RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/Q4/FRA/1
20 de agosto de 1998
(98-3267)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  francés
EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE LA OBSERVANCIA
FRANCIA1
El presente documento reproduce la declaración introductoria de la delegación de Francia, las
preguntas que se le formularon y las respuestas dadas en el examen de la legislación sobre laobservancia efectuado en la reunión del Consejo celebrada del 17 al 21 de noviembre de 1997.
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_______________
I. DECLARACIÓN INTRODUCTORIA
Las disposiciones legislativas y reglamentarias francesas son conformes al conjunto de
instrumentos internacionales concertados en materia de propiedad intelectual, cosa que ya ocurríamucho antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC.
Las disposiciones, ya muy protectoras de los derechos de propiedad intelectual, han sido
reforzadas por la Ley Nº 94-102 de 5 de febrero de 1994, que, en materia de derechos de autor, de
marcas de fábrica o de comercio y de dibujos y modelos industriales, da más facultades a las
autoridades aduaneras así como a los servicios de policía y de gendarmería y agrava las sanciones.
El titular de un derecho de propiedad intelectual dispone tanto de la vía civil como de la penal
para salvaguardar sus derechos.  Cuenta además con una vía administrativa:  la incautación por los
servicios aduaneros, de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC.
Estos procedimientos se detallan en las respuestas a las preguntas formuladas por los Estados
Unidos y el Japón.  Nos limitaremos aquí a destacar algunas disposiciones concretas destinadas a
ofrecer al titular de un derecho de propiedad intelectual una protección simple, rápida y eficaz.
Medidas relativas a la obtención de las pruebas:  apartado b) del párrafo 1 del artículo 50 del Acuerdo
sobre los ADPIC
El juez puede, a simple solicitud del titular del derecho o del licenciatario, autorizarlos a
efectuar en cualquier lugar y por cualquier alguacil una descripción detallada de los objetos
presuntamente infractores o incluso a su embargo real.
                                                     
1 Por lo que respecta a las leyes y los reglamentos relacionados con las esferas a examen notificados
por Francia de conformidad con el párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo, se remite al documento IP/N/6/FRA/1.
2 El acta de la reunión ha sido distribuida como el documento IP/C/M/16.IP/Q4/FRA/1
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El auto se dicta inmediatamente ante presentación del título del demandante.
Esta facultad existe también en materia de marcas, de patentes de invención y de dibujos o
modelos industriales (artículos L.615-5, L.716-7 del Código de la Propiedad Intelectual ("CPI")),
como también en materia de derecho de autor, en la que el juez puede igualmente dictar medidas de
embargo e incluso de suspensión.
Finalmente, en materia de patentes, el nuevo artículo L.615-5-1 del CPI (Ley Nº 96-1006
de 18 de diciembre de 1996) ha venido a precisar, de  conformidad con el artículo 34 del Acuerdo, que
cuando la patente tiene por objeto un procedimient o, el tribunal puede ordenar al demandado que
pruebe que el proceso utilizado para obtener un producto idéntico es diferente del patentado.
Medidas provisionales
El titular de un derecho dispone, además de las vías jurídicas ordinarias, de la posibilidad de
acudir al juez del tribunal según un procedimiento de urgencia (référé), presentándole una demanda deprohibición provisional, inmediatamente ejecutoria por providencia (artículo L.615-3 del CPI para las
patentes de invención, artículo L.716-6 del CPI en materia de marcas de fábrica o de comercio).  El
juez puede adoptar todas las medidas prohibitivas acompañándolas de un apercibimiento o incluso
supeditar la prosecución de la actividad litigiosa a la eventual constitución de garantías.  Existen
dos límites para este procedimiento:  debe iniciarse a breve término y la acción en cuanto al fondodebe revestir apariencia de seriedad.
Medidas de resarcimiento
El juez de lo civil que entienda en el fondo de la cuestión tiene la posibilidad de ordenar,
además de las medidas prohibitivas, la publicación de la sentencia, el decomiso de las mercancías y su
destrucción.  Adjudica asimismo daños y perjuicios.
Lo mismo ocurre con el juez de lo penal, que puede dictar las mismas medidas e imponer
además penas de multa disuasorias (de hasta 1 millón de francos) y penas de prisión.
II. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL JAPÓN
1. Sírvanse explicar cuáles son las "autoridades  competentes" estipuladas en el artículo 51
del Acuerdo sobre los ADPIC.
Conforme a los artículos L.335-10, L.521-7 y L.716-8 del CPI, la administración aduanera
puede, a solicitud escrita del titular de un derecho de autor o de un derecho conexo, del propietario de
un dibujo o modelo industrial registrado o de una marca registrada, o del beneficiario de un derecho
exclusivo de explotación, retener en el marco de sus controles, las mercancías que dicho titular,
propietario o beneficiario pretenda que constituyen una infracción del derecho de autor o derecho
conexo, de los dibujos o modelos industriales o de la marca de fábrica o de comercio cuyo registro ha
obtenido o sobre el cual o la cual goza de un derecho exclusivo de uso.
Por el contrario, este tipo de medida queda claramente excluido en materia de patentes y
tampoco está previsto por lo que se refiere al certificado de obtención vegetal o la topografía de
semiconductores.
La autoridad competente para adoptar estas medidas es la administración aduanera, uno de
cuyos servicios, la Dirección Nacional de Información e Investigaciones Aduaneras ("DNRED"),recibe e instruye las demandas.IP/Q4/FRA/1
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2. Sírvanse explicar si "el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo de la
cuestión", previsto en el artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC, es judicial o administrativo.
El procedimiento sobre el fondo de la cuestión de que trata el artículo 55 del Acuerdo sobre
los ADPIC no puede ser aplicado más que por la judicatura.
El artículo L.335-10 del CPI en materia de propiedad literaria y artística dispone a este efecto:"La medida de retención se levantará de pleno derecho si el demandante, en el plazo de
10 días hábiles a partir de la notificación de la retención de las mercancías, no acredita ante
los servicios aduaneros:
- medidas cautelares decididas por el Presidente del Tribunal de Gran
Instancia;  o
- haber recurrido a la vía civil o a la vía correccional y haber constituido las
garantías necesarias para cubrir su eventual responsabilidad en caso de que lainfracción no sea después reconocida."
Se prevén medidas completamente idénticas en el dominio de los dibujos y modelos
industriales, en el artículo L.521-7 del CPI, y en el de las marcas de fábrica o de comercio, en el
artículo L.716-7 del CPI.
3. ¿Existe algún medio, además de la demanda prevista en los artículos 51 y 52 del
Acuerdo sobre los ADPIC (a la que se hará ref erencia en adelante como "la demanda"), por el
que un titular de derechos pueda solicitar a las autoridades competentes que suspendan el
despacho de mercancías que infrinjan derechos de propiedad intelectual, o de las que se
sospeche que los infringen?
Desde la Ley Nº 94-102 de 5 de febrero de 1994, existe en materia de derecho de marcas una
prohibición absoluta de importación o exportación de mercancías presentadas con una marca de
fábrica o de comercio falsificada (artículos L.716-8 a 12 del CPI).  El artículo L.716-9 del CPI prevé
esta prohibición, el artículo 428 del Código de Aduanas precisa las condiciones de incriminación de la
infracción aduanera (en virtud de este artículo, se reputa importación o exportación de mercancías
prohibidas, toda infracción a las disposiciones que prohíben la importación en cualquier régimenaduanero) y el artículo 414 del citado Código fija la sanción a esta infracción.
Igualmente, en materia de propiedad literaria y artística, el párrafo 3 del artículo L.335-2
del CPI prohíbe la importación o la exportación de obras falsificadas.
El artículo L.335-4 del CPI castiga toda importación o exportación de fonogramas o
videogramas realizados en fraude de los derechos del productor o del artista intérprete o ejecutante.
En lo que se refiere a los dibujos y modelos industriales, no existe ninguna disposición
expresa análoga.
No obstante, en virtud del principio de la unidad del arte, los dibujos o modelos pueden gozar
de la protección otorgada en concepto de propiedad literaria y artística.IP/Q4/FRA/1
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4. Sírvanse explicar cuál considera su país  el plazo razonable dentro del cual las
autoridades competentes comunicarán al demandante si han aceptado la demanda, conforme a
lo estipulado en el artículo 52 del Acuerdo sobre los ADPIC.
El plazo razonable previsto por el artículo 52 se aprecia caso por caso.
El Reglamento Nº 3295/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, directamente aplicable
en los Estados miembros de la Unión Europea, dispone en su artículo 3.5 que:
"El servicio aduanero competente al que se haya presentado una solicitud formulada con
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 tramitará dicha solicitud e informará inmediatamente
por escrito al solicitante acerca de su resolución.
En caso de que acepte la solicitud, fijará el período de intervención de las autoridades
aduaneras.  Este período podrá ser prorrogado, a petición del titular del derecho, por el
servicio que haya adoptado la decisión inicial."
En aplicación de este Reglamento, se prevé en el artículo 4 de la Orden de 6 de febrero
de 1995 que la Dirección Nacional de Información e Investigaciones Aduaneras instruya la demanda e
informe al demandante o a su mandatario del curso que se le dará.
5. Sírvanse explicar cuál es el plazo de vigencia de las demandas.
Conforme al artículo 5 del Decreto, la demanda de retención de mercancías es válida durante
un año, revocable por simple carta dirigida por el demandante o su mandatario.
6. Sírvanse explicar si el titular de derech os está obligado a pagar algún gravamen para
poder presentar la demanda.
El artículo 3.6 del Reglamento antes citado prevé en especial que:
"Cuando la solicitud haya sido aceptada, o cuando se hayan adoptado las medidas de
intervención (...) en aplicación del apartado 1 del artículo 6, los Estados miembros podrán
exigir que el titular del derecho constituya una garantía destinada a (...) garantizar el pago del
importe de los gastos en los que se haya incurrido con arreglo a lo dispuesto en el presente
Reglamento como consecuencia de haberse mantenido las mercancías bajo control aduanero
en aplicación del artículo 6."
En el derecho interno, no existe ninguna disposición expresa que exija al demandante que
constituya una caución previa a toda operación de retención en aduana.
En la práctica, en Francia, la presentación de una demanda de intervención por el titular  del
derecho es gratuita.
Sin embargo, el demandante está obligado a recurrir, en un plazo de 10 días, a las
jurisdicciones civiles o penales para poder mantener las retenciones efectuadas.
Estas jurisdicciones disponen de la facultad de obligar al demandante a prestar caución para
prevenir cualquier perjuicio que pueda sufrir el presunto infractor.IP/Q4/FRA/1
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7. Sírvanse explicar las disposiciones de las leyes y ordenanzas que establecen el "el
procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto", estipulado en el artículo 55
del Acuerdo sobre los ADPIC, y resumir el contenido de esas disposiciones.
Las reglas aplicables en la materia son las de derecho común y se prescriben en el Nuevo
Código de Procedimiento Penal para las acciones ci viles y en el Código de Procedimiento Penal para
las de carácter represivo.
El procedimiento ante el Tribunal de Gran Instancia, único competente para conocer de los
litigios relativos a patentes y marcas, figura en los artículos 750 y siguientes del Nuevo Código de
Procedimiento Civil.
8. Sírvanse explicar qué procedimiento especial  corresponde aplicar, en caso de que exista
alguno, cuando no resulta evidente si las m ercancías infringen o no derechos de propiedad
intelectual, en los casos del Acuerdo sobre los ADPIC.
En el artículo L.335-10 del CPI, así como en los artículos L.521-7 y L.716-8 del CPI, se prevé
que las medidas de retención se levantarán ipso facto  si el demandante, en el plazo de 10 días hábiles
a partir de la notificación de la retención de las mercancías, no acredita ante los servicios aduaneros:
- medidas cautelares decididas por el Presidente del Tribunal de Gran Instancia, o
- haber recurrido a la vía civil o a la vía correccional y haber constituido las garantías
necesarias para cubrir su eventual responsabilidad en caso de que la infracción no sea
después reconocida.
Si el demandante no inicia un procedimiento a breve plazo, hay razones suficientes para
pensar que estas alegaciones no son demasiado serias.
Más específicamente, en materia de dibujos o modelos industriales, el artículo 7, párrafo 2 del
Reglamento CE dispone, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 53 del Acuerdo sobre
los ADPIC, que:
"Cuando se trate de mercancías de las que se sospeche que lesionan derechos relativos a
dibujos o modelos, el propietario, el importador o el destinatario de las mercancías tendrá la
facultad de obtener el levante o la suspensión de la retención de las mercancías de que setrate, mediante el depósito de una garantía, siempre que:
- la oficina o el servicio de aduanas (...) hayan sido informados, en el plazo
[indicado] acerca del recurso ante la autoridad competente para resolver sobre
el fondo;
- a la expiración de dicho plazo, la autoridad habilitada no haya adoptado
medidas cautelares;   y
- se hayan cumplido todas las formalidades aduaneras."
Con todo, en esta hipótesis, quien detente mercaderías presuntamente infractoras deberá dar
caución a fin de prevenir cualquier perjuicio que pudiera causarse al solicitante.
9. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás
autoridades conexas frente a los titulares de derechos cuando omiten suspender el despacho
para la libre circulación de mercancías que infringen derechos de propiedad intelectual, enIP/Q4/FRA/1
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relación con la suspensión basada en una demanda o con la actuación de oficio prevista en el
artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Ante todo, conviene observar que la administración aduanera no dispone de un poder de
apreciación para decidir sobre las medidas que hay que adoptar ante la demanda presentada por el
titular de los derechos.
Desde el momento en que el demandante haya proporcionado los documentos requeridos, la
administración aduanera procederá a las operaciones de retención (véase la respuesta a la
pregunta 21).
Corresponderá a las competencias de la judicatura pronunciarse sobre la realidad de la
infracción.
De todos modos, en caso de negativa de la  administración aduanera, el demandante podrá
eventualmente elevar un recurso jerárquico (ante el ministro) o un recurso jurisdiccional ante eltribunal administrativo.
En este último caso, solo parece posible un recurso ante el Tribunal Administrativo fundado
en un error manifiesto de apreciación.
No obstante, habida cuenta de la urgencia de la retención aduanera, estos recursos son sólo
teóricos.
En lo relativo al derecho que se confiere a la administración aduanera de intervenir de oficio,
éste es reconocido por el artículo 4 del citado Reglamento CE:
"Si durante un control efectuado en el marco de uno de los procedimientos aduaneros
mencionados en la letra a) del apartado 1 del artículo 1, y antes de que se haya presentado o
aceptado una solicitud del titular del derecho, resultara evidente para la oficina de aduanasque la mercancía es una mercancía con usurpación de marca o una mercancía pirata, la
autoridad aduanera podrá, con arreglo a las normas vigentes en el Estado miembro de que se
trate, informar, siempre que esté identificado, al titular del derecho, del riesgo de infracción.
En ese caso, la autoridad aduanera estará autorizada a suspender el levante o a proceder a la
retención de la mercancía de que se trate durante un plazo de tres días laborables, para que eltitular del derecho pueda presentar una solicitud de intervención con arreglo al artículo 3."
Dado que este artículo no confiere a la administración aduanera más que una simple
oportunidad de proceder a una retención, no parece posible que la haga incurrir en responsabilidad.
10. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás
autoridades conexas frente a los titulares de derechos cuando examinan mercancías que
infringen derechos de propiedad intelectual y a pesar de ello las despachan para libre
circulación, en relación con la suspensión basa da en una demanda o con la actuación de oficio
prevista en el artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Como las autoridades aduaneras no disponen de un poder decisorio en cuanto a la
oportunidad de las medidas de retención que haya que adoptar, sólo podrá hacérselas responsables en
caso de error manifiesto de apreciación.
La responsabilidad de la administración podría, en cambio, ser invocada en el caso en que una
demanda admitida por la administración no hubiese tenido como consecuencia la retención de lasIP/Q4/FRA/1
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mercancías falsificadas sino la concesión de un levante o la falta de una medida de retención
(artículo 9.1 del Reglamento CE).
11. Sírvanse explicar qué responsabilidad asumen las autoridades competentes y demás
autoridades conexas frente a los importadores cuando suspenden el despacho para libre
circulación de mercancías que no infringen derechos  de propiedad intelectual, en relación con la
suspensión basada en una demanda o con la actuación de oficio prevista en el artículo 58 del
Acuerdo sobre los ADPIC.
El artículo 9.2 del Reglamento CE dispone que la responsabilidad de la administración
aduanera no se verá comprometida salvo en caso de retención indebida de mercancías que no
resultasen ser falsificaciones.
Con todo, incluso en ese caso, quien detente mercaderías retenidas deberá probar el error
manifiesto de los servicios aduaneros.
Además, a fin de prevenir tales perjuicios, la administración aduanera puede exigir al titular
del derecho que constituya una garantía a fin de prever el caso en que el juez no apreciase
falsificación (artículo 3.6 del citado Reglamento CE).
Sea como fuere, sólo la jurisdicción admini strativa es competente para determinar la
responsabilidad de la administración.
12. ¿Se informa al titular de derechos sobre la identidad de los importadores y
consignadores cuando las autoridades competentes "suspenden" el despacho para libre
circulación de mercancías que infringen derechos de propiedad intelectual, o de las que se
sospecha que los infringen, así como en el caso en  que se informa al titular de derechos sobre la
identidad de los importadores y consignadores según lo estipulado en el artículo 57 del Acuerdosobre los ADPIC?
Los artículos 6.1 apartado 2, y 8.3 del Reglamento  CE habilitan a la oficina aduanera a
comunicar al titular del derecho, cuando éste así lo solicite, los nombres y direcciones del expedidor,
del importador o del exportador y del fabricante de las mercancías con usurpación de marca o
mercancías piratas, así como la cantidad de esas mercancías.
En el derecho interno, el artículo L.335-10 del CPI, al igual que los artículos L.521-7
y L.716-8 del CPI disponen en los mismos términos que:
"A los efectos de la iniciación de las acciones judiciales previstas en el párrafo precedente, el
demandante podrá obtener de la administración aduanera la comunicación de los nombres y
direcciones del expedidor, del importador y del destinatario de las mercancías retenidas o de
quien las detente, así como de su cantidad, pese a lo dispuesto en el artículo 59 bis del Código
de Aduanas en relación con el secreto profesional que deben guardar los agentes de laadministración aduanera."
La oficina aduanera está habilitada por el artículo 4 del citado Reglamento CE, tanto respecto
del derecho de autor y derechos conexos como del derecho de marcas de fábrica o de comercio y de
dibujos o modelos industriales, a actuar de oficio cuando resulte evidente para la oficina que las
mercancías son mercancías con usurpación de marca o piratas.
En ese caso, las autoridades aduaneras informan al titular del derecho si se conoce, del riesgo
de infracción.IP/Q4/FRA/1
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Las autoridades aduaneras pueden retener las mercancías durante un plazo de tres días para
que el titular del derecho pueda presentarles una solicitud de intervención (artículo 4 del
Reglamento CE).
En el derecho interno, la administración aduanera puede actuar por iniciativa propia
únicamente en la esfera del derecho de marcas de fábrica o de comercio (artículo L.716-9 b del CPI),en el marco de los controles aduaneros efectuados sobre el conjunto del territorio o en el del control
de las mercancías sometidas a limitaciones de circulación en el interior de la Comunidad Europea
(artículo 38, párrafo 4 del Código de Aduanas).
En el curso de esta acción, no se informará a los titulares de las marcas más que de las
cantidades globales incautadas por tipos de artículo (circular del guardasellos del 21 de marzo
de 1995, Nº CRIM-95-9 relativa a la lucha contra la usurpación de marcas de fábrica o de comercio).
En materia de dibujos y modelos industriales y de marcas, se reproduce la misma disposición,
respectivamente, en el artículo L.521-7 y en el artículo L.716-8 in fine  del CPI.
13. Sírvanse explicar las medidas destinadas a proteger la información confidencial durante
la inspección prevista en el artículo 57 del Ac uerdo sobre los ADPIC;   y sírvanse indicar las
disposiciones de las leyes y ordenanzas que disponen tales medidas.
Hay que remitirse a las normas legislativas o reglamentarias aplicables en materia aduanera.
Pesa sobre los agentes de aduana, en virtud del artículo 59 bis del Código de Aduanas, el
deber de secreto profesional.
Cuando se suspende el despacho de mercancías de las que se sospecha son infractoras,
los artículos L.335-10, L.521-7 y L.716-8 del CPI prevén un levantamiento parcial del secreto
profesional.
Sólo se pueden comunicar al titular del derecho, los nombres y las direcciones del expedidor,
del importador, de quien detenta las mercancías retenidas y de su destinatario, así como su cantidad.
14. Sírvanse explicar los procedimientos para las retenciones e incautaciones que han de
disponer las autoridades competentes sobre la ba se de los artículos 51 y 55 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
Si la demanda formulada por el titular de los derechos es aceptada, la administración aduanera
procede a las operaciones de retención de las mercancías supuestamente infractoras y las notifica sin
demora tanto al demandante como a quien las detente (artículo L.335-10 del CPI en materia de
propiedad literaria y artística, artículo L.521-7 del CPI en materia de dibujos y modelos industriales,
artículo L.716-8 del CPI en materia de marcas de fábrica o de comercio).
El solicitante dispone entonces de un plazo de 10 días hábiles a partir de la notificación de la
retención de las mercancías para acreditar ante los servicios aduaneros:
- medidas cautelares decididas por el Presidente del Tribunal de Gran Instancia, o
- haber recurrido a la vía civil o a la vía correccional y haber constituido las garantías
necesarias para cubrir su eventual responsabilidad en caso de que la infracción no sea
después reconocida.IP/Q4/FRA/1
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15. Sírvanse explicar los procedimientos de apelación contra cualquier decisión dictada por
las autoridades competentes, conforme a los artículos 51 y 55 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Recurso contra la denegación de la demanda de retención
Si el servicio de la administración aduanera que instruye la demanda del titular del derecho
estima que debe denegarla, esta decisión negativa debe estar motivada.  El demandante puede ejercerun recurso ante las jurisdicciones administrativas.
Recurso contra la decisión de retención
En función del procedimiento seguido, quien detente las mercancías incautadas puede
entonces apelar de las medidas decretadas contra él ante la jurisdicción civil o penal competente.
16. Sírvanse explicar la base de cálculo de la  fianza o garantía equivalente estipulada en el
artículo 53 del Acuerdo sobre los ADPIC, que las autoridades competentes pueden exigir al
demandante cuando suspenden el despacho para libre circulación.
La caución que se puede reclamar al solicitante debe permitir cubrir el perjuicio sufrido por
quien detente las mercancías incautadas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1382 y 1383 del
Código Civil.
La caución está prevista en el artículo 3.6 del Reglamento CE.
Éste prevé que los Estados miembros puedan exigir al titular del derecho que constituya una
garantía destinada a hacer frente a su eventual responsabilidad frente a las personas afectadas por una
suspensión del despacho de las mercancías, en caso de que el procedimiento no siguiese su curso a
causa de un acto o de una omisión del titular del derecho o cuando se demostrase posteriormente que
las mercancías de que se trate no son mercancías infractoras.
Por otra parte, los artículos L.335-10, L.521-7 y L.716-8 del CPI prevén que el titular, para
mantener la retención de las mercancías, debe:
"acreditar medidas cautelares decididas por el Presidente del Tribunal de Gran Instancia, o
haber recurrido a la vía civil o a la vía correccional y haber constituido las garantías
necesarias para cubrir su eventual responsabilidad en caso de que la infracción no sea después
reconocida."
Esta garantía no debe suscribirse ante la administración aduanera, sino cuando intervenga la
jurisdicción civil o penal (en ocasión del procedimiento descrito en la respuesta a la pregunta 14).
17. Sírvanse explicar quién debe pagar los gastos de las retenciones basadas en el artículo 51
del Acuerdo sobre los ADPIC o de la dest rucción estipulada en su artículo 59.
Los gastos de destrucción de las mercancías infractoras (artículo 8.1 del Reglamento) no
pueden en ningún caso ser de cargo del erario, por lo que deberán ser sufragados por el infractor y, en
su defecto, por el solicitante.IP/Q4/FRA/1
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18. Sírvanse explicar qué clase de situaciones se consideran "circunstancias excepcionales"
en que las autoridades competentes pueden autorizar la reexportación de mercancías de marca
de fábrica o de comercio falsificadas, conforme a lo estipulado en el artículo 59 del Acuerdo
sobre los ADPIC.
Esta eventualidad no ha sido contemplada hasta el momento en el marco del citado
Reglamento CE, ni ha sido tampoco tomada en cuenta en la legislación francesa.
19. Sírvanse designar las leyes y ordenanzas, indicando sus disposiciones, en que se
prescribe la suspensión del despacho de las mercancías que infringen derechos de propiedad
intelectual, o de las que se sospecha que los infringen, como la estipulada en el artículo 51
del Acuerdo sobre los ADPIC.
El Reglamento del Consejo Nº 3295/94 de fecha 22 de diciembre de 1994, puesto en
aplicación por el Reglamento Nº 1367/95 de la Comisión, de 16 de junio de 1995, organiza, en el
plano de la Unión Europea, las normas aplicables en materia de retención de mercancías falsificadas o
supuestamente falsificadas.
En el derecho interno, definen este procedimiento los artículos L.335-10 y R.335-1 del CPI en
materia de derechos de autor, los artículos L.521-7 y R.521-1 del CPI en materia de dibujos y
modelos industriales y los artículos L.716-8 y R.716-1 del CPI en materia de marcas de fábrica o decomercio.
Cabe igualmente mencionar la Orden de 6 de febrero de 1995 que fija las condiciones de
presentación a la administración aduanera de la demanda escrita de intervención por el titular del
derecho de propiedad intelectual.
Este tipo de medida queda claramente excluida en materia de patentes y tampoco está previsto
por lo que se refiere al certificado de obtención vegetal o a las topografías de semiconductores.
El artículo 215 del Código de Aduanas (aplicable a las mercancías procedentes de
terceros países) y los artículos 38-4 y 215 bis del mismo Código, relativos a las mercancías de estatuto
comunitario, autorizan suspensión de la circulación en el interior del territorio aduanero de las
mercancías infractoras.
El legislador francés no ha excluido de estas disposiciones ningún régimen aduanero ni
tampoco las mercancías infractoras importadas en los equipajes de los viajeros.  Las personas que
detenten mercancías, de origen nacional, comunitario o procedentes de terceros países, supuestamente
infractoras, deben justificar su origen lícito.
De todos modos, el agotamiento de los derechos  en el seno de la Unión Europea impide la
aplicación de las medidas de suspensión de la libre circulación, desde el momento en que la mercancía
con respecto a la cual se formule una demanda en ese sentido no constituya una infracción o cuandohaya sido puesta en el mercado comunitario con el consentimiento del titular de los derechos.
20. Sírvanse indicar qué derechos de propiedad intelectual se protegen sobre la base de una
demanda presentada por un titular de derechos.
El procedimiento de retención de mercancías supuestamente infractoras puede utilizarse en la
esfera de los derechos de autor y derechos conexos, de los dibujos y modelos industriales y de lasmarcas de fábrica o de comercio.IP/Q4/FRA/1
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Los agentes de la Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Represión de
Fraudes ("DGCCRF") están facultados para comprobar e investigar las infracciones en materia de
usurpación de marcas (artículo 9 de la Ley Nº 89-1008 de 31 de diciembre de 1989).  La DGCCRF no
puede actuar respecto de las infracciones de patentes o de dibujos y modelos industriales, salvo si esta
infracción puede ser sancionada por otro concepto, como el fraude o la publicidad engañosa apreciadapor los investigadores.
Este tipo de medidas queda claramente excluido en materia de patentes.
21. Sírvanse explicar la naturaleza y el contenido de los documentos que debe aportar el
solicitante al presentar una demanda.
A fin de probar la presunta infracción ante las autoridades aduaneras, el titular de los derechos
de propiedad intelectual debe presentar:
- en materia de propiedad literaria y artística , la demanda escrita del titular de un
derecho de autor o de un derecho conexo, acompañada de la justificación de su
derecho y de la descripción de las mercancías presuntamente infractoras
(artículo L.335-10 y R.335-1 del CPI).  En materia de derecho de autor o de derechos
conexos, "la demanda podrá formularse antes de la entrada de las mercancías
supuestamente infractoras en territorio francés.  En ese caso, será válida por un año ypodrá ser renovada";
- en materia de dibujos y modelos industriales , el objeto y el número nacional del
dibujo o modelo de que se trate, acompañado de un certificado de identidad expedido
por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, así como la descripción de las
mercancías presuntamente infractoras cuya retención se solicita (artículo R.521-1del CPI);
- en materia de marcas de fábrica o de comercio , la designación y el número de
registro de la marca de que se trate, así como la descripción de las mercancías
supuestamente infractoras cuya retención se solicite (artículo R.716-1 del CPI).
Además, la Orden de 6 de febrero de 1995 precisa que:"la solicitud dirigida a dicha administración deberá comprender:  (...)
b) La descripción de las mercancías auténticas, acompañada de los siguientes elementos:
- fotografía de los productos y/o de cualquier otra reproducción gráfica de
los elementos protegidos;
- en la medida de lo posible, una muestra del producto o de los productos;
- la indicación del lugar o los lugares de fabricación de las mercancías;
- el nombre de las empresas autorizadas para importar las mercancías.IP/Q4/FRA/1
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c) la descripción de las mercancías supuestamente infractoras acompañada, en la medida
de lo posible, de los siguientes elementos:
- fotografía o cualquier otra reproducción gráfica;
- una muestra del producto o los productos;
- el país o los países de origen y/o de procedencia;- nombre y dirección de los fabricantes, los distribuidores, los destinatarios
o los importadores;
- el modo de transporte utilizado;
- llegado el caso, una copia de las decisiones judiciales ya indicadas en
materia de infracción del derecho invocado por el titular."
Las informaciones pedidas no son taxativas.  El demandante puede aportar cualquier elemento
complementario para fundar su demanda (por ejemplo:  copia de decisiones judiciales anterioresacerca de asuntos parecidos).
Así pues, la Dirección de Aduanas dispondrá de elementos de prueba para pronunciarse sobre
la realidad de los actos supuestamente infractores.
22. Sírvanse explicar las medidas que las autoridades judiciales pueden disponer en relación
con el derecho de autor y los derechos conexos, las patentes, los dibujos y modelos industriales,las marcas de fábrica o de comercio y los esquemas de trazado (topografías) de circuitos
integrados, incluyendo los mandamientos judiciales, la indemnización de daños y perjuicios, la
condena al pago de los gastos y la destrucción u otra forma de eliminación de las mercancías
infractoras y los materiales y accesorios utilizados para su producción.
a) Las sanciones pronunciadas por las jurisdicciones en cuanto al fondo
Las sanciones que pueden dictar los tribunales son las siguientes:
i) Mandamientos
Las medidas correctoras o sanciones civiles tienen por objeto poner fin a la infracción
y resarcir el perjuicio causado.  El juez debe comenzar por prohibir la prosecución de
los actos infractores.  Los jueces están facultados para acompañar las medidas deprohibición con un mandamiento, a fin de garantizar la ejecución de su decisión.
No obstante, los apercibimientos, que son una forma particular de mandamiento, se
producen mucho más corrientemente en el plano de las medidas provisionales.
No existen disposiciones particulares en materia de derecho de propiedad intelectual.
Por consiguiente, son aplicables las disposiciones de derecho común relativas a los
mandamientos:  el capítulo primero del título cuarto del NCPC trata de los
procedimientos de mandamiento y, en especial, de los mandamientos de hacer en losartículos 1425-1 a 1425-9.IP/Q4/FRA/1
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En particular, el artículo 1425-4 del NCPC indica que:
"Si, vistos los documentos presentados, la demanda parece fundada, el juez
dictará un auto irrecurrible de mandamiento de hacer.  Fijará el objeto de la
obligación, así como el plazo y las condiciones en que deberá ejecutarse.  El
auto mencionará además, el lugar, el día y la hora de la vista en que el asuntoserá examinado, a menos que el demandante avise que el mandamiento ha
sido ejecutado."
Según el artículo 1425-7 del NCPC:
"Cuando el mandamiento de hacer ha sido ejecutado en los plazos prescritos,
el demandante informará de ello a la Secretaría.  El asunto se retirará de la
lista de diligencias pendientes.  A falta de esa información, y si el
demandante no se presenta a la vista sin motivo legítimo, el tribunal declararácaducado el procedimiento de mandamiento de hacer (...)."
En materia de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, el artículo
L.421-3 del Código del Consumo permite a la jurisdicción penal a la que haya
recurrido una asociación de consumidores, tr as haber declarado culpable al imputado:
"postergar la imposición de la pena ordenándole, bajo apercibimiento, llegado
el caso, que se ajuste, en un plazo fijado, a las prescripciones que determine y
que tienen por objeto hacer cesar la actividad ilícita (...)".
ii) Daños y perjuicios
Ver la respuesta dada a las siguientes preguntas.
iii) Destrucción u otro apartamiento de las mercancías que infrinjan un derecho y de los
materiales o accesorios utilizados para su producción
Una jurisprudencia del Tribunal de Casación (Primera Sala de lo Civil, 30 de
noviembre de 1988, Nº 86-16.538) recuerda que una medida de decomiso "no puede
ser ordenada más que en los casos previstos por la ley".
En materia de patentes, el artículo L.615-7 del CPI, inserto en la sección 1 relativa a
las sanciones civiles, dispone que:
"A solicitud de la parte perjudicada, y en tanto en cuanto la medida parezca
necesaria para garantizar la prohibición de que continúe la infracción, los
jueces podrán ordenar el decomiso en beneficio del demandante, de los
objetos reconocidos como falsificados que sean propiedad del infractor en la
fecha de la entrada en vigor de la prohibición y, llegado el caso, los de los
dispositivos o medios especialmente destinados a cometer la infracción.  Setendrá en cuenta el valor de los objetos decomisados en el cálculo de la
indemnización asignada al beneficiario de la infracción."
En materia de propiedad literaria y artística, el juez está facultado conforme al
derecho común para ordenar todas las medidas apropiadas de resarcimiento en
especie.  Puede, pues, ordenar la destrucción o el apartamiento de las mercancías ocualquier otra medida, como la de la publicación de las sentencias.IP/Q4/FRA/1
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Por lo demás, las jurisdicciones civiles pueden dictar la medida de decomiso
instituida en materia penal por el artículo L.335-6 del CPI.  En efecto, la
jurisprudencia admite que esta medida puede ser ordenada por las jurisdicciones
civiles, al margen de toda sanción penal.  Las jurisdicciones civiles pueden, pues,
decretar el decomiso de todo o parte del producto obtenido de la infracción, así comoel de todos los fonogramas y videogramas, objetos y ejemplares falsificados o
reproducidos ilícitamente y del material especialmente instalado con miras a la
comisión del delito.
iv) Todas las demás medidas correctoras
Según las reglas ordinarias de procedimiento, puede ordenarse la publicación de las
sentencias.
Esta publicación se hace mediante la inserción de la decisión en la prensa de
información general o en la prensa profesional.  Los gastos de publicación corren a
cargo del infractor.
Si se trata de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, el
artículo L.4219 del Código del Consumo precisa que:
"La jurisdicción que intervenga podrá ordenar la difusión, por todos los
medios apropiados de información al público, de la sentencia dictada (...).
Esta difusión corre a cargo de la parte que sucumbe o del condenado o de la
asociación que se haya constituido en parte civil, cuando el procesamiento
organizado por iniciativa suya han dado lugar a una decisión de
excarcelación."
b) Medidas provisionales
Dibujos y modelos industriales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, certificados de
obtención vegetal
No existe ninguna medida específica de prohibición.  No obstante, son aplicables a estas
materias las facultades generales del juez de procedimientos de urgencia adoptar medidas demandamientos.
En el marco de una acción en procedimiento de urgencia de derecho común, el juez de esos
procedimientos es competente para dictar todas las medidas cautelares que se impongan a fin de
impedir un perjuicio inminente que podría ocasionarse al titular del derecho.
Patentes de invención
No existe ninguna medida de decomiso en materia de patentes.  El artículo L.615-3 del CPI
prevé la adopción de medidas de prohibición provisional bajo apercibimiento o la constitución degarantías destinadas a garantizar la indemnización del titular de la patente.
Marcas de fábrica o de comercio
Se puede obtener tanto medidas de prohibición como medidas de decomiso.  Respecto de las
primeras, el artículo L.716-6 del CPI está calcado del artículo L.615-3 del CPI;   el artículo L.716-8-1,IP/Q4/FRA/1
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por su parte, prevé el decomiso tras la comprobación de la infracción de los productos infractores y de
los materiales que sirvieron para fabricarlos.
Divulgación de secretos comerciales
El juez de procedimientos de urgencia no puede dictar medidas en este caso en particular
(aunque sí puede hacerlo en el marco de otros tipos de acciones por competencia desleal, cuando eldelito consista en la producción de objetos).
Propiedad literaria y artística:
En materia de propiedad literaria y artística se pueden ordenar medidas provisionales en el
marco de un procedimiento de embargo por infracción.
En cuanto a los derechos de autor:
El artículo L.332-1 párrafo 1 del CPI permite el embargo por los agentes de la policía judicial:
"de los ejemplares que constituyan una reproducción ilícita de la obra."
El párrafo 2 del artículo L.332-1 del CPI prevé además que:
"Si el embargo ha de tener como consecuencia retrasar o suspender representaciones
o ejecuciones públicas en curso o ya anunciadas, ha de obtenerse una autorización
especial del Presidente del Tribunal de Gran Instancia por auto dictado a instancia de
parte.  El Presidente del Tribunal de Gran Instancia puede igualmente, de la mismaforma, ordenar:
1) la suspensión de toda fabricación en curso que tenga por objeto la
reproducción ilícita de una obra;
2) el embargo, en cualquier fecha y hora, de los ejemplares que constituyan
una reproducción ilícita de la obra, ya fabricados o en curso defabricación, de la recaudación efectuada, así como de los ejemplares
ilícitamente utilizados;
3) el embargo de las recaudaciones procedentes de toda reproducción,
representación o difusión, por cualquier medio, de una obra intelectual,
efectuada en violación de los derechos del autor. En cuanto a lasdotaciones lógicas:
El párrafo 1 del artículo L.332-4 del CPI dispone que el embargo por infracción:
"Se ejecutará en virtud de un auto dictado a instancia de parte por el Presidente del
Tribunal de Gran Instancia;   el Presidente autoriza, si ha lugar, el embargo real.  Y el
párrafo 3 permite a los comisarios de policía, a solicitud de todo autor de una
dotación lógica protegida o de sus derechohabientes, efectuar un embargo por
descripción de los programas infractores."IP/Q4/FRA/1
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En materia de derechos conexos:
El artículo L.335-1 del CPI dispone que:
"Los agentes de la policía judicial competentes pueden proceder, una vez
comprobadas las infracciones previstas en el artículo L.335-4 (...), al embargo de los
fonogramas y videogramas ilícitamente reproducidos, de los ejemplares y objetosfabricados o importados ilícitamente y de los materiales especialmente instalados con
miras a esas actividades."
En el marco de una acción por el procedimiento de urgencia de derecho común, el
juez de esos procedimientos es competente para prescribir todas las medidas cautelares que se
impongan a fin de impedir un daño inminente que podría ocasionarse al autor.
Existe igualmente un arsenal represivo en la legislación francesa, que se estudiará en
la pregunta 26.
23. Sírvanse explicar si la cuantía de la indemnización cuyo pago imponen las autoridades
judiciales a quien infringe derechos de propiedad intelectual en favor del titular de los derechos
constituye una reparación adecuada del daño sufrido por éste, y qué criterios y método de
cálculo determinan la cuantía de la indemnización.
La indemnización adjudicada por los tribunales franceses en materia de falsificación se apoya
en lo dispuesto en los artículos 1382 y 1383 del Código Civil.
La doctrina y la jurisprudencia son unánimes en afirmar que la indemnización debe reparar
cualquier perjuicio sufrido, pero sólo el perjuici o sufrido y no el beneficio indebidamente realizado,
que no cabría decomisar en provecho de la víctima del acto de infracción.
Como recuerda la jurisprudencia, la evaluación de la indemnización consta de dos elementos:
la determinación de la masa contrafactora y la apreciación del perjuicio sufrido.
Esta apreciación compete a la apreciación soberana de los jueces que entienden en el fondo de
la cuestión, dentro del límite del monto de la demanda formulada por las partes.
Debe observarse que los daños y perjuicios no son una multa.
En materia de propiedad literaria y artística, conviene notar que ha de tenerse en cuenta el
decomiso al calcular los daños y perjuicios debidos a la víctima de la infracción.  En efecto, el
artículo L.335-7 del CPI dispone que, en caso de delito de falsificación:
"El material, los objetos infractores y las recaudaciones que han dado lugar al decomiso serán
entregados a la víctima o a sus derechohabientes para indemnizarlos de su perjuicio;   el
excedente de su indemnización o toda ésta, si no hay ningún decomiso de material, de objetos
infractores ni de recaudaciones, se regulará por las vías ordinarias."
Hasta el momento, el Gobierno no dispone de ninguna encuesta estadística que permita dar
cifras.
[Pregunta complementaria formulada por el Japón]
Con respecto a la respuesta de Francia a la pregunta 23 del Japón, Francia declara, en
su respuesta a la pregunta 5 de la lista relativa a los daños y perjuicios en caso de infracción deIP/Q4/FRA/1
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los derechos de propiedad intelectual, reproducida en el documento IP/N/6/FRA/1, que la
indemnización debe resarcir todo el perjuicio sufrido, pero sólo éste y no el beneficio
indebidamente realizado.  Sírvanse describir este principio y la manera de calcular el perjuicio
sufrido y explicar si los daños y perjuicios comp renden el beneficio perdido por el titular de los
derechos de propiedad intelectual o una remun eración razonable por la utilización de los
derechos de propiedad intelectual.
La fijación de la cuantía de los daños y perjuicios incumbe al Juez.  Éste debe resarcir
íntegramente el perjuicio sufrido, apreciado, caso por caso, en función de los documentos
proporcionados por las partes.  El juez puede igualmente ordenar, si estos elementos le parecen
insuficientes, una pericia para obtener informaciones precisas sobre la importancia de la infracción y
sobre los beneficios que ha generado en provecho del infractor.
Las jurisdicciones francesas indemnizan, pues, los perjuicios sufridos a raíz de la infracción,
habida cuenta de estos elementos.
24. Sírvanse explicar si la cuantía de la indemnización cuyo pago imponen las autoridades
judiciales a quien infringe derechos de propiedad intelectual en favor del titular de los derechos
incluye los gastos de investigación y los honorarios de los abogados que sean procedentes.
El título décimo octavo del NCPC (artículos 695 a 725-1) trata de las costas y los costos.  De
manera general, se condena en costas a la parte que sucumbe en el litigio, a menos que el juez decida
otra cosa.  La remuneración de los auxiliares de la justicia (procuradores, alguaciles) no entra en las
costas a menos que esté reglamentada.
No obstante, en virtud del artículo 700 del NCPC:
"El juez condenará a la parte obligada a ellas o, a falta de ésta, a la parte que sucumbe, a pagar
a la otra parte la suma que determine en calidad de costos reclamados y no comprendidos en
las costas.  El juez tendrá en cuenta la equidad o la situación económica de la parte
condenada.  Podrá incluso de oficio, por razones derivadas de las mismas consideraciones,
decir que no a lugar a esta condena."
Los tribunales pueden, pues, condenar al infractor a resarcir al demandante, en todo o en
parte, los costos de procedimiento no comprendidos en las costas, que éste haya podido reclamar.
25. Sírvanse indicar en qué grado han estimado los tribunales la cuantía de la
indemnización por daños y perjuicios desde el 1º  de enero de 1996.  Sírvanse explicar si la
cuantía de la indemnización constituye una repar ación adecuada del daño sufrido por el titular
de los derechos, y en qué forma se ajustan esos procedimientos civiles al artículo 45 del Acuerdo
sobre los ADPIC.
Véase la respuesta a la pregunta 23.
26. Sírvanse explicar la naturaleza y la cuantía de las sanciones (penas de prisión o multas)
en los asuntos penales.  Sírvanse explicar igualmente si esas sanciones están en conformidad con
el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, que exige la imposición de sanciones
suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por
delitos de gravedad correspondiente.
a) Penas aplicables
i) Derechos de propiedad literaria y artísticaIP/Q4/FRA/1
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El artículo L.335-2 del CPI castiga con dos años de prisión y una pena de multa de
1 millón de francos:
"la infracción en Francia respecto de obras publicadas en Francia o en el
extranjero".
Las disposiciones que definen la infracción en materia de derecho de autor figuran en
el párrafo 1 del artículo L.335-2 y en el artículo L.335-3 del CPI.
En materia de derechos conexos, los párrafos 1 y 2 del artículo L.335-4 del CPI
castigan con las mismas penas
"toda fijación, reproducción, comunicación o puesta a disposición del
público, a título oneroso o gratuito, o toda teledifusión de una prestación,
de un fonograma, de un videograma o de un programa, realizada sin
autorización, cuando ésta se requiere, del artista intérprete o ejecutante,del productor de fonogramas o de videogramas o de la empresa de
comunicación audiovisual."
El párrafo 4 del artículo L.335-4 del CPI castiga con una pena de multa de 1 millón
de francos:
"la falta de pago de la remuneración debida al autor, al artista intérprete o
ejecutante o al productor de fonogramas o de videogramas a título de
copia privada o de la comunicación pública, así como de la teledifusión
de los fonogramas".
El artículo L.335-9 del CPI duplica las penas aplicadas en caso de reincidencia en las
infracciones definidas en los artículos L.335-2 a L.335-4 del CPI o si el delincuenteestá vinculado por acuerdo con la parte perjudicada.
El artículo L.335-8 prevé en lo que se refiere a los delitos antes citados la
responsabilidad penal de las personas jurídicas e instituye dos tipos de sanciones:
1) la multa, remitiéndose al artículo L.131-38 del Nuevo Código Penal,
que prevé que la pena máxima de multa en que pueden incurrir laspersonas jurídicas es de un monto correspondiente "al quíntuplo de lo
previsto para las personas físicas por la ley que reprime la
infracción", para el caso 5 millones de francos;
2) las penas mencionadas en el artículo L.131-39 del Nuevo Código
Penal.
Además, el artículo L.335-5 prevé, en caso de comisión de actos de infracción, la
posibilidad de cierre de los establecimientos donde se han cometido esos delitos.
Además, el párrafo 1 del artículo L.335-6 permite, en caso de infracción de los
derechos de la propiedad literaria y artística, el decomiso "de todo o parte de las
recaudaciones obtenidas mediante la infracción, así como la de todos los fonogramas,
videogramas objetos y ejemplares infractores o reproducidos ilícitamente y del
material especialmente instalado con miras a perpetrar el delito" y el párrafo 2 delmismo artículo permite al tribunal ordenar, a cargo del condenado la exposición al
público de la sentencia en la que se pronuncie la condena (en las condicionesIP/Q4/FRA/1
Página 19
previstas en el artículo L.131-35 del NPC), así como su publicación integral o
extractada en los periódicos que designe (...).
Finalmente, en materia de derecho de autor, el párrafo 3 del artículo L.335-2 del CPI
tipifica como delito distinto de la infracción el "expendio, la importación y la
exportación de obras falsificadas" y los sanciona con una pena de dos años de prisióny de 1 millón de francos de multa;   se castigan con las mismas penas toda
importación o exportación de fonogramas o de videogramas realizados en fraude de
los derechos de los productores o de los artistas intérpretes o ejecutantes (párrafo 2
del artículo L.335-4).
Por otra parte, la complicidad en la infracción y su encubrimiento se reprimen
conforme a los principios generales del derecho penal.
ii) Dibujos y modelos industriales
Los artículos L.521-4 y L.521-6 del CPI prevén una pena de prisión de dos años que
se duplica en caso de reincidencia o si el delincuente está o estuvo vinculado con la
parte perjudicada.
Los artículos L.521-4 a L.521-6 del CPI fijan una multa de un monto de 1 millón de
francos que se duplica en caso de reincidencia o si el delincuente está o estuvovinculado con la parte perjudicada.
Los párrafos 2 y 3 del artículo L.521-4 estipulan, en caso de comisión de actos de
infracción, la posibilidad de clausura de los establecimientos en que se cometan esos
delitos.
En caso de reincidencia, además de la duplicación de las penas, el párrafo 2 del
artículo L.521-6 del CPI prevé que:
"los culpables podrán ser privados durante un tiempo que no exceda de
cinco años del derecho de elección y de elegibilidad para los Tribunales
de Comercio y de Industria y en las cámaras de oficios, así como para los
consejos paritarios."
Los artículos L.521-3 y L.521-3-1 del CPI disponen medidas de decomiso, incluso en
caso de puesta en libertad del demandado, de los objetos que infrinjan los derechos y,
en caso de condena, de los instrumentos que hayan servido especialmente para la
fabricación de los objetos incriminados.
En virtud del artículo L.521-5, se puede declarar a las personas jurídicas responsables
de actos de infracción.  Las penas de multa en que éstas pueden incurrir son
cinco veces superiores a las previstas para las personas físicas.
iii) Marcas de fábrica o de comercio
Los artículos L.716-9 y siguientes del CPI reproducen, para las marcas, todas las
disposiciones antes descritas en materia de dibujos y modelos industriales, relativas a
las penas de prisión, de multa y de cierre de establecimiento y a la reincidencia.
Además, el artículo L.716-13 del CPI prevé, por su parte, la posibilidad de que el
tribunal ordene la exposición al público y la publicación de la sentencia.IP/Q4/FRA/1
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A tenor del artículo L.716-8-1 del CPI:
"los agentes de la policía judicial pueden proceder, tras comprobar las
infracciones previstas en los artículos L.716-9 y L.716-10 al embargo de
los productos fabricados, importados, detentados, puestos en venta,
entregados o suministrados ilícitamente y de los materialesespecialmente instalados con miras a esas actividades." El
artículo L.716-11-2 del CPI autoriza al tribunal a ordenar que los
productos decomisados se entreguen al propietario de la marca objeto de
infracción sin perjuicio de los daños y perjuicios, o que sean destruidos."
El artículo L.716-11-2 reproduce las disposiciones del artículo L.521-5, relativas a la
imputación de actos de infracción a personas jurídicas.
iv) Patentes de invención
Los delitos de infracción se castigan con dos años de prisión, en virtud del
artículo L.615-14 del CPI.  En caso de reincidencia, o si el delincuente está o ha
estado vinculado por contrato con la parte perjudicada, se duplican las penas en que
se incurra (artículo L.615-14-1).
Cuando una solicitud de patente se hace pública antes de que el Ministerio de
Defensa haya dado su autorización o antes de expirar un plazo de cinco meses a
contar desde la fecha de presentación de la solicitud y cuando esta violación del
procedimiento ha ocasionado un perjuicio a la defensa nacional, puede imponerse una
pena de prisión de cinco años (artículo L.615-13 del CPI).
La violación de este mismo procedimiento en lo que se refiere a solicitudes
internacionales de patente o solicitudes de patente europea puede ser objeto de la
misma pena (artículos L.615-15 y L.616-16 del CPI).
La pena de multa que se puede imponer es de 1 millón de francos, duplicable en caso
de reincidencia.
El hecho de valerse indebidamente de la condición de propietario de una patente o de
una solicitud de patente puede castigarse con una multa de 50.000 francos, y del
doble en caso de reincidencia en un plazo de cinco años (artículo L.615-12 del CPI).
La violación del procedimiento prevista en los artículos L.612-9 y L.612-10 del CPI
(salvaguardia de los intereses de la defensa nacional) puede castigarse con una multa
de 30.000 francos incluso cuando la violación no ha ocasionado perjuicio a la defensa
nacional (artículo L.615-13 del CPI).
La violación de este mismo procedimiento en lo que se refiere a solicitudes
internacionales de patente o solicitudes de patente europea se castiga con una multa
de 40.000 francos (artículos L.615-15 y L.615-16 del CPI).
v) Certificados de obtención vegetal
Según el artículo L.623-32 del CPI, en caso de reincidencia en materia de infracción
de una obtención vegetal certificada, además de la pena de multa más adelantedescrita, se puede imponer una pena de seis meses de prisión.IP/Q4/FRA/1
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Por otra parte, se prevé una pena de prisión, de una duración de cinco años, en el caso
en que la obtención objeto de una solicitud de certificado de obtención vegetal se
haga pública o se explote antes del plazo de cinco meses a contar desde la fecha de
presentación de la demanda y cuando esta violación del procedimiento haya
ocasionado perjuicio a la defensa nacional (artículo L.623-35 del CPI).
El artículo L.623-4 del CPI indica que:
"quien haga valer indebidamente la condición de propietario de un
certificado o de una solicitud de certificado de obtención vegetal será
castigado con una multa de 10.000 francos.  En caso de reincidencia (en
el plazo de cinco años), la multa podrá duplicarse."
El artículo L.623-35 del CPI prevé, por su parte, en caso de violación del
procedimiento en las etapas orientadas a proteger los intereses de la defensa nacional,una pena de multa de 30.000 francos (que sólo se acumula con la pena de prisión
antes evocada cuando esta violación ha ocasionado perjuicio a los intereses de la
defensa nacional).
Indicaciones geográficas y denominaciones de origen
El artículo L.213-1 prevé que se castigará con dos años de prisión y una pena de
multa de 25.000 francos o una de estas dos únicamente, a todo aquél que, sea o no
parte en un contrato, haya engañado o tratado de engañar al cocontratante, por
cualquier medio, incluso mediante la intervención de un tercero, sobre la naturaleza,
la especie, el origen, las calidades sustanciales, la composición o la proporción de
principios útiles de cualquier mercancía.
El artículo L.213-5 dispone que se considerará en estado de reincidencia legal a todo
aquél que, habiendo sido condenado a penas correccionales en aplicación de los
capítulos II a VI del presente título o de los textos enumerados a continuación, en los
cinco años siguientes a la fecha en que esta condena adquirió carácter de definitiva,
haya cometido un nuevo delito comprendido en la aplicación de los capítulos II a VIIdel presente título o de los textos enumerados a continuación:  el libro II y la parte
reglamentaria del Código del Consumo (en particular, el artículo R.215-2 en que se
basan las comprobaciones de los agentes).
Las infracciones a las reglas de facturación o hechos que entrañen publicidad
engañosa, fraude, sancionados con el levantamiento de un acta, pueden perfectamente
mencionarse en apoyo de un expediente de infracción.
b) Noción de "sanciones suficientemente disuasorias"
Este último punto se relaciona más bien con los fundamentos mismos del derecho penal.
Cabe, sin embargo, observar que el infractor perseguido en el plano penal no podrá abstenerse
de asistir a la vista oral del tribunal presentando una carta de representación.  En efecto, estas últimas
sólo son posibles en aplicación del párrafo 1 del artículo 411 del Código de Procedimiento Penal,
únicamente cuando la pena en que se incurra sea estrictamente inferior a dos años de prisión, cosa queno ocurre en materia de propiedad industrial.
Además, la ley de 5 de febrero de 1994, inserta en el Código de la Propiedad Intelectual, tiene
como consecuencia un agravamiento a 1 millón de francos de las penas de multa establecidas paraIP/Q4/FRA/1
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todos los derechos de propiedad intelectual (la pena de multa en materia de dibujos y modelos
industriales estaba anteriormente fijada en 500.000 francos).
El carácter disuasorio de esta pena parece ser efectivo:  la cuantía elegida se sitúa a mitad de
camino entre las previstas por el Código Penal para  el hurto simple, por una parte (artículo 311-3 del
Nuevo Código Penal:  300.000 francos) y el encubrimie nto simple o el abuso de confianza, por la otra
(artículos 311-1 y 321-5 del Código Penal:  2,5 millones de francos).
Además, la legislación francesa prevé que la infracción de marca de fábrica o de comercio es
igualmente constitutiva de un delito aduanero (artículos 38, párrafo 1 y 38, párrafo 4 del Código de
Aduanas).  La pena de multa en que incurre el contraventor puede oscilar entre una y 10 veces el valor
de las mercancías infractoras (artículo 414 del Código de Aduanas).
III. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS
Obligaciones generales
No existe en Francia ningún nivel regional o federal.  Toda sentencia produce sus efectos
sobre el conjunto del territorio.
1. En el párrafo 1 del artículo 41 y en el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC se
estipula que deberán establecerse procedimientos para la observancia efectiva de los derechos
de propiedad intelectual a que se refiere el Acu erdo.  Sírvanse describir la estructura de los
procedimientos judiciales y administrativo3 de Francia en que las partes pueden hacer valer su
derecho de propiedad intelectual a nivel local, provincial y nacional, indicando la competencia
de cada tipo de tribunal u órgano administrativo y explicar las relaciones, si las hubiere, entre
los distintos tipos de tribunales y órganos administrativos.  Sírvanse citar las leyes y otras
disposiciones por las que se establece la estructura, con referencia a cada tipo de tribunal yórgano administrativo.
I. LOS RECURSOS JUDICIALES
1) Las acciones sobre el fondo de la cuestión
El titular de los derechos de propiedad intelectual tiene una opción entre la vía civil y la vía
represiva.
Por titular de derecho de propiedad intelectual, se ha de entender la persona física y jurídica
calificada para hacer valer sus derechos ante los tribunales.  El término "titular" abarca los
causahabientes (es decir, especialmente los herederos o los cesionarios), los autores o los registrantes
de títulos de propiedad intelectual.
                                                     
3 Estas preguntas se refieren a la observancia de los derechos de propiedad intelectual tanto judicial
como administrativa, en razón de lo dispuesto en el artículo 49 del Acuerdo sobre los ADPIC.IP/Q4/FRA/1
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A. T RIBUNALES CIVILES
a) Competencia ratione loci
El artículo 46 del Nuevo Código de Procedimiento Civil dispone que:
"El demandante puede presentarse, a su elección, además de ante la jurisdicción del
lugar donde resida el demandado:
En materia delictiva, la jurisdicción del lugar del acto perjudicial o aquella dentro de
cuyo ámbito de competencia se ha sufrido el perjuicio."
b) Competencia ratione materiae
i) Propiedad literaria y artística
El párrafo 1 del artículo L.331-1 del CPI dispone:
"Todas las impugnaciones relativas a la aplicación de las disposiciones de la
primera parte del presente código de competencia de las jurisdicciones denaturaleza judicial se iniciarán ante los tribunales competentes, sin perjuicio
del derecho de la parte perjudicada de acudir ante la jurisdicción represiva
en los términos del derecho común."
Si se trata de violación de los derechos de propiedad literaria y artística, el
demandante puede, a su elección, ejercitar una acción civil o una acción penal.Además, el párrafo 1 del artículo L.331-1 del CPI remite a las reglas ordinarias que
rigen el reparto de la competencia entre las jurisdicciones.
Son, pues, aplicables las reglas de derecho común referentes a la competencia en
razón de la materia y a la competencia territorial, a reserva de las siguientes
disposiciones:
- el párrafo 2 del artículo L.113-9 del CPI que atribuye una
competencia exclusiva al Tribunal de Gran Instancia de la sede social
del empleador, para conocer de las impugnaciones relativas a los
derechos patrimoniales sobre dotaciones lógicas y su documentación
creadas por empleados en el ejercicio de sus funciones;
- el artículo L.122-9 del CPI que prevé que asuma competencia el
Tribunal de Gran Instancia en caso de abuso notorio en el uso y el no
uso de los derechos de explotación por parte de los representantes del
autor fallecido, al igual que en caso de conflicto entre dichos
representantes, o aún, cuando no se conozca a ningún
derechohabiente.
Además, únicamente el Presidente del Tri bunal de Gran Instancia puede decidir en
materia de embargo por infracción en los casos previstos en el párrafo 2 del
artículo L.332-1 y el párrafo 1 del artículo L.332-4 del CPI.
Por otra parte, los artículos L.332-1 a L.332-4 del CPI establecen un procedimiento
preventivo específico para la propiedad literaria y artística:  el embargo por
infracción.IP/Q4/FRA/1
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Éste tiene por objeto:
- ya sea procurar a los titulares de derechos elementos probatorios que
les permitirán incoar una acción por infracción sobre el fondo,
- ya sea hacer cesar la fabricación y la comercialización de los
productos infractores y hacer proceder a su embargo, así como a la delas recaudaciones de la explotación, a la espera de que se ponga en
marcha un procedimiento sobre el fondo del asunto.
En materia de derecho de autor, el párrafo 1 del artículo L.332-1 del CPI atribuye
competencia a los comisarios de policía o, en su defecto, al juez de instancia para
efectuar, a solicitud de todo autor o de sus derechohabientes o causahabientes, el
embargo de los ejemplares que constituyan una reproducción ilícita de la obra.  Esta
competencia no se aplica más que en caso de menoscabo del derecho dereproducción.  En los demás casos previstos en este artículo, debe obtenerse del
Presidente del Tribunal de Gran Instancia un auto dictado a instancia de parte.
En cuanto a las dotaciones lógicas, el párrafo 1 del artículo L.332-4 del CPI prevé que
el embargo por infracción sea ejecutado por el Presidente del Tribunal de Gran
Instancia en virtud de un auto dictado a instancia de parte.  Con todo, el párrafo 3 delartículo L.332-4 del CPI permite a los comisarios de policía efectuar, a solicitud de
todo autor de una dotación lógica protegida o de sus derechohabientes, un embargo
mediante descripción de la dotación lógica infractora, que puede concretarse en una
copia.
En materia de derechos conexos, la ley no ha establecido un procedimiento específico
de embargo por infracción.  De todos modos, el artículo L.335-1 del CPI permite a
los agentes de la policía judicial proceder, tras comprobar infracciones de las
mencionadas en el artículo L.335-4 del CPI, al embargo de los fonogramas y los
videogramas reproducidos ilícitamente, de los ejemplares y objetos fabricados o
importados ilícitamente, así como de los materiales especialmente instalados conmiras a esas actividades.
El titular del derecho de propiedad literaria y artística puede igualmente utilizar las
vías de derecho común para solicitar en procedimiento de urgencia medidas
provisionales de protección.
En derecho de propiedad intelectual y artística, las personas habilitadas para hacer
valer sus derechos ante los tribunales son:
1) Los titulares de derechos, pero sólo en la medida en que no se hayan
desprendido de sus derechos patrimoniales.
2) Los cesionarios de derechos, los que están habilitados para hacer valer los
derechos de propiedad literaria y artística en la medida de los derechos
patrimoniales que les hayan sido transmitidos.
3) Los organismos de defensa profesionales regularmente constituidos, que en
virtud del artículo L.331-1 del CPI estén legitimados para actuar
judicialmente en defensa de los intereses estatutariamente a su cargo.  Lo
mismo ocurre con las sociedades civiles de recaudación y reparto  de los
derechos de autor y derechos conexos (L.321-1 del CPI).IP/Q4/FRA/1
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4) El ministro encargado de la cultura habilitado para presentarse ante la
autoridad judicial en los casos previstos en el artículo L.122-9 del CPI.
5) El Centro Nacional de Cinematografía, que en virtud del artículo L.331-3 del
CPI puede ejercer los derechos reconocidos a la parte civil en lo que se refiere
al delito de infracción de una obra audiovisual cuando la acción pública hayasido promovida por el ministerio público o la parte perjudicada.
ii) Marcas de fábrica o de comercio
En materia de marcas, el artículo L.716-3 del CPI dispone que:
"las acciones civiles relativas a las marcas se iniciarán ante los Tribunales de
Gran Instancia, así como las acciones que entrañen a la vez una cuestión
conexa de marca y una cuestión conexa de dibujo o de modelo industrial o de
concurrencia desleal."
Este artículo atribuye competencia exclusiva a los Tribunales de Gran Instancia
(TGI), lo que significa que no son competentes los Tribunales de Instancia y los
Tribunales de Comercio.
El artículo L.716-5 del CPI dispone que:
"La acción civil por infracción será incoada por el propietario de la marca de
fábrica o de comercio.  No obstante, el beneficiario de un derecho exclusivo
de explotación podrá actuar a título de la infracción, salvo estipulación en
contra del contrato, si después de intimar la mora, el titular no ejerce este
derecho …"
Además, en virtud del artículo L.714-7 del CPI, el cesionario o el beneficiario de un
derecho exclusivo de explotación debe inscribir su marca en el registro nacional de
marcas para que sea oponible a terceros.
iii) Dibujos y modelos industriales
Los dibujos y modelos industriales no disponen de reglamentaciones especiales.  Son,
pues, aplicables las reglas generales del procedimiento civil.
- Cuando ambas partes sean comerciantes, se preferirá la competencia del
Tribunal de Comercio.
- Cuando sólo el demandado tenga la condición de comerciante, el demandante
podrá a su elección decidir presentarse ante la jurisdicción consular o ante las
jurisdicciones civiles.
- Cuando ninguna de las partes sea comerciante, entonces sólo serán competentes
las jurisdicciones civiles.IP/Q4/FRA/1
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Conviene observar que el artículo R.321-1 del Código de Organización Judicial
dispone que:
"El Tribunal de Instancia conocerá en materia civil de todas las acciones
personales o mobiliarias en última instancia hasta un valor de 13.000 francos
y con posibilidad de apelación hasta un valor de 30.000 francos."
En la práctica, como la mayor parte de los litigios son de una cuantía superior
a 30.000 francos, los Tribunales de Gran Instancia conocerán de las diferencias entre
dos partes en materia civil.
Sólo el titular del derecho puede hacer valer sus derechos ante los tribunales.  El
licenciatario no goza de esta capacidad.
El cesionario de un dibujo o modelo industrial debe inscribirlo en el Registro
Nacional de Dibujos y Modelos Industriales para poderlo oponer a terceros(artículo L.512-4 del CPI).
iv) Derecho de patentes de invención
Si se trata de patentes, el artículo L.615-17 del CPI dispone que:
"El conjunto de los contenciosos surgidos del presente título se atribuye a los
Tribunales de Gran Instancia y a los Tribunales de Apelación a los que estánvinculados [...]."
El artículo R.631-1 del CPI que remite al artículo R.312-2 del Código de
Organización Judicial, fija la lista de los TGI competentes (en número de 10).
Tribunales competentes en materia de acciones relativas a
las invenciones y a los conocimientos técnicos
Tribunales de gran
instanciaCompetencia territorial que abarca los depa rtamentos comprendidos en el ámbito de
competencia de los Tribunales de Apelación de:
Marsella Aix:  Aix-en-Provence, Bastia, Nimes
Burdeos Burdeos:  Agen, Burdeos, Poitiers
Estrasburgo Colmar:  Colmar, Metz
Lille Douai:  Amiens, Douai
Limoges Limoges:  Bourges, Limoges, Riom
Lyon Lyon:  Chambéry, Lyon, Grenoble
Nancy Nancy:  Besançon, Dijon, Nancy
París París:  Orléans, París, Reims, Rouen, Versalles, Basse-Terre, Fort-de-France,
Saint-Denis-de-la-Réunion, Nouméa, Papeete, Mamoudzou y Saint-Pierre-et-Miquelon
Rennes Rennes:  Angers, Caen, Rennes
Toulouse Toulouse:  Pau, Montpellier, ToulouseIP/Q4/FRA/1
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En materia de patentes de invención, sólo son competentes los 10 tribunales de gran
instancia antes mencionados con exclusión de toda otra jurisdicción (Tribunal de
Comercio, Tribunal de Instancia y los tribunales de gran instancia que no figuran en
el artículo R.631-1 del CPI).
Además, el artículo L.615-19 del CPI añade:
"Las acciones por infracción de patentes son de competencia exclusiva del
Tribunal de Gran Instancia.
Todas las acciones en que intervenga una infracción de patente y una cuestión
de competencia desleal conexa se inician exclusivamente ante el Tribunal de
Gran Instancia."
El artículo L.615-2 prevé que:
"La acción por infracción será ejercida por el propietario de la patente.  No
obstante, el beneficiario de un derecho exclusivo de explotación podrá, salvo
estipulación en contrario del contrato de licencia, ejercer la acción por
infracción, si después de acusarse de la mora, el propietario de la patente no
ejerce esta acción."
De la misma oportunidad goza el titular de una licencia de derecho, de una licencia
obligatoria o de una licencia de oficio.
Además, el cesionario o el licenciatario exclusivo de una patente debe inscribirla en el
registro nacional de patentes para poderla oponer a terceros (artículo L.613-9
del CPI).
v) Certificados de obtención vegetal
Si se trata de certificados de obtención vegetal, el párrafo 1 del artículo L.523-31 del
CPI mantiene la competencia de los mismos tribunales designados para conocer de
los litigios sobre patentes de invención.
El artículo L.623-25 del CPI confiere al titular del certificado, así como al titular de
una licencia exclusiva de explotación o de una licencia de oficio, el derecho de exigirresponsabilidad civil si, después de intimarle la mora, el titular del certificado no
ejerce esta acción.  El titular del certificado es admitido a intervenir en la instancia
entablada por el licenciatario y viceversa.  Para ello, la licencia exclusiva debe
haberse inscrito en el registro nacional de certificados de obtenciones vegetales.
vi) Topografías
En materia de topografías, el artículo L.622-7 remite al artículo L.615-17 del CPI
relativo a las patentes.
No se prevé ninguna disposición particular en  materia de acción civil.  En virtud del
derecho común, las personas calificadas para hacer valer derechos son los creadores y
sus causahabientes, con exclusión de los licenciatarios.IP/Q4/FRA/1
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vii) Secretos comerciales
Si se trata de la divulgación de secretos comerciales, la parte perjudicada puede
incoar una acción por competencia desleal ante el TGI o ante los tribunales de
comercio cuando ambas partes tienen la condición de comerciantes.  El consejo
paritario puede asumir competencia en los casos en que la divulgación sea imputablea un asalariado actual o a un extrasalariado de la empresa que sufre el perjuicio
(artículo L.152-7 del Código del Trabajo, reproducido en el artículo L.621-1 del CPI).
La acción por competencia desleal (fundada en la responsabilidad extracontractual:
artículos 1382 y 1383 del Código Civil) puede ser incoada por el profesional
perjudicado.
viii) Denominaciones de origen
En materia de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, el
artículo L.115-10 del Código del Consumo precisa que:  "la acción será iniciada ante
el Tribunal de Gran Instancia del lugar de origen cuya denominación se controvierte
(...)."
Sin embargo, las disposiciones del Código del Consumo no son aplicables a los
productos agrícolas o alimenticios a los que se haya reconocido exclusivamente unadenominación de origen comprobada (artículo L.115-5 del código citado).  Por el
contrario, la jurisdicción penal es competente conforme a las reglas de derecho
común (véase el punto B de la presente respuesta).
2) Las medidas provisionales
Existen, además, en el ordenamiento jurídico francés procedimientos acelerados, llamados
"de référé", que permiten al Presidente de los diferentes tribunales competentes acordar medidas
provisionales a fin de prevenir o hacer cesar todo menoscabo de los derechos del demandante
(artículos 808 y 809 del NCPC para el TGI, 848 y 849 del NCPC para el Tribunal de Instancia, 872
y 873 del NCPC para el Tribunal de Comercio).
Existen procedimientos especiales de este tipo al respecto en materia de propiedad literaria y
artística, de patentes de invención y de marcas de fábrica o de comercio (véase la respuesta a las
preguntas 25 y siguientes).
B. L
OS TRIBUNALES REPRESIVOS
Si se trata de una violación de los derechos de propiedad intelectual , el demandante puede,
a su elección, ejercitar una acción civil o una acción penal.
Desde el momento en que son susceptibles de calificarse como delitos de infracción, los
hechos cometidos pueden dar lugar a un procedimiento penal.
La iniciación de las acciones penales pertenecen al Procurador de la República, pero también
al titular del derecho de propiedad intelectual que ha sufrido un perjuicio, en calidad de parte civil
(artículo 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP)).
Si se trata de un delito, la acción penal por infracción debe iniciarse ante el Tribunal
Correccional del lugar de la infracción, el de la residencia del autor de la infracción o el del lugardonde éste fue detenido (artículos 381 y siguientes del CPP).IP/Q4/FRA/1
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La acción penal por infracción se rige por las reglas generales del procedimiento penal.  La
víctima de la infracción puede participar en el procedimiento en calidad de parte civil.
No obstante, conviene recordar que en materia de patentes , el procesamiento sólo puede
entablarse ante el juez de instrucción o la Cámara Correccional de uno de los 10 tribunales
competentes en materia de patentes, en virtud del párrafo 2 del artículo L.615-17 del CPI.
Para las indicaciones geográficas y denominaciones de origen , los artículos L.115-16
y L.115-18 (Código del Consumo) estipulan que el delito en materia de denominaciones de origen
está constituido por el hecho de usurpar, por una parte, o, por la otra de aponer o hacer aponer o hacer
aparecer mediante adición o alteración, una denominación de origen inexacta sobre productos
naturales o fabricados, puestos en venta o destinados a ser puestos en venta.  La venta y la puesta en
venta o en circulación de esos productos se castiga con las mismas penas (artículos L.115-16
y L.115-18 del Código del Consumo).  El artículo L.115-17 prevé la posibilidad de que las personas,sindicatos o asociaciones se constituyan en parte civil si se estiman perjudicadas por este delito.
De manera general, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen están
sometidas a la obligación general de conformidad establecida por los artículos L.212-1 y siguientes
del Código del Consumo.  De este modo, se reprimen el engaño sobre la naturaleza, la composición o
el origen (artículo L.217-6 del Código del Consumo) del producto, así como la posesión, laexhibición, la puesta en venta o la venta de esos productos.
II. LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
El Reglamento CE Nº 3295/94 del Consejo, de fecha 22 de diciembre de 1994, puesto en
aplicación por el Reglamento CE Nº 1367/95 de  la Comisión Europea de 16 de junio de 1995,
organiza en el plano de la Unión Europea las reglas aplicables en materia de retención de mercancíasinfractoras o supuestamente infractoras.
En derecho interno, definen este procedimiento los artículos L.521-7 y R.521-1 del CPI en
materia de dibujos y modelos industriales y los artículos L.716-8 y R.716-1 del CPI en materia de
marcas.  En materia de propiedad literaria y artística las disposiciones que instituyen este
procedimiento son los artículos L.335-10 y R.335-1 del CPI.
Conviene igualmente mencionar el Decreto de 6 de febrero de 1995 que establece las
condiciones de presentación a la administración de aduanas de la solicitud escrita de intervención del
titular del derecho de propiedad intelectual (derecho de autor y derechos conexos, dibujos y modelos
industriales, marcas de fábrica o de comercio).
Además, en materia de falsificación, la Dirección General de la Competencia, el Consumo y
la Represión de Fraudes (DGCCRF) sólo es competente para las infracciones de marcas.  No puede
actuar por infracciones de patentes o de dibujos y modelos industriales, salvo si la infracción esmerecedora de sanción por un delito de infracción comprobado por sus investigadores.
2. Sírvanse describir brevemente el procedimiento que debe seguir una parte extranjera a
fin de iniciar un procedimiento de observancia en cada uno de los tribunales y órganos
administrativos mencionados en la respuesta a la pregunta 1 y citar las disposiciones legales por
las que se han establecido esos procedimientos.
Todo extranjero, titular de derechos de propiedad intelectual protegidos en Francia puede
hacerlos valer ante cualquier jurisdicción, según las mismas reglas de atribución de competencia
descritas en la pregunta 1.IP/Q4/FRA/1
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3. Sírvanse determinar todo requisito que deba satisfacer una parte extranjera a fin de
iniciar un procedimiento en los tribunales y órganos administrativos mencionados en la
respuesta a la pregunta 1 que no se exija de un nacional francés, o de un residente en ella, y
citar las disposiciones legales en que se prevén dichas diferencias.
Véase la respuesta a la pregunta 2.
4. En el párrafo 1 del artículo 41 y en el artículo 48 del Acuerdo sobre los ADPIC se
estipula el establecimiento de sa lvaguardias contra el abuso de los procedimientos judiciales y
administrativos de observancia, previéndose que se indemnizará adecuadamente por el daño
sufrido a causa de tal abuso.  Sírvanse describir los medios de que se dispone en las leyes de
Francia a fin de evitar el abuso de los proc edimientos judiciales y administrativos y de
indemnizar de los daños sufridos como resultado de tal abuso y citar las disposiciones legales
relativas a dichos medios.
Son aplicables en la materia las reglas de derecho común.
Así, el artículo 32-1 del NCPC dispone que:
"La persona que litigue de manera dilatoria o abusiva puede ser condenada a una
multa civil de 100 a 10.000 francos, sin perjuicio de los daños y perjuicios que se le
reclamen."
Esta disposición significa que la parte que sea víctima de un abuso manifiesto puede pedir la
indemnización de los daños y perjuicios.
En todos los casos, el juez puede adjudicar los daños y perjuicios que estime necesarios para
resarcir el perjuicio (véase la respuesta a la pregunta 20), pero siempre dentro del límite de lo
solicitado por las partes.
Delante del Tribunal de Casación (véase la respuesta a la pregunta 11), la multa puede llegar a
los 20.000 francos (artículo 628 del NCPC).
La jurisprudencia considera que una acción interpuesta abusivamente y de mala fe puede dar
lugar a una acción reconvencional sobre la base del artículo 1382 del Código Civil.  El tribunal puede
entonces ordenar en beneficio del demandado, la asignación de daños y perjuicios, así como lapublicación de extractos de la sentencia a costas del demandante.
A fin de remediar el abuso de una acción penal por el titular de un derecho de propiedad
intelectual, el Código de Procedimiento Penal prevé medidas preventivas y reparadoras:
a) Medidas preventivas
El Procurador de la República puede decidir no dar curso a la reclamación si la
considera insuficientemente motivada.
La reclamación con constitución de parte civil del titular del derecho de propiedad
que desencadena el procesamiento da lugar a la consignación de una cantidad de
dinero evaluada por el juez de instrucción (artículo 88 del CPP).  Esta consignación
constituye una garantía del pago de una multa que el tribunal correccional puede
imponer en caso de acción abusiva del reclamante.IP/Q4/FRA/1
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b) Medidas reparadoras
- La acción abusiva entraña la responsabilidad civil del reclamante.
En caso de desestimación tras la apertura de una información sobre la
constitución de parte civil, la persona procesada puede pedir al reclamante
indemnización de daños y perjuicios (artículo 91 del CPP).
Igualmente, el Procurador de la República puede por iniciativa propia, citar al
reclamante ante el tribunal correccional, el cual, si juzga su acción abusiva o
dilatoria, puede condenar a una multa civil hasta una cantidad máxima
de 100.000 francos (artículo 91 del CPP).
- La acción abusiva del reclamante puede entrañar también su responsabilidad
penal.
Puede apreciarse la comisión del delito de denuncia calumniosa por parte del
reclamante que denuncie falsamente a la autoridad judicial una infracción
(artículo 226-10 del Código Penal (CP):  cinco años de prisión y multa de
hasta 300.000 francos).
5. El párrafo 2 del artículo 41 se refiere, entre otras cosas, al costo de los procedimientos
judiciales y administrativos de observancia.  Sí rvanse informar acerca de cualesquiera tasas
cobradas por las autoridades judiciales y administrativas para iniciar las acciones legales en
materia de propiedad intelectual o para continuar dichas acciones una vez emprendidas, citar
las disposiciones legales en las que se establecen dichas tasas y suministrar copias de los
documentos utilizados para informar al público acerca de ellas.
El costo de los procedimientos comprende las costas judiciales, compuestas principalmente
por las indemnizaciones de los testigos, la remuneración de los peritos, los emolumentos de los
auxiliares de la justicia y alguaciles y los costos de abogados.
El costo es, pues, muy variable según que sea necesaria o no una pericia técnica y conforme a
la remuneración reclamada por el abogado a su cliente.  El tribunal puede poner la remuneración del
abogado a cargo de la parte que sucumbe hasta una cuantía que aquél determine.
Los honorarios de los abogados son libres y no pueden ser únicamente función del resultado.
Por el contrario, los gastos de alguaciles y procuradores (véase respuesta a la pregunta 12) se rigen
por tarifas aprobadas por los poderes públicos (alguaciles:  decreto de 12 de diciembre de 1996,
procuradores:  Decreto Nº 80-608 de 30 de julio de 1980).
La República francesa no dispone de estadísticas o encuestas oficiales a este respecto.  En
estas condiciones, no es posible dar pormenores sobre el costo efectivo de los procedimientos a esta
materia.
6. En el párrafo 2 del artículo 41 se trata asimismo de la rapidez de los procedimientos
judiciales y administrativos de observancia.  Sírvanse citar las disposiciones legales por las que
se establecen los plazos para los procedimientos judiciales y administrativos y, si aún no se ha
hecho, proporcionar copias de las leyes o reglamentos pertinentes.
La duración de las actuaciones no se rige por ninguna disposición.IP/Q4/FRA/1
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La duración dependerá de la complejidad del asunto, de la diligencia de las partes y de la
carga de trabajo de los tribunales.  Las vías de recurso utilizadas por las partes (apelación, casación)
inciden igualmente de manera no despreciable en la duración global del procedimiento.
No existe ningún estudio oficial y detallado que permita determinar la duración de los
procedimientos judiciales en la materia.
No obstante, el informe del grupo Q134 B de la AIPPI (reunión del Comité Ejecutivo, Viena,
1997) establece, en lo que se refiere a la propiedad industrial en Francia, que:
"La duración media en primera instancia de un proceso por infracción de marcas de
fábrica o de comercio es de un año.
La duración media en primera instancia de un proceso por infracción de patentes de
invención es de dos años.
Las decisiones en primera instancia son susceptibles de apelación y la duración media
de un proceso ante el Tribunal de Apelaciones es de dos años."
Conviene, por otra parte, observar que la falta de nivel federal o regional contribuye, en
Francia, a reducir la duración de los procedimientos judiciales.
7. Sírvanse explicar cualesquiera disposicio nes del sistema de observancia de Francia que
garanticen la rapidez de los recursos.  Además, sí rvanse explicar qué disposiciones existen a fin
de evitar las demoras deliberadas en que incurr an las partes en un procedimiento e indicar las
circunstancias en que se aplican esas disposiciones.
Conviene remitirse a las respuestas antes dadas, y más en particular a las referentes a las
preguntas 1 y 6.
El artículo 32-1 del NCPC (ya citado en la pregunta 4) permite sancionar eficazmente todas
las maniobras dilatorias de una parte.
Cuando se ha incoado un procedimiento sobre el  fondo del asunto, el juez instructor es
entonces el único competente para decidir sobre las excepciones dilatorias suscitadas por las partes, en
virtud del artículo 771 del NCPC.
Igualmente, con objeto de prevenir toda acción abusiva del demandante, la ejecución
provisional de una sentencia "puede estar condicionada a la constitución de una garantía real o
personal, suficiente para responder de todas las restituciones o reparaciones" (artículo 517 del NCPC).
En materia penal, son igualmente aplicables las medidas preventivas y reparadoras
presentadas en la pregunta 4.
8. En el párrafo 3 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC se requiere que las
decisiones sobre el fondo de un caso se formulen, preferentemente, por escrito para determinar
mejor el razonamiento en que se basa la decisión.  Sírvanse indicar, con respecto a cada tipo detribunal u órgano administrativo mencionado en la pregunta 1, si los jueces o funcionarios
administrativos deben presentar sus decisiones por escrito y citar las disposiciones legales en
que se requieren esas opiniones escritas.
Las sentencias en materia de propiedad intelectual se dictan por escrito conforme al régimen
de derecho común.IP/Q4/FRA/1
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Las reglas aplicables en materia de motivación de las sentencias figuran en los artículos 454 y
siguientes del NCPC.
La motivación de las sentencias tiene en cuenta los hechos del caso, las reglas de derecho
aplicables y, por consiguiente, las condiciones conforme a las cuales los hechos tienen consecuencias
jurídicas.
Ante los tribunales represivos, toda sentencia es escrita y debe contener los motivos y las
disposiciones que han llevado a la decisión judicial (artículo 485 del CPP).
9. En el párrafo 3 del artículo 41 se estipula también que las decisiones sobre el fondo de
un caso sólo estarán basadas en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la
oportunidad de ser oídas.  Sírvanse informar, con respecto a cada tipo de tribunal u órgano
administrativo mencionado en la pregunta 1, qué factores pueden ser tenidos en cuenta por un
juez o un funcionario administrativo al adoptar una decisión y citar las disposiciones legales queestablecen la base sobre la cual pueden adop tar sus decisiones los jueces y funcionarios
administrativos.
Las disposiciones del título primero del libro primero del NCPC fijan las reglas aplicables en
materia de procedimiento contencioso (artículos 1 a 29 del NCPC).
Todo menoscabo de los derechos de propiedad intelectual es un hecho jurídicamente
pertinente.  En este aspecto, la prueba es libre (artículos 1315 y siguientes del Código Civil y, en
particular, el artículo 1341).  Corresponde, en lo civil, a las partes probar sus alegaciones.
Los artículos 9 a 11 del NCPC rigen las normas de presentación de elementos probatorios.
Además, en virtud del artículo 7 del NCPC, el juez puede tomar en consideración incluso los
hechos que las partes no hubiesen invocado en especial pero que figuran en autos.
A todos los efectos, cabe mencionar para los derechos de propiedad literaria y artística, el
artículo L.331-2 del CPI que prevé que "la prueba de la materialidad de toda infracción a las
disposiciones de los libros I, II y III del CPI puede resultar de las comprobaciones de los agentes
jurados designados según los casos por el Centro Nacional de Cinematografía, por los organismos
profesionales de autores y por las sociedades de percepción y reparto de los derechos".
Con todo, esta posibilidad no entraña ninguna derogación del principio general de la libertad
de prueba, que puede, con respecto a la falsificación, administrarse por todos los medios de derecho
común.
En materia penal, las infracciones pueden demostrarse por cualquier modo de prueba y el juez
decidirá según su íntima convicción (artículo 427 del CPP).
10. En el párrafo 4 del artículo 41 se estipula que los Miembros de la OMC estarán
obligados a prever una revisión por una autoridad judicial de ciertas decisiones judiciales yadministrativas en los procedimientos de obser vancia de los derechos de propiedad intelectual.
Sírvanse describir qué limitaciones jurídicas, si las hubiere, se imponen a la capacidad de una
de las partes en un procedimiento de observancia de los derechos de propiedad intelectual para
lograr que otra autoridad judicial proceda a la revisión de las decisiones tanto de las decisiones
en materia de procedimiento como de las decisiones finales, y citar las disposiciones legales enque se estipulan dichas revisiones.IP/Q4/FRA/1
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a) Decisiones judiciales
En principio, queda abierto un procedimiento de apelación a una parte en un procedimiento
relativo al respecto de los derechos de propiedad intelectual.
En materia civil, el Tribunal de Apelaciones territorialmente competente es el que debe
conocer de los recursos contra las decisiones adoptadas por las jurisdicciones de primerainstancia.
En materia de patentes de invención, en virtud del artículo R.631-1 del CPI, sólo
10 Tribunales de Apelación son competentes para apreciar los litigios entre las partes (véase
la respuesta a la pregunta 1).
Siempre es posible recurrir al Tribunal de  Casación, en la medida en que los medios
invocados ante esta jurisdicción sean de puro derecho.
Igualmente, el Código de Procedimiento Penal permite vías de recurso contra las decisiones
de la justicia.
Así, la parte civil puede apelar de la sentencia dictada en primera instancia por el tribunal
correccional (artículo 496 del CPP) y según las condiciones previstas en el artículo 498 del
CPP) la apelación debe interponerse en el plazo de 10 días a partir de la publicación de la
sentencia contradictoria o de su notificación en el caso de una sentencia formalmentecontradictoria o de una sentencia por defecto.
Como en materia civil, el recurso de casación es posible contra los autos dictados por los
jueces de segunda instancia (artículo 567 del CPP).
b) Decisiones administrativas
La Dirección Nacional de Información e In vestigaciones Aduaneras (DNRED) puede a la
solicitud de un titular de derecho de propiedad intelectual, incautarse toda mercancía que
presente las características de la infracción.
La decisión podrá mantenerse, modificarse o revocarse por las jurisdicciones de la judicatura,
conforme a un procedimiento descrito en la pregunta 37 y siguientes.
Lo mismo ocurre con los controles efectuados por la Dirección General de la Competencia,
del Consumo y de Represión de Fraudes (DGCCRF), sometidos a posteriori  a la supervisión
de las autoridades judiciales.
Procedimientos y medidas correctivas civiles y administrativas
11. En el artículo 42 se estipula que se notificarán a los demandados los procedimientos
judiciales y administrativos de observancia de los derechos de propiedad intelectual iniciados
contra ellos.  Sírvanse describir los procedimientos seguidos en cada tipo de tribunal y órgano
administrativo mencionado en la pregunta 1 para notificar a las partes demandadas losprocedimientos que se han iniciado contra ellas, indicar la información comunicada acerca del
procedimiento y citar las disposiciones legales por las que se establecen esos procedimientos.
En aplicación del artículo 54 del NCPC, la acción judicial será mediante emplazamiento
(artículo 54 del NCPC).IP/Q4/FRA/1
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Este emplazamiento, para poderse oponer al demandado, debe notificarse por alguacil.
Las reglas de notificación de los actos de procedimiento en materia de propiedad intelectual
no difieren de las de derecho común, desarrolladas en los artículos 655 y siguientes del NCPC.
Además, conviene mencionar las reglas específicas en materia de instancias probatorias que
se desarrollarán más adelante (procedimientos previs tos en los artículos L.521-1 del CPI en materia de
dibujos y modelos industriales, L.615-5 del CPI en el dominio de las patentes de invención y L.716-7
del CPI para las marcas de fábrica o de comercio).
En lo penal, las reglas de notificación de los actos de procedimiento relativos a los derechos
de propiedad intelectual no difieren de las empleadas por el procedimiento penal (artículos 550 y
siguientes del CPP).
12. En el artículo 42 se estipula también que las partes en los procedimientos de observancia
de los derechos de propiedad intelectual podrán  estar representadas por un abogado y no se les
impondrán exigencias excesivamente gravosas en cuanto a las comparecencias personales.
Sírvanse describir cualesquiera limitaciones que existen con arreglo a las leyes de Francia a la
capacidad de una de las partes en dicho procedimiento para estar representada por un abogado
independiente y cualquier obligación que se imponga a la parte para que comparezca
personalmente en un procedimiento.   Sírvanse citar las disposiciones legales por las que seestablecen dichas limitaciones y se imponen esas obligaciones.
Las reglas de derecho común aplicables en materia de representación son válidas en el marco
de los procedimientos contenciosos sobre propiedad intelectual.
Las partes deben obligatoriamente hacerse representar por un abogado cuando el contencioso
se inicie ante el Tribunal de Gran Instancia, en aplicación del artículo 751 del Nuevo Código deProcedimiento Civil.
Así, los litigios relativos a las marcas de fábrica o de comercio, a las patentes de invención, a
las obtenciones vegetales y a las topografías se inician obligatoriamente ante esta jurisdicción.
En cambio, el contencioso en materia de propiedad literaria y artística y de dibujos y modelos
industriales puede iniciarse ante el Tribunal de In stancia o el Tribunal de Comercio, jurisdicciones
ante las cuales no es obligatoria la asistencia letrada.
La asistencia de abogado es siempre posible ante todas las jurisdicciones.
Además, en causa de apelación (véase la respuesta a la pregunta 11), las partes son
representadas por un procurador inscrito ante el Tribunal (artículo 899 del NCPC).
El derecho aplicable en materia de comparecencia personal de las partes es el común.
Así vuelve a encontrarse en el tercer capítulo del Nuevo Código de Procedimiento Civil, en
los artículos 184 y siguientes.
El artículo 184 del NCPC dispone al respecto que:
"El juez puede en cualquier materia hacer comparecer personalmente a las partes o a
una de ellas."IP/Q4/FRA/1
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El artículo 184 es una medida de instrucción.  Si la parte no comparece cuando el juez ha
ordenado que lo haga, éste puede entonces sacar del hecho todas las consecuencias de derecho.
En materia penal, cuando se abre una información judicial, las partes pueden en todo
momento dar a conocer al juez de instrucción el nombre del abogado que han elegido (artículo 115
del CPP).
13. Con arreglo al artículo 42, las partes estarán facultadas para sustanciar sus alegaciones
y presentar las pruebas pertinentes.  Sírvanse describir cualesquiera limitaciones previstas en
las leyes de Francia la capacidad de una de las partes de sustanciar una alegación o de presentar
pruebas pertinentes y citar las disposiciones legales que establecen dichas limitaciones.
Los procedimientos civiles y penales en Francia son contradictorios.
Así, el artículo 14 del NCPC dispone que:
"Ninguna parte puede ser juzgada sin haber sido oída o citada."Conviene, en este aspecto, recordar los principios expuestos en la respuesta a la
pregunta 9.
Las partes pueden y deben aportar todos los elementos de prueba pertinentes.
No obstante, son posibles limitaciones al principio del juicio contradictorio en el
marco del procedimiento de oficio a instancia de parte, organizado por losartículos 493 y siguientes del NCPC.
Estas medidas sólo pueden pronunciarse en el caso "en que el requirente no pueda por
razones justificadas citar a la parte contraria".
La materia penal se rige por el principio de libertad de las pruebas que deben examinarse
contradictoriamente.
14. En el artículo 42 se estipula, con una pequeña excepción, que deberán preverse medios
para identificar y proteger la información confid encial durante los procedimientos judiciales y
administrativos de observancia de los derechos de propiedad intelectual.  Sírvanse describir los
medios previstos en las leyes de Francia para que las partes identifiquen y protejan la
información confidencial que debe presentarse a fin de probar sus alegaciones y citar lasdisposiciones legales en que se establece dicha identificación y protección.
No existe en Francia ninguna disposición general relativa a la protección de informaciones
confidenciales.  Los poderes generales del juez de los procedimientos de urgencia y el de instrucción
de la causa (cuyos poderes son amplios y que interviene cuando se necesitan medidas de instrucción
antes de devolver el expediente a la vista) permiten adoptar las disposiciones que las partes requieran
a este respecto.
Además, el artículo 435 del NCPC permite al juez decidir en ciertas circunstancias que los
debates se celebren o se continúen en cámara de consejo.
En el marco de este artículo, los debates se desarrollan a puerta cerrada, es decir, sin presencia
de público.IP/Q4/FRA/1
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15. En el párrafo 1 del artículo 43 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que las
autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que una de las partes en un
procedimiento de observancia de los derechos de propiedad intelectual aporte la prueba
pertinente que se encuentre bajo su control y que  haya sido identificada por la parte contraria
cuando esta última haya presentado las pruebas de que razonablemente disponga parasustentar sus alegaciones.  Sírvanse describi r cómo, y en qué condiciones, los jueces y
funcionarios administrativos pueden ordenar que se aporten pruebas pertinentes en los
procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual y citar las disposiciones
legales relativas a dichas órdenes.
Dentro del primer capítulo del NCPC, donde se enuncian las reglas fundamentales aplicables
a todo procedimiento, el párrafo 2 del artículo 11 dispone que:
"Si una de las partes dispone de un elemento de prueba, el juez puede, a instancia de
la otra parte, conminarla a que lo presente, si es necesario, bajo apercibimiento.
Podrá, a solicitud de una de las partes, pedir u ordenar, si es necesario bajo la misma
pena, la presentación de todos los documentos en manos de terceros si no existe
impedimento legítimo."
Además, el subtítulo 1 del título 7 del primer libro del NCPC está consagrado a las probanzas
y a su comunicación (artículos 132 a 142).
Finalmente, el artículo 145 del NCPC que figura dentro del capítulo de las medidas de
instrucción permite en ciertas condiciones al solicitante "conservar o hacer valer antes de cualquier
proceso la prueba de hechos de los que podría depender un litigio".
En materia de propiedad industrial, con excepción de las indicaciones geográficas y las
denominaciones de origen, el titular de derechos puede recurrir a los procedimientos de embargo
mediante descripción y de embargo real presentados en las preguntas 25 y siguientes.
En materia de propiedad literaria y artística, el titular de un derecho puede recurrir igualmente
a los procedimientos de embargo por infracción conforme a los artículos L.332-1 del CPI (derecho de
autor), L.334-4 del CPI (dotación lógica)  y L.335-1 del CPI (derechos conexos).
La ley de 18 de diciembre de 1996 ha inserta do un nuevo artículo L.615-5-1 en el Código de
la Propiedad Intelectual.
Este artículo dispone que:
"Si la patente tiene por objeto un proceso de obtención de un producto, el tribunal
podrá ordenar al demandado que pruebe que el proceso utilizado para obtener un
producto idéntico es diferente del proceso patentado.  Si el demandante no aportara
esta prueba, todo producto idéntico fabricado sin el consentimiento del titular de lapatente se presumirá que se ha obtenido mediante el proceso patentado en los
dos casos siguientes:
a) el producto obtenido mediante el proceso patentado es nuevo;
b) existe una gran probabilidad de que el producto idéntico haya sido obtenido
mediante el procedimiento patentado, cuando el titular no ha podido, a pesarde esfuerzos razonables, determinar cuál ha sido realmente el proceso
utilizado ..."IP/Q4/FRA/1
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Sólo existen disposiciones semejantes en materia de patente de invención y en dos casos
precisos:
- se dispensará al demandante de la carga de la prueba, desde el momento en
que haya simplemente verificado que el presunto infractor fabrica o importa
el producto de que se trate y que éste sea idéntico al producto obtenidomediante el procedimiento patentado.  El reclamante quedará entonces
dispensado de cualquier procedimiento de embargo por infracción, lo que le
permite realizar economías sustanciales;
- cuando el producto no sea nuevo, el titular del patentado recurrirá
probablemente a un embargo por infracción.  Habrá entonces que entender la
expresión "esfuerzos razonables" por la imposibilidad para el titular de la
patente de identificar claramente el proceso aplicado por el presunto infractoren ocasión de dicha incautación.
16. La información cuya aportación puede ordenarse, a que se hace referencia en la
pregunta 15, debe estar protegida si tiene un carácter confidencial.  Sírvanse describir los
medios existentes en las leyes de Francia a fin de proteger dicha información y citar la
disposición legal en la que se establece dicha protección, si esos medios difieren de los que se handescrito en la respuesta a la pregunta 14.
En materia de patentes, el artículo L.615-5-1 del CPI in fine  añade:
"En la producción de la prueba en contra se toman en consideración los intereses legítimos del
demandante para la protección de sus secretos de fabricación y de comercio."
El único límite en cuanto a la producción de la prueba en contrario para el demandado en el
proceso reside en la protección de sus secretos de fabricación y de comercio.
Con todo, conviene conciliar intereses divergentes:  la necesidad para el reclamante de hacer
cesar una perturbación ilícita y el no menos legítimo temor del presunto infractor de ver cómo sus
informaciones confidenciales se transmiten a un competidor.
A fin de proteger los intereses superiores de la nación, cuando una patente es usada para las
necesidades de la defensa nacional por el Estado o uno de sus cocontratantes, la acción civil se inicia
ante la Cámara del Consejo del TGI (artículo L.615-10 del CPI), es decir, sin publicidad de los
debates, de conformidad con el artículo 22 del NCPC que precisa que:  "Los debates son públicos
salvo en los casos en que la ley exija o permita que se celebren en Cámara del Consejo."
17. En el párrafo 2 del artículo 43 se estipula que, en caso de que alguna de las partes
deniegue el acceso a la información que han ordenado las autoridades judiciales o
administrativas, esas autoridades estarán facultadas para formular determinacionespreliminares y definitivas contrarias a dicha parte.  Sírvanse describir qué sanciones puede
imponerse a una parte que se ha negado a aportar la información como se había ordenado y en
qué condiciones se imponen las sanciones mencionadas, citando la disposición legal en que se
prescriben dichas sanciones.
Si el demandado no satisface la presentación de los elementos probatorios que se le reclaman,
el juez podrá sacar todas las consecuencias pertinentes de esta negativa.
Además, el juez dispone en virtud del párrafo 2 del artículo 11 del NCPC (véase la respuesta
a la pregunta 15) de la facultad de ordenar la producción de probanzas bajo apercibimiento.IP/Q4/FRA/1
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En el plano penal, puede dejar de lado una negativa de comunicación de elementos
probatorios mediante un registro y un embargo.  Además, es posible recurrir a la fuerza pública, a
solicitud del procurador de la República o del juez de instrucción contra las personas que rehusen
deponer como testigos.
18. En el párrafo 1 del artículo 44 se estipula que las autoridades judiciales y
administrativas estarán facultadas para ordenar a una parte que desista de una infracción o
para conseguir este resultado de otra manera, entre otras cosas impidiendo que los productos
infractores entren en los circuitos comerciale s de su jurisdicción.  Sírvanse describir la
autoridad de que disponen los jueces y los funcio narios administrativos a que se hace referencia
en la pregunta 1 para ordenar a las partes que desistan de sus infracciones y para impedir que
los productos infractores entren en los circuitos  comerciales de su jurisdicción, inmediatamente
después del despacho de aduana de los mismos.  Además, sírvanse citar las disposiciones legales
por las que se autorizan estas medidas.
a) Facultad de mandar
Las medidas correctivas o sanciones civiles tienen por objeto poner fin a la infracción y
reparar el perjuicio ocasionado.  El juez debe empezar por prohibir la continuación de los
actos infractores.  Los jueces están facultados para acompañar las medidas de prohibición, deapercibimientos a fin de asegurar la ejecución de su decisión.
No obstante, los apercibimientos, que son una forma especial de mandamiento, se producen
mucho más corrientemente en el plano de las medidas provisionales.
No existe ninguna disposición particular en materia de derecho de propiedad intelectual.  Por
consiguiente, son aplicables las disposiciones de derecho común relativas a losmandamientos:  el capítulo primero del título cuarto del NCPC trata de los procedimientos de
mandamiento y, en particular, de los mandamientos conforme a los artículos 1425-1 a 1425-9
del NCPC.
En especial, el artículo 1425-4 del NCPC indica que:
"Si, vistos los documentos producidos, la demanda le parece fundada, el juez dicta un
auto de mandamiento de hacer no recurrible.  Éste fijará el objeto de la obligación, así
como el plazo y las condiciones en las que ésta deba ejecutarse.  El auto menciona
además, el lugar, el día y la hora de la vista en que el asunto se examinará, a menos
que el demandante comunique que el mandamiento ha sido ejecutado."
Según el artículo 1425-7 del NCPC:
"Cuando el mandamiento de hacer se ejecute en los plazos prescritos, el demandante
lo comunicará a la secretaría.  El asunto saldrá entonces de autos.
A falta de esa información, y si el demandante no se presenta a la vista sin motivo justificado,
el tribunal declarará caducado el procedimiento de mandamiento de hacer (...)."
En materia de indicaciones geográficas y de denominaciones de origen, el artículo L.421-3
del Código del Consumo permite a la jurisdicción penal que interviene a solicitud de una
asociación de consumidores, tras haber declarado al imputado culpable "de postergar laimposición de la pena mandándole, bajo apercibimiento en caso necesario, que se ajuste, en
un plazo determinado, a las prescripciones que la jurisdicción determine y que tienen por
objeto hacer cesar la actividad ilícita (...)".IP/Q4/FRA/1
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Existen además medidas provisionales tendentes a suspender las infracciones a los derechos
de propiedad intelectual, que se desarrollarán en la respuesta a la pregunta 25.
b) Medidas para impedir la importación de mercancías infractoras
Toda persona titular de derechos sobre dibujos y modelos industriales, marcas de fábrica y de
comercio y toda persona titular del derecho de propiedad literaria y artística puede pedir ala DNRED retener las mercancías que se sostiene están en infracción.
En materia de derecho de autor, el artículo L.335-2 del CPI prohíbe la exportación y la
importación de obras falsificadas.  Igualmente, el artículo L.335-4 del CPI tipifica como
delito la importación y la exportación de fonogramas y de videogramas realizada sin
autorización del productor y del artista intérprete o ejecutante.
Además, la Ley Nº 94-102 de 5 de febrero de 1994 (reproducida parcialmente en los
artículos L.716-8 a L.716-12 del CPI) ha instituido una prohibición absoluta de importación yde exportación de las mercancías presentadas con una marca falsificada.
Incumbe luego a las autoridades judiciales pronunciarse sobre la oportunidad y la
justificación de esas medidas.
19. En el párrafo 2 del artículo 44 se prevé una excepción a las disposiciones del párrafo 1
con referencia a la utilización por el gobierno, o por terceros autorizados por el gobierno,limitándose el recurso contra la infracción  al pago de una compensación adecuada de
conformidad con lo dispuesto en el apartado h) del artículo 31.  Sírvanse describir las
limitaciones a los recursos de esta clase que existen en las leyes de Francia y citar las
disposiciones legales en que se establecen esas limitaciones.
Esas medidas sólo existen en materia de patentes de invención.
El artículo L.615-10 del CPI dispone que:
"Cuando una invención, objeto de una solicitud de patente o de la patente, se explota
para las necesidades de la defensa nacional por el Estado o sus proveedores,
subcontratistas y titulares de subcontratas, sin que se les haya otorgado una licencia
de explotación, la acción civil podrá iniciarse ante la Cámara del Consejo delTribunal de Gran Instancia.  Éste no podrá  ordenar ni la cesación ni la interrupción
de la explotación ni el decomiso previsto en el artículo L.615-7 …"
20. En el párrafo 1 del artículo 45 se estipula que las autoridades judiciales y
administrativas estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un
resarcimiento adecuado para compensar el daño que  éste haya sufrido debido a una infracción.
Sírvanse describir la autoridad de los jueces y los funcionarios administrativos a que se hace
referencia en la pregunta 1 para ordenar a una parte considerada como infractora que pague altitular del derecho un resarcimiento adecuado pa ra compensar el daño que éste haya sufrido
debido a una infracción.  Sírvanse explicar los fact ores que se tienen en cuenta al fijar el monto
del resarcimiento y citar las disposiciones legales que autorizan las órdenes sobre el pago de
resarcimiento.
Las mismas jurisdicciones son competentes para comprobar la existencia de un acto de
infracción y determinar el perjuicio sufrido.IP/Q4/FRA/1
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No existe ninguna disposición en particular sobre los derechos de propiedad intelectual.  La
indemnización del perjuicio causado por la infracción de derechos de propiedad intelectual se aprecia
según las reglas de la responsabilidad civil que figuran en los artículos 1382 y 1383 del Código Civil.
La doctrina y la jurisprudencia son unánimes en afirmar que la indemnización debe resarcir
todo perjuicio sufrido, pero sólo éste y no el be neficio indebidamente obtenido, que no podría ser
decomisado en provecho de la víctima del acto de infracción.
Como lo recuerda la jurisprudencia, la evaluación de la indemnización entraña dos elementos:
la determinación de la masa infractora y la apreciación del perjuicio sufrido.
Esta evaluación es objeto de la apreciación soberana de los jueces que dirimen el fondo del
asunto.  Pero tampoco los daños y perjuicios no pueden sobrepasar la cuantía solicitada por las partes.
En materia de propiedad literaria y artística, conviene observar que el decomiso debe ser
tenido en cuenta en el cálculo de los daños y perjuicios que se deben a la víctima de la infracción.  Enefecto, el artículo L.335-7 del CPI dispone, en caso de delito de infracción, que:  "el material, los
objetos infractores y las recaudaciones que han dado lugar al decomiso se enviarán a la víctima o a
sus derechohabientes para indemnizarlos de sus perjuicios;   el excedente de su indemnización o toda
ella si no ha habido ningún decomiso material, de objeto infractor o de recaudaciones, se determinará
por las vías ordinarias".
En materia de indicaciones geográficas y de denominaciones de origen, el artículo L.421-7
del Código del Consumo prevé la intervención de una parte ante las jurisdicciones civiles y con miras
a obtener el resarcimiento del perjuicio sufrido.
21. En el párrafo 2 del artículo 45 se estipula que los jueces y los funcionarios
administrativos estarán facultados para ordenar el pago de los gastos del titular del derecho,que pueden incluir los honorarios de los abogados.  Sírvanse describir la autoridad de los jueces
y los funcionarios administrativos a que se hace referencia en la pregunta 1 para ordenar el
pago de los gastos del titular del derecho, las condiciones en que puede dictarse dicha orden, las
condiciones que se tienen en cuenta al fijar el  monto de los gastos, y citar las disposiciones
legales por las que se autorizan dichos pagos.
El título décimo octavo del NCPC (artículos 695 a 725-1) se ocupa de las costas y los costos.
De manera general, la parte que sucumbe es condenada al pago de las costas a menos que el juez
decida otra cosa por decisión especialmente motivada.  La remuneración de los auxiliares de la
justicia (procuradores, alguaciles) no entra en las costas más que si está reglamentada.
Sin embargo, en virtud del artículo 700 del NCPC:
"El juez condenará a la parte obligada a las costas o, en su defecto, a la parte que
sucumba a pagar a la otra la suma que determine en calidad de costos incurridos y nocomprendidos en las costas.  El juez tendrá en cuenta la equidad o la situación
económica de la parte condenada.  Podrá incluso de oficio, por razones derivadas de
las mismas consideraciones, decir que no ha lugar a esta condena."
Los tribunales pueden pues condenar al infractor a pagar al reclamante la totalidad o parte de
los costos de procedimiento no comprendidos en las costas en que éste haya incurrido.
22. En el artículo 46 se estipula que los jueces y los funcionarios administrativos estarán
facultados para ordenar, en ciertas circunsta ncias, otros recursos, en particular que las
mercancías sean apartadas de los circuitos come rciales, o que sean destruidas, así como que seIP/Q4/FRA/1
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destruyan los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la
producción de los bienes infractores.  Sírvanse describir los demás recursos disponibles con
arreglo a las leyes de Francia, las condiciones en que puede ejercerse dicha autoridad, los
factores que se tienen en cuenta al determinar el  carácter de los recursos disponibles, y citar las
disposiciones legales relativas a dichos recursos.
a) Decomiso
Una resolución de la Primera Sala Civil del Tribunal de Casación de 3 de noviembre de 1987
recuerda que sólo se puede ordenar una medida de decomiso "en los casos previstos por la
ley".
En materia de patentes, el artículo L.615-7 del CPI insertado en la sección relativa a las
sanciones civiles dispone que:
"A solicitud de la parte perjudicada, y en cuanto la medida resulte necesaria para
garantizar la prohibición de continuar la infracción, los jueces podrán ordenar el
decomiso, en beneficio del demandante, de los objetos que se reconozcan como en
infracción, que sean de propiedad del infractor en la fecha de entrada en vigor de la
prohibición y, dado el caso, la de los dispositivos o medios especialmente destinados
a la realización de la infracción.
Se tendrá en cuenta el valor de los objetos decomisados en el cálculo de la indemnización
asignada al beneficiario de la condena."
Si se trata de un certificado de obtención vegetal, el artículo L.623-28 del CPI enuncia que:
"El tribunal podrá, a solicitud de la parte perjudicada, decretar en beneficio de ésta el
decomiso de vegetales o partes de vegetales, de elementos de reproducción o demultiplicación vegetativa obtenidos en violación de los derechos del titular de un
certificado de obtención y, dado el caso, la de los instrumentos especialmente
destinados al ciclo de reproducción."
Por el contrario, estas diferentes medidas son de carácter penal en el dominio de los dibujos y
modelos industriales (artículos L.521-3 y L.523-1-1 del CPI), así como en materia de marcas(artículos L.716-8-1 y L.716-14 del CPI).
La jurisprudencia parece, no obstante, admitir que estas medidas pueden ser adoptadas por los
tribunales civiles tanto en materia de dibujos y modelos, como en materia de derecho de
marcas de fábrica o de comercio.
En lo que se refiere a la propiedad literaria y artística, de conformidad con el derecho común,
el juez está facultado para ordenar todas las medidas apropiadas de resarcimiento en especie.
Podrá pues ordenar la destrucción o el apartamiento de las mercancías o cualquier otramedida, como la publicación de las sentencias.
Por otra parte, las jurisdicciones civiles pueden decretar la medida de decomiso instituida en
materia penal para el artículo L.335-6 del CPI.  En efecto, la jurisprudencia admite que esta
medida puede ser ordenada por las jurisdicciones civiles al margen de cualquier sanción
penal.  Las jurisdicciones civiles pueden pues decidir el decomiso de la totalidad o de parte delas recaudaciones obtenidas mediante la infracción, así como la de todos los fonogramas y
videogramas, objetos y ejemplares falsificados o reproducidos ilícitamente y del material
especialmente instalado con miras a la comisión del delito.IP/Q4/FRA/1
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b) Destrucción
La destrucción de las mercancías pretendidamente infractores no está expresamente prevista
en materia de dibujos y modelos industriales y de patentes de invención.
En cambio, en derecho de marcas de fábrica o de comercio, el artículo L.761-15, párrafo 3,
dispone que:
"(El tribunal) podrá igualmente prescribir su destrucción."
23. En el artículo 47 se estipula que los Miembros de la OMC podrán autorizar a los jueces
y a los funcionarios administrativos para que ordenen a los infractores que informen a los
titulares de los derechos sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la
producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de
distribución.  Sírvanse describir toda autoridad de que dispongan los jueces y funcionarios
administrativos con arreglo a las leyes de Francia para ordenar a los infractores que informen alos titulares de los derechos sobre la identi dad de los terceros que hayan participado en la
producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de
distribución, y describir las condiciones en que puede ejercerse dicha autoridad.  Sírvanse citar
las disposiciones legales relativas a dichos recursos.
No se prevé ninguna disposición especial en materia de propiedad intelectual.
Esas medidas no podrían ser adoptadas en esta etapa de procedimiento, ya que resultarían
contrarias a la presunción de inocencia.
De todas maneras, el juez que deba decidir el litigio dispone de las más amplias facultades
para obtener esas informaciones conservando su carácter confidencial.
24. En el párrafo 2 del artículo 48 se permite que los Miembros de la OMC eximan tanto a
las autoridades judiciales como a los funcionarios públicos de las responsabilidades a que
darían lugar medidas correctoras adecuadas sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o
proyectadas de buena fe para cumplir con sus obligaciones conforme a la ley.  Sírvanse explicar
toda exención de las autoridades y funcionarios públicos de la responsabilidad por abuso en los
procedimientos de observancia, describir las circunstancias en que no se aplicarían dichaslimitaciones, y citar las disposiciones legales  con arreglo a las cuales se conceden esas
exenciones.
Para empezar, conviene observar que ninguna autoridad pública podría estar habilitada a
infringir los derechos de propiedad intelectual.
Así, pues, las reglas de derecho común se aplican respecto de una administración pública y de
sus agentes si se hicieran culpables de actos de infracción.
No existe ninguna medida correctiva específica contra los agentes públicos en el caso de una
acción por infracción que fracasase.  Los que actúan en virtud de autos dictados por los tribunales
competentes, así como los agentes públicos que recogen las pruebas, no se tendrán por responsables
más que en casos excepcionales de falta de personal o de servicio, según una jurisprudencia bien
asentada.
La responsabilidad de la administración pública, por su parte, no podrá ser invocada más que
en caso de denegación de justicia o de faltas graves.  Cuando la impugnación se refiere al contenidoIP/Q4/FRA/1
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de una decisión adoptada, la autoridad de la cosa juzgada impide que entre en juego la
responsabilidad, pero abre, por el contrario, las vías de recurso.
En materia de dibujos y modelos industriales, se prevé en el artículo L.521-1 del CPI que el
alguacil que proceda a la descripción detallada, con o sin embargo, de los objetos o documentos
incriminados, en virtud de un acto dictado por el Presidente del Tribunal de Gran Instancia remitirácopia del auto y del acto en que conste el secuestro a los poseedores de los objetos descritos so pena
de nulidad y de daños y perjuicios contra el alguacil.  Estos daños y perjuicios pueden ser reclamados
por el demandante perjudicado por el hecho de que el alguacil no haya respetado las reglas de
procedimiento.
En materia de patentes, el párrafo 2 del artículo L.615-10 prevé que:
"Si un Presidente del tribunal ordena un peritaje o una descripción, con o sin embargo, real
como la prevista en el artículo L.615-5, el funcionario público encargado deberá dejar de ladoel embargo, la descripción y toda búsqueda en los archivos y documentos de la empresa, si el
contrato de estudios o de fabricación entraña una clasificación de seguridad por motivos de
defensa."
Una disposición simétrica se ha transpuesto mutatis mutandis en la esfera de las obtenciones
vegetales en el artículo L.623-30 del CPI:
Medidas provisionales
25. En los párrafos 1 y 8 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales y
administrativas estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y
eficaces destinadas a evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad
intelectual.  Con respecto a cada uno de los derechos de propiedad intelectual determinados enel párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, sírvanse informar acerca de las
medidas provisionales de que se dispone a fin de proteger los derechos de propiedad intelectual.
Sírvanse citar la disposición legal pertinente por la que se establecen estos recursos
provisionales.
a) Propiedad literaria y artística
En materia de propiedad literaria y artística, se pueden ordenar medidas provisorias en el
marco de un procedimiento de embargo por infracción.
- En cuanto a los derechos de autor:
El párrafo 1 del artículo L.332-1 del CPI permite el embargo por parte de los
comisarios de policía o los jueces de instancia "de los ejemplares que constituyan una
reproducción ilícita de la obra".
El párrafo 2 del artículo L.332-1 del CPI prevé también que:"Si el embargo debe tener como efecto retrasar o suspender representaciones o
ejecuciones públicas en curso o ya anunciadas, deberá obtenerse una autorización
especial del Presidente del Tribunal de Gran Instancia por auto dictado a instancia de
parte.  El Presidente del Tribunal de Gran Instancia puede igualmente, de la misma
forma, ordenar:IP/Q4/FRA/1
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1) la suspensión de toda fabricación en curso orientada a la reproducción ilícita
de una obra;
2) el embargo, en cualquier día y hora, de los ejemplares que constituyan una
reproducción ilícita de la obra, ya fabricados o en curso de fabricación, de las
recaudaciones realizadas, así como de los ejemplares ilícitamente utilizados;
3) el embargo de las recaudaciones procedentes de cualquier reproducción,
representación o difusión, por cualquier medio, de una obra del espíritu,
efectuada en violación de los derechos del autor."
- En cuanto a las dotaciones lógicas
El párrafo 1 del artículo L.332-4 del CPI dispone que el embargo por infracción "se
ejecuta en virtud de un auto dictado a instancia de parte por el Presidente del Tribunal
de Gran Instancia".  "El Presidente autoriza, si ha lugar al embargo real".  El párrafo 3permite a los comisarios de policía, a solicitud de cualquier autor de una dotación
lógica protegida o de sus derechohabientes, efectuar un embargo por descripción de la
dotación infractora.
- En cuanto a los derechos conexos
El artículo L.335-1 del CPI dispone que "los agentes de la policía judicial
competentes pueden proceder, una vez comprobadas las infracciones previstas en el
artículo L.335-4 (...), al embargo de los fonogramas y videogramas reproducidos
ilícitamente, de los ejemplares y objetos fabricados o importados ilícitamente y de los
materiales especialmente instalados con miras a esas actividades".
En el marco de una acción por el procedimiento acelerado de derecho común, el juez
de esta vía es competente para prescribir todas las medidas cautelares que se
impongan a fin de prevenir un daño inminente que se pudiera ocasionar al autor.
b) Dibujos y modelos, topografías, certificados de obtención vegetal
No existe ninguna medida de prohibición específica.  No obstante, las facultades generales del
juez de procedimientos acelerados para adoptar medidas de mandamiento se aplican en estasmaterias.
Así, en todos los casos de urgencia, el Presidente del tribunal puede:
- ordenar todas las medidas que no tr opiecen con ninguna impugnación seria;
- incluso en presencia de una impugnación seria, prescribir por vía acelerada las
medidas cautelares o restitutorias que se impongan, sea para prevenir un daño
inminente, sea para hacer cesar una perturbación manifiestamente ilícita.
(artículos 808 y 809 del NCPC, para el Presidente del Tribunal de Gran Instancia, artículos
848 y 849 para el Presidente del Tribunal de In stancia, artículos 872 y 873 para el Presidente
del Tribunal de Comercio).
c) Patentes de invención
No existe ninguna medida provisional de decomiso en materia de patentes.IP/Q4/FRA/1
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El artículo L.615-3 del CPI prevé la adopción de medidas provisionales de prohibición bajo
apercibimiento o la constitución de garantías destinadas a asegurar la indemnización del
titular de la patente, en el caso de continuación de la actividad supuestamente en infracción.
Se trata de medidas adoptadas en forma de proceso acelerado, derogatorias del régimen de
derecho común.
d) Marcas de fábrica o de comercio
Es posible obtener tanto medidas de prohibición como medidas de decomiso.
- Medidas de prohibición provisional:  las prevé el artículo L.716-6 del CPI y
reproducen mutatis mutandis  las prescripciones del artículo L.615-3 del CPI en
materia de patentes.
- Medidas de decomiso:  el artículo L.716-8-1 del CPI prevé, por su parte, el decomiso
por los agentes de la policía judicial, una vez comprobada la infracción de losproductos falsificados y de los materiales que hayan servido para fabricarlos.
Además, en materia de marcas, de indicaciones geográficas y de denominaciones de origen,
son medidas provisionales la consignación judicial o el embargo de las mercancías previstas
por los artículos L.215-5, 215-6, 216-7 y 215-8 del Código del Consumo.
26. En los párrafos 1 y 8 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales y
administrativas estarán autorizadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas
y eficaces destinadas a preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta
infracción.  Sírvanse determinar las medidas provisionales de que se dispone para preservar las
pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción y citar la disposición legal
pertinente.
Existe en materia de propiedad intelectual un procedimiento particular de administración de la
prueba, a saber, el embargo por infracción.  Este procedimiento es autorizado por el Presidente
del TGI mediante auto dictado a instancia de parte.
En materia de propiedad literaria y artística, el embargo por infracción (descrito en las
preguntas 1 y 25) se utiliza principalmente para salvaguardar los elementos de prueba.  Por otra parte,el artículo L.331-2 del CPI prevé que la prueba de la materialidad de toda infracción relativa a un
derecho de propiedad literaria y artística puede, además de las actas de los oficiales o agentes de la
policía judicial, resultar de las comprobaciones de agentes jurados, designados según los casos por el
Centro Nacional de Cinematografía, por las organizaciones profesionales de autores y por las
sociedades de percepción y reparto de los derechos.
En materia de propiedad industrial, el embargo por infracción consiste, ya sea en un embargo
real de muestras, ya sea en un embargo por descripción (artículo L.521-1 del CPI en materia dedibujos y modelos, el artículo L.716-7 del CPI para las marcas, el artículo L.615-5 para las patentes,
el artículo L.623-27 para las obtenciones vegetales).
El Presidente del TGI puede condicionar la autorización de la medida de embargo a la
constitución previa por parte del embargante de una caución, mientras que el embargo injustificado
puede dar lugar al pago de daños y perjuicios a favor del embargado.
La consignación de las mercancías en materia de indicaciones geográficas y de
denominaciones de origen está prevista por el artículo L.215-8 del Código del Consumo.IP/Q4/FRA/1
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27. En los párrafos 2 y 8 del artículo 50 se esti pula que los Miembros podrán facultar a las
autoridades judiciales y administrativas para que adopten medidas provisionales sin haber oído
a la otra parte.  Con respecto a cada uno de los derechos de propiedad intelectual determinados
en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, sírvanse describir brevemente las
circunstancias en que las autoridades judiciales y administrativas están facultadas para adoptar
medidas provisionales sin haber oído a la otra parte y citar la disposición legal pertinente.
El Presidente del Tribunal de Gran Instancia puede llegar a decretar un embargo por
infracción a simple instancia del titular de los derechos.
Este juez se fundará en las circunstancias, vistos los elementos de prueba aportados por el
demandante.
En este campo, es necesario que la ausencia del demandado sea una de las condiciones para el
éxito de la medida solicitada, lo que ocurrirá manifiestamente en el marco del embargo pordescripción y del embargo real.
28. En los párrafos 2 y 8 del artículo 50 se es tipula que las autoridades judiciales y los
órganos administrativos estarán facultados pa ra adoptar medidas provisionales cuando haya
probabilidad de que cualquier retraso cause "d año irreparable" al titular de los derechos.
Sírvanse describir brevemente los elementos que  requieren las autoridades mencionadas en las
respuestas 25, 26 y 27 para establecer la existencia del "daño irreparable" al titular de los
derechos.
Para determinar el perjuicio inminente alegado por el tenedor de los derechos, el Presidente
del Tribunal de Gran Instancia que entienda en una demanda de medida provisional no exigirá del
primero más que la justificación de subtítulo.
29. En los párrafos 2 y 8 del artículo 50 se estipula también que las autoridades judiciales y
los órganos administrativos estarán facultados para adoptar medidas provisionales cuando haya
un "riesgo demostrable de destrucción de pruebas".  Sírvanse describir brevemente qué
factores tienen en cuenta las autoridades comp etentes para determinar si existe un "riesgo
demostrable de destrucción de pruebas".
En materia de preservación de la prueba no se indica explícitamente ninguna mención relativa
al "riesgo demostrable de destrucción de pruebas".
Conviene, entonces, remitirse al régimen general previsto en el artículo 145 del NCPC que
confiere a los Presidentes respectivos de las diferentes jurisdicciones la facultad de diligenciar o
conservar la prueba de hechos antes de ningún litigio, si existe motivo legítimo para ello.
De este modo, en materia de patentes, se ha juzgado que el embargante debe tener acceso a
todos los documentos capaces de contribuir a la prueba de la infracción, pero sólo a estos (TGI PARIS(référé), 22 décembre 89, Annales 90, p. 62).
30. En los párrafos 3 y 8 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales y
administrativas estarán facultadas para exigir al demandante que presente pruebas con el fin de
establecer con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es titular del derecho y
que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción.  Con respecto a cadaderecho de propiedad intelectual definido en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre
los ADPIC, sírvanse describir las pruebas que debe presentar el titular a fin de establecer su
carácter de titular del derecho.IP/Q4/FRA/1
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En materia de patentes , los párrafos 2 y 3 del artículo R.615-1 del CPI estipula que:
"El auto se dicta a simple solicitud y con la representación, de la patente, del certificado
complementario de protección, del certificado de utilidad o del certificado de adición, o bien,
en el caso previsto en el artículo L.615-4, párrafo primero, de una copia certificada conforme
de la solicitud de patente, del certificado complementario de protección, del certificado deutilidad o del certificado de adición.  En este último caso, el reclamante deberá justificar
además que se llenan las condiciones previstas en dicho artículo L.615-4.
Si la solicitud la presenta el concesionario de un derecho exclusivo de explotación o el titular
de una licencia de explotación o el titular de una licencia concedida en virtud de los
artículos L.613-10, L.613-11 o L.613-15, el licitante deberá justificar que se ha llenado la
condición prescrita por el párrafo 2 del artículo L.615-2."
En materia de dibujos y modelos , se pide al solicitante que presente su certificado de registro
(artículo L.521-2, párrafo 1 del CPI).
Por el contrario, ninguna disposición está prevista en materia de marcas, indicaciones
geográficas y denominaciones de origen .
El mismo tipo de información se exigirá antes del inicio de cualquier procedimiento.
Conviene además, remitirse a las disposiciones relativas a la retención de mercancías en
aduanas y más en particular a los documentos que se reclaman al demandante (véase la cuestión 41).
Finalmente, toda cesión de derechos, de concesión de licencia debe, para poderse oponer a
terceros, haber sido notificada al Registro de Dibujos y Modelos, de Patentes y de Marcas.
Si no se acredita esa inscripción, el cesionario o el licenciatario no estará legitimado para
actuar ante los tribunales.
En materia de derecho de autor , el artículo L.113-1 del CPI dispone que:  "la calidad de
autor pertenece, salvo prueba en contrario, a quien o a quienes bajo cuyo nombre se divulga la obra".
Esta disposición instituye una presunción simple de la calidad de autor que beneficia a las personas
físicas así como a las jurídicas.  No existe ninguna disposición específica a este respecto acerca del
procedimiento de embargo por infracción.  De todas maneras, en el caso de que sean competentes, loscomisarios de policía y los jueces de instancia deben verificar la regularidad aparente del título
presentado por el solicitante.  Lo mismo ocurre en los casos en que sea ordenada por el Presidente del
Tribunal de Gran Instancia quien, en virtud de sus facultades de apreciación, puede verificar la
legitimidad de la demanda.
31. En los párrafos 3 y 8 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales y
administrativas estarán facultadas para ordenar que se aporte una fianza o garantía
equivalente para proteger al demandado.  Con respecto a cada derecho de propiedad intelectualdeterminado en el párrafo 2 del artículo 1 de l Acuerdo sobre los ADPIC, sírvanse citar la
disposición legal pertinente por la que se establece una fianza o garantía equivalente.
Para los derechos de autor, el párrafo 3 del artículo L.332-1 del CPI prevé que "el Presidente
del Tribunal de Gran Instancia podrá, en los au tos antes previstos (véanse los casos citados en la
respuesta 25), ordenar la constitución previa por parte del embargante de una caución adecuada".
En propiedad industrial, el Presidente del TGI es el único competente en materia de embargo
por infracción y puede subordinar la medida a la constitución de una fianza:  artículos L.521-1 delIP/Q4/FRA/1
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CPI en materia de dibujos y modelos, L.615-5 y R.615-1 del CPI para las patentes, y L.716-7 del CPI
en la esfera de las marcas.
32. En el párrafo 4 del artículo 50 se estipula que se notificará a las partes cuando se hayan
adoptado medidas provisionales sin haber oído a la otra parte.  Sírvanse describir brevemente
los procedimientos seguidos por cada autoridad que pueda adoptar dichas medidas a fin denotificar a las partes afectadas y señalar el plazo en que debe efectuarse la notificación.
En materia de dibujos y modelos industriales, el párrafo 4 del artículo L.521-2 del CPI
dispone que:
"Se dejará al poseedor de los objetos descritos copia tanto del auto como del acta en la que
conste el depósito de la caución, todo so pena de nulidad y de daños y perjuicios contra el
alguacil."
Por consiguiente, so pena de nulidad, la notificación de los actos de embargo por infracción
debe transmitirse inmediatamente al demandado.
El párrafo 2 del artículo R.615-2 del CPI indica en materia de patentes:
"So pena de nulidad y de daños y perjuicios contra el alguacil, éste deberá, antes de proceder
al embargo, dar copia a los poseedores de los objetos embargados o descritos del auto y, dado
el caso, del acta en que conste el depósito de la caución.  Debe dejarse a los mismosposeedores de los objetos embargados o descritos copia del auto y, dado el caso, del acta en
que conste el depósito de la caución.  Deberá dejarse a los mismos poseedores copia del acta
de embargo."
Con todo, la falta de notificación previa del auto no constituye nulidad de fondo sino de
forma, y dicha nulidad no se produce más que si se prueba un perjuicio en detrimento del demandado.
Ninguna mención ha sido prevista tanto en derecho de marcas como para las denominaciones
de origen y las utilizaciones geográficas.  En estos casos, se aplican las disposiciones generales.
33. En el párrafo 4 del artículo 50 se requiere también que a petición del demandado, se
proceda a una revisión con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o confirmarse las
medidas provisionales.  Sírvanse describir brevemente los procedimientos que debe seguir undemandado para iniciar los procedimientos de revisión ante cada una de las autoridades que
puedan adoptar dichas medidas y precisar el plazo en que deben iniciarse esos procedimientos.
En materia de derechos de autor, el párrafo 1 del artículo L.332-2 del CPI brinda la
posibilidad al embargado o al tercer embargado de solicitar, dentro de los 30 días siguientes a la fecha
del acta de embargo o de la fecha del auto previsto en el artículo L.332-1, al Presidente del Tribunal
de Gran Instancia que "disponga el levantamiento del embargo o el depósito de los efectos, o incluso
autorice la reanudación de la fabricación o de las representaciones o ejecuciones públicas, bajo laautoridad de un administrador constituido en depositario, por cuenta de quien corresponda, de los
productos de esta fabricación o de esta explotación".  De todas maneras, el Presidente del Tribunal de
Gran Instancia puede, estatuyendo por vía acelerada, si accede a la demanda del embargado o del
tercer embargado, ordenar, a costas del demandado, la consignación de una suma afectada a la
garantía de los daños y perjuicios a los que el autor pretenda tener derecho (párrafo 2 delartículo L.332-2 del CPI).
No existen reglas específicas en materia de propiedad industrial.IP/Q4/FRA/1
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Conviene pues remitirse al régimen de derecho común que figura en el NCPC, el cual prevé
en su artículo 496, párrafo 2:
"Si se accede a la solicitud, todo interesado podrá remitirse al juez que dictó el auto."
En la práctica, el demandado debe dirigirse al juez que ha dictado el auto a instancia de parte
y pedirle que lo revoque.  Sólo posteriormente, dicho demandado podrá dirigirse al Tribunal deApelaciones.
El artículo 496 no prevé ningún plazo para recurrir ante el juez que ha dictado el auto, el cual
está facultado para modificarlo o revocarlo, incluso si el juez del fondo del asunto ya entiende en él
(Cass. Civ.  2ème, 26 novembre 1990, Bull 11, Nº 247).
34. En el párrafo 5 del artículo 50 se  estipula que se facultará a las autoridades
competentes para que exijan a los demandantes que presenten cualquier otra información
necesaria para la identificación de las mercancías en relación con las cuales la autoridad debe
poner en ejecución las medidas provisionales.  Sírvanse describir brevemente qué otra
información pueden requerir las autoridades y citar la disposición legal por la que se establece
la base de esa información complementaria.
No hay nada previsto en materia de dibujos y modelos ni de marcas.
Por el contrario, si se trata de patentes, el Presidente del Tribunal de Gran Instancia podrá, en
el marco de un embargo o de una descripción de los productos o servicios infractores, ordenar
medidas complementarias que serán diligenciadas por el alguacil designado en el auto a instancia de
parte.
Así, el párrafo 2, segunda frase, del artículo L.615-5 establece que:
"En el mismo auto, el Presidente del tribunal podrá autorizar al alguacil a proceder a cualquier
constatación útil con vistas a determinar el origen, la consistencia y el alcance de la
infracción."
35. En los párrafos 6 y 8 del artículo 50 se estipula que si el procedimiento conducente a una
decisión sobre el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable, las medidas provisionales
adoptadas por las autoridades competentes se revocarán o quedarán de otro modo sin efecto, apetición del demandado.  Sírvanse indicar las disposiciones pertinentes de las leyes de Francia
por las que se autoriza la revocación o la suspensión de las medidas provisionales si los
procedimientos de revisión no se inician dentro de un plazo razonable y especifiquen lo que
constituye un "plazo razonable" para iniciar los procedimientos.
a) Propiedad literaria y artística
Para los derechos de autor, el artículo L.332-3 del CPI dispone que:
"Si el embargante no recurre a la jurisdicción competente dentro de los 30 días
siguientes al embargo, el Presidente del tribunal actuando en procedimiento de
urgencia podrá ordenar el levantamiento de este embargo a solicitud del embargado o
de un tercero embargado."
Para las dotaciones lógicas, el artículo L.332.4 del CPI prevé la nulidad del embargo por
infracción a falta de emplazamiento o citación dentro de los 15 días siguientes al embargo.IP/Q4/FRA/1
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b) Dibujos y modelos industriales
i) Solicitud probatoria
El artículo L.521-1 del CPI dispone que:
"Si el solicitante no ha actuado judicialmente por la vía civil ni por la
correccional, en el plazo de 15 días, la descripción será ipso facto  nula, a
reserva de los daños y perjuicios."
ii) Procedimiento de urgencia
No se fija ningún régimen en particular.  Hay pues que remitirse al régimen
general de derecho común.
c) Patentes de invención
i) Solicitud probatoria
El artículo L.615-5 del CPI in fine  indica:
"Si el solicitante no ha a actuado ante el tribunal en el plazo de 15 días, el
embargo sea ipso facto  nulo, a reserva de eventuales daños y perjuicios."
ii) Procedimiento de urgencia de prohibición provisional
El párrafo 2 del artículo L.615-3 impone:
"La demanda de prohibición o de constitución de garantías sólo se admite si
la acción sobre el fondo de la cuestión pa rece seria y ha sido interpuesta en un
breve plazo a partir del día en que el titular de la patente tuvo conocimiento
de los hechos sobre los que se funde."
Hay jurisprudencia constante de que el breve plazo a que se refiere este artículo, no
puede ser inferior a algunos meses, ya que, amenos que se actúe con ligereza, esnecesario que el titular de la patente esté en condiciones de verificar las
características de los productos que se alega están en infracción.  Por lo tanto, no debe
considerarse excesivo un plazo de tres meses entre el momento en que el titular de la
patente tuvo noticia de los actos infractores y la fecha de su emplazamiento sobre el
fondo de la cuestión.  (PARIS, 25 octobre 1994, PI BD 95, III,  p. 27)
Hay que observar que el artículo L.615-3 del CPI abre la acción de prohibición
provisional "cuando el tribunal entiende en una acción por infracción".
El respeto de los derechos de la parte demandada y del principio del juicio
contradictorio obligan a que el juez sobre el fondo intervenga lo antes posible.  De
este modo, la ley francesa va más allá del plazo razonable previsto en el párrafo 6 del
artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC haciendo de la acción sobre el fondo un
preliminar.
d) Marcas de fábrica o de comercio
i) Solicitud probatoriaIP/Q4/FRA/1
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El artículo L.716-7 del CPI in fine  dispone que:
"Si el solicitante no ha actuado judicialmente por la vía civil ni por la
correccional, en el plazo de 15 días, el embargo será ipso facto  nulo, a reserva
de los daños y perjuicios que puedan solicitarse."
ii) Procedimiento de urgencia de prohibición provisional
El párrafo 2 del artículo 716-6 impone:
"La demanda de prohibición o de constitución de garantías sólo se admite si
la acción sobre el fondo de la cuestión pa rece seria y ha sido interpuesta en un
breve plazo a partir del día en que el beneficiario de un derecho exclusivo de
explotación tuvo conocimiento de los hechos sobre que aquélla se funde."
Por breve plazo debe entenderse, también en este caso un tiempo razonable que
permita al beneficiario de derecho exclusivo de explotación verificar la realidad de lainfracción.  Es evidente que este plazo no podrá ser menor en relación con el previsto
en materia de patentes.
Como en materia de patentes, la acción de prohibición provisional por el
procedimiento de urgencia sólo podrá plantearse después que el solicitante haya
acudido a la jurisdicción sobre el fondo.
e) Indicaciones geográficas y denominaciones de origen
Incumbe a la autoridad judicial liberar la consignación prevista en el artículo L.215-8 del
Código del Consumo.
36. En los párrafos 7 y 8 del artículo 50 se estipula que las autoridades judiciales y
administrativas estarán facultadas para ordenar al demandante que pague al demandado unaindemnización adecuada por cualquier daño causado por la adopción de las medidas
provisionales cuando dichas medidas hayan sido revocadas o hayan caducado, o cuando se haya
determinado que no hubo infracción o amenaza de infracción.  Sírvanse describir cómo
determinan las autoridades competen tes la "indemnización adecuada".
Las reglas de derecho común de evaluación del perjuicio son aplicables en la materia y se
basan en los artículos 1382 y 1383 del Código Civil.
Es, pues, preciso evaluar en su integridad el perjuicio sufrido, del que no cabe excluir las
ganancias no realizadas como consecuencia de embargos o de decomiso.
En esta óptica, el párrafo 2 del artículo L.615-7 prevé en materia de patentes:
"Se tendrá en cuenta el valor de los objetos decomisados en el cálculo de la indemnización
asignada al beneficiario de la condena."
Prescripciones especiales sobre las medidas en frontera
37. En el artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que los países adoptarán
procedimientos para que el titular de un derecho pueda presentar una demanda con objeto de
que se suspenda la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o
mercancías pirata que lesionan el derecho de autor.  Sírvanse precisar las autoridadesIP/Q4/FRA/1
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competentes de Francia facultadas para recibir demandas de que se suspenda el despacho de las
mercancías de las que se sospecha son causa de una infracción y citar la ley o reglamento
pertinente relativa a dicha autoridad.
A tenor de los artículos L521-7 y L.716-8 del CPI, la administración aduanera puede, a
solicitud escrita, presentada a la Dirección Nacional de Información e Investigaciones Aduaneras(DNRED) por el titular de un derecho sobre un dibujo o modelo industrial registrado o sobre una
marca registrada, o del beneficiario de un derecho exclusivo de explotación, puede retener, en el
marco de sus controles, las mercancías que las personas antes designadas califican de infracción de
dichos dibujos y modelos o de la marca de la que han obtenido el registro o sobre la cual gozan de un
derecho de uso exclusivo.
Igualmente, el artículo L.335-10 del CPI permite a la DNRED, a solicitud escrita del titular de
un derecho de autor y de derechos conexos, retener, en el marco de sus controles, las mercancías queéste pretenda que están en infracción
Además, los artículos R.335-10, R.521-1 y R.716-1 del CPI precisan en términos idénticos
que esta demanda puede presentarse antes de la entrada de la mercancías supuestamente infractoras en
territorio francés.  En ese caso, es válida por un año y puede ser renovada.
En cambio, este tipo de medida está claramente excluido en materia de patentes y tampoco
está previsto en materia de certificados de obtención vegetal ni de topografías de semiconductores.
38. Sírvanse describir los procedimientos que debe seguir el titular de un derecho para
obtener que las autoridades competentes le otorguen protección en frontera, por ejemplo si debe
presentar formalmente una solicitud a la autoridad judicial o administrativa competente, así
como la información que debe contener la solici tud de suspensión del despacho, y citar la ley o
los reglamentos que rigen estos procedimientos.
A fin de establecer la presunción de infracción ante las autoridades aduaneras, el titular de los
derechos de propiedad intelectual debe comunicar:
- en materia de propiedad literaria y artística :  cualquier elemento que permita
identificar la obra o la prestación infringida, así como la descripción de lasmercancías pretendidamente infractoras cuya retención se solicita (artículo R.335-1
del CPI);
- en materia de marcas :  la designación y el número de registro de la marca de que se
trate, así como la descripción de las mercancías pretendidamente infractoras cuya
retención se solicita (artículo R.716-1 del CPI);
- en materia de dibujos y modelos :  el objeto y el número nacional del dibujo o
modelo de que se trate, acompañado de un certificado de identidad expedido por elInstituto Nacional de la Propiedad Industrial, así como la descripción de las
mercancías pretendidamente infractoras cuya retención se solicita (artículo R.521-1
del CPI).
Además, la Orden de 6 de febrero de 1995 precisa que:
"La solicitud dirigida a dicha administración deberá comprender:  (...)IP/Q4/FRA/1
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b) La descripción de las mercancías auténticas, acompañada de los siguientes elementos:
- fotografía de los productos y/o de cualquier otra reproducción gráfica de los
elementos protegidos;
- en la medida de lo posible, una muestra del producto o de los productos;
- la indicación del lugar o los lugares de fabricación de las mercancías;  el
nombre de las empresas autorizadas para importar las mercancías.
c) La descripción de las mercancías supuestamente infractoras acompañada, en la
medida de lo posible, de los siguientes elementos:
- fotografía o cualquier otra reproducción gráfica;
- una muestra del producto o los productos;
- el país o los países de origen y/o de procedencia;
- nombre y dirección de los fabricantes, los distribuidores, los destinatarios o
los importadores;
- el modo de transporte utilizado;
- llegado el caso, una copia de las decisiones judiciales  ya indicadas en materia
de infracción del derecho invocado por el titular."
39. Sírvanse explicar de qué procedimientos, permitidos con arreglo al artículo 51 del
Acuerdo sobre los ADPIC, se dispone para impedir la exportación de mercancías que se
sospecha son causa de infracciones en materia de derechos de autor y/o marcas de fábrica o de
comercio.
Desde la Ley Nº 94-102 de 5 de febrero de 1994, existe en materia de derecho de marcas una
prohibición absoluta de importación o exportación de mercancías presentadas con una marca defábrica o de comercio falsificada (artículos L.716-8 a 12 del CPI).
Igualmente, en materia de propiedad literaria y artística, el párrafo 3 del artículo L.335-2
del CPI prohíbe la importación o la exportación de obras falsificadas.
El artículo L.335-4 del CPI castiga toda importación o exportación de fonogramas o
videogramas realizados en fraude de los derechos del productor o del artista intérprete o ejecutante.
En lo que se refiere a los dibujos y modelos industriales, no existe ninguna disposición
expresa análoga.
No obstante, en virtud del principio de la unidad del arte, los dibujos o modelos pueden gozar
de la protección otorgada en concepto de propiedad literaria artística.
40. En el artículo 52 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que el titular de un derecho
que desee suspender la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio
falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor presentará pruebas a lasautoridades competentes de que existe presunción de infracción de su derecho a una marca deIP/Q4/FRA/1
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fábrica o de comercio o de su derecho de au tor.  Sírvanse explicar qué pruebas pueden
demostrar la presunción de infracción en Francia.
Interesa al demandante dar el máximo de informaciones que permitan identificar rápidamente
las mercancías infractoras:
- designación comercial de la o las mercancías auténticas, descripción del derecho,
lugar de fabricación de los productos y empresas autorizadas a fabricar, importar y
comercializar.  Se deberá acompañar, en la medida de lo posible, fotografías,
grabados de catálogos o muestras de las mercancías auténticas y de las que se
sostiene que están en infracción;
- información sobre las mercancías que se sostiene que están en infracción, para
permitir una comparación con las auténticas.
Estas informaciones no son taxativas.De esta manera, la DNRED dispondrá de elementos probatorios para pronunciarse sobre la
realidad de los actos pretendidamente infractores.
41. En el artículo 52 se estipula también que el titular de un derecho ofrecerá "una
descripción suficientemente detallada de las mercancías" cuyo despacho debe suspenderse.
Sírvanse explicar lo que se exige del titular del derecho en Francia para que la descripción queofrece sea "suficientemente detallada".
Véase la respuesta a la pregunta 40.
42. En el artículo 52 se estipula que las autoridades competentes comunicarán al titular del
derecho, dentro de un plazo razonable, si han aceptado su demanda.  Sírvanse explicar dentro
de qué plazo la autoridad competente responde a una solicitud de suspensión del despacho delas mercancías y, en caso de que se acepte su  demanda, el plazo en que se adoptará la medida
coercitiva.
El plazo razonable previsto por el artículo 52 se aprecia caso por caso.
El Reglamento Nº 3295/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, directamente aplicable
en los Estados miembros de la Unión Europea, dispone en su artículo 3.5 que:
"El servicio aduanero competente al que se haya presentado una solicitud formulada con
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 tramitará dicha solicitud e informará inmediatamente
por escrito al solicitante acerca de su resolución.
En caso de que acepte la solicitud, fijará el período de intervención de las autoridades
aduaneras.  Este período podrá ser prorrogado, a petición del titular del derecho, por el
servicio que haya adoptado la decisión inicial."
En aplicación de este Reglamento, se prevé en el artículo 4 de la Orden de 6 de febrero
de 1995 que la Dirección Nacional de Información e Investigaciones Aduaneras instruya la demanda e
informe al demandante o a su mandatario del curso que se le dará.
En la práctica, la demanda de retención debe redactarse por escrito y presentarse al servicio
especializado (DNRED).IP/Q4/FRA/1
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Este servicio debe verificar que la demanda del titular vaya acompañada de todos los
documentos que deben obligatoriamente acompañarla, así como el compromiso del demandante de
comunicar todo cambio de los elementos que han motivado su demanda y, en particular, la pérdida de
su derecho.
La DNRED instruye a continuación el expediente e informe, sin demora, por escrito al
demandante del curso que ha de seguir su solicitud
Conforme al artículo 5 del Decreto, la demanda de retención de mercancías es válida durante
un año, revocable por simple carta dirigida por el demandante o su mandatario.
43. En el párrafo 1 del artículo 53 se estipula que las autoridades competentes estarán
facultadas para exigir al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sean
suficientes para proteger al demandado e impedir abusos.  Sírvanse verificar si las autoridades
competentes antes mencionadas están facultadas pa ra exigir una fianza o garantía equivalente y
citar las disposiciones legales o los reglamentos que les otorgan esta facultad.
El artículo 3.6 del Reglamento antes citado prevé en especial que:
"Cuando la solicitud haya sido aceptada, o cuando se hayan adoptado las medidas de
intervención (...) en aplicación del apartado 1 del artículo 6, los Estados miembros podrán
exigir que el titular del derecho constituya una garantía destinada a:
- cubrir, en su caso, su responsabilidad frente (...) a las personas a las que
concierna una operación de las mencionadas en la letra a) del apartado 1 del
artículo 1, en caso de que se interrumpa el procedimiento iniciado en
aplicación del apartado 1 del artículo 6, debido a un acto o a una omisión del
titular del derecho o en caso de que posteriormente se compruebe que lasmercancías no son mercancías con usurpación de marca o mercancías piratas;
 - garantizar el pago del importe de los gastos en los que se haya incurrido con
arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento como consecuencia de
haberse mantenido las mercancías bajo control aduanero en aplicación del
artículo 6."
En el derecho interno, no existe ninguna disposición expresa que exija al demandante que
constituya una caución previa a toda operación de retención en aduana.
Sin embargo, el demandante está obligado a recurrir, en un plazo de 10 días, a las
jurisdicciones civiles o penales para poder mantener las retenciones efectuadas.
Ahora bien, estas jurisdicciones disponen de la facultad de obligar al demandante a prestar
caución para prevenir cualquier perjuicio que pueda sufrir el presunto infractor.
44. En el párrafo 2 del artículo 53 se esti pula que el propietario, el importador o el
consignatario de mercancías que comporten dibujos o modelos industriales, patentes, esquemas
de trazado o información no divulgada, cuyo despacho haya sido suspendido por las autoridades
aduaneras, tendrá derecho, en ciertas condiciones, a obtener que se proceda al despacho de
aduanas de las mismas previo depósito de una fianza por un importe que sea suficiente para
proteger al titular del derecho en cualquier caso de infracción.  Sírvanse determinar qué formasde propiedad intelectual, si las hubiere, están sujetas a las disposiciones del párrafo 2 del
artículo 53 y citar las disposiciones de la ley o reglamentos pertinentes.IP/Q4/FRA/1
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El artículo 7 párrafo 2 del Reglamento CE dispone que:
"Cuando se trate de mercancías de las que se sospeche que lesionan derechos relativos a
dibujos o modelos, el propietario, el importador o el destinatario de las mercancías tendrá la
facultad de obtener el levante o la suspensión de la retención de las mercancías de que se
trate, mediante el depósito de una garantía, siempre que:
- la oficina o el servicio de aduanas (...) hayan sido informados, en el plazo
indicado acerca del recurso ante la autoridad competente para resolver sobre
el fondo;
- a la expiración de dicho plazo, la autoridad habilitada no haya adoptado
medidas cautelares;   y
- se hayan cumplido todas las formalidades aduaneras."
Con todo, las personas a que se refiere este artículo deberán dar caución a fin de prevenir
cualquier perjuicio que pudiera causarse al solicitante como consecuencia de este despacho para libre
circulación de mercancías de las que se sostiene que están en infracción.
45. En el artículo 54 se estipula que se notificará prontamente al importador y al
demandante la suspensión del despacho de las mercancías.  Sírvanse especificar el plazo en el
cual la autoridad competente debe notificar que se ha suspendido el despacho de las mercancías.
Tanto el artículo L.335-10 del CPI como los artículos L.521- 7 y L.716-8 del CPI prevén que
los servicios aduaneros informen sin demora al demandante, así como el declarante o el poseedor de
las mercancías de la retención a la que aquéllos han procedido.
Así, cuando el servicio aduanero ejecuta la retención de las mercancías litigiosas, debe:
- notificar oficialmente al demandante la ejecución de esta retención.- informar simultáneamente de esta operación al Procurador de la República
territorialmente competente, el declarante o el poseedor de las mercancías.
Las informaciones deben transmitirse, lo más rápidamente posible, por correo o por facsímil.
46. En el artículo 55 se establece claramente que el titular de un derecho que solicita la
suspensión del despacho de las mercancías infractoras debe iniciar un procedimientoconducente a una decisión sobre el fondo ante la autoridad apropiada en un plazo razonable o
bien se procederá al despacho de las mercancías.  Sírvanse indicar las autoridades ante las
cuales un demandante/una parte puede iniciar un procedimiento sobre el fondo del caso que
permita a las autoridades aduaneras suspender el despacho de las mercancías durante más de
10 días hábiles.
En el artículo L.335-10 del CPI, así como en los artículos L.521-7 y L.716-8 del CPI, se prevé
que las medidas de retención se levantarán ipso facto  si el demandante, en el plazo de 10 días hábiles
a partir de la notificación de la retención de las mercancías, no acredita ante los servicios aduaneros:
- medidas cautelares decididas por el Presidente del Tribunal de Gran
Instancia, oIP/Q4/FRA/1
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- haber recurrido a la vía civil o a la vía correccional y haber constituido las
garantías necesarias para cubrir su eventual responsabilidad en caso de que la
infracción no sea después reconocida.
47. En el artículo 55 se estipula que se procederá a una revisión en un plazo razonable, a
petición del demandado, con objeto de decidir si las medidas de suspensión deben modificarse,revocarse o confirmarse mientras se llega a un resultado del procedimiento sobre el fondo.
Sírvanse indicar la autoridad que está facultada para llevar a cabo esa revisión, describir el
procedimiento utilizado y  citar la ley o los reglamentos aplicables.
En función del procedimiento seguido, el poseedor de las mercancías incautadas puede
entonces apelar de las medidas adoptadas a su respecto ante la jurisdicción civil (formación colegial o
Presidente del Tribunal de Gran Instancia), o represiva, competente para decidir.
48. En el artículo 56 se estipula que las autoridades estarán facultadas para ordenar al
demandante que indemnice a la parte por cualquier daño causado por la retención infundada
de las mercancías.  Sírvanse indicar las autoridades que pueden ordenar al demandante que
pague al importador, al consignatario y al propietario de las mercancías una indemnización por
el daño causado por la retención infundada de las mercancías o por la retención de las que se
hayan despachado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55, y citar la ley y losreglamentos aplicables.
Incumbe a los jueces que entienden en el fondo de la cuestión pronunciarse sobre la cuantía
del perjuicio sufrido por el poseedor de las mercancías supuestamente infractoras.
No existe ninguna disposición particular a los derechos de propiedad intelectual.  La
indemnización del perjuicio causado por la infracción se aprecia según las reglas de la responsabilidadcivil expresadas en los artículos 1382 y 1383 del Código Civil.
No obstante, se prevé que el Presidente del Tribunal de Gran Instancia que ordena los
embargos por infracción, puede ordenar que el embargante constituya una caución adecuada
(artículo L.332-1 del CPI) o imponer al demandante (artículo L.521-1 del CPI) la obligación de
indemnizar al demandado del que injustamente se requiera que haga o deje de hacer.
En materia de marcas, el artículo L.716-5 del CPI presenta las mismas características.
En cambio, el juez de procedimientos de urgencia no es competente para adoptar una medida
definitiva, como la de fijar la cuantía del perjuicio (dicho juez sólo podrá acordar una providencia
revisable en cuanto a su principio y su monto:  párrafo 2 del artículo 809 del NCPC, y los párrafos 2
del artículo 849 y 2 del artículo 873 del NCPC para el caso específico de los dibujos y modelos).
49. En el artículo 57 se estipula que las autoridades competentes estarán facultadas para
dar al titular del derecho oportunidades para que haga inspeccionar, con el fin de fundamentarsus reclamaciones, las mercancías retenidas.  Sír vanse explicar cómo se da al titular del derecho
oportunidades para que haga inspeccionar las me rcancías sospechosas que han sido retenidas
por las autoridades aduaneras.
El párrafo 2 del artículo 6 in fine  del Reglamento CE otorga a la oficina de aduana la facultad
de permitir al demandante y a las personas a las que concierna una operación de retención demercancías que inspeccionen las mercancías retenidas.
En derecho francés, el titular de los derechos de propiedad intelectual dispone siempre de la
posibilidad de solicitar al Presidente del Tribunal de Gran Instancia la designación de un alguacil conIP/Q4/FRA/1
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el fin de realizar las operaciones de descripción y de embargo previstas en los artículos L.521-1,
L.615-5 y L.716-7.
En la práctica, la oficina de aduana concede al demandante o a su representante la posibilidad
de examinar las mercancías retenidas.
El servicio puede proceder a la extracción de muestras de las mercancías litigiosas con miras
a facilitar la continuación del procedimiento, a solicitud del representante del titular.
50. En el artículo 57 se estipula también que, cuando la decisión sobre el fondo del asunto
sea favorable al titular del derecho, las auto ridades competentes podrán asimismo estar
facultadas para comunicar al titular del d erecho información acerca del importador, el
consignador y el consignatario.  Si las autoridades competentes de Francia pueden comunicar
información relativa al importador, el consignador y el consignatario al titular del derecho
sírvanse explicar cómo se proporcionan al de mandante las informaciones acerca de los nombres
y direcciones de los consignadores, importadores y consignatarios y de la cantidad de las
mercancías de que se trata, después de haberse adoptado una decisión positiva sobre la
infracción, es decir, si las autoridades comu nican automáticamente la información o lo hacen
previa presentación de una solicitud por escrito de l titular del derecho, etc.  Sírvanse citar la ley
o los reglamentos relativos a estas facultades.
El párrafo 3 del artículo 83 del Reglamento CE habilita a la oficina aduanera a comunicar al
titular del derecho, cuando éste así lo solicite, los nombres y direcciones del expedidor, del
importador o del exportador y del fabricante de las mercancías con usurpación de marca o mercancías
piratas, así como la cantidad de esas mercancías.
En el derecho interno, el artículo L.335-10 del CPI, al igual que los artículos L.521-7 y
L.716-8 del CPI disponen en los mismos términos que:
"A los efectos de la iniciación de las acciones judiciales previstas en el párrafo precedente, el
demandante podrá obtener de la administración aduanera la comunicación de los nombres y
direcciones del expedidor, del importador y del destinatario de las mercancías retenidas o de
quien las detente, así como de su cantidad, pese a lo dispuesto en el artículo 59 bis del Código
de Aduanas en relación con el secreto profesional que deben guardar los agentes de la
administración aduanera."
51. En el artículo 58 se especifican los procedimientos que deben seguirse cuando las
autoridades competentes pueden actuar de oficio.  Sírvanse explicar si las autoridades
competentes de Francia están facultadas para ac tuar de oficio y, en caso afirmativo, determinar
las esferas de propiedad intelectual en las que puede llevarse a cabo una actuación de oficio.
En virtud del Reglamento CE, el servicio de aduanas puede, en derecho de marcas de fábrica
o de comercio, actuar de oficio cuando resulte evidente que las mercancías son mercancías con
usurpación de marca o piratas.
En ese caso, las autoridades aduaneras informan al titular del derecho si se conoce, del riesgo
de infracción.
Las autoridades aduaneras pueden retener las mercancías durante un plazo de tres días para
que el titular del derecho pueda presentarles una solicitud de intervención (artículo 4 del Reglamento).
En el derecho interno, la administración aduanera puede actuar por iniciativa propia
únicamente en la esfera del derecho de marcas de fábrica o de comercio (artículo L.715-9 b del CPI),IP/Q4/FRA/1
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en el marco de los controles aduaneros efectuados sobre el conjunto del territorio o en el del control
de las mercancías sometidas a limitaciones de circulación en el interior de la Comunidad Europea
(artículo 38, párrafo 4 del Código de Aduanas).
Es preciso además exponer cuáles son las facultades conferidas en lo que se refiere a las
medidas provisionales.
El levantamiento parcial del secreto profesional que deben guardar los agentes de aduanas,
acerca de los elementos descritos en la respuesta a la pregunta 50, no es aplicable cuando la
administración actúa por propia iniciativa.
En este marco de actuación, no se informará a los titulares de las marcas más que de las
cantidades globales incautadas por tipos de artículo (Circular del Guardasellos de 21 de marzo
de 1995, Nº CRIM-95-9, relativa a la lucha contra la usurpación de marcas de fábrica o de comercio).
Igualmente, la DGCCRF goza de facultades para actuar de oficio en materia de derecho de marcas, envirtud de la Ley Nº 89-1008 de 31 de diciembre de 1989.
Además, el artículo L.215-1 del Código del Consumo confiere, en los casos de no
conformidad y de falsificación o fraude sobre la naturaleza, la composición (...) o el origen de los
productos, poderes de investigación y de comprobación de las infracciones en la materia,
especialmente a los agentes de la DGCCRF, a los oficiales de la policía judicial y a los agentes delEstado habilitados y comisionados.
52. En el artículo 59 se determinan los recursos  que deban estar disponibles, entre los cuales
la destrucción o apartamiento fuera de los circ uitos comerciales de las mercancías infractoras.
Sírvanse explicar lo que está permitido por ley en Francia en cuanto a las mercancías
infractoras, es decir si la ley permite la destru cción, el apartamiento o ambas cosas.  Sírvanse
citar la ley o los reglamentos pertinentes.
El párrafo 1 del artículo 8 del Reglamento CE habilita a los Estados miembros a proceder a la
destrucción de las mercancías reconocidas como mercancías con usurpación de marca o mercancías
piratas o colocarlas fuera de los circuitos comerciales de tal forma que se evite causar un perjuicio al
titular del derecho y sin ningún gasto para el erario.
53. Sírvanse determinar:
a) la autoridad competente que decide cómo se dispondrá de las mercancías, es
decir, si las mercancías serán destruidas o apartadas de los circuitos
comerciales;  y
b) la autoridad competente que procede a la destrucción o apartamiento de las
mercancías.
Los tribunales que se pronuncien sobre la realidad de la infracción de las mercancías pueden
ordenar su destrucción o su apartamiento de los circuitos comerciales y designar a la autoridad que ha
de proceder a ello.
54. En el artículo 60 se permite a los Miembros que excluyan de la aplicación de las
disposiciones sobre la observancia en frontera las pequeñas cantidades de mercancías que no
tengan carácter comercial y formen parte del equi paje personal de los viajeros o se envíen en
pequeñas partidas.  Sírvanse describir lo que constituye, con arreglo a las leyes de Francia una
importación insignificante que está excluida de las medidas en frontera.IP/Q4/FRA/1
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El artículo 10 del Reglamento CE excluye de su ámbito de aplicación las mercancías
desprovistas de carácter comercial contenidas en el equipaje personal de los viajeros dentro de los
límites establecidos para la concesión de franquicias aduaneras.
La Ley Nº 94-102 de 5 de febrero de 1994 desecha toda noción de insignificancia para el
delito de usurpación de marcas.
En consecuencia, el dispositivo penal francés no prevé ningún límite a la aplicación de la ley
en función de la calidad de la persona de que se trate ni de la cantidad, el valor o el destino de las
mercancías que transporte.
En tales condiciones, las mercancías en infracción contenidas en pocas cantidades en los
equipajes personales de los viajeros, utilizadas con fines no comerciales, pueden ser sometidas al
mecanismo de la retención sobre la base de los artículos L.335-10, L.521-7 o L.716-8 del CPI, según
el derecho de que se trate.
Procedimientos penales
55. En el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que los Miembros
establecerán procedimientos y sanciones penales, en particular la pena de prisión y/o la
imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias, al menos para los casos de
falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho deautor a escala comercial.  Sírvanse describir las disposiciones legales de Francia que cumplen
con esta obligación y citar los textos pertinentes.
a) Derechos de propiedad literaria y artística
El artículo L.335-2 del CPI castiga con dos años de prisión y una pena de multa de 1 millón
de francos:  "la infracción en Francia respecto de obras publicadas en Francia o en elextranjero".
Las disposiciones que definen la infracción en materia de derecho de autor son el párrafo 1
del artículo L.335-2 y el artículo L.335-3 del CPI.
En materia de derechos conexos, los párrafos 1 y 2 del artículo L.335-4 del CPI castigan con
las mismas penas "toda fijación, reproducción, comunicación o puesta a disposición delpúblico, a título oneroso o gratuito, o toda teledifusión de una prestación, de un fonograma, de
un videograma o de un programa, realizada sin autorización, cuando ésta se requiere, del
artista intérprete o ejecutante, del productor de fonogramas o de videogramas o de la empresa
de comunicación audiovisual".
El párrafo 4 del artículo L.335-4 del CPI castiga con una pena de multa de 1 millón de francos
"la falta de pago de la remuneración debida al autor, al artista intérprete o ejecutante o al
productor de fonogramas o  de videogramas a título de copia privada o de la comunicaciónpública, así como de la teledifusión de los fonogramas".
El artículo L.335-9 del CPI duplica las penas aplicadas en caso de reincidencia en las
infracciones definidas en los artículos L.335-2 a L.335-4 del CPI o si el delincuente está
vinculado por acuerdo con la parte perjudicada.
El artículo L.335-8 prevé, en lo que se refiere a los delitos antes citados, la responsabilidad
penal de las personas jurídicas e instituye dos tipos de sanciones:IP/Q4/FRA/1
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- la multa, remitiéndose al artículo L.131-38 del Nuevo Código Penal, que prevé que la
pena máxima de multa en que pueden incurrir las personas jurídicas es de un monto
correspondiente "al quíntuplo de lo previsto para las personas físicas por la ley que
reprime la infracción", para el caso 5 millones de francos;
- las penas mencionadas en el artículo L.131-39 del Nuevo Código Penal.Además, el artículo L.335-5 prevé, en caso de comisión de actos de infracción, la posibilidad
de cierre de los establecimientos donde se hayan cometido esos delitos.
b) Dibujos y modelos industriales
Los artículos L.521-4 y L.521-6 del CPI prevén una pena de prisión de dos años que se
duplica en caso de reincidencia o si el delincuente está o estuvo vinculado con la parte
perjudicada.
Los artículos L.521-4 a L.521-6 del CPI fijan una multa de un monto de 1 millón de francos,
que se duplica en caso de reincidencia o si el delincuente está o estuvo vinculado con la parte
perjudicada.
Los párrafos 2 y 3 del artículo L.521-4 estipulan, en caso de comisión de actos de infracción,
la posibilidad de clausura de los establecimientos en que se cometan esos delitos.
En caso de reincidencia, además de la duplicación de las penas, el párrafo 2 del
artículo L.521-6 del CPI prevé que "los culpables podrán ser privados durante un tiempo que
no exceda de cinco años del derecho de elección y de elegibilidad para los Tribunales de
Comercio y de Industria y las cámaras de oficios, así como para los consejos paritarios".
En virtud del artículo L.521-5, se puede declarar a las personas jurídicas responsables de
actos de infracción.  Las penas de multa en que éstas pueden incurrir son cinco vecessuperiores a las previstas para las personas físicas.
c) Marcas de fábrica o de comercio
Los artículos L.716-9 y siguientes del CPI reproducen, para las marcas, todas las
disposiciones antes descritas en materia de dibujos y modelos industriales, relativas a las
penas de prisión, de multa y de cierre de establecimiento y a la reincidencia.
Además, el artículo L.716-13 del CPI prevé, por su parte, la posibilidad de que el tribunal
ordene la exposición al público y la publicación de la sentencia.
El artículo L.716-11-2 del CPI reproduce las disposiciones del artículo L.521-5, relativas a la
imputación de actos de infracción a personas jurídicas.
d) Patentes de invención
Los delitos de infracción se castigan con dos años de prisión y/o una pena de multa
de 1 millón de francos, en virtud del artículo L.615-14 del CPI.  En caso de reincidencia, o siel delincuente está o ha estado vinculado por contrato con la parte perjudicada, se duplican las
penas en que se incurra (artículo L.615-14-1 del CPI).
e) Certificados de obtención vegetalIP/Q4/FRA/1
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Según el artículo L.623-32 del CPI, en caso de reincidencia en materia de infracción de una
obtención vegetal certificada, además de la pena de multa más adelante descrita, se puede
imponer una pena de seis meses de prisión.
f) Indicaciones geográficas y denominación de origen
El artículo L.213-1 del Código del Consumo prevé que se castigará con dos años de prisión y
una pena de multa de hasta 25.000 francos o una de estas dos únicamente, a todo aquél que,
sea o no parte en un contrato, haya engañado o tratado de engañar al cocontratante, por
cualquier medio, incluso mediante la intervención de un tercero, sobre la naturaleza, la
especie, el origen, las calidades sustanciales, la composición o la proporción de principios
útiles de cualquier mercancía.
El artículo L.213-5 del Código del Consumo dispone que se considerará en estado de
reincidencia legal a todo aquel que, habiendo sido condenado a penas correccionales enaplicación de los capítulos II a VI del presente título o de los textos enumerados a
continuación, en los cinco años siguientes a la fecha en que esta condena adquirió carácter de
definitiva, haya cometido un nuevo delito comprendido en la aplicación de los capítulos II
a VII del presente título o de los textos enumerados a continuación:  el libro II y la parte
reglamentaria del Código del Consumo (en particular, el artículo R.215-2 en que se basan lascomprobaciones de los agentes).
Las infracciones a las reglas de facturación o hechos que entrañen publicidad engañosa o
fraude, sancionados con el levantamiento de un acta, pueden perfectamente mencionarse en
apoyo de un expediente de infracción.
Además, el artículo L.115-8 del Código del Consumo hace referencia a "toda persona que
pretenda que una denominación de origen se aplica en perjuicio suyo, directo o indirecto, y
contra su derecho (...).  La misma acción corresponderá a los sindicatos y asociaciones
regularmente constituidas, desde por lo menos seis meses, en cuanto a los intereses que tiene
por objeto defender (...).  El artículo L.115-12 del mismo código dispone que:  "toda persona
y los sindicatos y asociaciones que llenen las condiciones de duración e interés previstas en elartículo L.115-8 podrá intervenir en la instancia".
El artículo L.115-17 del mismo código prevé que:  "las personas, los sindicatos y las
asociaciones mencionados en los dos primeros párrafos del artículo L.115-8 que pretendan
haber sido lesionados por el delito previsto en el artículo L.115-16 podrán constituirse en
parte civil con arreglo a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal".
El artículo L.421-1 del Código del Consumo indica que:  "las asociaciones regularmente
declaradas que tengan por objeto estatutario explícito la defensa de los consumidores podrán,si se aprueban para estos fines, ejercer los derechos reconocidos a la parte civil en relación
con hechos que causen un perjuicio directo o indirecto al interés colectivo de los
consumidores (…)".  Según el artículo L.421-7 del mismo código, "las asociaciones
mencionadas en el artículo L.421-1 podrán intervenir ante las jurisdicciones civiles (...)
cuando la demanda inicial tenga por objeto la reparación de un perjuicio sufrido por uno ovarios consumidores en razón de hechos no constitutivos de infracción penal".
56. En el artículo 61 se estipula asimismo que, cuando proceda, entre los recursos
disponibles figurarán también la confiscación, el  decomiso y la destrucción de las mercancías
infractoras y de todos los materiales y acce sorios utilizados predominantemente para la
comisión del delito.  Sírvanse explicar las disposiciones de las leyes de Francia en que seIP/Q4/FRA/1
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prescriben estas sanciones, describir las condiciones en que pueden imponerse y citar los textos
legales pertinentes.
a) Propiedad literaria y artística
El párrafo 1 del artículo L.335-6 permite, en caso de infracción de los derechos de la
propiedad literaria y artística, el decomiso de todo o parte de las recaudaciones obtenidasmediante la infracción, así como el de todos los fonogramas, videogramas, objetos y
ejemplares infractores o reproducidos ilícitamente y del material especialmente instalado con
miras a perpetrar el delito.
b) Dibujos y modelos industriales
Los artículos L.521-3 y L.521-3-1 del CPI disponen medidas de decomiso, incluso en caso de
puesta en libertad del demandado, de los objetos que infrinjan los derechos y, en caso de
condena, "de los instrumentos que hayan servido especialmente para la fabricación de losobjetos incriminados".
c) Marcas de fábrica o de comercio
A tenor del artículo L.716-8-1 del CPI, "los agentes de la policía judicial pueden proceder,
tras comprobar las infracciones previstas en los artículos L.716-9 y L.716-10 al embargo de
los productos fabricados, importados, detentados, puestos en venta, entregados osuministrados ilícitamente y de los materiales especialmente instalados con miras a esas
actividades".  El artículo L.716-14 del CPI autoriza al tribunal a ordenar que los productos
decomisados se entreguen al propietario de la marca objeto de infracción sin perjuicio de los
daños y perjuicios, o que sean destruidos.
57. En el artículo 61 se indica también que los Miembros podrán prever la aplicación de
procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción dolosa de derechos de
propiedad intelectual.  Sírvanse describir toda disposición de las leyes de Francia que prescriba
dichos procedimientos y sanciones y citar los textos legales pertinentes.
a) Propiedad literaria y artística
En materia de derecho de autor el artículo L.335-2 del CPI tipifica como delito distinto de la
infracción, el "expendio, la importación y la exportación de obras falsificadas y los sanciona
con una pena de dos años de prisión y 1 millón de francos de multa.  Se castigan con las
mismas penas las importaciones o exportaciones de fonogramas o de videogramas realizados
en fraude de los derechos de los productores o de los artistas intérpretes y ejecutantes
(párrafo 2 del artículo L.335-4 del CPI).
Por otra parte, la complicidad en la infracción y su encubrimiento se reprimen conforme a los
principios generales del derecho penal.
b) Patentes de invención
Cuando una solicitud de patente se hace pública antes de que el Ministerio de Defensa haya
dado su autorización o antes de expirar un plazo de cinco meses a contar desde la fecha de
presentación de la solicitud y cuando esta violación del procedimiento ha ocasionado un
perjuicio a la defensa nacional, puede imponerse una pena de prisión de cinco años(artículo L.615-13 del CPI).IP/Q4/FRA/1
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La violación de este mismo procedimiento en lo que se refiere a solicitudes internacionales de
patente o solicitudes de patente europea puede ser objeto de la misma pena
(artículos L.615-15 y L.616-16 del CPI).
La pena de multa que se puede imponer es de 1 millón de francos, duplicable en caso de
reincidencia.
El hecho de valerse indebidamente de la condición de propietario de una patente o de una
solicitud de patente puede castigarse con una multa de 50.000 francos, y del doble en caso de
reincidencia en un plazo de cinco años (artículo L.615-12 del CPI).
La violación del procedimiento prevista en los artículos L.612-9 y L.612-10 del CPI
(salvaguardia de los intereses de la defensa nacional) puede castigarse con una multa
de 30.000 francos, incluso cuando la violación no ha ocasionado perjuicio a la defensa
nacional (artículo L.615-13 del CPI).
La violación de este mismo procedimiento en lo que se refiere a solicitudes internacionales de
patente o solicitudes de patente europea se castiga con una multa de 40.000 francos
(artículos L.615-15 y L.615-16 del CPI).
c) Certificados de obtención vegetal
El artículo L.623-34 del CPI indica que "quien haga valer indebidamente la condición de
propietario de un certificado o de una solicitud de certificado de obtención vegetal será
castigado con una multa de 10.000 francos.  En caso de reincidencia (en el plazo de
cinco años), la multa podrá duplicarse [...]".
Por otra parte, se prevé una pena de prisión, de una duración de cinco años, en el caso en que
la obtención objeto de una solicitud de certificado de obtención vegetal se haga pública o seexplote antes del plazo de cinco meses a contar desde la fecha de presentación de la demanda
y cuando esta violación del procedimiento haya ocasionado perjuicio a la defensa nacional
(artículo L.623-35 del CPI).
El artículo L.623-35 del CPI prevé, por su parte, en caso de violación del procedimiento en
las etapas orientadas a proteger los intereses de la defensa nacional, una pena de multade 30.000 francos (que sólo se acumula con la pena de prisión antes evocada cuando esta
violación ha ocasionado perjuicio a los intereses de la defensa nacional).
58. En el artículo 61 se estipula que las sanciones penales deben ser suficientes para tener
efectos disuasorios al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de
comercio o de piratería lesiva del derecho de autor.  Sírvanse explicar en qué forma las
sanciones previstas en las leyes de Francia cumplen con esta obligación.
Este último punto se relaciona más bien con los fundamentos mismos del derecho penal.
Cabe, sin embargo, observar que el infractor perseguido en el plano penal no podrá abstenerse
de asistir a la vista oral del tribunal presentando una carta de representación.  En efecto, estas últimas
sólo son posibles en aplicación del párrafo 1 del artículo 411 del Código de Procedimiento Penal,
únicamente cuando la pena en que se incurra sea estrictamente inferior a dos años de prisión, cosa que
no ocurre en materia de propiedad industrial.
Además, la ley de 5 de febrero de 1994, inserta en el Código de la Propiedad Intelectual, tiene
como consecuencia un agravamiento a 1 millón de francos de las penas de multa establecidas paraIP/Q4/FRA/1
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todos los derechos de propiedad intelectual (la pena de multa en materia de dibujos y modelos
industriales estaba anteriormente fijada en 500.000 francos).
El carácter disuasorio de esta pena parece ser efectivo:  la cuantía elegida se sitúa a mitad de
camino entre las previstas por el Código Penal para  el hurto simple, por una parte (artículo 311-3 del
Nuevo Código Penal:  300.000 francos) y el encubrimie nto simple o el abuso de confianza, por la otra
(artículos 311-1 y 321-5 del Código Penal:  2,5 millones de francos).
Además, la legislación francesa prevé que la infracción de marca de fábrica o de comercio es
igualmente constitutiva de un delito aduanero (artículos 38, párrafo 1 y 38, párrafo 4 del Código de
Aduanas).  La pena de multa en que incurre el contraventor puede oscilar entre una y 10 veces el valor
de las mercancías infractoras (artículo 414 del Código de Aduanas).
[Preguntas complementarias formuladas por los Estados Unidos]
1. Sírvanse suministrar información estadística relacionada con la observancia por vía
civil de los derechos de autor, marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas,
dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado de circuitos integrados y secretos
comerciales para cada uno de los años 1996 y 1997, inclusive el número de casos archivados;
mandamientos expedidos;   productos infractores incautados;   equipo infractor incautado;
casos resueltos (inclusive mediante transacción);   y la cuantía de los daños y perjuiciosadjudicados.
Las autoridades francesas están evidentemente dispuestas a aportar elementos de respuesta de
carácter estadístico por lo que se refiere a las decisiones de las jurisdicciones francesas en materia de
propiedad intelectual.
Con todo, a fin de aportar elementos de respuesta precisos a las preguntas planteadas en el
marco del Consejo de los ADPIC, las autoridades francesas han iniciado una reflexión sobre los
medios y los procedimientos destinados a llevar a buen fin ese estudio.
Las autoridades francesas mantendrán informado al Consejo de los ADPIC sobre la evolución
de su acción en este dominio.
2. Sírvanse suministrar información estadística relativa a la observancia por vía penal en
la esfera de la piratería contra el derecho de autor y la infracción de marcas de fábrica o de
comercio para cada uno de los años 1996 y 1997, inclusive el número de redadas, inculpaciones
y condenas, y la cuantía de las multas y/o la duración de las penas de prisión (inclusive si las
multas se pagaron y si las condenas a prisión se cumplieron realmente o fueron objeto de
suspensión) y toda otra información que demuestre que su sistema penal funciona eficazmente
para disuadir la piratería contra el derecho de autor y la falsificación de marcas de fábrica o de
comercio.
Véase la respuesta a la pregunta complementaria 1 de los Estados Unidos
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