo económico a la
persona perjudicada o a su pariente con derecho a recibir su respaldo, o complementar
ese apoyo.
4) La indemnización de daños y perjuicios comprenderá la desvalorización de los bienes
del perjudicado y la pérdida de beneficios patrimoniales que le hayan provocado los
hechos que causaron el daño, así como el resarcimiento o el pago de los gastos
necesarios para atenuar o eliminar los perjuicios patrimoniales y no patrimoniales que
haya sufrido."
24. Sírvanse explicar si la cuantía de la indemnización cuyo pago imponen las autoridades
judiciales a quien infringe derechos de propiedad intelectual en favor del titular de los derechos
incluye los gastos de investigación y los honorarios de los abogados que sean procedentes.IP/Q4/HUN/1
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Conforme al artículo 75 del Código de Proced imiento Civil, los gastos procesales incluyen
todos los que las partes han realizado, en audiencia o fuera de ella, para seguir un proceso en forma
práctica y de buena fe (gastos de las investigaciones preliminares y la correspondencia, costas
oficiales de las actuaciones judiciales, poderes, etc., gastos de testigos y peritos, retribución de
intérpretes, gastos de las diligencias judiciales e inspecciones in situ , etc.).
Los gastos y honorarios del asesor jurídico de la parte también deben añadirse a los gastos del
procedimiento.
Con arreglo a los artículos 78 y 79 del Código de Procedimiento Civil, la parte perdedora
debe reembolsar los gastos judiciales de la parte ganadora.  Esos gastos se fijan por el tribunal
teniendo en cuenta los datos presentados y debidamente acreditados por las partes.  De conformidad
con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC, esos gastos incluyen los
honorarios de abogados que sean procedentes.
En el párrafo 3) del artículo 95 de la Ley de Patentes se encuentra otra disposición conforme a
la cual los gastos y honorarios del abogado especializado en patentes que asiste a la parte deben
añadirse a los gastos del procedimiento.
No obstante, corresponde a las facultades discrecionales del tribunal apreciar si ha de
considerarse justificada la factura total del abogado del titular de derechos (el honorario anticipadototal pactado por el titular de derechos y su abogado).  Por lo general se considera un honorario
justificado un máximo de 5 por ciento de la cuantía total en litigio o, en casos excepcionalmente
complejos, ese porcentaje más un 50 por ciento de él, o sea un 7,5 por ciento.  Este cálculo se basa en
la regla obligatoria (artículo 1 del Decreto del Ministerio de Justicia Nº 12/1991 (IX.29), sobre los
honorarios de los abogados).  Debe señalarse que los desembolsos efectivos de la actividad de losabogados (por telecomunicaciones, fotocopias, viajes, alojamiento, mecanografía y gastos diversos
análogos) deben reembolsarse además de los honorarios, sobre la base de una relación detallada de
esos gastos que el abogado debe presentar (artículo 2).  En la práctica, los abogados húngaros muchas
veces omiten cumplir este requisito y no presentan su relación de gastos, con lo que no pueden
obtener que se les reembolsen además de sus honorarios.
25. Sírvanse indicar en qué grado han estimado los tribunales la cuantía de la
indemnización por daños y perjuicios desde el 1º  de enero de 1996.  Sírvanse explicar si la
cuantía de la indemnización constituye una repar ación adecuada del daño sufrido por el titular
de los derechos, y en qué forma se ajustan esos procedimientos civiles al artículo 45 del Acuerdo
sobre los ADPIC.
El grado en que se toma en consideración la cuantía de los daños y perjuicios se relaciona
estrechamente con el entorno económico en que se ha producido la infracción.  Desde el 1º de enerode 1996 las indemnizaciones dispuestas por los tribunales han constituido una reparación adecuada
del daño sufrido por el titular de los derechos, como se indica en la respuesta a la pregunta 24.
El procedimiento civil húngaro está en conformidad con el artículo 45 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
26. Sírvanse explicar la naturaleza y la cuantía de las sanciones (penas de prisión o multas)
en los asuntos penales.  Sírvanse explicar igualmente si esas sanciones están en conformidad con
el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, que exige la imposición de sanciones
suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por
delitos de gravedad correspondiente .IP/Q4/HUN/1
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El artículo 329/A del Código Penal (Ley Nº IV  de 1978, sobre el Código Penal) califica como
delito la violación del derecho de autor y de los derechos conexos, en los siguientes términos:
"1) La persona que cause un perjuicio económico mediante la violación del derecho de
autor respecto de una obra literaria, científica o artística, o de los derechos de un
artista intérprete o ejecutante respecto de su interpretación o ejecución, o de losderechos del productor de una grabación de sonidos, o de los derechos de un
organismo de radiodifusión respecto de sus programas, se considerará incursa en
delito leve y será castigada con una pena de prisión de un máximo de dos años, de
cumplimiento de trabajos de interés social, o de multa.
2) La pena correspondiente a un delito grave será la de prisión por un máximo de tres
años si la violación del derecho de autor o de los derechos conexos:
a) causa un perjuicio económico considerable (superior a 2 millones de forint);b) se comete por métodos empresariales.
3) La pena será de prisión por un máximo de cinco años si la violación del derecho de
autor o de los derechos conexos se comete causando un gran perjuicio económico
(superior a 6 millones de forint).
4) La persona que cometa una violación temeraria del derecho de autor o de los derechos
conexos será castigada con una pena de prisión de un máximo de un año, de
cumplimiento de trabajos de interés social, o de multa."
Estas disposiciones del Código Penal entraron en vigor el 15 de mayo de 1993.
Además, en virtud del artículo 329 del Código Penal se comete infracción de los derechos de
propiedad intelectual cuando una persona provoca la falsa impresión de que es titular de una creaciónintelectual, invención, innovación o dibujo o modelo  industrial de un tercero, causándole con ello un
perjuicio patrimonial, o bien, utilizando indebida mente el empleo que ocupa en una organización
económica, condiciona la utilización o afirmación de  una creación intelectual, invención, innovación
o dibujo o modelo industrial de un tercero a la obtención de una participación en las regalías,
beneficios o ganancias derivados de ellos.  Este tipo de infracción constituye un delito grave y secastiga con una pena de prisión por un máximo de tres años.
En virtud de una modificación introducida en el  Código Penal en 1994, la indicación falsa de
mercancías también constituye un delito que se castiga con una pena de prisión por un máximo de tres
años.
Conforme al Código Penal, la confiscación y el decomiso son posibles en todos los casos.
Las reglas básicas son las siguientes:  deben confiscarse los bienes que se han utilizado o se
han destinado a utilizarse como medios para la comisión de un delito, si pertenecen a su autor, ytambién en otros casos si su posesión pone en peligro la seguridad pública;  o cuya existencia deriva
de la comisión de un delito;  o que el autor de un delito ha recibido del propietario, o con el
consentimiento de éste, como retribución por haber cometido el delito.  Deben confiscarse igualmente
los materiales impresos en los que se ha cometido un delito.  En los casos determinados por la ley,
deben confiscarse los bienes respecto de los cuales se ha cometido un delito, o que han constituidodeterminado beneficio patrimonial.IP/Q4/HUN/1
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En caso de violación del derecho de autor o de los derechos conexos, deben confiscarse los
bienes materiales de propiedad del autor del delito en relación con los cuales ha sido cometido.
Procede la confiscación aun cuando los bienes materiales no sean de propiedad del autor del delito
cuando éste ha tenido conocimiento anticipado de su comisión (párrafo 5) del artículo 329/A del
Código Penal).
Conforme al artículo 296 del Código Penal, la falsa indicación de mercancías constituye un
delito:  la persona que comercializa en cantidad considerable -sin el consentimiento de un competidor-
bienes cuyas características, apariencia exterior, embalaje o denominación permiten reconocer los
bienes del competidor, incurre en un delito grave que se castiga con una pena de prisión de un
máximo de tres años.  Además, se comete engaño del consumidor por quien -con el propósito de
acrecentar las posibilidades de comercialización de sus bienes- asevera hechos inexactos en una
publicidad en gran escala en forma idónea para engañar acerca de aspectos esenciales de los bienes, osuministra informaciones idóneas para engañar acerca de aspectos esenciales de los bienes;  esto
constituye un delito leve que se castiga con una pena de prisión de un máximo de dos años, de
cumplimiento de trabajos de interés social, o de multa.  A los efectos de la aplicación de estas
disposiciones, se consideran características esenciales de los bienes las siguientes:  su composición,
sus posibilidades de uso, sus efectos en la salud o el medio ambiente, su tratamiento, su origen, su
cumplimiento de requisitos o normas legales o de requisitos habituales de esos bienes, y el hecho de
que su utilización requiera o no el cumplimiento de condiciones esencialmente distintas de las
habituales.
IV. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR SUIZA
1. Sírvanse explicar si los tratados internacionales que contienen disposiciones detalladas
dirigidas a las autoridades (judiciales), y no al Estado mismo, se consideran de aplicación
automática en el sistema húngaro.  En caso negativo, cuando existen en su país divergencias
entre la legislación o la práctica en materia de propiedad intelectual y un acuerdo internacional,¿prevalece automáticamente este último? De no s er así, sírvanse explicar cuáles son los medios
por los que Hungría puede cumplir sus obligaciones internacionales.  Sírvanse citar los textos o
la jurisprudencia correspondientes.
Hungría tiene un "sistema dualista" lo cual significa que los tratados internacionales deben
promulgarse a fin de convertirse en parte del ordenamiento jurídico interno de Hungría.  Con arreglo
al párrafo 1) del artículo 7 de la Constitución húngara, dicho ordenamiento garantiza la armonía entrelas obligaciones internacionales asumidas por Hungría y la legislación interna.
La Constitución no contiene ninguna disposición que excluya la ejecución automática de las
disposiciones de los tratados internacionales.  La legislación húngara en materia de propiedad
intelectual es plenamente compatible con los tratados internacionales pertinentes.  Por esta razón, nose ha planteado nunca en la práctica jurídica húngara la cuestión de si una disposición de un tratado
internacional puede ser de ejecución automática e invocarse ante los tribunales como prevalecientes
sobre la legislación nacional en materia de propiedad intelectual.
2. El artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que "… en los casos en que
proceda, el plazo mencionado [de 10 días] podrá ser prorrogado por otros 10 días hábiles".
¿Está prevista esa prórroga en la legislación de Hungría?  En caso afirmativo, sírvanse indicar
las disposiciones respectivas.  De no ser así, sírvanse explicar de qué modo puede valerse un
solicitante de esta posibilidad que ofrece el Acuerdo sobre los ADPIC.
En Hungría el Decreto Gubernamental Nº 128/1997 (VII.24) sobre las medidas contra las
infracciones de derechos de propiedad intelectual en los procedimientos de la administración de
aduanas establece los procedimientos especiales de aduanas aplicables en el caso de infracción delIP/Q4/HUN/1
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derecho de autor y derechos conexos, las indicaciones geográficas y las marcas de fábrica y de
comercio.  El Decreto, que entró en vigor el 1º de agosto de 1997, contiene una disposición sobre la
suspensión del despacho de las mercancías infractoras, ya sea a solicitud del titular de los derechos o
como acción de oficio de las autoridades aduaneras en el procedimiento de aduanas.
El Decreto es plenamente compatible con las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los
ADPIC.
Conforme al párrafo 5) del artículo 5 del Decret o, el titular de derechos debe acreditar, en un
plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la suspensión de las mercancías infractoras,
que ha incoado una demanda por infracción de los derechos relativos a una marca de fábrica o de
comercio, una indicación geográfica o por infracción del derecho de autor o los derechos conexos, einiciado un procedimiento solicitando una medida provisional.  El plazo puede prorrogarse por otros
diez días hábiles si las circunstancias lo justifican.
Si el titular de derechos no ha acreditado que ha solicitado una medida provisional, la
autoridad aduanera debe notificar de inmediato a la persona que ha presentado las mercancías para sudespacho y, a continuación, esas mercancías deben ser tratadas según la solicitud de dicha persona.
Al mismo tiempo, la autoridad aduanera notifica al titular de derechos la cesación de la supervisión
aduanera directa.
V. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS
Obligaciones generales
1. En el párrafo 1 del artículo 41 y en el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC se
estipula que deberán establecerse procedimientos para la observancia efectiva de los derechos
de propiedad intelectual a que se refiere el Acu erdo.  Sírvanse describir la estructura de los
procedimientos judiciales y administrativos7 de Hungría en que las partes pueden hacer valer su
derecho de propiedad intelectual a nivel local, provincial y nacional, indicando la competencia
de cada tipo de tribunal u órgano administrativo y explicar las relaciones, si las hubiere, entre
los diversos tipos de tribunales y órganos administrativos.  Sírvanse citar las leyes y otras
disposiciones por las que se establece la estructura, con referencia a cada tipo de tribunal y
órgano administrativo.
Conforme a la legislación de Hungría existen tres clases de procedimientos por los que puede
imponerse la observancia de los derechos de propiedad intelectual:  los procedimientos civiles, los de
la administración de aduanas y los penales.
Pueden promoverse procedimientos civiles en caso de infracción de derechos derivados de:
- una invención o una patente (artículos 34 y 35 de la Ley Nº XXXIII de 1995 sobre la
protección de las invenciones mediante patentes, a la que se hará referencia en
adelante como "Ley de Patentes");
- una marca o una indicación geográfica (artículos 27 y 110 de la Ley Nº XI de 1997
sobre la protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones
geográficas, a la que se hará referencia en adelante como "Ley de Marcas");
                                                     
7 Estas preguntas se refieren a la observancia tanto judicial como administrativa de los derechos de
propiedad intelectual habida cuenta del artículo 49 del Acuerdo sobre los ADPIC.IP/Q4/HUN/1
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- un dibujo o modelo industrial (artículos 10 y 11 del Decreto Ley del Presidium de la
República Popular de Hungría Nº 28 de 1978 sobre la protección de los dibujos y
modelos industriales, al que se hará referencia en adelante como "Decreto sobre
Dibujos y Modelos Industriales");
- una topografía de productos semiconductores microelectrónicos (párrafo 2) del
artículo 10 de la Ley Nº XXXIX de 1991 sobre la protección de las topografías de
productos semiconductores microelectrónicos, a la que se hará referencia en adelante
como "Ley de Topografías");
- el derecho de autor (artículos 52 y 53 de la Ley Nº III de 1969 sobre el derecho de
autor, a la que se hará referencia en adelante como "Ley de Derecho de Autor").
El párrafo 1) del artículo 104 de la Ley de Patentes, el párrafo 1) del artículo 95 de la Ley de
Marcas, el párrafo 2) del artículo 20 del Decreto sobre Dibujos y Modelos Industriales y el párrafo 1)del artículo 24 de la Ley de Derecho de Autor disponen que el Tribunal Metropolitano tendrá
jurisdicción y competencia exclusiva en los asuntos relativos a infracciones de la propiedad
intelectual.  En lo que respecta a los asuntos sobre derecho de autor, no es la Ley de Derecho de Autor
sino el párrafo 1) del artículo 23 de la Ley Nº III de 1952 sobre el procedimiento civil la que estipula
que tendrán jurisdicción los tribunales de distrito (párrafo 2) del artículo 10 del Código deProcedimiento Civil).
El Tribunal Supremo es el tribunal de segunda instancia tanto en los asuntos sobre propiedad
industrial como en los referentes al derecho de autor.
No obstante, en lo que respecta a los litigios sobre derecho de autor debe señalarse que, en
virtud de la Directriz Nº 286 de la Cámara Civil del Tribunal Supremo, modificada por laDirectriz Nº 290, obligatoria para todos los tribunales, las demandas de las sociedades recaudadoras,
ya se trate de infracciones de derechos exclusivos o del derecho a remuneración equitativa, deben
presentarse ante los tribunales locales (de primera instancia).  (La Directriz mencionada no se aplica a
las demandas de titulares de derechos conexos.)
Las demandas patrimoniales de las organizaciones de administración colectiva pueden seguir
los mismos procedimientos previstos en el Código de Procedimiento Civil para las acciones por el
cumplimiento de obligaciones de cuantía no mayor de 200.000 forint, es decir, en juicio sumario.  (El
demandante debe presentar un formulario, que el tribunal recibe y sella sin que se celebre audiencia.)
Si el demandado se opone a la sentencia sumaria (una "cuasi apelación"), el mismo tribunal debe
llevar a cabo un juicio celebrando audiencia.  (Las disposiciones pertinentes son los artículos 313
a 323 del Código de Procedimiento Civil.)
Pueden aplicarse procedimientos de la administración de aduanas respecto de las mercancías
que supongan una infracción de derechos de propiedad intelectual derivados de marcas, indicaciones
geográficas o el derecho de autor.  El párrafo 1) del artículo 3 del Decreto Gubernamental
Nº 128/1997 (VII. 24) sobre las medidas en frontera aplicables contra las infracciones de derechos de
propiedad intelectual en los procedimientos de la administración de aduanas (al que se hará referencia
en adelante como "Decreto sobre Medidas en Frontera") dispone que las autoridades aduaneraspodrán aplicar medidas en la frontera para impedir el despacho a libre circulación de tales mercancías.
La iniciación de un procedimiento administrativo aduanero obliga a incoar demanda civil por
infracción y también a pedir la aplicación de una medi da provisional judicial (párrafo 4) del artículo 5
del Decreto sobre Medidas en Frontera).
Pueden promoverse procedimientos penales en caso de infracción que constituya delito con
arreglo a la Ley Nº IV de 1978 sobre el Código Penal (a la que se hará referencia en adelante comoIP/Q4/HUN/1
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"Código Penal").  Los tres delitos previstos en el Código Penal en relación con la propiedad
intelectual son los siguientes:
- la indicación falsa de mercancías (artículo 296);
- la violación de derechos sobre las creaciones intelectuales (artículo 329 del Código
Penal);  y
- la violación del derecho de autor o los derechos conexos (artículo 329/A del Código
Penal).
El artículo 24 de la Ley Nº I de 1973 sobre el Código de Procedimiento Civil (a la que se hará
referencia en adelante como "Código de Procedimiento Civil") dispone que tendrán jurisdicción los
tribunales locales, por lo que los tribunales de segunda instancia son los de distrito (párrafo 3) del
artículo 20 del Código de Procedimiento Civil).
Debe observarse que en Hungría no existen tribunales civiles y penales separados, por lo que
la jurisdicción civil y la penal corresponden a los mismos tribunales en ciertos niveles (local,
provincial o nacional).
[Preguntas complementarias de los Estados Unidos]
Al responder a la pregunta 1 de los Estados Unidos relativa a la competencia de los
tribunales y órganos administrativos, el Gobi erno de Hungría declara que, en virtud de la
Directriz Nº 284 de la Cámara Civil del Tribunal Supremo, en su forma modificada, los
tribunales de distrito tienen competencia en cu estiones relativas al derecho de autor, mientras
que las demandas de las sociedades recaudadoras deben presentarse ante los tribunales locales.En una oración que figura entre paréntesis se dice que "La Directriz mencionada no se aplica a
las demandas de titulares de derechos conexo s".  Sírvanse confirmar que, tal como lo
entendemos, los tribunales de distrito tienen competencia en las demandas de los titulares de
derechos conexos en general.
El Gobierno de Hungría confirma que los tribunales de distrito tienen competencia en las
demandas de los titulares de derechos conexos en general.
El Gobierno de Hungría indica cuales son los tribunales que tienen competencia en los
asuntos relativos a todas las formas de la propiedad intelectual, con excepción de los secretos
comerciales o, según el Acuerdo sobre los ADPIC, "la información no divulgada".  ¿Qué
tribunales tienen competencia en los casos que  entrañan la divulgación no autorizada, y la
adquisición y el uso de información no divulgada?
Con arreglo al apartado 1 del artículo 86 de la Ley Nº LVII de 1996 sobre la prohibición de
las prácticas comerciales desleales y de la restricción de la competencia, los tribunales de distrito
tienen competencia en los procedimientos establecidos en los artículos 2 a 7.  Como el artículo 4 de laLey contiene la prohibición de la divulgación no autorizada, así como de la adquisición y utilización
de la información no divulgada, los tribunales antes mencionados actúan en dichos casos.
2. Sírvanse describir brevemente el procedimiento que debe seguir una parte extranjera a
fin de iniciar un procedimiento de observancia en cada uno de los tribunales y órganos
administrativos mencionados en la respuesta a la pregunta 1 y citar las disposiciones legales por
las que se han establecido esos procedimientos .IP/Q4/HUN/1
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Los procedimientos civiles pueden iniciarse mediante una demanda por infracción ante el
Tribunal Metropolitano, con indicación del derecho que se invoca y de los hechos que le sirven de
fundamento, junto con pruebas de ellos (artículo 121 del Código de Procedimiento Civil).  Las
apelaciones ante el Tribunal Supremo deben presentarse al Tribunal Metropolitano dentro de
los 15 días siguientes a la notificación de la sentencia, indicando en qué medida y por quéfundamentos se pide la revisión del fallo de primera instancia (artículos 234 y 235 del Código de
Procedimiento Civil).
Los procedimientos de la administración de aduanas pueden iniciarse mediante la
presentación de una solicitud, específica o general, ante la autoridad aduanera competente.  La
solicitud debe formularse por escrito cumpliendo determinados requisitos, y el solicitante debe
constituir un depósito de garantía y está obligado a promover acción judicial durante los
procedimientos aduaneros (párrafo 1) del artículo 3, párrafo 1) del artículo 4, párrafo 4) del artículo 5y párrafo 1) del artículo 8 del Decreto sobre Medidas en Frontera).  Véanse también las respuestas a
las preguntas 37 a 54.
 Los procedimientos penales pueden iniciarse por la denuncia de un delito a las autoridades
inspectivas (como la policía o la fiscalía), lo que puede efectuarse por cualquier persona (párrafo 1)
del artículo 122 y párrafo 1) del artículo 125 del Código de Procedimiento Penal).
3. Sírvanse determinar todo requisito que deba satisfacer una parte extranjera a fin de
iniciar un procedimiento en los tribunales y órganos administrativos mencionados en la
respuesta a la pregunta 1 que no se exija de un nacional de Hungría, o de un residente en ella, y
citar las disposiciones legales en que se prevén dichas diferencias.
Con arreglo al artículo 89 del Código de Procedimiento Civil, puede exigirse al demandante
extranjero, a pedido del demandado, que constituya garantía del pago de los gastos de éste.  Sin
embargo, esta disposición se aplica muy raras veces en los asuntos sobre derechos de propiedad
intelectual.
4. En el párrafo 1 del artículo 41 y en el artículo 48 del Acuerdo sobre los ADPIC se
estipula el establecimiento de sa lvaguardias contra el abuso de los procedimientos judiciales y
administrativos de observancia, previéndose que se indemnizará adecuadamente por el daño
sufrido a causa de tal abuso.  Sírvanse describir los medios de que se dispone en las leyes de
Hungría a fin de evitar el abuso de los pro cedimientos judiciales y administrativos y de
indemnizar por los daños sufridos como resultado de tal abuso y citar las disposiciones legales
relativas a dichos medios.
En la esfera del derecho civil, cabe mencionar como medios para impedir los procedimientos
promovidos indebidamente principios generales como el de la obligación de actuar de buena fe y la
doctrina del abuso de derecho.  El Código Civil establece estas doctrinas en sus artículos 4 y 5, en los
términos siguientes:
Artículo 4
"1) En el ejercicio de sus derechos civiles y en el cumplimiento de sus obligaciones, las
partes deberán actuar conforme a los requisitos de la buena fe (...)."
Artículo 5
"1) Queda legalmente prohibido el abuso de derecho.IP/Q4/HUN/1
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 2) El ejercicio de un derecho constituirá abuso si está encaminado a un propósito
inconciliable con la finalidad social del derecho, en especial si da lugar al (...)
hostigamiento de personas, la lesión de sus derechos o intereses legítimos o la
adquisición de ventajas injustas."
La doctrina del deber de actuar de buena fe también se manifiesta en el párrafo 1) del
artículo 5 del Código de Procedimiento Civil, y su artículo 120 establece la posibilidad de que los
tribunales apliquen a la parte que obra de mala fe una multa de hasta 50.000 forint.
Además, también otras varias disposiciones del Código de Procedimiento Civil ponen
obstáculos a los actos ilícitos;  por ejemplo, el párrafo 1) del artículo 121 exige que la demanda
incluya la exposición de los hechos que dan fundamento al derecho que se trata de hacer observar, y
también las pruebas necesarias a su respecto, en especial los documentos que acrediten tales hechos.
Si el demandante no cumple estos requisitos, el juez devuelve la demanda para que se la complete,fijando un plazo breve cuyo vencimiento sin que se haya cumplido lo dispuesto da lugar a que se
desestime la petición, es decir, al rechazo de la demanda (párrafo 1) del artículo 95 del Código de
Procedimiento Civil).  El párrafo 2) del mismo artículo exige que las partes paguen las tasas en el acto
de presentación de cualquier solicitud.  En cuanto a otras consecuencias financieras:  el artículo 78
dispone que la parte perdedora debe reembolsar los gastos de la parte ganadora, y el párrafo 2) delartículo 80 dispone que la parte que no tiene éxito respecto de cualquier acto, u omite cumplir un
plazo, o causa gastos innecesarios en cualquier otra forma, no puede obtener en ningún caso el
reembolso de los gastos correspondientes.
Con respecto a los procedimientos de la administración de aduanas, el párrafo 4) del
artículo 3 del Decreto sobre Medidas en Frontera enumera las personas facultadas para solicitar esas
medidas a las autoridades aduaneras;  y con arreglo al párrafo 1) del artículo 4 el solicitante está
obligado a verificar tanto la existencia de protección legal de la marca, indicación geográfica u obra
amparada por el derecho de autor, como su propio derecho a formular la solicitud.  Los párrafos 1)
y 2) del artículo 4 establecen otros requisitos concretos que debe cumplir el solicitante, y también
debe constituirse un depósito ante las autoridades aduaneras (párrafo 1) del artículo 8 del Decretosobre Medidas en Frontera).  Si no se cumplen esos requisitos, la solicitud se rechaza y, por
consiguiente, las autoridades aduaneras no adoptan ninguna medida (párrafo 2) del artículo 5 del
Decreto sobre Medidas en Frontera).  Si se hace lugar a la solicitud, su autor debe formular demanda
judicial por infracción solicitando al tribunal co mpetente una medida provisional, y presentar
asimismo pruebas suficientes que acrediten su derecho (párrafo 4) del artículo 5 del Decreto sobre
Medidas en Frontera).
En los procedimientos penales, rigen contra el abuso principios generales como el derecho de
defensa y la presunción de inocencia (artículos 3 y 6 del Código de Procedimiento Penal);  y también
pueden impedirlo, incluso antes de que el asunto pase a la etapa judicial, las autoridades de
investigación, que están facultadas para desestimarla o interrumpirla.  El fiscal puede igualmente no
dar curso judicial al asunto o, durante el procedimiento judicial, desistir de la acusación (párrafo 1)
del artículo 127, párrafo 1) del artículo 139, párrafo 2) del artículo 145 y párrafo 1) del artículo 170del Código de Procedimiento Penal).  Además, la falsa acusación constituye un delito conforme a los
artículos 233 a 236 del Código Penal.
En lo que respecta a los perjuicios sufridos como consecuencia de un abuso, puede aplicarse
una disposición general (párrafo 1) del artículo 339 del Código Civil) por la que toda persona que
ilícitamente causa un perjuicio está obligada a indemnizar a quien lo ha sufrido.  (Véase tambiénnuestra respuesta a la pregunta 36.)
5. El párrafo 2 del artículo 41 se refiere, entre otras cosas, al costo de los procedimientos
judiciales y administrativos de observancia.  Sí rvanse informar acerca de cualesquiera tasasIP/Q4/HUN/1
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cobradas por las autoridades judiciales y administrativas para iniciar las acciones legales en
materia de propiedad intelectual o para continuar dichas acciones una vez emprendidas, citar
las disposiciones legales en las que se establecen dichas tasas y suministrar copias de los
documentos utilizados para informar al público acerca de ellas.
Costo de los procedimientos civiles:  6 por ciento de la cuantía del asunto, con un mínimo
de 5.000 forint y un máximo de 750.000 forint, tanto en primera como en segunda instancia
(párrafo 1) del artículo 42 y párrafo 1) del artículo 46 de la Ley Nº XCIII de 1990 sobre tasas
oficiales).
Costo de los procedimientos de la administración de aduanas:  la cuantía de la garantía que
debe depositarse es un 5 por ciento del valor de las mercancías cuando ese valor puede determinarse,
y de 60.000 forint por solicitud y por mes cuando no puede determinarse el valor de las mercancías
(párrafo 2) del artículo 8 del Decreto sobre Medidas en Frontera).
La iniciación de un procedimiento penal no supone gasto alguno para el denunciante.
No existen documentos utilizados para informar al público acerca de estas tasas.
6. En el párrafo 2 del artículo 41 se trata asimismo de la rapidez de los procedimientos
judiciales y administrativos de observancia.  Sírvanse citar las disposiciones legales por las que
se establecen los plazos para los procedimientos judiciales y administrativos y, si aún no se ha
hecho, proporcionar copias de las leyes o reglamentos pertinentes .
En los procedimientos judiciales y administrativos húngaros existen dos clases de plazos.  Por
un lado existen los establecidos para los tribunales u órganos administrativos;  por otro, los
establecidos para las partes.  Por lo que respecta a los primeros, sólo se aplican plazos en los
procedimientos de la administración de aduanas.  Pueden encontrarse disposiciones del segundo tipono sólo en el Decreto sobre Medidas en Frontera, si no también en el Código de Procedimiento Civil y
el Código de Procedimiento Penal.  En este último se fijan algunos plazos tanto para las autoridades
inspectivas como para los fiscales.  Sin embargo, ni en el Código de Procedimiento Civil ni en el
Código de Procedimiento Penal figuran plazos que  deba cumplir el tribunal en sus actuaciones.
Plazos que rigen en los procedimientos de la administración de aduanas:
- El párrafo 1) del artículo 5 del Decreto sobre Medidas en Frontera establece un plazo
de cinco días hábiles, contados desde la presentación de la solicitud, para que las
autoridades aduaneras dicten una decisión sobre el fondo del asunto.
- El solicitante debe verificar que en un plazo de 10 días hábiles, contados desde la
comunicación de la decisión dictada por las autoridades aduaneras con la orden de
supervisión directa de las mercancías infractoras, se incoe demanda solicitando la
aplicación de medidas provisionales por el tribunal.  Ese plazo puede prorrogarse porotros 10 días mediando causa justificada (párrafo 4) del artículo 5 del Decreto sobre
Medidas en Frontera).
Plazos en los procedimientos penales:
- Las autoridades inspectivas deben decidir, en los tres días siguientes a la formulación
de denuncia de un delito, si ha de iniciarse o no una investigación.  Este plazo puedeprorrogarse, si así lo exigen las circunstancias, por términos sucesivos de 15, 15
y 30 días por los directores de las autoridades inspectivas (párrafo 1) del artículo 126
del Código de Procedimiento Penal).IP/Q4/HUN/1
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- Las investigaciones criminales deben concluir dentro de los dos meses siguientes a la
orden que las dispuso.  Este plazo puede prorrogarse por otros dos plazos sucesivos
de dos meses en los casos pertinentes, y después de ello por el Director del Ministerio
Público (artículo 131 del Código de Procedimiento Penal).
- Las autoridades inspectivas deben comunicar la documentación al fiscal en los ocho
días siguientes a la notificación de la conclusión de la investigación (párrafo 1) del
artículo 145 del Código de Procedimiento Penal).
- El fiscal debe examinar la documentación y resolver en consecuencia acerca de la
continuación del asunto, en un plazo de 15 dí as.  En circunstancias excepcionales este
plazo puede prorrogarse por 15 días más (párrafos 2) y 4) del artículo 145 del Código
de Procedimiento Penal).
- En la etapa judicial, el juez decide en un plazo de ocho días, contados desde la
presentación de la documentación, acerca de la continuación del asunto;  y, si no se
requieren otras decisiones, fija fecha para la audiencia (párrafo 1) del artículo 167 del
Código de Procedimiento Penal).
Plazos en los procedimientos civiles:
- El plazo habitual fijado por los jueces para que las partes cumplan determinados actos
del proceso es de 15 días.
7. Sírvanse explicar cualesquiera disposicione s del sistema de observancia de Hungría que
garanticen la rapidez de los recursos.  Además, sí rvanse explicar qué disposiciones existen a fin
de evitar las demoras deliberadas en que incurr an las partes en un procedimiento e indicar las
circunstancias en que se aplican esas disposiciones.
Existen en el sistema húngaro de aplicación de las leyes diversas disposiciones tendientes a
asegurar la rapidez de los recursos.  Los procedimientos penales y los de la administración de
aduanas, por su propia naturaleza, tienen por objeto aplicar medidas eficaces contra cualquier acto de
infracción de derechos de propiedad intelectual.  Sin embargo, es respecto de los recursos que ofrece
el procedimiento civil donde la legislación de Hungría ha realizado progresos importantes en fechasbastante recientes.  Merecen señalarse en particular las disposiciones especiales sobre medidas
provisionales y sobre la presentación preliminar y la preservación de pruebas.  Esas disposiciones,
introducidas este año en virtud de la nueva Ley de Marcas (véase la respuesta a la pregunta 1), son de
naturaleza interpretativa respecto del Código de Procedimiento Civil.  Establecieron una presunción
legal, en favor de los titulares de derechos de propiedad intelectual, de que existe necesidad de
proteger un derecho "digno de consideración especial" (como lo requiere el Código de Procedimiento
Civil) siempre que el demandante acredite que la obra, invención, marca u otro objeto está protegidolegalmente y que el demandante tiene derecho a esa protección, es decir, que es titular o licenciatario
debidamente autorizado de ese derecho de propiedad intelectual.  Además, se ha impuesto a los
tribunales la obligación de resolver acerca de las solicitudes de medidas provisionales en un plazo
de 15 días como máximo, contados desde la presentación de la solicitud.  Para detalles más precisos
sobre los recursos expeditivos que ofrece la legislación de Hungría, véanse nuestras respuestas a laspreguntas referentes a determinados procedimientos y recursos.
En cuanto a las demoras deliberadas, los breves plazos que estipula el Decreto sobre Medidas
en Frontera tienen la consecuencia de que las partes se ven obligadas a evitar las demoras.  Por otra
parte, conforme al párrafo 1) del artículo 5 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal debe
impedir todo acto encaminado a provocar la dilación injustificada del proceso, o que pueda tener eseefecto.  Los párrafos 2) y 4) del artículo 5 disponen que el tribunal debe aplicar una multa a la parte oIP/Q4/HUN/1
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representante que, mediante aseveraciones falsas o a través de declaraciones, o retrasando
indebidamente sus exposiciones, ponga obstáculo a la conclusión del proceso.  Con arreglo al
artículo 120, la multa puede alcanzar a 50.000 forint.
Además, también otras varias disposiciones del Código de Procedimiento Civil ponen
obstáculos a las demoras deliberadas (por ejemplo, el párrafo 1) del artículo 105, conforme al cual laspartes por regla general no pueden cumplir válidamente los actos que omitieron realizar, o el
artículo 107, que fija un plazo de 15 días para justificar una omisión después del vencimiento del
plazo, etc.).
8. En el párrafo 3 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC se requiere que las
decisiones sobre el fondo de un caso se formulen, preferentemente, por escrito para determinar
mejor el razonamiento en que se basa la decisión.  Sírvanse informar, con respecto a cada tipo
de tribunal u órgano administrativo mencionado en la pregunta 1, si los jueces o funcionariosadministrativos deben presentar sus decisiones por escrito y citar las disposiciones legales en
que se requieren esas opiniones escritas.
En todos los tribunales y órganos administrativos que se mencionan en la respuesta a la
pregunta 1, las decisiones deben emitirse por escrito (en virtud del párrafo 2) del artículo 219 del
Código de Procedimiento Civil, el párrafo 3) del artículo 43 del Código de ProcedimientoAdministrativo y el párrafo 1) del artículo 165 del Código de Procedimiento Penal).  También
constituye un requisito de carácter general que en las decisiones de fondo se indiquen sus
fundamentos.
9. En el párrafo 3 del artículo 41 se estipula también que las decisiones sobre el fondo de
un caso sólo estarán basadas en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes laoportunidad de ser oídas.  Sírvanse informar, con respecto a cada tipo de tribunal u órgano
administrativo mencionado en la pregunta 1, qué factores pueden ser tenidos en cuenta por un
juez o un funcionario administrativo al adoptar una decisión y citar las disposiciones legales que
establecen la base sobre la cual pueden adop tar sus decisiones los jueces y funcionarios
administrativos.
En los procedimientos civiles, el tribunal debe recabar o exigir pruebas para determinar los
hechos necesarios para dictar su decisión.  Son medios de prueba, en particular, los testimonios,
dictámenes periciales, inspecciones, documentos y otros elementos de prueba material.  En esos
procedimientos no se toma juramento.  No se requiere la prueba de los hechos notorios ni de los
hechos acerca de los cuales el tribunal tiene conocimiento oficial.  La apreciación de la prueba debe
basarse en la comparación de las declaraciones de las partes con las pruebas producidas.  Los
resultados de los elementos de prueba deben examinarse globalmente y apreciarse según la conviccióndel tribunal (párrafos 1) y 3) del artículo 163, artículo 166 y párrafo 1) del artículo 206 del Código de
Procedimiento Civil).  Con respecto al procedimiento sumario aplicable a las demandas de las
organizaciones de administración colectiva, mencionado en la respuesta a la pregunta 1, debe
destacarse que el procedimiento sumario resulta de una iniciativa unilateral, pero en caso de oposición
del demandado a la sentencia dictada en ese procedimiento el tribunal debe celebrar juicio enaudiencia.
En los procedimientos administrativos, el órgano administrativo está obligado a determinar y
aclarar los hechos necesarios para dictar su deci sión.  Son medios de prueba, en particular, las
declaraciones del interesado, documentos, testimonios, inspecciones y dictámenes periciales.   No se
requiere la prueba de los hechos notorios ni de los hechos acerca de los cuales el órganoadministrativo tiene conocimiento oficial.  La apreciación de la prueba debe basarse en el examen
global de las pruebas producidas.  Los hechos deben determinarse según la convicción del órgano
administrativo (artículo 26 del Código de Procedimiento Administrativo).IP/Q4/HUN/1
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En los procedimientos penales son medios de prueba, en particular, los testimonios,
documentos, inspecciones, averiguaciones in situ, experimentos, reconocimientos y declaraciones del
inculpado (párrafo 1) del artículo 61 del Código de Procedimiento Penal).  El Código de
Procedimiento Penal contiene varias disposiciones que se basan en el carácter particular de los
procedimientos penales en comparación con los civiles;  por ejemplo, el párrafo 4) del artículo 61,conforme al cual los hechos que no estén probados más allá de toda duda razonable no deben
apreciarse de manera desfavorable para el inculpado;  o el artículo 199, en virtud del cual las pruebas
deben iniciarse con la declaración del inculpado.  Al margen de estas diferencias, las disposiciones
aplicables al procedimiento penal son análogas a las del procedimiento civil.
10. En el párrafo 4 del artículo 41 se estipula que los Miembros de la OMC estarán
obligados a prever una revisión por una autoridad judicial de ciertas decisiones judiciales y
administrativas en los procedimientos de obser vancia de los derechos de propiedad intelectual.
Sírvanse describir qué limitaciones jurídicas, si las hubiere, se imponen a la capacidad de una
de las partes en un procedimiento de observancia de los derechos de propiedad intelectual para
lograr que otra autoridad judicial proceda a la revisión tanto de las decisiones en materia de
procedimiento como de las decisiones finales, y citar las disposiciones legales en que se estipulan
dichas revisiones.
Revisión de las decisiones en los procedimientos civiles:
- apelación (artículos 233 a 259 del Código de Procedimiento Civil).  Es un recurso
contra las sentencias de primera instancia, que debe interponerse dentro de los 15 días
siguientes a su notificación;
- reapertura de la causa (artículos 260 a 269 del Código de Procedimiento Civil).  Es un
recurso contra la sentencia definitiva del tribunal de primera instancia en los casos
previstos en el párrafo 1) del artículo 260 del Código de Procedimiento Civil.  La
solicitud de reapertura de la causa debe presentarse dentro de los seis meses
siguientes a la entrada en vigor de la sentencia que se impugna (pero en ningún caso
después de transcurridos cinco años);
- revisión por el Tribunal Supremo (artículos 270 a 275/B del Código de Procedimiento
Civil).  Es un recurso contra las sentencias definitivas dictadas ilegalmente.  La
solicitud de tal revisión sólo puede presentarse una vez por cada persona respecto de
cada asunto, y dentro de los 60 días siguientes a la notificación de la sentencia que se
impugna.
Revisión de las decisiones en los procedimientos de la administración de aduanas:
- modificación o revocación de la decisión (artículo 61 de la Ley Nº IV de 1957 sobre
procedimiento administrativo, a la que se hará referencia en adelante como "Código
de Procedimiento Administrativo").  Es un recurso que aplica un órgano
administrativo cuando su decisión, no examinada por un órgano superior ni por un
tribunal, es ilegal.  Los órganos administrativos sólo están facultados para aplicar este
recurso una vez respecto de cada asunto, y dentro del año siguiente a la notificaciónde la decisión;
- apelación (artículos 62 a 67 del Código de Procedimiento Administrativo).  Es un
recurso contra las decisiones de primer grado sobre el fondo, que debe interponerse
dentro de los 15 días siguientes a su notificación.  El órgano administrativo superior
resuelve acerca de la apelación confirmando, modificando o revocando la decisión;IP/Q4/HUN/1
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- medida de supervisión (artículo 71 del Código de Procedimiento Administrativo).  Es
un recurso aplicable de oficio por el órgano superior dentro del año siguiente a la
fecha en que entró en vigor la decisión.  Puede aplicarse cuando la decisión del
órgano administrativo es ilegal;
- revisión judicial de las decisiones administrativas (artículos 72 y 73 del Código de
Procedimiento Administrativo).  Es un recurso contra las decisiones de los órganos
administrativos que son ilegales en cuanto al fondo.  La revisión puede promoverse
mediante demanda judicial dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la
decisión, siempre que se haya agotado el recurso de apelación ante el órgano
administrativo superior o no quepa tal recurso.
Recursos en los procedimientos penales:
- apelación (artículos 235 a 275 del Código de Procedimiento Penal).  Es un recurso
contra la totalidad o una parte de la sentencia del tribunal de primera instancia, que
debe interponerse de inmediato o dentro de los tres días siguientes si se ha
pronunciado en audiencia, o de los ocho días siguientes a su notificación;
- reapertura de la causa (artículos 276 a 283 del Código de Procedimiento Penal).  Es
un recurso contra la sentencia definitiva, en circunstancias similares a las que rigen enel procedimiento civil, que puede interponerse únicamente por el fiscal si es en
perjuicio del acusado;  o, cuando es en su beneficio, por el fiscal, el condenado, su
defensor y en ciertos casos sus parientes;
- revisión por el Tribunal Supremo (artículos 284 a 291/A del Código de
Procedimiento Penal).  Es un recurso contra la totalidad o una parte de la sentencia desegunda instancia en ciertos casos de violación de normas jurídicas de fondo, que
puede interponerse únicamente por el fiscal si es en perjuicio del acusado;  o, cuando
es en su beneficio, por el fiscal, el condenado, su defensor y en ciertos casos sus
parientes;
En los procesos sobre derecho de autor, las sentencias de los tribunales de distrito (en este
caso, de primera instancia) son objeto de revisión por el Tribunal Supremo.  En los procesos que se
inicien a partir del 1º de enero de 1999, la revisión será de competencia de los nuevos tribunales de
circuito en virtud del párrafo 2) del artículo 10 del Código de Procedimiento Civil (los tribunales de
circuito serán tribunales regionales que actuarán en segunda instancia en los asuntos cuya primera
instancia estuvo a cargo de tribunales de distrito).
En los asuntos sobre derecho de autor, la "revisión" de las sentencias dictadas en
procedimiento sumario, es decir, el juicio propiamente dicho, corresponde a la competencia delmismo tribunal que actuó en el procedimiento sumario.
Procedimientos y recursos civiles y administrativos
11. En el artículo 42 se estipula que se notificarán a los demandados los procedimientos
judiciales y administrativos de observancia de los derechos de propiedad intelectual iniciados
contra ellos.  Sírvanse describir los procedimientos seguidos en cada tipo de tribunal y órganoadministrativo mencionado en la pregunta 1 para notificar a las partes demandadas los
procedimientos que han sido iniciados contra ellas, indicar la información comunicada acerca
del procedimiento y citar las disposiciones legales por las que se establecen estos
procedimientos.IP/Q4/HUN/1
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Conforme al párrafo 1) del artículo 125 y al párrafo 1) del artículo 126 del Código de
Procedimiento Civil, el juez debe convocar a las partes a la audiencia adjuntando copia de la
demanda, por lo menos ocho días antes de su celebración.  Se debe informar a las partes que, si no
comparecen personalmente en el juicio, pueden hacerse representar por un abogado.  Debe ordenarse
a las partes que presenten en el juicio la documentación referente al asunto, y debe advertirseasimismo al demandado sobre su obligación de formular una declaración expresando los recursos que
invoca en el juicio y de exponer los hechos en que apoya sus excepciones y las pruebas respectivas, y
de presentar los documentos relativos al asunto.  En la citación del demandado debe constar que
puede presentar su exposición o formular su declaración el día anterior al fijado para la audiencia.  El
tribunal debe notificar de inmediato al demandante una copia de la exposición escrita o la declaración;
y si no basta el tiempo para hacerlo, debe entregarlos en la audiencia.
En los procedimientos sumarios sobre derecho de autor se actúa sin oír a la parte demandada.
Se notifica al demandado una copia auténtica de la sentencia, que le sirve de base para su oposición.
Si el demandado no interpone oposición en 15 días, la sentencia dictada en procedimiento sumario se
considera definitiva y puede ser objeto de ejecución.
12. En el artículo 42 se estipula también que las partes en los procedimientos de observancia
de los derechos de propiedad intelectual podrán  estar representadas por un abogado y no se les
impondrán exigencias excesivamente gravosas en cuanto a las comparecencias personales.
Sírvanse describir cualesquiera limitaciones qu e existen con arreglo a las leyes de Hungría a la
capacidad de una de las partes en dicho procedimiento para estar representada por un abogado
independiente y cualquier obligación que se imponga a la parte para que comparezca
personalmente en un procedimiento.  Sírvanse citar las disposiciones legales por las que se
establecen dichas limitaciones y se imponen esas obligaciones .
En la legislación de Hungría sobre procedimientos para imponer la observancia de los
derechos de propiedad intelectual no existen limitaciones de esa clase.
13. Con arreglo al artículo 42, las partes estarán facultadas para sustanciar sus alegaciones
y presentar las pruebas pertinentes.  Sírvanse describir cualesquiera limitaciones previstas enlas leyes de Hungría a la capacidad de una de las partes de sustanciar una alegación o de
presentar pruebas pertinentes y citar las disposiciones legales que establecen dichas
limitaciones.
En la legislación de Hungría sobre procedimientos para imponer la observancia de los
derechos de propiedad intelectual no existen limitaciones de esa clase.
14. En el artículo 42 se estipula, con una pequeña excepción, que deberán preverse medios
para identificar y proteger la información confid encial durante los procedimientos judiciales y
administrativos de observancia de los derechos de propiedad intelectual.  Sírvanse describir los
medios previstos en las leyes de Hungría para que las partes identifiquen y protejan la
información confidencial que debe presentarse a fin de probar sus alegaciones y citar las
disposiciones legales en que se establece dicha identificación y protección.
El artículo 7 del Código de Procedimiento Civil regula las circunstancias especiales en que
puede excluirse la presencia del público en las audiencias a fin de proteger secretos de Estado,
mercantiles (o empresariales) o de servicios oficiales.
El artículo 89 de la Ley de Patentes contiene una disposición complementaria que autoriza al
tribunal, a pedido de una de las partes, a excluir la presencia del público en la audiencia o en la lectura
de la sentencia aun cuando no se cumplan los requisitos del Código de Procedimiento Civil.  Existeuna disposición similar en el artículo 80 de la Ley de Marcas.IP/Q4/HUN/1
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La Ley sobre la prohibición de las prácticas comerciales desleales y la restricción de la
competencia dispone la protección de la información no divulgada.  Prohíbe la utilización de secretos
mercantiles (o empresariales) en forma desleal, así como su revelación a terceros o al público.
15. En el párrafo 1 del artículo 43 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que las
autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que una de las partes en unprocedimiento de observancia de los derechos de propiedad intelectual aporte la prueba
pertinente que se encuentre bajo su control y que  haya sido identificada por la parte contraria
cuando esta última haya presentado las pruebas de que razonablemente disponga para
sustentar sus alegaciones.  Sírvanse describi r cómo, y en qué condiciones, los jueces y
funcionarios administrativos pueden ordenar que se aporten pruebas pertinentes en los
procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual y citar las disposiciones
legales relativas a dichas órdenes.
Con arreglo al párrafo 5) del artículo 95 de la Ley de Marcas, si durante el desarrollo de los
procedimientos por infracción de marcas una de las partes ya ha dado a los hechos cierto grado de
verosimilitud, el tribunal puede ordenar, a pedido de la parte que ha producido las pruebas, que la
parte contraria presente cualquier documento u otro medio de prueba que sean pertinentes y se
encuentren en su poder, y que haga posible su inspección.
Todas las demás leyes sobre propiedad intelectual enumeradas en la respuesta a la pregunta 1
contienen una disposición análoga, en virtud de las modificaciones introducidas por la Ley de Marcas.
16. La información cuya aportación puede ordenarse, a que se hace referencia en la
pregunta 15, debe estar protegida si tiene un cará cter confidencial.  Sírvanse describir los
medios existentes en las leyes de Hungría a fin de proteger dicha información y citar la
disposición legal en la que se establece dicha protección, si esos medios difieren de los que se han
descrito en la respuesta a la pregunta 14.
La información confidencial se protege en la forma indicada en la respuesta a la pregunta 14.
17. En el párrafo 2 del artículo 43 se estipula que, en caso de que una de las partes deniegue
el acceso a la información que han ordenado las autoridades judiciales o administrativas, esasautoridades estarán facultadas para formular determinaciones preliminares y definitivas
contrarias a dicha parte.  Sírvanse describir qué sanciones pueden imponerse a una parte que se
ha negado a aportar la información como se había ordenado y en qué condiciones se imponen
las sanciones mencionadas, citando la disposición legal en que se prescriben dichas sanciones.
No existen disposiciones especiales en la legislación de Hungría sobre sanciones a la parte
que se niega a presentar informaciones cuando se le ha ordenado presentarlas.
Sin embargo, conforme al párrafo 1) del artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, la
apreciación de la prueba debe basarse en la comparación de las declaraciones de las partes con las
pruebas producidas.  Los resultados de los elementos de prueba deben examinarse globalmente y
apreciarse según la convicción del tribunal.
18. En el párrafo 1 del artículo 44 se estipula que las autoridades judiciales y
administrativas estarán facultadas para ordenar a una parte que desista de una infracción opara conseguir este resultado de otra manera, entre otras cosas impidiendo que los productos
infractores entren en los circuitos comerciale s de su jurisdicción.  Sírvanse describir la
autoridad de que disponen los jueces y los funcio narios administrativos a que se hace referencia
en la pregunta 1 para ordenar a las partes que desistan de sus infracciones y para impedir que
los productos infractores entren en los circuitos  comerciales de su jurisdicción, inmediatamenteIP/Q4/HUN/1
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después del despacho de aduana de los mismos.  Además, sírvanse citar las disposiciones legales
por las que se autorizan estas medidas.
Conforme al apartado b) del párrafo 2) del artículo 35 de la Ley de Patentes, el titular de una
patente puede pedir al tribunal un mandamiento judicial para que el infractor ponga fin a la infracción.
El apartado b) del párrafo 2) del artículo 27 de la Ley de Marcas dispone que el titular puede pedir altribunal un mandamiento judicial para que el infractor ponga fin a la infracción.  Otras leyes sobre
propiedad intelectual contienen disposiciones similares.  El apartado b) del párrafo 1) del artículo 52
de la Ley de Derecho de Autor contiene una disposición que faculta al titular para pedir al tribunal un
mandamiento judicial para que el infractor desista de continuar la infracción.
Los tribunales también tienen la facultad de dictar tales mandamientos con carácter de
medidas preliminares.  Para una descripción detallada de las medidas preliminares en la legislación de
Hungría, véanse las respuestas a las preguntas 25 a 36.
19. En el párrafo 2 del artículo 44 se prevé una excepción a las disposiciones del párrafo 1
con referencia a la utilización por el Gobierno, o por terceros autorizados por el Gobierno,
limitándose el recurso contra la infracción  al pago de una compensación adecuada de
conformidad con lo dispuesto en el apartado h) del artículo 31.  Sírvanse describir las
limitaciones a los recursos de esta clase que existen en las leyes de Hungría y citar lasdisposiciones legales en que se establecen esas limitaciones.
Los artículos 31 a 33 de la Ley de Patentes contienen disposiciones sobre las licencias
obligatorias.  Esas disposiciones están plenamente en conformidad con los requisitos que deben
cumplirse en virtud del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.  No obstante, si se comete por el
Gobierno o por cualquier tercero que actúa con su aprobación una infracción de derechos depropiedad intelectual, pueden emplearse contra e lla los recursos generales.  Por lo tanto, en la
legislación de Hungría no existen limitaciones a los recursos que pueden utilizarse por infracción
cometida por el Gobierno o por terceros autorizados por él.
20. En el párrafo 1 del artículo 45 se estipula que las autoridades judiciales y
administrativas estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un
resarcimiento adecuado para compensar el daño que  éste haya sufrido debido a una infracción.
Sírvanse describir la autoridad de los jueces y de los funcionarios administrativos a que se hace
referencia en la pregunta 1 para ordenar a una parte considerada como infractora que pague al
titular del derecho un resarcimiento adecuado pa ra compensar el daño que éste haya sufrido
debido a una infracción.  Sírvanse explicar los fact ores que se tienen en cuenta al fijar el monto
del resarcimiento y citar las disposiciones legales que autorizan las órdenes sobre el pago de
resarcimientos.
Con arreglo al párrafo 2) del artículo 35 de la Ley de Patentes, el titular de la patente puede,
independientemente de otras acciones,  demandar por indemnización de daños y perjuicios de
conformidad con las reglas de la responsabilidad civil.  Todas las demás leyes de Hungría sobre
propiedad intelectual contienen disposiciones similares.  Por lo tanto, la norma legal que determina
los factores que se han de tomar en consideración para establecer la cuantía de la indemnización sonlas del artículo 355 del Código Civil.
Ese artículo dice así:
"1) La persona responsable de los perjuicios deberá restablecer las cosas en su estado
original, y si ello no es posible o el perjudicado no lo desea por motivos fundados,
deberá reparar los daños patrimoniales y no patrimoniales sufridos por el perjudicado.IP/Q4/HUN/1
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2) Los perjuicios se repararán mediante indemnización en efectivo, salvo que las
circunstancias justifiquen la reparación en especie.  Esta última podrá ser
especialmente justificada si el objeto de la reparación es producido también por el
causante del perjuicio o se encuentra en su poder.
3) También podrá fijarse como indemnización el pago de una renta.  Ésta se impondrá
en general cuando la indemnización tenga por objeto prestar apoyo económico a la
persona perjudicada o a su pariente con derecho a recibir su respaldo, o complementar
ese apoyo.
4) La indemnización de daños y perjuicios comprenderá la desvalorización de los bienes
del perjudicado y la pérdida de beneficios patrimoniales que le hayan provocado los
hechos que causaron el daño, así como el resarcimiento o el pago de los gastos
necesarios para atenuar o eliminar los perjuicios patrimoniales y no patrimoniales quehaya sufrido."
21. En el párrafo 2 del artículo 45 se estipula que los jueces y los funcionarios
administrativos estarán facultados para ordenar el pago de los gastos del titular del derecho,
que pueden incluir los honorarios de los abogados.  Sírvanse describir la autoridad de los jueces
y funcionarios administrativos a que se hace referencia en la pregunta 1 para ordenar el pagode los gastos del titular del derecho, las condiciones en que puede dictarse dicha orden, los
factores que se tienen en cuenta al fijar el mo nto de los gastos, y citar las disposiciones legales
por la que se autorizan dichos pagos.
Conforme al artículo 75 del Código de Proced imiento Civil, los gastos procesales incluyen
todos los que las partes han realizado, en audiencia o fuera de ella, para seguir un proceso en formapráctica y de buena fe (gastos de las investigaciones preliminares y la correspondencia, costas
oficiales de las actuaciones judiciales, poderes, etc., gastos de testigos y peritos, retribución de
intérpretes, gastos de las diligencias judiciales e inspecciones in situ , etc.).
Los gastos y honorarios del asesor jurídico de la parte también deben añadirse a los gastos del
procedimiento.
Con arreglo a los artículos 78 y 79 del Código de Procedimiento Civil, la parte perdedora
debe reembolsar los gastos judiciales de la parte ganadora.  Esos gastos se fijan por el tribunal
teniendo en cuenta los datos presentados y debidamente acreditados por las partes.  De conformidad
con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC, esos gastos incluyen los
honorarios de abogados que sean procedentes.
En el párrafo 3) del artículo 95 de la Ley de Patentes se encuentra otra disposición conforme a
la cual los gastos y honorarios del abogado especializado en patentes que asiste a la parte debenañadirse a los gastos del procedimiento.
No obstante, corresponde a las facultades discrecionales del tribunal apreciar si ha de
considerarse justificada la factura total del abogado del titular de derechos (el honorario anticipado
total pactado por el titular de derechos y su abogado).  Por lo general se considera un honorario
justificado un máximo de 5 por ciento de la cuantía total en litigio o, en casos excepcionalmentecomplejos, ese porcentaje más un 50 por ciento de él, o sea un 7,5 por ciento.  Este cálculo se basa en
la regla obligatoria (artículo 1) del Decreto del Ministerio de Justicia Nº 12/1991 (IX.29), sobre
honorarios de los abogados.  Debe señalarse que los desembolsos efectivos de la actividad de los
abogados (por telecomunicaciones, fotocopias, viajes, alojamiento, mecanografía y gastos diversos
análogos) deben reembolsarse además de los honorarios, sobre la base de una relación detallada deesos gastos que el abogado debe presentar (artículo 2).  En la práctica, los abogados húngaros muchasIP/Q4/HUN/1
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veces omiten cumplir este requisito y no presentan su relación de gastos, con lo que no pueden
obtener que se les reembolsen además de sus honorarios.
22. En el artículo 46 se estipula que los jueces y los funcionarios administrativos estarán
facultados para ordenar, en ciertas circunsta ncias, otros recursos, en particular que las
mercancías sean apartadas de los circuitos come rciales, o que sean destruidas así como que se
destruyan los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la
producción de los bienes infractores.  Sírvanse describir los demás recursos disponibles con
arreglo a las leyes de Hungría, las condiciones en que puede ejercerse dicha autoridad, los
factores que se tienen en cuenta al determinar el  carácter de los recursos disponibles, y citar las
disposiciones legales relativas a dichos recursos.
El artículo 27 de la Ley de Marcas establece los siguientes recursos (además de la acción por
indemnización de daños y perjuicios):
"2) El titular de derechos podrá, según las circunstancias, hacer uso de los siguientes
recursos civiles:
a) la petición de que el tribunal declare la existencia de infracción;
b) la petición de un mandamiento judicial para que el infractor haga cesar sus
actos de infracción;
c) la petición de que se ordene al infractor suministrar informaciones sobre la
identidad de terceros participantes en la producción y distribución de las
mercancías infractoras o en la prestación de los servicios infractores y sobre
sus vías de distribución;
d) la petición de una satisfacción por el infractor mediante una declaración o por
otro medio idóneo;  en caso de que sea preciso, la declaración se hará pública
por el infractor o a su costa;
e) la demanda de entrega por el infractor de los beneficios que haya obtenido
mediante la infracción de la marca;
f) la demanda de confiscación de los medios utilizados exclusiva o
principalmente para cometer la infracción y de los productos infractores y sus
envases.
3) El tribunal podrá disponer, a petición del titular, que se elimine el carácter infractor
de los medios, materiales, productos o envases confiscados -en particular, mediante la
supresión de la marca- o, si tal cosa no es posible, que se destruyan.  Cuando existen
razones fundadas para ello, el tribunal pued e disponer, en lugar de la destrucción, que
los medios y materiales confiscados se subasten conforme a los procedimientos deejecución judicial;  en ese caso, el tribunal decidirá el destino de las sumas obtenidas.
4) Procederá la confiscación de los medios y materiales utilizados para la infracción de
la marca, y de los productos y envases infractores, aun cuando no se encuentren en
poder del infractor, si su poseedor estaba en conocimiento de la infracción de la
marca o tenía motivos razonables para conocerla."
Como el artículo 120 de la Ley de Marcas ha modificado en la misma forma otras leyes sobre
propiedad intelectual, ofrecen iguales recursos, mutatis mutandis , el artículo 52 de la Ley de DerechoIP/Q4/HUN/1
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de Autor, el artículo 11 del Decreto sobre Dibujos y Modelos Industriales y el artículo 35 de la Ley de
Patentes.
23. En el artículo 47 se estipula que los Miembros de la OMC podrán autorizar a los jueces
y a los funcionarios administrativos para que ordenen a los infractores que informen a los
titulares de los derechos sobre la identidad de los terceros que hayan participado en laproducción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de
distribución.  Sírvanse describir toda autoridad de que dispongan los jueces y funcionarios
administrativos con arreglo a las leyes de Hungría para ordenar a los infractores que informen
a los titulares de los derechos sobre la identi dad de los terceros que hayan participado en la
producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de
distribución, y describir las condiciones en que pue de ejercerse esa autoridad.  Sírvanse citar las
disposiciones legales relativas a dichos recursos.
Conforme al párrafo 2) del artículo 27 de la Ley de Marcas, el titular de derechos puede,
según las circunstancias, pedir que se ordene al infractor suministrar informaciones sobre la identidad
de terceros participantes en la producción y distribución de las mercancías infractoras o en la
prestación de los servicios infractores y sobre sus vías de distribución.
Como el artículo 120 de la Ley de Marcas ha modificado en la misma forma otras leyes sobre
propiedad intelectual, igual recurso figura en el artículo 52 de la Ley de Derecho de Autor, el
artículo 11 del Decreto sobre Dibujos y Modelos Industriales y el artículo 35 de la Ley de Patentes.
Véanse también las respuestas de Hungría a los puntos 5 y 6 de la Lista de Cuestiones sobre
la Observancia.
8
24. En el párrafo 2 del artículo 48 se permite que los Miembros de la OMC eximan tanto a
las autoridades como a los funcionarios públicos de las responsabilidades que darían lugar a
medidas correctoras adecuadas sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de
buena fe para cumplir con sus obligaciones conforme a la ley.  Sírvanse explicar toda exención
de las autoridades y funcionarios públicos de la responsabilidad por abuso en los
procedimientos de observancia, describir las circunstancias en que no se aplicarían dichaslimitaciones, y citar las disposiciones legales  con arreglo a las cuales se conceden esas
exenciones.
Conforme al artículo 349 del Código Civil, la  responsabilidad por daños y perjuicios causados
en la esfera de la administración pública sólo puede declararse en caso de que los perjuicios no hayan
podido evitarse mediante los recursos judiciales ordinarios, o de que el perjudicado haya agotado los
recursos legales ordinarios para evitar los perjuicios.
Estas reglas se aplican igualmente a la responsabilidad por daños y perjuicios causados en la
esfera de competencia de las fiscalías.
Véanse también las respuestas de Hungría al punto 7 de la Lista de Cuestiones sobre la
Observancia.
8
Medidas provisionales
25. En los párrafos 1 y 8 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales yadministrativas estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y
                                                     
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eficaces destinadas a evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad
intelectual.  Con respecto a cada uno de los derechos de propiedad intelectual determinados en
el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, sírvanse informar acerca de las
medidas provisionales de que se dispone a fin de proteger los derechos de propiedad intelectual.
Sírvanse citar la disposición legal pertinente por la que se establecen estos recursosprovisionales.
Con arreglo al artículo 156 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal puede ordenar
mediante una medida provisional que se dé cumplimiento a la demanda (o a la contrademanda) o a
cualquier petición especial de medida provisional.  Pueden obtenerse medidas provisionales si son
indispensables para impedir un daño inminente, o mantener condiciones que dan mérito a una acción,
o preservar derechos del peticionante que son dignos de consideración especial.  El tribunal debe
cerciorarse también de que los inconvenientes causados por la medida no sean de mayor peso que losbeneficios que permite obtener.  El tribunal puede condicionar la medida provisional a que el
solicitante constituya una garantía.  Los hechos en que se funda la petición deben ser de apariencia
probable.  El pedido de medidas provisionales sólo puede presentarse después de haber formulado
demanda.  El tribunal, sin embargo, puede resolver acerca de la medida provisional aun antes de la
primera audiencia.  Debe decidir acerca de la medida provisional sin demora, pero previamente a ellodebe oír a las partes personalmente o darles oportunidad de exponer sus argumentos por escrito.  Sólo
se puede dejar de oír a las partes en caso de que exista urgente necesidad de la medida provisional, o
la parte interesada no cumpla el plazo fijado para la audiencia.  Aunque la decisión del tribunal sobre
la medida provisional puede ser objeto de apelación, ésta no tiene necesariamente efecto suspensivo
respecto de la ejecución de la medida, que por lo tanto puede cumplirse anticipadamente.
Estas disposiciones del Código de Procedimiento Civil (con las modificaciones de la Ley
Nº LX de 1995) cumplen los requisitos del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC.
En virtud de la Ley de Marcas se han incluido disposiciones en materia de medidas
provisionales aplicables en caso de infracción en  las leyes de Hungría sobre propiedad industrial y
derecho de autor, y figuran en la propia Ley de Marcas.
Estas disposiciones son de naturaleza interpretativa respecto del Código de Procedimiento
Civil, y están destinadas a contemplar las características peculiares de los asuntos sobre derechos de
propiedad intelectual a fin de acentuar la eficacia de los procedimientos sobre su observancia.
Establecieron una presunción legal, en favor de los titulares de derechos de propiedad intelectual, de
que existe necesidad de proteger un derecho "digno de consideración especial" (como lo requiere el
Código de Procedimiento Civil) siempre que el de mandante acredite que la obra, invención, marca u
otro objeto está protegido legalmente y que el demandante tiene derecho a esa protección, es decir,que es titular o licenciatario debidamente autorizado de ese derecho de propiedad intelectual.  La
presunción, sin embargo, no rige si han transcurrido seis meses desde el comienzo de la infracción, o
60 días desde la fecha en que el solicitante adquirió conocimiento de la infracción y la identidad del
infractor.  (No obstante, también en esos casos puede obtenerse una medida provisional, pero sólo con
arreglo a las disposiciones generales del Código de Procedimiento Civil, es decir, sin la "ayuda" de lapresunción legal.)  Además, se ha impuesto a los tribunales el deber de resolver acerca de las
solicitudes de medidas provisionales dentro de un plazo de 15 días contados desde su presentación.
Las disposiciones aplicables son las siguientes:  párrafos 2) a 4) del artículo 95 de la Ley de
Marcas;  párrafos 3) a 5) del artículo 52 de la Ley de Derecho de Autor;  párrafos 3) a 5) del
artículo 20 del Decreto sobre Dibujos y Modelos Industriales;  y párrafos 3) a 5) del artículo 104 de laLey de Patentes.IP/Q4/HUN/1
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Véanse también las respuestas de Hungría al punto 10 de la Lista de Cuestiones sobre la
Observancia.9
[Pregunta complementaria de los Estados Unidos]
En su respuesta a la pregunta 25, el Gobierno  de Hungría dice que la presunción de que
existe necesidad de proteger legalmente los derechos de propiedad intelectual y el derecho a la
observancia no rige si han transcurrido seis me ses desde el comienzo de la infracción, o 60 días
desde la fecha en que el titular de los derechos a dquirió conocimiento de la infracción.  Sírvanse
describir cualesquiera posibilidades de prorrogar esos plazos que se encuentren a disposición de
los titulares de derechos extranjeros que tienen menos oportunidades de conocer las
infracciones cometidas en Hungría y que, cuando adquieren conocimiento de que han ocurridodichas infracciones, deben obtener asesoramient o jurídico en Hungría, hacer que se traduzcan
los documentos pertinentes y, en general, tratar  desde lejos con sus abogados y los tribunales.
La prórroga del plazo de seis meses no es posible ni siquiera cuando los titulares de derechos
extranjeros no consiguen respetar el plazo.  En este caso no rige la presunción establecida por la ley.Sin embargo, esto no afecta a los derechos del titular de derechos extranjeros, debido a que el tribunal
puede dictar medidas provisionales conforme a las normas generales del Código de Procedimiento
Civil (artículo 156).  En ese procedimiento, el tribunal está facultado para examinar si el hecho de
dictar la medida provisional es, entre otras cosas, necesario a fin de proteger los derechos del
solicitante que son dignos de consideración especial.
26. En los párrafos 1 y 8 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales y
administrativas estarán autorizadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas
y eficaces destinadas a preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta
infracción.  Sírvanse determinar las medidas provisionales de que se dispone para preservar las
pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción y citar la disposición legalpertinente.
Los artículos 207 a 211 del Código de Procedimiento Civil disponen que el diligenciamiento
preliminar de pruebas es admisible tanto antes como después de la demanda, en particular si parece
probable que su obtención durante el juicio o en una etapa posterior supondría dificultades
considerables.  En situaciones de urgencia el tribunal puede disponer el diligenciamiento preliminar
de pruebas incluso sin oír previamente a la parte contraria.  En los asuntos sobre infracción de
derechos de propiedad intelectual, los tribunales pueden condicionar la orden de diligenciamientopreliminar de pruebas a la constitución de garantía (párrafo 6) del artículo 95 de la Ley de Marcas;
párrafo 7) del artículo 52 de la Ley de Derecho de Autor);  párrafo 7) del artículo 20 del Decreto sobre
Dibujos y Modelos Industriales;  y párrafo 7) del artículo 104 de la Ley de Patentes).
27. En los párrafos 2 y 8 del artículo 50 se estipula que los Miembros podrán facultar a las
autoridades judiciales y administrativas para que adopten medidas provisionales sin haber oídoa la otra parte.  Con respecto a cada uno de los derechos de propiedad intelectual determinados
en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, sírvanse describir brevemente las
circunstancias en que las autoridades judiciales y administrativas están facultadas para adoptar
medidas provisionales sin haber oído a la otra parte y citar la disposición legal pertinente .
Con arreglo al párrafo 4) del artículo 156 del Código de Procedimiento Civil, sólo se puede
ordenar una medida provisional sin oír a la parte contraria en caso de que exista urgente necesidad de
la medida provisional, o la parte no cumpla el plazo fijado para la audiencia.
                                                     
9 IP/N/6/HUN/1.IP/Q4/HUN/1
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Véase también la respuesta de Hungría al punto 11 de la Lista de Cuestiones sobre la
Observancia.10
28. En los párrafos 2 y 8 del artículo 50 se es tipula que las autoridades judiciales y los
órganos administrativos estarán facultados pa ra adoptar medidas provisionales cuando haya
probabilidad de que cualquier retraso cause "d año irreparable" al titular de los derechos.
Sírvanse describir brevemente los elementos que  requieren las autoridades mencionadas en las
respuestas de las preguntas 25, 26 y 27 para establecer la existencia del "daño irreparable" al
titular de los derechos.
Con arreglo al párrafo 1) del artículo 156 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal
puede ordenar una medida provisional, a pedido del interesado, si es indispensable para impedir un
daño inminente, o mantener condiciones que dan mérito a una acción, o preservar derechos del
peticionante que son dignos de consideración especial, y siempre que los inconvenientes causados porla medida no sean de mayor peso que los beneficios que permite obtener.
Véase también la respuesta de Hungría al punto 10 de la Lista de Cuestiones sobre la
Observancia.
10
29. En los párrafos 2 y 8 del artículo 50 se estipula también que las autoridades judiciales ylos órganos administrativos estarán facultados para adoptar medidas provisionales cuando hayaun "riesgo demostrable de destrucción de pruebas".  Sírvanse describir brevemente qué
factores tienen en cuenta las autoridades comp etentes para determinar si existe un "riesgo
demostrable de destrucción de pruebas".
Véanse las respuestas a las preguntas 25 y 26.
30. En los párrafos 3 y 8 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales y
administrativas estarán facultadas para exigir al demandante que presente pruebas con el fin de
establecer con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho y
que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción.  Con respecto a cada
derecho de propiedad intelectual definido en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los
ADPIC, sírvanse describir las pruebas que debe presentar el titular a fin de establecer sucarácter de titular del derecho.
En lo que respecta a los derechos de propiedad industrial registrados (patentes, modelos de
utilidad, dibujos y modelos industriales, topografías de productos semiconductores microelectrónicos,
marcas e indicaciones geográficas), la Oficina de Patentes de Hungría certifica -a solicitud del
interesado- los derechos del titular expidiendo una copia de los datos registrados, mediante una tasa
(véanse, por ejemplo, el párrafo 4) del artículo 54 de la Ley de Patentes y el párrafo 4) del artículo 47
de la Ley de Marcas).
La copia de los datos registrados constituye un instrumento público (auténtico) que los
tribunales piden principalmente para determinar la titularidad de derechos en tales procedimientos.
Teniendo en cuenta que el registro de las cesiones y licencias de explotación no es obligatorio
conforme a la legislación de Hungría, los tribunales también pueden aceptar documentos privados
(contratos) como prueba fehaciente mediante la cual el demandante acredita su titularidad.
Para más detalles véanse las respuestas a las preguntas 25 y 26.
                                                     
10 IP/N/6/HUN/1.IP/Q4/HUN/1
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31. En los párrafos 3 y 8 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales y
administrativas estarán facultadas para ordenar que se aporte una fianza o garantía
equivalente para proteger al demandado.  Con respecto a cada derecho de propiedad intelectual
determinado en el párrafo 2 del artículo 1 de l Acuerdo sobre los ADPIC, sírvanse citar la
disposición legal por la que se establece una fianza o garantía equivalente .
Conforme al párrafo 1) del artículo 156 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal puede
condicionar una orden de medida provisional a que el solicitante constituya una garantía.  Además, en
los asuntos referentes a derechos de propiedad intelectual el tribunal puede condicionar una orden de
presentación preliminar de pruebas a la constitución de garantía.
Corresponde al tribunal determinar, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el
importe de la garantía.  Para más detalles véanse las respuestas a las preguntas 25 y 26.
32. En el párrafo 4 del artículo 50 se estipula que se notificará a las partes cuando se hayan
adoptado medidas provisionales sin haber oído a la otra parte.  Sírvanse describir brevemente
los procedimientos seguidos por cada autoridad que pueda adoptar dichas medidas a fin de
notificar a las partes afectadas y señalar el plazo en que debe efectuarse la notificación.
Conforme al párrafo 2) del artículo 156 del Código de Procedimiento Civil, las medidas
provisionales sólo pueden solicitarse después de la presentación de la demanda.  El tribunal, sinembargo, puede resolver acerca de la medida provisional aun antes de la primera audiencia.
El párrafo 4) del mismo artículo dispone que sólo se puede dejar de oír a las partes en caso de
que exista urgente necesidad de la medida provisional, o la parte interesada no cumpla el plazo fijado
para la audiencia.
Conforme al párrafo 6) del mismo artículo, la decisión del tribunal sobre una solicitud de
medidas provisionales constituye una sentencia apelable.
En virtud del párrafo 2) del artículo 219 del Código de Procedimiento Civil, la decisión debe
formularse por escrito dentro de los ocho días siguientes a su aprobación.
La orden dictada sin oír a la parte contraria debe notificarse al interesado (apartado d) del
párrafo 1) del artículo 219).
Para más detalles véanse las respuestas a las preguntas 25 y 26.
33. En el párrafo 4 del artículo 50 se requiere también que, a petición del demandado, se
proceda a una revisión con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o confirmarse las
medidas provisionales.  Sírvanse describir brevemente los procedimientos que debe seguir un
demandado para iniciar los procedimientos de revisión ante cada una de las autoridades que
pueden adoptar dichas medidas y precisar el plazo en que deben iniciarse esos procedimientos.
El plazo para la apelación es de 15 días desde la notificación de la decisión (artículo 234 del
Código de Procedimiento Civil).  El tribunal puede disponer que la decisión relativa a la medida
provisional se ejecute anticipadamente, con independencia de la apelación interpuesta.
La orden judicial de aplicación de medidas provisionales permanece en vigor hasta que sea
revocada por el tribunal a pedido de parte o se dicte sentencia sobre el fondo (párrafo 5) del
artículo 156 del Código de Procedimiento Civil).IP/Q4/HUN/1
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34. En el párrafo 5 del artículo 50 se estipula que se facultará a las autoridades competentes
para que exijan a los demandantes que presenten cualquier otra información necesaria para la
identificación de las mercancías en relación con las cuales la autoridad debe poner en ejecución
las medidas provisionales.  Sírvanse describir brevemente qué otra información pueden
requerir las autoridades y citar la disposición legal por la que se establece la base de estainformación complementaria.
En lo que respecta a los recursos civiles no existen disposiciones especiales, por lo que son de
aplicación las normas generales en cuanto al suministro de informaciones para la identificación de las
mercancías.
Con respecto a las medidas de la administración de aduanas, el fundamento legal se encuentra
en el Decreto sobre Medidas en Frontera.
La solicitud debe contener la descripción y la indicación de las características pertinentes de
las mercancías para facilitar su identificación, y las circunstancias, datos y documentos que indican la
probabilidad de infracción.
La autoridad aduanera puede requerir, como información complementaria, el lugar en que se
encuentran las mercancías, su lugar de destino, los datos detallados que permitan identificar el envío,
la consignación o el paquete, la designación del importador, exportador o propietario de lasmercancías y el momento y lugar en que se espera su llegada o salida.
Véase la respuesta de Hungría al punto 16 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia.
11
35. En los párrafos 6 y 8 del artículo 50 se estipula que si el procedimiento conducente a una
decisión sobre el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable, las medidas provisionales
adoptadas por las autoridades competentes se revocarán o quedarán de otro modo sin efecto, apetición del demandado.  Sírvanse indicar las disposiciones pertinentes de las leyes de Hungría
por las que se autoriza la revocación o la suspensión de las medidas provisionales si los
procedimientos de revisión no se inician dentro de un plazo razonable y especifiquen lo que
constituye un "plazo razonable" para iniciar los procedimientos .
Conforme al artículo 156 del Código de Pro cedimiento Civil, la solicitud de medidas
provisionales no puede presentarse antes de la demanda.
La orden de aplicación de medidas provisionales permanece en vigor hasta que sea revocada
por el tribunal a pedido de parte o se dicte sentencia sobre el fondo (párrafo 5) del artículo 156 del
Código de Procedimiento Civil).
36. En los párrafos 7 y 8 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales y
administrativas estarán facultadas para ordenar al demandante que pague al demandado una
indemnización adecuada por cualquier daño causado por la adopción de las medidas
provisionales cuando dichas medidas hayan sido revocadas o hayan caducado, o cuando se haya
determinado que no hubo infracción o amenaza de infracción.  Sírvanse describir cómo
determinan las autoridades competen tes la "indemnización adecuada".
Se aplican las reglas generales del Código Civil a los perjuicios causados por la adopción de
medidas provisionales cuando éstas se revocan o caducan, o se determina que no ha existidoinfracción.
                                                     
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Las disposiciones pertinentes del Código Civil dicen así:
"Artículo 339
1) La persona que cause un perjuicio a otra en contravención de la ley deberá
indemnizarla.  Quedará exenta de esa responsabilidad si prueba que ha actuado en la
forma que cabe esperar en general en la situación respectiva.
2) La persona responsable de los perjuicios podrá ser eximida parcialmente de su
responsabilidad por el tribunal en razón de circunstancias dignas de consideración
excepcional.
Artículo 340
1) La persona que sufra el perjuicio deberá obrar con el fin de evitar o mitigar las
pérdidas en la forma que cabe esperar en general en la situación respectiva.  La parte
de las pérdidas que resulte de su incumplimiento de esta obligación no dará lugar aindemnización.
2) Las omisiones cometidas por todos aquellos de cuyos actos sea responsable la
persona perjudicada serán de cargo de ésta.
Artículo 344
1) Si los daños son causados conjuntamente por dos o más personas, recaerá en ellas la
responsabilidad conjunta y solidaria ante quien los haya sufrido, mientras que su
responsabilidad entre ellos se distribuirá en proporción a la imputabilidad de sus
actos.
2) Si no puede determinarse la imputabilidad de los actos de cada una de las personas
que han causado el daño, éste se distribuirá entre ellas en proporciones iguales.
3) El tribunal podrá no declarar la responsabilidad conjunta y solidaria, y condenar a las
personas que han causado el daño en proporción a su respectiva participación, en los
siguientes casos:
a) si con ello no se pone en peligro la reparación del daño ni se la retrasa en
grado importante;  o
b) si la persona que ha sufrido los perjui cios ha contribuido a ellos por sí misma,
o estaba en omisión de demandar el resarcimiento sin razones que lo
justificaran.
Artículo 355
1) La persona responsable de los perjuicios deberá restablecer las cosas en su estado
original, y si ello no es posible o el perjudicado no lo desea por motivos fundados,
deberá reparar los daños patrimoniales y no patrimoniales sufridos por el perjudicado.
2) Los perjuicios se repararán mediante indemnización en efectivo, salvo que las
circunstancias justifiquen la reparación en especie.  Esta última podrá ser
especialmente justificada si el objeto de la reparación es producido también por el
causante del perjuicio o se encuentra en su poder.IP/Q4/HUN/1
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[...]
4) La indemnización de daños y perjuicios comprenderá la desvalorización de los bienes
del perjudicado y la pérdida de beneficios patrimoniales que le hayan provocado los
hechos que causaron el daño, así como el resarcimiento o el pago de los gastos
necesarios para atenuar o eliminar los perjuicios patrimoniales y no patrimoniales quehaya sufrido.
Artículo 359
1) Si la cuantía de los perjuicios no puede determinarse con precisión -ni siquiera en
parte- el tribunal podrá condenar a la persona responsable de haberlos causado a
pagar como indemnización general una cantidad suficiente para el resarcimiento
material pleno de la persona perjudicada.
2) No habrá lugar a reclamo en razón de la indemnización general a pretexto de que la
cuantía de los perjuicios efectivamente sufridos no alcanza posteriormente a dicha
cuantía.  No obstante, si el obligado paga por vía de indemnización una renta, podrá
pedir su reducción o la modificación de su plazo conforme al cambio sufrido por las
condiciones."
Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera
37. En el artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que los países adoptarán
procedimientos para que el titular de un derecho pueda presentar una demanda con objeto de
que se suspenda la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o
mercancías pirata que lesionan el derecho de autor.  Sírvanse precisar las autoridades
competentes de Hungría facultadas para recibir demandas de que se suspenda el despacho delas mercancías que se sospecha son causa de una infracción y citar la ley o el reglamento
pertinente relativa a dicha autoridad.
En Hungría, la autoridad competente para recibir esas solicitudes es la oficina de aduanas del
lugar en que se prevé que ocurra la importación o exportación de las mercancías ilegales, o en que se
ha iniciado el trámite de despacho de aduanas de las mercancías o, si se trata de las llamadassolicitudes generales, puede ser la Dirección Nacional de la Guardia de Aduanas y Finanzas.  Las
leyes y decretos pertinentes son los siguientes:
- Ley Nº C de 1995, Ley de Aduanas, Pro cedimiento Aduanero y Administración de
Aduanas;
- Decreto Gubernamental Nº 45/1996 (III.25), sobre la aplicación de la Ley Nº C
de 1995;
- la Ley de Marcas (para detalles a su respecto véase la respuesta a la pregunta 1), en
particular su artículo 28, que autoriza a los titulares de derechos a solicitar -en virtud
de leyes especiales- medidas de las autoridades aduaneras para impedir que entren en
libre circulación en el mercado interno mercancías infractoras;
- el Decreto sobre Medidas en Frontera (para detalles a su respecto véase la respuesta a
la pregunta 1).
38. Sírvanse describir los procedimientos que debe seguir el titular de un derecho para
obtener que las autoridades competentes le otor guen protección en frontera, por ejemplo siIP/Q4/HUN/1
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deben presentar formalmente una solicitud a la autoridad judicial o administrativa competente,
así como la información que debe contener la solicitud de suspensión del despacho, y citar la ley
o los reglamentos que rigen estos procedimientos.
Con arreglo a las disposiciones del Decreto sobre Medidas en Frontera, para impedir la
entrada a libre circulación (importación), la exportación o la reexportación de mercancías ilegales(infractoras), puede presentarse a la autoridad aduanera competente una solicitud específica o
general.  En el primer caso puede pedirse la intervención de las autoridades aduaneras respecto de
mercancías o envíos ilegales (infractores) específicos, mientras que en el caso de la solicitud general
la intervención puede referirse a determinado productor o país de origen durante un plazo máximo de
seis meses.
La solicitud específica debe presentarse a la oficina de aduanas del lugar en que se prevé que
ocurra la importación o exportación de las mercancías ilegales, o en que se ha iniciado el trámite de sudespacho de aduanas.
Las solicitudes específicas (cuando se desconoce el lugar del despacho de aduanas) y las
solicitudes generales deben presentarse a la Dirección Nacional de la Guardia de Aduanas y Finanzas.
Se requiere una solicitud escrita del titular de derechos, que debe contener:
a) la comprobación de que rige, en relación con las mercancías de cuyo despacho se
trata, una protección de marcas, indicaciones geográficas, derecho de autor o
derechos conexos;
b) la declaración de que el interesado está facultado para actuar contra la infracción;
c) la solicitud de que las autoridades aduaneras adopten las medidas convenientes para
poner las mercancías ilegales bajo supervisión aduanera directa;
d) la descripción y la indicación de las características pertinentes de las mercancías de
cuyo despacho se trata a fin de facilitar su identificación, y las circunstancias, datos y
documentos que indican la probabilidad de infracción;
e) el reconocimiento de la obligación de constituir la garantía requerida por el artículo 8
del Decreto;
f) si se trata de una solicitud general, el plazo por el cual se solicita la vigilancia.
El titular de derechos debe comunicar los siguientes datos a las autoridades aduaneras, en
caso de conocerlos:
a) el lugar en que se encuentran las mercancías, o su lugar de destino;
b) los datos detallados que permitan identificar el envío, la consignación o el paquete
(con especial referencia a los datos relativos al embalaje y el valor de las mercancías
y el vehículo que las transporta);
c) la designación del importador, exportador o propietario de las mercancías;
d) el momento y lugar en que se espera la llegada o salida de las mercancías;IP/Q4/HUN/1
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e) todas las informaciones relativas a las mercancías o a las personas involucradas en la
cuestión que puedan ser de utilidad para las autoridades aduaneras.
39. Sírvanse explicar de qué procedimientos, permitidos con arreglo al artículo 51 del
Acuerdo sobre los ADPIC, se dispone para impedir la exportación de mercancías que se
sospecha son causa de infracciones en materia de derechos de autor y/o marcas de fábrica o decomercio.
En los procedimientos de la administración de aduanas pueden y deben adoptarse medidas
contra las mercancías presentadas para su despacho cuando en relación con ellas se ha cometido
infracción de derechos derivados de marcas, indicaciones geográficas, derecho de autor o derechos
conexos, aun cuando las mercancías estén destinadas a la exportación o la reexportación.
[Pregunta complementaria de los Estados Unidos]
En su respuesta a la pregunta 39, el Gobierno  de Hungría dice que en los procedimientos
de la administración de aduanas deben adoptarse medidas cuando las mercancías en relación
con las cuales se ha cometido infracción de  derechos derivados de marcas, indicaciones
geográficas, derecho de autor o derechos conexos, estén destinadas a la exportación.  Sírvansedescribir la manera como se aplican dichas medidas contra la exportación de mercancías
infractoras.
Las normas de procedimiento que figuran en la sección 3 del Decreto Nº 128 de 1997 son
aplicables en caso de reexportación y exportación de mercancías infractoras.
40. En el artículo 52 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que el titular de un derecho
que desee suspender la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio
falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor presentará pruebas a las
autoridades competentes de que existe presunción de infracción de su derecho a una marca defábrica o de comercio o de su derecho de au tor.  Sírvanse explicar qué pruebas pueden
demostrar la presunción de infracción en Hungría.
En lo que respecta a las medidas en frontera, la existencia de infracción puede presumirse si la
solicitud contiene elementos que la hacen parecer probable a juicio de la autoridad aduanera.
41. En el artículo 52 se estipula también que el titular de un derecho ofrecerá "una
descripción suficientemente detallada de las mercancías" cuyo despacho debe suspenderse.Sírvanse explicar lo que se exige del titular del derecho en Hungría para que la descripción que
ofrece sea "suficientemente detallada".
Los elementos que debe cumplir la solicitud son los establecidos en el artículo 4 del Decreto
sobre Medidas en Frontera (véase la respuesta a la pregunta 38);  de otro modo, la autoridad aduanera
debe rechazar la solicitud.
42. En el artículo 52 se estipula que las autoridades competentes comunicarán al titular del
derecho, dentro de un plazo razonable, si han aceptado su demanda.  Sírvanse explicar dentro
de qué plazo la autoridad competente responde a una solicitud de suspensión del despacho de
las mercancías y, en caso de que se acepte su  demanda, el plazo en que se adoptará la medida
coercitiva.
Con arreglo al artículo 5 del Decreto sobre Medidas en Frontera, la autoridad aduanera debe
dictar resolución sobre el fondo de la cuestión dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud.  Si se ha formulado una solicitud específica en que se piden medidasIP/Q4/HUN/1
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respecto de mercancías presentadas para su despacho de aduanas, la autoridad aduanera debe adoptar
decisión en cinco días teniendo en cuenta las necesidades del procedimiento de despacho.
Sobre la base de una solicitud aprobada, la autoridad aduanera somete las mercancías a
supervisión aduanera directa durante 10 días hábiles, y se notifica de ello de inmediato al titular de
derechos.  Este plazo puede ser prorrogado por otros 10 días hábiles en los casos que lo justifiquen.
43. En el párrafo 1 del artículo 53 se estipula que las autoridades competentes estarán
facultadas para exigir al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sean
suficientes para proteger al demandado e impedir abusos.  Sírvanse verificar si las autoridades
competentes antes mencionadas están facultadas pa ra exigir una fianza o garantía equivalente y
citar las disposiciones legales o los reglamentos que les otorgan esta facultad.
Conforme al artículo 8 del Decreto sobre Medidas en Frontera, el titular de derechos debe
constituir una garantía ante la autoridad aduanera para cubrir los gastos de depósito de las mercancíaspuestas bajo supervisión aduanera.  También se requiere garantía del solicitante respecto de los gastos
de destrucción de las mercancías, si han de ser destruidas, y de la eventual indemnización que haya de
pagarse a la persona que ha presentado las mercancías para su despacho.
El importe de la garantía es un 5 por ciento del valor de las mercancías, si el valor de éstas
puede determinarse.  En caso contrario, la garantía es de 60.000 forint mensuales (unos300 dólares EE.UU.) por cada solicitud.  Si en una solicitud general de medidas en frontera no puede
indicarse el valor de las mercancías, y la solicitud se formula por un plazo de seis meses, el importe de
la garantía alcanza a 360.000 forint.  Si en la solicitud se indica más de un país de origen, o más de
una clase de mercancías, ello determina desde luego la aplicación de múltiplos de 60.000 forint
(importe básico de la garantía).
Si la garantía no cubre los gastos mencionados más arriba, el titular de derechos debe pagar la
diferencia.
La autoridad aduanera, tomando en consideración la decisión obligatoria del tribunal sobre el
fondo de la cuestión, debe dar cuenta de la suma entregada como garantía por el solicitante en
conformidad con las reglas de la Ley Nº C de 1995 (Ley de Aduanas, Procedimiento Aduanero yAdministración de Aduanas).
44. En el párrafo 2 del artículo 53 se esti pula que el propietario, el importador o el
consignatario de mercancías que comporten dibujos o modelos industriales, patentes, esquemas
de trazado o información no divulgada, cuyo despacho haya sido suspendido por las autoridades
aduaneras, tendrá derecho, en ciertas condiciones, a obtener que se proceda al despacho de
aduana de las mismas previo depósito de una fianza por un importe que sea suficiente para
proteger al titular del derecho en cualquier caso de infracción.  Sírvanse determinar qué formasde propiedad intelectual, si las hubiere, están sujetas a las disposiciones del párrafo 2 del
artículo 53 y citar las disposiciones de la ley o reglamentos pertinentes.
El Decreto sobre Medidas en Frontera sólo se refiere a las medidas que deben adoptarse
contra las mercancías presentadas para su despacho y otras mercancías en relación con las cuales se
haya cometido infracción de los derechos derivados de marcas, indicaciones geográficas, derecho deautor o derechos conexos.  Por lo tanto, el Decreto sobre Medidas en Frontera no se aplica en absoluto
a las mercancías mencionadas en el párrafo 2 del artículo 53 del Acuerdo sobre los ADPIC.
45. En el artículo 54 se estipula que se notificará prontamente al importador y al
demandante la suspensión o el despacho de las me rcancías.  Sírvanse especificar el plazo en el
cual la autoridad competente debe notificar que se ha suspendido el despacho de las mercancías.IP/Q4/HUN/1
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La regla general es la notificación de las partes, en todos los casos, sin demora (de inmediato).
46. En el artículo 55 se establece claramente que el titular de un derecho que solicita la
suspensión del despacho de las mercancías infractoras debe iniciar un procedimiento
conducente a una decisión sobre el fondo ante la autoridad apropiada en un plazo razonable o
bien se procederá al despacho de las mercancías.  Sírvanse indicar las autoridades ante lascuales un demandante/una parte puede iniciar un procedimiento sobre el fondo del caso que
permita a las autoridades aduaneras suspender el despacho de las mercancías durante más de
10 días hábiles.
El titular de derechos debe acreditar, en un plazo de 10 días hábiles contados desde la
notificación de la suspensión de las mercancías infractoras, que ha incoado demanda por infracción
solicitando una medida provisional judicial.
Si el titular declara que no desea ejercer sus derechos, o no acredita que ha pedido la medida
provisional, o la solicitud de ésta ha sido desestimada por el tribunal, la autoridad aduanera debe
notificar de inmediato a la persona que ha presentado las mercancías para su despacho y, a
continuación, esas mercancías deben ser tratadas según la solicitud de dicha persona.  Al mismo
tiempo, la autoridad aduanera notifica al titular de derechos la cesación de la supervisión aduanera
directa.
47. En el artículo 55 se estipula que se procederá a una revisión en un plazo razonable, a
petición del demandado, con objeto de decidir si las medidas de suspensión deben modificarse,
revocarse o confirmarse mientras se llega a un resultado del procedimiento sobre el fondo.
Sírvanse indicar la autoridad que está facultada para llevar a cabo esa revisión, describir el
procedimiento utilizado y citar la ley o los reglamentos aplicables .
Conforme a los artículos 5 y 6 del Decreto sobre Medidas en Frontera, el titular de derechos
debe acreditar, en un plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la suspensión de las
mercancías infractoras, que ha incoado demanda por infracción solicitando una medida provisional
judicial.  El tribunal decide, a más tardar en 15 días hábiles desde la recepción de la solicitud de
medidas provisionales, si la suspensión ha de mantenerse con carácter de confiscación o correspondeel despacho de las mercancías.
(Con respecto a las medidas provisionales véanse las respuestas a las preguntas 25 a 36.)
48. En el artículo 56 se estipula que las autoridades estarán facultadas para ordenar al
demandante que indemnice a la parte demandada por cualquier daño causado por la retención
infundada de las mercancías.  Sírvanse indicar las autoridades que pueden ordenar al
demandante que pague al importador, al consignatario y al propietario de las mercancías una
indemnización por el daño causado por la retención infundada de las mercancías o por laretención de las que se hayan despachado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55, y
citar la ley y los reglamentos aplicables.
El importador, consignatario o propietario puede presentar una solicitud de indemnización por
los perjuicios causados por la retención ilícita o por la retención conforme al artículo 55 del Acuerdo
sobre los ADPIC, dirigiéndola al tribunal competente en un procedimiento independiente.  Larespuesta a la pregunta 36 es aplicable, mutatis mutandis , a esa situación.
49. En el artículo 57 se estipula que las autoridades competentes estarán facultadas para
dar al titular del derecho oportunidades para que haga inspeccionar, con el fin de fundamentar
sus reclamaciones, las mercancías retenidas.  Sír vanse explicar cómo se da al titular del derechoIP/Q4/HUN/1
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oportunidades para que haga inspeccionar las me rcancías sospechosas que han sido retenidas
por las autoridades aduaneras.
Las autoridades aduaneras, cumpliendo las disposiciones en materia de protección de las
informaciones, deben proporcionar información, a pedido del titular de derechos, acerca de la persona
que solicita el despacho de aduana y el nombre y dirección del consignatario de las mercancías, ytambién deben asegurar que el titular de derechos pueda observar y examinar las mercancías en
aduana para ejercer sus facultades.  A fin de acelerar los procedimientos de aduana, la autoridad
respectiva puede tomar muestras de las mercancías presentadas para su despacho.
50. En el artículo 57 se estipula también que, cuando la decisión sobre el fondo del asunto
sea favorable al titular del derecho, las auto ridades competentes podrán asimismo estar
facultadas para comunicar al titular del d erecho información acerca del importador, el
consignador y el consignatario.  Si las autoridades competentes de Hungría pueden comunicarinformación relativa al importador, el consignador o el consignatario al titular del derecho,
sírvanse explicar cómo se proporcionan al de mandante las informaciones acerca de los nombres
y direcciones de los consignadores, importadores y consignatarios y de la cantidad de
mercancías de que se trata, después de haberse adoptado una decisión positiva sobre la
infracción, es decir, si las autoridades comu nican automáticamente la información o lo hacen
previa presentación de una solicitud por escrito de l titular del derecho, etc.  Sírvanse citar la ley
o los reglamentos relativos a estas facultades.
Las autoridades aduaneras, cumpliendo las disposiciones en materia de protección de las
informaciones, deben proporcionar información, a pedido del titular de derechos (que debe formularse
por escrito), acerca de la persona que solicita el  despacho de aduana y el nombre y dirección del
consignatario de las mercancías.
Con respecto a la protección de los datos personales es de aplicación igualmente la
Ley Nº LXIII de 1992.
51. En el artículo 58 se especifican los procedimientos que deben seguirse cuando las
autoridades competentes pueden actuar de oficio.  Sírvanse explicar si las autoridadescompetentes de Hungría están facultadas para actuar de oficio y, en caso afirmativo, determinar
las esferas de propiedad intelectual en las que puede llevarse a cabo una actuación de oficio.
En lo fundamental, las autoridades competentes pueden proceder de oficio en los asuntos
penales y administrativos.  En los asuntos civiles no es posible la acción de oficio.
El Decreto sobre Medidas en Frontera se refiere a las marcas, indicaciones geográficas,
derecho de autor y derechos conexos.  Establece medidas contra las infracciones de esos derechos de
propiedad intelectual.
Las autoridades aduaneras pueden adoptar medidas de oficio consistentes en poner las
mercancías presentadas para su despacho bajo supervisión aduanera directa, o colocar esas mercancías
en depósito, si a través de otros procedimientos obtienen datos sobre cuya base resulta probable que
las mercancías presentadas para su despacho sean infractoras.
Si en un procedimiento iniciado de oficio no resulta posible determinar quién es el titular de
los derechos, la autoridad aduanera debe ponerse en comunicación con la Oficina de Patentes de
Hungría si se trata de una infracción de marcas o de indicaciones geográficas, o con la respectiva
organización de administración colectiva de derecho de autor si se trata de una infracción de ese
derecho o de los derechos conexos.IP/Q4/HUN/1
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La Oficina de Patentes de Hungría, sobre la base de los datos disponibles, debe informar a la
autoridad aduanera la identidad del titular de derechos en cinco días.
Si la organización de administración colectiva de derecho de autor no proporciona la
información sobre la identidad del titular de derechos en cinco días, o no desea actuar contra la
infracción, la autoridad aduanera pone fin a la supervisión aduanera directa y procede al despachosegún la solicitud de la persona que presentó las mercancías.
52. En el artículo 59 se determinan los recursos que deben estar disponibles, entre los cuales
la destrucción o apartamiento de los circuit os comerciales de las mercancías infractoras.
Sírvanse explicar lo que está permitido por ley en Hungría en cuanto a las mercancías
infractoras, es decir si la ley permite la destru cción, el apartamiento o ambas cosas.  Sírvanse
citar la ley o los reglamentos pertinentes.
La legislación de Hungría permite tanto la destrucción de las mercancías declaradas
infractoras como su apartamiento de los circuitos co merciales.  Para detalles véase la respuesta a la
pregunta 22.
53. Sírvanse determinar:
a) la autoridad competente que decide cómo se dispondrá de las mercancías, es
decir si las mercancías serán destruidas o apartadas de los circuitos comerciales;y
b) la autoridad competente que procede a la destrucción o apartamiento de las
mercancías.
a) El tribunal competente.
b) La autoridad competente que intervino con anterioridad en el asunto (la autoridad
aduanera, la policía, etc.), o los funcionarios encargados de la ejecución de las
sentencias (alguaciles).
54. En el artículo 60 se permite a los Miembros que excluyan de la aplicación de las
disposiciones sobre la observancia en frontera las pequeñas cantidades de mercancías que no
tengan carácter comercial y formen parte del equi paje personal de los viajeros o se envíen en
pequeñas partidas.  Sírvanse describir lo que constituye, con arreglo a las leyes de Hungría, una
importación insignificante que está excluida de las medidas en frontera.
Tráfico no comercial:  importación o exportación de mercancías presentadas a la aduana, en
cantidades no comerciales, que se importan, llegan, se exportan o se expiden por una persona natural a
una persona natural o cuyo valor total no excede de las siguientes sumas en forint o es inferior a ellas:
Bebidas alcohólicas: 1 litro de aguardiente
1 litro de vino5 litros de cerveza
Productos del tabaco: 500 cigarrillos
100 cigarros, o
100 g de tabaco
Café, té, cacao, todas las especias y sus mezclas:  1 kg de cada uno, con excepción de la
páprika y sus mezclas.IP/Q4/HUN/1
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Otras mercancías: de valor no mayor de 500 forint:  10 unidades por tipo
de valor no mayor de 2.000 forint:  5 unidades por tipo
de valor no mayor de 5.000 forint:  2 unidades por tipo
de valor mayor de 5.000 forint:  1 unidad por tipo
Vehículos automóviles: 1 por año y por familia.
Procedimientos penales
55. En el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que los Miembros
establecerán procedimientos y sanciones penales, en particular la pena de prisión y/o la
imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias, al menos para los casos de
falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de
autor a escala comercial.  Sírvanse describir las disposiciones legales de Hungría que cumplen
con esta obligación y citar los textos pertinentes.
El artículo 329/A del Código Penal (véase la respuesta a la pregunta 1) califica como delito la
violación del derecho de autor y de los derechos conexos, en los siguientes términos:
"1) La persona que cause un perjuicio económico mediante la violación del derecho de
autor respecto de una obra literaria, científica o artística, o de los derechos de un
artista intérprete o ejecutante respecto de su interpretación o ejecución, o de losderechos del productor de una grabación de sonidos, o de los derechos de un
organismo de radiodifusión respecto de sus programas, se considerará incursa en
delito leve y será castigada con una pena de prisión de un máximo de dos años, de
cumplimiento de trabajos de interés social, o de multa.
2) La pena correspondiente a un delito grave será la de prisión por un máximo de tres
años si la violación del derecho de autor o de los derechos conexos:
a) causa un perjuicio económico considerable (superior a 2 millones de forint);
b) se comete por métodos empresariales.
3) La pena será de prisión por un máximo de cinco años si la violación del derecho de
autor o de los derechos conexos se comete causando un gran perjuicio económico(superior a 6 millones de forint).
4) La persona que cometa una violación temeraria del derecho de autor o de los derechos
conexos será castigada con una pena de prisión de un máximo de un año, de
cumplimiento de trabajos de interés social, o de multa."
Estas disposiciones del Código Penal entraron en vigor el 15 de mayo de 1993.
Además, en virtud del artículo 329 del Código Penal se comete infracción de los derechos de
propiedad intelectual cuando una persona provoca la falsa impresión de que es titular de una creaciónintelectual, invención, innovación o dibujo o modelo  industrial de un tercero, causándole con ello un
perjuicio patrimonial, o bien, utilizando indebida mente el empleo que ocupa en una organización
económica, condiciona la utilización o afirmación de  una creación intelectual, invención, innovación
o dibujo o modelo industrial de un tercero a la obtención de una participación en las regalías,
beneficios o ganancias derivados de ellos.  Este tipo de infracción constituye un delito grave y secastiga con una pena de prisión por un máximo de tres años.IP/Q4/HUN/1
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En virtud de una modificación del Código Penal realizada en 1994, la falsa indicación de las
mercancías también constituye un delito que puede castigarse con una pena de prisión de un máximo
de tres años.
56. En el artículo 61 se estipula asimismo que, cuando proceda, entre los recursos
disponibles figurarán también la confiscación, el  decomiso y la destrucción de las mercancías
infractoras y de todos los materiales y acce sorios utilizados predominantemente para la
comisión del delito.  Sírvanse explicar las disposiciones de las leyes de Hungría en que se
prescriben estas sanciones, describir las condiciones en que pueden imponerse y citar los textos
legales pertinentes.
Conforme al Código Penal, la confiscación y el decomiso son posibles en todos los casos.
Las reglas básicas son las siguientes:  deben confiscarse los bienes que se han utilizado o se
han destinado a utilizarse como medios para la comisión de un delito, si pertenecen a su autor, ytambién en otros casos si su posesión pone en peligro la seguridad pública;  o cuya existencia deriva
de la comisión de un delito;  o que el autor de un delito ha recibido del propietario, o con el
consentimiento de éste, como retribución por haber cometido el delito.  Deben confiscarse igualmente
los materiales impresos en los que se ha cometido un delito.  En los casos determinados por la ley,
deben confiscarse los bienes respecto de los cuales se ha cometido un delito, o que han constituidodeterminado beneficio patrimonial.
En caso de violación del derecho de autor o de los derechos conexos, deben confiscarse los
bienes materiales de propiedad del autor del delito en relación con los cuales ha sido cometido.
Procede la confiscación aun cuando los bienes materiales no sean de propiedad del autor del delito
cuando éste ha tenido conocimiento anticipado de su comisión (párrafo 5) del artículo 329/A delCódigo Penal).
57. En el artículo 61 se indica también que los Miembros podrán prever la aplicación de
procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción dolosa de derechos de
propiedad intelectual.  Sírvanse describir toda disposición de las leyes de Hungría que prescriba
dichos procedimientos y sanciones y citar los textos legales pertinentes.
Conforme al artículo 296 del Código Penal, la falsa indicación de mercancías constituye un
delito:  la persona que comercializa en cantidad considerable -sin el consentimiento de un competidor-
bienes cuyas características, apariencia exterior, embalaje o denominación permiten reconocer los
bienes del competidor, incurre en un delito grave que se castiga con una pena de prisión de un
máximo de tres años.  Además, se comete engaño del consumidor por quien -con el propósito de
acrecentar las posibilidades de comercialización de sus bienes- asevera hechos inexactos en una
publicidad en gran escala en forma idónea para engañar acerca de aspectos esenciales de los bienes, osuministra informaciones idóneas para engañar acerca de aspectos esenciales de los bienes;  esto
constituye un delito leve que se castiga con una pena de prisión de un máximo de dos años, de
cumplimiento de trabajos de interés social, o de multa.  A los efectos de la aplicación de estas
disposiciones, se consideran características esenciales de los bienes las siguientes:  su composición,
sus posibilidades de uso, sus efectos en la salud o el medio ambiente, su tratamiento, su origen, su
cumplimiento de requisitos o normas legales o de requisitos habituales de esos bienes, y el hecho de
que su utilización requiera o no el cumplimiento de condiciones esencialmente distintas de las
habituales.
58. En el artículo 61 se estipula que las sanciones penales deben ser suficientes para tener
efectos disuasorios al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o decomercio o de piratería lesiva del derecho de autor.  Sírvanse explicar en qué forma las
sanciones previstas en las leyes de Hungría cumplen con esta obligación.IP/Q4/HUN/1
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Véanse las respuestas a las preguntas 55 a 57.
[Preguntas complementarias de los Estados Unidos]
1. Sírvanse facilitar información estadística referente a los años 1996 y 1997 sobre los
procedimientos judiciales civiles para la observancia del derecho de autor, las marcas de fábrica
o de comercio, las indicaciones geográficas, los dibujos y modelos industriales, las patentes, los
esquemas de trazado de los circuitos integrados y los secretos comerciales, incluyendo el número
de demandas;  los mandamientos expedidos;  los productos infractores incautados;  los equipos
destinados a combatir infracciones que se incautaron;  el número de asuntos resueltos (incluso
mediante transacción);  y la cuantía de las indemnizaciones de daños y perjuicios impuestos.
El Gobierno de Hungría mantiene su posición expresada anteriormente sobre la presentación
de datos estadísticos.12
2. Sírvanse facilitar información estadística referente a los años 1996 y 1997 sobre las
medidas de represión penal en materia de piratería del derecho de autor y de infracciones demarcas de fábrica o de comercio, incluyendo el número de batidas, enjuiciamientos y condenas,
la cuantía de las multas y las penas de prisión (precisando si las multas fueron pagadas y si las
penas de prisión se cumplieron efectivamente o fueron suspendidas) y cualquier otra
información que determine que el sistema penal de Hungría funciona eficazmente para disuadir
de la piratería del derecho de autor y de la falsificación de las marcas de fábrica o de comercio.
Véase la respuesta a la pregunta complementaria 1 más arriba.
__________
                                                     
12 Véase la intervención de Hungría en las actas de la reunión del Consejo que figuran en el
documento IP/C/M/16, párrafo 49.