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BOLETÍN DE COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE 
 
 
PRESS/TE/021 
19 de diciembre de 1997 
 
 
EL COMITÉ DE COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE DE LA OMC SE CONGRATULA DE  
LA REUNIÓN DE INFORMACIÓN CON LAS SECRETARÍAS DE VARIOS ACUERDOS 
MULTILATERALES SOBRE MEDIO AMBIENTE, EXAMINA LOS PUNTOS 
RELATIVOS A LAS VINCULACIONES ENTRE EL PROGRAMA 
MULTILATERAL DEL MEDIO AMBIENTE Y EL PROGRAMA 
MULTILATERAL DEL COMERCIO,  AL COMERCIO DE 
SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, A LAS RELACIONES 
CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
E INTERGUBERNAMENTALES Y 
ADOPTA EL INFORME DE 1997 
  El Comité de Comercio y Medio Ambiente de la  OMC se reunió los días 22 a 24 de septiembre y 24 
y 25 de noviembre de 1997 bajo  la presidencia del Embajador  de Finlandia Björn Ekblom. 
 
 En su reunión de los días 22 a 24 de septiembre, el Comité invitó a las secretarías de varios acuerdos multilaterales sobre medio ambiente y m ecanismos financieros multilaterales a informar a 
los Miembros sobre los aspectos comerciales de lo s respectivos acuerdos y m ecanismos.  Siguiendo el 
"enfoque por grupos" adoptado a comienzos de año (véase el Boletín de Comercio y Medio Ambiente 
Nº 17 ), las delegaciones examinaron los puntos del or den del día relacionados con las vinculaciones 
entre el programa multilateral del medio ambiente y el programa multilateral del comercio, a saber, 
los puntos 1, 5, 7 y 8.  Algunas delegaciones pidieron  que se examinaran también los puntos 2, 3 y 6.  
El Comité otorgó la condición de observador al Sistema Económico Latinoamericano (SELA). 
  Los días 24 y 25 de noviembre el Comité se reuni ó para tratar los puntos 9 y 10 y adoptar su 
informe anual al Consejo General de la OM C correspondiente a 1997.  Los Estados Unidos 
presentaron un nuevo documento sobre los beneficios  para el medio ambiente que podían resultar de 
la liberalización del sector de servicios.  En la reunió n también se habló de los puntos 1, 5, 6 y 8.  El 
informe de 1997 del Comité se ha  publicado por separado en el Boletín de Comercio y Medio 
Ambiente Nº 20 . 
 
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CONTINÚA  Este Boletín resume los debates que han teni do lugar en el Comité de Comercio y Medio 
Ambiente durante las reuniones de septiembre y noviembre.  Reunión del Comité de Comercio y Medio Ambien te celebrada los días 22 a 24 de septiembre 
de 1997 
 
Puntos 1 y 5 La relación entre las disposiciones de l sistema multilateral de comercio y las medidas 
comerciales adoptadas con fines ambientales, en particular en virtud de acuerdos 
multilaterales sobre medio ambiente;  y la relación entre los mecanismos de solución 
de diferencias del sistema multilateral de co mercio y los previstos en los acuerdos 
multilaterales sobre medio ambiente 
 
 Los Miembros mostraron su satisfacción por los documentos presentados y por las correspondientes alocuciones hechas por las secretar ías de los acuerdos multilaterales sobre medio 
ambiente y los mecanismos financieros
1, y manifestaron su deseo de que haya otras presentaciones de 
esta clase en el futuro.  Los Miembros también saludaron con satisfacción un documento preparado 
por la Secretaría de la OMC sobre la solución de  diferencias en el marco del GATT/OMC en relación 
con el artículo XX del GATT.   Entre las delegaciones que subrayaron la im portancia de que haya más diálogo entre los 
responsables de las políticas de comercio y medio ambiente figuran Nueva Zelandia, Canadá, los 
Estados Unidos, Australia y las CE.  Muchas delega ciones reiteraron también la importancia de una 
coordinación nacional a este respecto.   Las CE, Egipto, Marruecos, Nigeria, Argentin a y otros Miembros dijeron que las medidas 
positivas son importantes en el contexto de los acu erdos multilaterales sobre medio ambiente, y que 
las medidas comerciales son sólo una parte de las que pueden tomarse.  Además, Australia dijo que 
esos acuerdos tienen la función de desarrollar direct rices técnicas, proveer asistencia técnica, facilitar 
la transferencia de tecnología y mejorar las capacid ades nacionales para hacer frente a los problemas 
ambientales.   Las Comunidades Europeas reiteraron su compro miso con los principios defendidos en su 
documento no oficial de fecha 19 de febrero de 1996 y señalaron la necesidad de encontrar soluciones 
para dar cabida en la OMC a las medidas comerc iales adoptadas en aplicación de los AMUMA.  Las 
necesarias salvaguardias, sobre todo para los Es tados que no fueran parte en los AMUMA, ya 
figuraban en el preámbulo al artículo XX, que ex cluía el uso de medida s comerciales con fines 
proteccionistas, así como su aplicación arbitraria o di scriminatoria.  Las CE dijeron que no aceptarían 
el establecimiento de un marco relativo al uso de  medidas comerciales en los AMUMA que fuera más 
restrictivo que las actuales normas de la OMC.   Aunque la protección del medio ambiente no se 
mencionara explícitamente en el artículo XX, las me didas ambientales podían justificarse en virtud de 
los apartados b) y g) del artículo XX.  No obstant e, mientras que el procedimiento de solución de 
diferencias estaba contribuyendo  a ofrecer posibilidades de dar cabida en la OMC a las medidas 
comerciales relacionadas con el medio ambiente, est e asunto debía ser aborda do también directamente 
                                                      
1  Las secretarías cuyos representantes presentar on documentos son las siguientes:  Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, Convenio de Basilea sobre el 
Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, Protocolo de Montreal y Fondo para el Medio Ambiente Mundial.  La  secretaría de la Convenci ón Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático no pudo participar en  la reunión, pero envió una declaración.  Se pueden 
obtener ejemplares de los documentos presentados solicitándolos a la División de Comercio y Medio Ambiente, Secretaría de la OMC, y se puede accede r a ellos a través de  http:/www.wto.org. 
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CONTINÚA en el Comité.  A este respecto, el Japón, Canadá , las CE y Nigeria afirmaron que no bastaban los 
aspectos juridicotécnicos, sino que hacían falta decisiones políticas. 
  El Japón, Nueva Zelandia y Corea sugirieron que el trabajo sobre las relaciones entre la OMC 
y las medidas comerciales de los AMUMA debía b asarse en el enfoque diferenciado, tomando en 
consideración que los AMUMA son la forma deseable de cooperación para tratar las cuestiones 
transfronterizas o ambientales a escala mundial.  El Japón opinó que, al dotar de cierta previsibilidad el recurso a las medidas comerciales en aplicaci ón de los AMUMA, la OMC evitaría restricciones 
comerciales unilaterales.  En general, los objeti vos de los AMUMA deberían difundirse y todos los 
países interesados deberían poder participar en ellos. 
 
 Suiza dijo que el artículo XX había sido inte rpretado caso por caso, lo cual había producido 
cierta incertidumbre jurídica entre los negocia dores de los acuerdos multilaterales sobre medio 
ambiente.  Las excepciones del artículo XX podían in vocarse como un derecho, siguió diciendo Suiza, 
señalando a la vez que las obligaciones del preámbulo preveían sanciones en caso de mala utilización 
de tales excepciones.  En opinión de Suiza, el objetivo de los grupos especiales no era examinar las 
excepciones del artículo XX no invocadas por la parte demandada debido al carácter limitado y condicional de las excepciones, sino debido al princi pio general de economía j udicial del derecho.  
Suiza manifestó sus reservas respect o a la interpretación que dieron los grupos especiales a la idea de 
que las medidas contempladas en el apartado b) de l artículo XX sólo eran necesarias si no podían 
aplicarse otras medidas menos incompatibles co n el GATT (las medidas menos restrictivas del 
comercio). 
  Hong Kong, China dijo que los apartados b) y g) del artículo XX eran mutuamente 
excluyentes, pues establecían distin tas normas jurídicas.  El apartado b) establecía el requisito de la 
"necesidad", mientras que el apartado g) estipulaba que una medida estuviera "relacionada con" un 
objetivo expuesto.  Si hubiera un solapamiento en el alcance de ambos, el apartado b) del artículo XX 
habría caído en desuso, ya que los Miembros deseos os de apelar al artículo XX preferirían la norma 
menos estricta del apartado g) del artículo XX.  El Brasil dijo que el ámbito jurídico de la OMC podía 
bastar para tratar los asuntos ambientales relacionados con el comercio.   Los Estados Unidos dijeron que la experienci a había demostrado que, en algunos casos, las 
medidas comerciales eran el mejor instrumento disp onible para alcanzar los objetivos de los acuerdos 
multilaterales sobre el medio ambiente, pero que, si n embargo, esto debería determinarse caso por 
caso.  Poniendo como ejemplo el asunto Atún II, lo s Estados Unidos dijeron que el artículo XX podía 
usarse para medidas que traten pr oblemas ambientales ubicados fuera de l territorio o la jurisdicción de 
un país.  Las Comunidades Europeas dieron una argumentación parecida.  Otros miembros dijeron 
que no compartían esta opinión. 
  La ASEAN dijo que el alcance del artículo  XX no permitía el uso de medidas comerciales 
unilaterales para proteger recursos ambientales extr ajurisdiccionales;  que el artículo XX exigía a los 
Miembros que adoptaran las medidas menos restri ctivas del comercio que tuvieran a su alcance, 
aplicándolas de manera no discriminatoria;  que el cr iterio de la necesidad estipulado en el párrafo b) 
del artículo XX establecía límites a la utilización de medidas comerciales con objetivos de política 
general pública;  y que la jurispr udencia de la OMC no permitía restricciones a la importación basadas 
en las diferencias de las políticas ambientales o de los procesos y métodos de producción. 
  Egipto dijo que el artículo XX no abarcaba ac ciones unilaterales tendientes a lograr objetivos 
ambientales, y que la carga de la prueba recaía en  el Miembro que invocaba tales medidas.  Deberían 
evitarse acciones unilaterales relativas a problemas ambientales fuera de la jurisdicción del país 
importador.  Las medidas comerciales aplicadas a prob lemas ambientales transfronterizos o mundiales  PRESS/TE/021 
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CONTINÚA deberían basarse en la cooperación internacional si empre que fuera posible.  Nueva Zelandia dijo que 
las medidas unilaterales deberían tratarse sobre la base de las disposiciones existentes de la OMC. 
  Otro Miembro opinó que, dada la complejidad de este punto, no habría que dar por supuesto 
que la reestructuración de la vertiente jurídica de las medidas comerciales en la OMC resolvería los 
problemas sustantivos de los AMUMA.  Dijo que era necesario definir qué se entiende por 
un AMUMA.  Marruecos y otros dijeron que habría que abordar los conceptos de necesidad, eficacia 
y proporcionalidad de las medidas comerciales a fin de hallar una solución.   Noruega planteó las siguientes preguntas:  a) respecto a la relación entre las Partes y los 
países que no son partes a los efectos del principio de nación más favorecida, ¿debía un Miembro de 
la OMC que no fuera parte en un AMUMA ser tratado como si fuera parte de él, siempre que hubiera actuado de conformidad con las disposiciones de l AMUMA?;  y b) respecto a la solución de 
diferencias, ¿deberían las pruebas correspondientes al  artículo XX, como la prueba de la necesidad, 
efectuarse en la OMC o en el AMUMA, una vez seleccionada la medida?  La esencia de la cuestión 
era cómo proteger a los Estados que no eran parte en un AMUMA.  Había que aclarar cómo serían 
tratadas en la OMC las medidas comerciales adopt adas en los AMUMA sobre la base de métodos de 
elaboración y de producción no referidos a los prod uctos.  Si se establecía un régimen especial en 
la OMC, había que determinar cuáles de los AM UMA reunían las condiciones necesarias para el trato 
especial, tomando en consideración las cuestiones de especificidad de las medidas comerciales y la 
participación y apertura de los AMUMA. 
 
Punto 7  La cuestión de la impor tación de mercancías cuya venta está prohibida en el país de 
origen 
 
 Las delegaciones saludaron con satisfacción un documento preparado por la Secretaría de 
la OMC que examina la información disponible en la OMC sobre la exportación de mercancías cuya 
venta está prohibida en el país de origen.2 
  Nigeria recordó la decisión del GATT de 1982 , reafirmada en 1984, de que las Partes 
Contratantes notifiquen las mercancías cuya venta esté pr ohibida en el país de origen.  Nigeria estaba 
de acuerdo con el análisis presentado en el docum ento de la Secretaría donde se indicaba que las 
notificaciones de obstáculos técnicos al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias, así como el 
sistema de notificaciones sobre restricciones cuantita tivas, no contenían mucha información sobre las 
mercancías cuya venta está prohibida en el país de  origen.  Las notificacion es de obstáculos técnicos 
al comercio pocas veces se ocupaban de las exportaci ones, y el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio (Acuerdo OTC) no estaba concebido para  facilitar información sobre la producción interna 
destinada a la exportación.  Nigeria propuso que el Comité de Comercio y Medio Ambiente pidiera a 
los Miembros que reanudaran la notificación de las me rcancías cuya venta está prohibida en el país de 
origen con arreglo a la Decisión del GATT de 1982.   Egipto apoyó a Nigeria en cuan to a la necesidad de reactivar el sistema de notificaciones de 
las mercancías cuya venta está prohibida en el país  de origen.  Egipto, Marruecos y las CE dijeron que 
para reactivar el sistema hacía falta una defi nición precisa de los productos incluidos.  Las 
Comunidades Europeas dijeron que, aunque algu nas categorías de productos cuya venta está 
prohibida en el país de origen estaban sujet as ya a disciplinas internacionales, un sistema de 
notificaciones de la OMC podía actuar como una "r ed de seguridad" para las exportaciones de 
                                                      
2 Se pueden obtener ejemplares de este documento (WT/CTE/W/43) solicitándolos a la División de 
Comercio y Medio Ambiente, Secretaría de la OMC, y se puede acceder al mismo a través de http:/www.wto.org. PRESS/TE/021 
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CONTINÚA mercancías cuya venta está prohibida en el país de  origen procedentes de Miembros de la OMC que 
no eran partes en otros acuerdos relativos a esas me rcancías.  Varias delegaciones dijeron que hacía 
falta elaborar el formato de las notificaciones.   El Japón dijo que la notificación sobre mercancí as cuya venta está prohibida en el país de 
origen debía basarse en un formato diseñado especi almente para esas mercancías, pero la definición 
inadecuada de los productos comprendidos no lo perm itía.  Para ayudar a definir las mercancías cuya 
venta está prohibida en el país de origen, el  Japón proponía que se utilizaran las categorías que 
figuraban en el documento de la Secretaría.  Pa ra tener un sistema de notificaciones amplio de las 
mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen, era preciso que los Miembros que 
notificaban supieran qué información deseaban  conocer los países importadores sobre esas 
mercancías.  Los ejemplos de problemas reales relativos a dich as mercancías podrían mejorar la 
capacidad de los Miembros para  notificar información útil. 
  Los Estados Unidos dijeron que la existenc ia de normas nacionales y su aplicación efectiva 
era la forma más importante de protección de los paí ses en desarrollo contra productos no deseables.  
El Canadá, el Japón y las Comunidades Europeas dijeron que era necesario crear la capacidad para abordar el desarrollo eficaz y la aplicación efectiva de  las normas nacionales, ya que ello constituye la 
forma más importante de protección para los países en desarrollo.  El Japón llamó la atención sobre la 
falta de solicitudes de asistencia técnica.  A este r especto, las CE y otros se refirieron al artículo 11 del 
Acuerdo OTC sobre asistencia técnica. 
 
 Los Estados Unidos pusieron en duda que sean  débiles las prescripciones de notificación de 
las mercancías cuya venta está prohibida en  el país de origen, recogidas en el 
documento WT/CTE/W/43, y el hecho de que las notif icaciones de obstáculos técnicos al comercio y 
las restricciones cuantitativas no faciliten informac ión sobre si el país notificante prohibe las 
exportaciones.  Lo importante era que los países supieran si un Miembro había descubierto que un 
producto suponía un grave riesgo para la salud o la  seguridad.  Aunque un país hubiera prohibido la 
exportación de ese producto, era posible que otros países exportadores consideraran que los riesgos 
detectados no suponían el mismo peligro y perm itieran su venta en el mercado interno y la 
exportación.  Por lo tanto, la utilidad de saber que  un país notificante había prohibido un producto era 
limitada, puesto que ese producto podía también pr oceder de otros países y podía crear una falsa 
sensación de seguridad. 
  El Canadá dijo que la cuestión de las mercan cías cuya venta está prohibida en el país de 
origen debía contemplarse también en el cont exto de los AMUMA, puesto que sería negociado o 
estaba en proceso de negociación un elevado núm ero de AMUMA donde se abordarían cuestiones 
relativas a esas mercancías.  Con arreglo a los re glamentos técnicos canadienses en esta esfera, 
parecería que prácticamente todas las mercancías cuya  venta está prohibida en el país de origen tienen 
repercusión en el comercio y entrarían en las notif icaciones de obstáculos técnicos al comercio o de 
medidas sanitarias y fitosanitarias.  Punto 8  Las disposiciones pertinentes del Acue rdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
 
 Un Estado Miembro presentó una nueva comuni cación que abordaba la relación entre el 
Acuerdo sobre los ADPIC y los acuerdos multilate rales sobre el medio ambiente (AMUMA) que 
preveían obligaciones relacionadas con los derechos de  propiedad intelectual, en concreto el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica.  Este Convenio y el Acuerdo sobre los ADPIC estaban estrechamente 
relacionados, y por consiguiente de berían debatirse en el Comité de Comercio y Medio Ambiente los 
dos aspectos siguientes:  a) la relación entre la s disposiciones del Conve nio y el Acuerdo sobre  PRESS/TE/021 
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CONTINÚA los ADPIC;  y b) la forma de armonizar cualquier discrepancia que hubiera, siguiendo las 
orientaciones del Convenio o con el objetivo de la c onservación de los recursos biológicos.  Para 
favorecer el objetivo del Convenio de compartir beneficios, el Acuerdo sobre los ADPIC podría 
incluir la obligación de que los titulares de las pa tentes concierten acuerdos de transferencia de 
materiales y de transferencia de información en el  caso de conocimientos tradicionales que sean de 
dominio público o formen parte de conocimientos accesibles al público, como forma específica de 
propiedad intelectual.  El Comité podría examinar  también un sistema de pr otección mediante patente 
de los conocimientos autóctonos y de las i nnovaciones locales contemporáneas de los grupos 
tradicionales.  
 Colombia estimó que la relación entre el Acue rdo sobre los ADPIC y el medio ambiente era 
importante, en particular su compatibilidad con el Convenio sobre la Diversidad Biológica y su 
relación con la transferencia de tecnología y la  protección de los conocimientos adquiridos por las 
comunidades tradicionales.  El Grupo Andino, constituido por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela, aprobó en julio de 1996 la Decisión Andi na 396 sobre el acceso a los recursos genéticos.  
La Decisión tenía por objetivo facilitar las condicion es para la participación equitativa y activa en los 
beneficios resultantes del acceso a los recursos gené ticos en los países andinos;  establecer una base 
para el reconocimiento y la valoración de los r ecursos genéticos y sus componentes intangibles;  y 
fomentar la conservación y la utilización sostenible de  la diversidad biológica que contenía recursos 
genéticos.  La Decisión daba a l as comunidades tradicionales el derecho a decidir sobre sus propios 
conocimientos, innovaciones y prácticas asociados con los recursos genéticos.  Colombia estaba en 
proceso de aplicar esta Decisión y de determinar la s condiciones del primer contrato de acceso a los 
recursos genéticos.  Varios Miembros se congr atularon de que Colombia pudiera mostrar una 
experiencia nacional propia en torno a cuestiones relacionadas con este punto.   Los Estados Unidos recordaron que el párra fo 5 del artículo 16 del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, donde se pide a las Partes  que cooperen para vela r por que esos derechos 
apoyen los objetivos del Convenio, se había negociado en la CNUMAD.  El Acuerdo sobre 
los ADPIC, negociado posteriormente, había tomado en consideración las obligaciones del párrafo 5 
del artículo 16 del Convenio y había abarcado todos lo s tipos de derechos de propiedad intelectual.  
Aunque el nuevo documento presentado ante el Com ité señalaba la necesidad de armonizar el 
Acuerdo sobre los ADPIC con el Convenio, lo s Estados Unidos no veían que hubiera ninguna 
discrepancia.  Se había indicado que el Acuerdo sobre los ADPIC podía modificarse para contribuir a 
la consecución de los objetivos del Convenio.  A est e respecto, cabía considerar qué cambios en los 
Acuerdos de la OMC favorecerían a la Convenci ón del Cambio Climático o al Convenio sobre 
Consentimiento Fundamentado Previo.  Sería más inte ligible la propuesta acerca de los conocimientos 
autóctonos si hubiera una indicación, como la de Co lombia, de los mecanismos vigentes para asegurar 
la protección y recompensa de los conocimientos au tóctonos.  Dijeron también que el Acuerdo sobre 
los ADPIC se basaba en los planteamientos nacional es de las cuestiones relativas a los derechos de 
propiedad intelectual.   La ASEAN apoyó la opinión de que en el Acuerdo sobre los ADPIC no se trataba la necesidad de compartir en forma justa y equitativa los beneficios de la protección mediante patente y 
la explotación comercial de los recu rsos genéticos.  Esto resultaba pertinente para el Comité, en 
particular a la luz del apartado j) del artículo 8 del Convenio sobre la Diversidad Biológica.  
La ASEAN también sostenía que era necesario que el Comité examinase las cuestiones relacionadas con el párrafo 5 del artículo 16 del Convenio y la insistencia del mismo en la necesidad de compartir 
con los países en desarrollo los beneficios de  la utilización de la diversidad biológica. 
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CONTINÚA  Varios Miembros acogieron con agrado el docum ento de la secretaría del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica
3, que identificaba diversas cuestiones de interés para el Comité de Comercio y 
Medio Ambiente, incluida la necesidad de cooper ación entre la OMC y el Convenio.  Aunque las 
opiniones diferían en alcance y contenido y en la mane ra de proceder para abordarlas, dijo el Canadá, 
esto no debería impedir que prosigui eran los debates y los estudios empíricos.  Varias delegaciones, 
entre las que figuraban Noruega y las Comunida des Europeas, dijeron que era importante la 
coherencia entre la elaboración y la interpretación de los diferentes instrumentos relacionados con los 
derechos de propiedad intelectual, y que la interpretación de un acuerdo no debía socavar la 
interpretación de otros.  Las CE, Noruega y el Ca nadá dijeron que la rela ción entre ambos Acuerdos 
debería seguir examinándose en el Comité en c ooperación con la secretaría del Convenio y teniendo 
en cuenta su labor sobre el acceso a los recursos  genéticos y sobre la aplicación del apartado j) del 
artículo 8.  Señalaron que la decisión III/ 17 del Convenio proporcionaba ideas para estudios 
posteriores y que la secretaría del mismo podía enviar regularmente al Comité los resultados 
actualizados de su trabajo.  
 El Canadá dijo que se estaban llevando a cabo conversaciones entre el Gobierno del Canadá y 
grupos autóctonos sobre cuestiones como:  a) la idone idad de los regímenes de propiedad intelectual 
en vigor para proteger los conocimie ntos tradicionales;  b) mecanismos  alternativos a los sistemas de 
propiedad intelectual, como los códigos de conduc ta relacionados con el acceso a los conocimientos 
tradicionales;  y c) la distribución equitativa de lo s beneficios resultantes de su utilización.  El Canadá 
había observado la pertinencia de dicho diálogo a propósito de los bosques.  Debían conseguirse 
pruebas empíricas de las consecuencias de los derechos  de propiedad intelectual en la conservación de 
la diversidad biológica, y debían distribuirse me diante el mecanismo de intercambio de información 
del Convenio los resultados de la investigación n acional sobre cuestiones relativas a la propiedad 
intelectual.  Los posibles temas de debate en el Comité  eran:  a) la internalización de los costos de la 
conservación y utilización sostenible de la diversid ad biológica en la agricultura;  b) subvenciones 
para prácticas agrícolas que respeten la diversidad  biológica;  y c) liberalización comercial y erosión 
genética.   El Canadá dijo que su política normativa no di stinguía entre productos obtenidos por medios 
convencionales o por biotecnología;  lo importante era la incidencia del producto final en los objetivos 
reglamentarios.  El Canadá tenía una activa industria de biotecnología que seguía desarrollando 
productos innovadores.  Algunos productos agrícol as necesitaban menos plaguicidas y, por 
consiguiente, eran más respetuosos con el medio ambiente que los cultivos convencionales.  A este 
respecto, era importante que las Partes en las ne gociaciones sobre la seguridad de la biotecnología 
reflexionaran sobre los derechos de propiedad intel ectual, así como sobre los obstáculos técnicos al 
comercio y las medidas sanitarias y fitosanitarias  (por ejemplo, las evaluaciones científicas del 
riesgo).  El Canadá, entre otros países, había no tificado reglamentos técnicos relacionados con los 
organismos genéticamente modificados, en el  marco del Acuerdo OTC.  Las restricciones 
científicamente injustificadas contra productos genéticamente modifica dos podían no solamente 
repercutir en las oportunidades existentes de ac ceso a los mercados, sino también perjudicar la 
capacidad de ejercer los derechos de propiedad intelectual.  
 La Argentina dijo que había dos cuestiones que el Comité podía examinar sin tener que 
debatir cambios en el Acuerdo sobre los ADPIC.  En primer lugar, el Comité podía trabajar sobre la 
base del artículo 16 del Convenio, donde se establecí a que las Partes introducirían reglamentos en sus 
legislaciones nacionales.  El artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC establecía que se notificaran las 
                                                      
3 Se pueden obtener ejemplares de este documento (WT/CTE/W/64) solicitándolos a la División de 
Comercio y Medio Ambiente, Secretaría de la OMC, y se puede acceder a él a trav és de htpp:/www.wto.org. 
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CONTINÚA legislaciones relacionadas con la propiedad intel ectual.  Por consiguiente, la Secretaría podía 
examinar las notificaciones hechas en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC para comprobar si la legislación se había notificado de conformidad con el artículo 16 del Convenio.  En segundo lugar, el 
Comité podía considerar el programa incorporado del Acuerdo sobre los ADPIC, según el cual el párrafo 3 b) del artículo 27 será examinado en 1999 .  En este contexto, el Consejo de los ADPIC 
podía considerar las cuestiones relativas al medio am biente que se debatieran en el Comité, y podría 
pedir a éste orientación.  Punto 6 El efecto de las medidas ambientales en  el acceso a los mercados, especialmente en lo 
relativo a los países en desarrollo, en par ticular los países menos adelantados, y los 
beneficios resultantes para el medio ambiente de la eliminación de las restricciones y 
distorsiones del comercio 
 
 Varias delegaciones dijeron que una manera de abordar la contribución que el sistema 
multilateral de comercio puede hacer para favorecer  el potencial que tienen las políticas relativas al 
comercio y al medio ambiente de apoyarse mutuam ente era identificar situaciones favorables para 
todos en las que la liberalización comercial cumplie ra objetivos económicos y ecológicos a la vez.  
Varias delegaciones, entre las que figuraba la Ar gentina, dijeron que si los precios estaban 
distorsionados por subvenciones, no podían reflejar  la escasez de un factor determinado y, en 
consecuencia, ese factor podía explotarse de modo excesi vo.  En el sistema de mercado, los recursos 
ambientales podían estar subvalorados o no aparecer re flejados.  Las intervenciones de los gobiernos, 
como las subvenciones o la ayuda interna, y los precios de mercado distorsionados tenían efectos 
ambientales negativos.  Por el contrario, su elim inación podía aportar beneficios ambientales.  
  Algunas delegaciones dijeron que la liberali zación comercial no producía de un modo 
automático resultados ambientalmente favorables.   Las Comunidades Europeas, por ejemplo, 
señalaron que las subvenciones no dañaban de un modo automático el medio ambiente ni eran 
automáticamente una perturbación del comercio;  algunas tenían por objeto superar los fallos del 
mercado y beneficiar al medio ambiente.  Varias de legaciones, entre ellas Su iza y Noruega, apoyaron 
esta opinión.  Las CE señalaron que las subvencion es bien diseñadas podían desempeñar una función 
en las políticas de medio ambiente aportando incen tivos positivos que alentasen la producción y el 
consumo sostenibles.  Allí donde l as subvenciones estuvieran vinculad as a actividades dañinas para el 
medio ambiente, se podían tomar medidas para re ducirlas o eliminarlas.  En determinadas 
circunstancias, la liberalización podía conducir a una  mayor intensidad de la utilización de los 
recursos y el medio ambiente en la agricultura.  Las CE dijeron que las externalidades adversas de la 
producción y el consumo debían integrarse en los pro cesos de toma de decisiones.  Noruega dijo que 
el sector agrícola contribuía también a proporcionar beneficios ambientales, como la conservación del 
paisaje cultural, el afianzamiento de la diversid ad biológica y el uso sostenible de los recursos. 
  Una serie de delegaciones dijeron que la liberalización del comercio en el sector de la pesca podía suponer beneficios para el medio ambiente.  Australia sostuvo que la labor adicional del Comité 
en el sector pesquero podría consistir en lo siguien te:  a) examinar la información existente sobre la 
concesión y utilización de subvenciones;  b) exam inar las normas de la OMC y su capacidad de 
disciplinar estas subvenciones;  c) examinar estudi os existentes sobre la utilización de otras medidas 
comerciales y relativas al comercio (por ejemplo, aranceles elevados, progresividad arancelaria, obstáculos no arancelarios al acceso);   d) examinar la información sobre los efectos ambientales de las 
subvenciones y de otras medidas comerciales;  y e) proponer reformas comerciales favorables para el 
medio ambiente.  Varias delegaciones dijeron que sería  de gran utilidad que el PNUMA facilitara más 
información en la próxima reunión del Comité sobre su seminario acerca de La función de las 
políticas comerciales en el sector pesquero .  El Canadá afirmó que la reforma comercial del sector 
pesquero contribuiría a una reducción del 25 po r ciento de la pesca mundial actualmente PRESS/TE/021 
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CONTINÚA desperdiciada.  Nueva Zelandia declaró que no se podía trazar claramente una distinción entre 
subvenciones positivas y negativas en el sector pe squero;  y que no era probable que los pagos 
positivos tuvieran resultados favorables para el medio ambiente.   Otras delegaciones, entre las que figuraban las CE y el Japón, dijeron que la reforma 
comercial no mejoraría necesariamente la gestión de  la pesca, puesto que no existía una relación 
directa entre las subvenciones y el exceso de pesca.  Las CE dijeron que se podían diseñar 
subvenciones encaminadas a favorecer una gestión sostenible del sector de la pesca.  Los 
Estados Unidos dijeron que el Comité no debería dup licar los debates sobre las subvenciones al sector 
pesquero que ya se están desarrollando en otros foros. 
 
 Noruega dijo que las políticas energéticas que  podrían resultar ecológicamente perjudiciales 
interferían con los mecanismos de mercado y provocaban un consumo mundial de energía que no resultaba óptimo desde una perspectiva económica y medioambiental.  Un estudio del Banco Mundial 
había llegado a la conclusión de que era necesario modifi car los precios del sector de la energía.  En la 
aplicación de la reforma de los precios, las fuente s de energía ambientalmente racionales estarían 
menos gravadas que las fuentes de energía cont aminantes, y la reducción y eliminación de las 
subvenciones a las fuentes de energía contaminantes deberían constituir un objetivo político.  Las CE 
subrayaron que, en opinión de la  Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Conferencia de las 
Partes en la Convención sobre el Cambio Climático,  celebrada en diciembre de 1997, la energía era 
un sector importante.  Mientras las externalidades ambi entales no se internalizaran de modo efectivo, 
el precio de las fuentes de energía renovables era de sventajoso comparado con las fuentes de energía 
convencionales.  Era necesario fomentar incentivos  que promovieran el desarrollo de fuentes de 
energía renovables.   Varias delegaciones, entre ellas el Brasil y Marruecos, declararon que un debate sobre el 
efecto de las medidas ambientales en el acceso a lo s mercados debería tener en cuenta diferentes 
condiciones naturales y socioeconómic as específicas de cada país y re ferirse también a la vinculación 
entre la pobreza y la degradación del medio ambiente .  El Brasil afirmó que para fomentar el 
desarrollo sostenible era esencial un sistema de comercio multilateral, abierto, equitativo y no 
discriminatorio y la protección del medio ambien te.  El informe de 1996 del Comité se refería 
asimismo a la relación entre la mitigación de la pobr eza y una mejor calidad del medio ambiente y a la 
función que desempeñan a este respecto el aumento del comercio y unas mayores oportunidades de 
acceso a los mercados.  Para que las medidas ambientales con efectos comerciales fueran menos perjudiciales para los países en desarrollo, dijo tamb ién el Brasil, deberían ser transparentes, estar 
basadas en el consenso y no ser ni  unilaterales ni discriminatorias. 
 
 Un Miembro presentó una nueva contribución sobre la relación entre el Acuerdo sobre 
los ADPIC y la transferencia de tecnologías y productos ecológicamente racionales en los casos 
siguientes:  a) cuando un AMUMA prescribía ob ligatoriamente y por etapas tecnologías y productos 
ecológicos patentados, ya fuera de forma direct a o indirecta;  b) cuando esas tecnologías y esos 
productos patentados estaban relacionados con nor mas ambientales o con medidas nacionales que 
afectaban a las importaciones a un país que tuviera tales normas, en particular las importaciones 
provenientes de países en desarrollo;  y c) cu ando esas tecnologías y esos productos patentados 
estaban relacionados con normas ambientales o me didas convenidas multilateralmente que afectaban 
a las importaciones de un país que tuviera tales normas.   Algunos Miembros se congratularon del propósito  de los Estados Unidos de presentar un 
documento sobre el acceso a los mercados de lo s servicios relacionados c on el medio ambiente.  
Según dijeron los Estados Unidos, estos servicios  comprendían la aplicación de sistemas nuevos o 
existentes para descontaminar el me dio ambiente;  la prevención de la contaminación;  la reducción o  PRESS/TE/021 
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CONTINÚA vigilancia de las fuentes de contaminación;  la ap licación de un control de ca lidad del medio ambiente 
y los servicios para la reducción de la contaminaci ón;  el mantenimiento y la  reparación de sistemas 
relacionados con el medio ambiente;  las investigaciones ambientales sobre el terreno;  el control de la 
evaluación, y servicios de consultoría en relación con cada uno de estos sectores.  Los Estados Unidos 
sostuvieron que la liberalización del comercio de servi cios sobre medio ambiente aportaría beneficios 
tanto al comercio como al medio ambiente. 
 Punto 2 La relación entre las políticas ambientales relacionadas con el comercio y las medidas 
ambientales que tengan efectos comercial es significativos, y las disposiciones del 
sistema multilateral de comercio 
 
 Los Estados Unidos describieron su experiencia en la elaboración de estudios sobre los efectos ambientales de los acuerdos comerciales.  En los estudios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y de la OMC se habían utili zado para el análisis recursos existentes de la 
Administración pública.  Ambos estudios habían ut ilizado análisis publicados por el sector privado 
sobre los posibles efectos ambientales del comercio liberalizado y las aportaciones públicas;  sin 
embargo la mayor parte del análisis se había b asado en las capacidades técnicas del Gobierno de los 
Estados Unidos.  En el caso del TLCAN, se había realizado un estudio inicial al comienzo de las 
negociaciones para determinar las cuestiones ambi entales planteadas, evaluar los posibles efectos 
ambientales y elaborar recomendaciones a los ne gociadores de los Estados Unidos sobre posibles 
formas de abordar las cuestiones.  El estudio de la  OMC se efectuó al final de las negociaciones y se 
centró en los posibles efectos ambientales de los Acuerdos de la OMC. 
  En los estudios del TLCAN y de la OMC se ha bían llevado a cabo análisis jurídicos de las 
repercusiones de los acuerdos en la legislación de los Estados Unidos relativa a la salud, seguridad y 
medio ambiente.  El estudio del TLCAN había re querido un análisis más a fondo de los efectos 
ambientales potenciales de los cambios en las corrien tes comerciales de factores ambientales (como la 
calidad del aire y del agua, y la conservación de las especies), de un modo especial en la frontera de 
México y los Estados Unidos.  El estudio de la  OMC examinaba también determinados sectores que 
afectaban al medio ambiente, pero el análisis era más general.  Punto 3  La relación entre las disposiciones del sistema multilateral y a) las cargas e impuestos 
aplicados con fines ambientales, y b)  las prescripciones aplicadas con fines 
ambientales a los productos, con inclus ión de normas y reglamentos técnicos y 
prescripciones en materia de envase y embalaje, etiquetado y reciclado 
 
 Suiza hizo una exposición de su impuesto de incentivación aplicado a los componentes 
orgánicos volátiles, ejemplo del progreso de las políticas ecológicas centradas en instrumentos 
económicos.  El objetivo del impuesto era lograr una  protección eficaz del medio ambiente ofreciendo 
incentivos financieros basados en los precios y complementando los instrumentos de control y 
reglamentación convencionales.  El impuesto se gr avaba con arreglo al contenido de componentes 
orgánicos volátiles de un producto, calculando el porcenta je de esos componentes en la masa total del 
producto.  Los principales productos que conten ían componentes orgánicos volátiles eran los 
disolventes orgánicos, como pinturas, ba rnices y muchos productos de limpieza. 
  Las Comunidades Europeas dijeron que el  impuesto ecológico era una cuestión de 
importancia creciente, tal como había reconocido la Asamblea General de las Naciones Unidas, y 
vista su amplia utilización en los países de la OCDE .  Se trataba de una tendencia positiva, puesto que 
los impuestos ecológicos eran menos restrictivos para el comercio, más favorables al mercado y su 
aplicación era más transparente que los instrumentos convencionales de control y reglamentación.  La 
relación entre los impuestos ecológicos y la OMC plan teaba cuestiones complejas, en particular en los PRESS/TE/021 
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CONTINÚA ajustes fiscales en frontera.  Las normas de la OMC sobre cargas fiscales se aplicaban a los 
instrumentos con independencia de su objetivo po lítico.  Era difícil diseñar e imponer disciplinas 
específicas a una categoría determinada de impuest os y cargas, como las correspondientes al medio 
ambiente, puesto que los impuestos respondían a una diversidad de objetivos.  Asimismo, como se 
señalaba en el informe de la OCDE titulado Environmental Taxes and Green Tax Reform , no se había 
llegado a un acuerdo sobre la definición de qué cons tituía un impuesto ecológico.  En el informe de 
la OCDE se señalaba que la coordinación internacional  podría minimizar el riesgo de los efectos de la 
competitividad en algunos sectores.  Las Comu nidades Europeas proponían que el Comité 
recomendara una mayor coordinación de los im puestos ecológicos en los foros internacionales 
adecuados. 
 
 Los Estados Unidos dijeron que si bien l as Comunidades Europeas habían planteado algunas 
cuestiones interesantes relativas a lo s ajustes fiscales en frontera, eso era solamente una parte de un 
debate que se estaba llevando a cabo en otro foro.  Otra cuestión era determinar en qué medidas los 
acuerdos multilaterales podían coordinar políticas y medidas como la imposición fiscal.  La 
coordinación de los impuestos era un proceso comple jo, tanto dentro de un país como entre varios 
países.  Los Estados Unidos no creían que el  Comité pudiera alcanzar un consenso sobre la 
recomendación propuesta por las CE.   El Canadá recibió con agrado la notificaci ón del Japón sobre su programa de etiquetado 
ecológico.  El Canadá opinaba que tales notific aciones correspondían al ámbito del mandato del 
párrafo 185 del informe de 1996 del Comité. 
  
********************** 
 
 
Reunión del Comité de Comercio y Medio Ambiente  celebrada los días 24 y 25 de noviembre de 1997 
 
Punto 9  El programa de trabajo previsto en la Decisión sobre el comercio de servicios y el 
medio ambiente 
 
 Los Estados Unidos presentaron un documento s obre los beneficios para el medio ambiente 
que podían resultar de la libera lización del sector de servicios.4  En el documento se describían 
servicios medioambientales, tales como la elim inación de desechos y el funcionamiento de las 
instalaciones, así como la puesta en práctica y ap licación de sistemas ya existentes o nuevos para la 
descontaminación del medio ambiente.  Como para la resolución de problemas medioambientales se 
preparaba por lo general una combinación de bienes y servicios medioambientales, resultaba difícil 
separar unos de otros.  Según cálculos aproximados, en el año 2010 el volumen de negocios de la 
industria de servicios medioambientales oscila ría entre 420.000 millones y 600.000 millones de 
dólares EE.UU.  El obstáculo fundamental al desarrollo de esa labor había sido la actitud de la industria ante las cuestiones medioambientales, que consistía en afrontarlas una vez que se habían 
planteado en lugar de prevenirlas, y el crecimiento y la demanda de servicios medioambientales 
habían estado íntimamente vinculados con las reglamentaciones estatales.  Recientemente había 
habido un abandono de las reglamentaciones y las normas como instrumentos principales de la política ambiental y una mayor utilización de instrume ntos económicos, que primaban la innovación.  
                                                      
4  Se pueden obtener ejemplares de este documento (WT/CTE/W/70) solicitándolos a la División de 
Comercio y Medio Ambiente, Secretaría de la OMC, y se puede acceder al mismo a través de 
http:/www.wto.org. 
  PRESS/TE/021 
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CONTINÚA En el caso de la innovación procedente del sector privado, como por ejemplo las normas de gestión 
medioambiental ISO 14000, los obstáculos tradiciona les al comercio serían menos aplicables.  El 
mejor acceso a los mercados, aumentaba la disponi bilidad de servicios, al tiempo que reducía los 
costos.  La competencia aumentaba también la dis ponibilidad de servicios y fomentaba la innovación;  
la liberalización en ese sector fo mentaba las corrientes de transferencia de tecnología, que podían 
ayudar en particular a los países en desarrollo a crear su capacidad nacional para alcanzar mejor sus 
metas medioambientales.   El documento de los Estados Unidos fue reci bido con agrado.  La Argentina dijo que era 
oportuno incluir las cuestiones plan teadas en ese documento y pro puso que se examinara más a fondo 
en relación con el acceso a los mercados, aspecto  que ofrecía una oportunidad de analizar las 
situaciones beneficiosas para todos que podían resulta r de la liberalización del comercio de servicios, 
junto con los demás sectores abordados  en relación con el punto 6. 
  El Japón, las Comunidades Europeas y otros participantes apoyaron la liberalización del 
comercio de servicios ambientales.  La Decisión sobre el comercio de servicios y el medio ambiente 
pedía al Comité que examinara la relación entre el comercio de servicios y el medio ambiente, incluida la cuestión del desarrollo sostenible.  Pese a la importancia económica cada vez mayor del comercio de servicios y a las posibilidades existent es de que se dieran situaciones beneficiosas para 
todos en las que de la liberalización del comercio  resultaran beneficios directos para el medio 
ambiente, el Comité no había prestado la atenci ón suficiente a ese punto.  Unos mercados más 
abiertos contribuirían a reducir el costo y a aumentar el surtido de los servicios medio ambientales.  El 
aumento del comercio de servicios sería tambié n un medio para la transferencia de tecnología 
ecológicamente racional.   Varias delegaciones hicieron referencia a que no había una distinción clara entre el comercio 
de servicios y el comercio de bienes, en particular en lo relativo al análisis de las consecuencias para 
el medio ambiente, ya que los perjuicios para el  medio ambiente tenían que ver con los bienes 
relacionados con la prestación de un servicio.  Así, pues, los servicios ambientales debían examinarse 
a la vez que los bienes ambientales.  Aunque había una superposición de los bienes y los servicios, el 
Japón dijo que esos sectores corres pondían básicamente a disciplinas diferentes dentro del Acuerdo 
sobre la OMC.  La Argentina dijo que resultaría di fícil avanzar a ese respecto sin que se avanzara en 
el examen del artículo XX en relación con el punt o 1;  carecía de sentido celebrar un debate a fondo 
sobre el comercio de servicios mientras no se hubiera llevado a cabo un análisis del comercio 
de bienes.   Algunos Miembros, entre ellos Suiza y el Japón, propusieron que los trabajos sobre este punto 
abordaran sectores específicos como el turismo y el transporte.  Otros consideraron necesario tener 
una idea clara del enfoque que se seguiría antes de señalar qué sectores concretos deberían analizarse.   Varios Miembros, entre los que figuraba Egipto, dijeron que el análisis de los bienes y los servicios ambientales debía considerarse desde la  perspectiva del desarrollo sostenible y debía 
abordarse de conformidad con lo dispuesto en los Ac uerdos de la OMC.  Los Estados Unidos dijeron 
que el documento presentado por ellos destacaba el papel que la liberalización podía desempeñar para 
el desarrollo favoreciendo el acceso de los países en  desarrollo a tecnologías inocuas para el medio 
ambiente y que podían contribuir a que se evitaran muc hos errores habidos en el proceso de desarrollo 
de los países desarrollados.  
 Noruega dijo que el Comité debía aclarar si el artículo XIV del AGCS era suficiente o si era 
necesario incluir los aspectos ambientales en otro s artículos del AGCS.  Noruega prefería una 
combinación de las dos opciones mediante la cual  se integrarían los aspectos ambientales en el PRESS/TE/021 
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CONTINÚA artículo XIV y en otros sectores pertinentes del AGCS, como se había hecho en el caso de los bienes, 
cosa que era conforme al mandato horizontal del Comité.  Convenía velar por que los Grupos de 
Trabajo del AGCS tuvieran en cuenta las consideraciones ambientales.   La UNCTAD dijo que su Comisión del Comerc io de Bienes y Servicios y de los Productos 
Básicos celebraría reuniones de expertos sobre la liberalización de los servicios ambientales y el 
turismo en 1998.  Punto 10 La información a los órganos competen tes sobre las disposiciones apropiadas que han 
de adoptarse en lo que respecta a las relaciones con las organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamental es a las que se hace referencia en el 
artículo V del Acuerdo por el que se establece la OMC 
 
 Varios Miembros dijeron que se trataba de una cuestión importante para la OMC, y en 
particular para el Comité, dada la  diversidad de intereses de la sociedad civil involucrados en los 
debates sobre el comercio y el medio ambiente.  El Canadá y otros dijeron que el Comité había 
reaccionado debidamente ante la necesidad de activ idades de divulgación.  El Simposio de ONG, 
celebrado en mayo y organizado por la Secretaría, y la reunión de las secretarías de los AMUMA, celebrada en septiembre, habían enriquecido la apreciación por parte de los Miembros de las 
perspectivas y las novedades habidas fuera de la OMC, además de fomentar una mayor comprensión 
entre la sociedad civil y las secretarías de los AM UMA respecto de las opiniones de los Miembros de 
la OMC. 
  La iniciativa de la Secretaría de celebra r un Simposio de ONG los días 17 y 18 de marzo 
de 1998 fue acogida con satisfacción por los Miembros.  El Japón dijo que resultaría beneficioso a los 
Miembros disponer de más tiempo pa ra la interacción con las ONG.  Las CE dijeron que el Simposio 
debía contar con un orden del día amplio y debían  participar en él representantes de asociaciones 
relacionadas con los servicios y tecnologías medioambientales y la agricultura.  También despertó interés entre los Miembros la idea de celebrar nuevas sesiones de información con las secretarías de 
los AMUMA para aumentar el conocimiento por pa rte de los negociadores sobre los temas abordados 
en las negociaciones en materia de medio ambiente .  El Japón dijo que las secretarías de los AMUMA 
más destacados deberían ser invitadas a las reuniones del Comité. 
 
 Suiza, el Canadá y otros Miembros dijer on que el Comité había logrado considerables 
avances en materia de aumento de la transparencia de  su labor, como, por ejemplo, con la publicación 
del Boletín de Comercio y Medio Ambiente .  El Canadá proponía que se suprimiera el carácter 
reservado en los órdenes del día de las reuniones del Comité, y que se examinara caso por caso la 
supresión del carácter reservado de los documentos de la Secretaría.  La política del Canadá consistía 
en publicar sus contribuciones al Comité sin carác ter reservado después de que se hubieran sometido a 
amplias consultas en el Canadá, y alentaba a otro s Miembros a hacer lo propio para brindar a la 
sociedad civil un conocimiento más profundo de l as propuestas normativas sobre el comercio y el 
medio ambiente.  
 Varios Miembros, entre ellos los Estados Un idos y Australia, apoyaban la propuesta del 
Canadá de suprimir el carácter reservado del orden del día del Comité para aumentar el conocimiento 
por parte de las ONG de las cuestiones que se estab an examinando y contribuir a la formulación de las 
posiciones de los Miembros en el nivel nacional.  Varios Miembros dijeron que el orden del día del 
Comité no tendría ninguna utilidad para la sociedad  civil sin la documentación correspondiente.  El 
Japón apoyó las propuestas del Canadá en materia de supresión del carácter reservado de los 
documentos para aumentar la transparencia de las actividades del Comité.  También se debía examinar la posibilidad de suprimir en breve plazo el carácter reservado de los documentos del  PRESS/TE/021 
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CONTINÚA Comité atendiendo a las circunstancias particulares que concurrían en cada caso y teniendo presentes 
los procedimientos del Consejo General.  El Brasil dijo que, dado el carácter gubernamental de 
la OMC, las consultas a la sociedad civil se po dían hacer en el nivel nacional y conforme a 
procedimientos nacionales.  Egipto y el Brasil, entre otros, dijeron que se debía examinar la 
posibilidad de suprimir el carácter reservado de los documentos después de que se hubieran 
examinado en el Comité con arreglo a lo s procedimientos del Consejo General. 
  Los Estados Unidos, Polonia, las CE, Hungría, Egipto y otros participantes dijeron que los 
Simposios de ONG brindaban una opor tunidad para el intercambio de  opiniones entre los Miembros y 
la sociedad civil.  Si bien se trataba de un instrumento útil, dijeron los Estados Unidos, el Comité 
podía buscar otros medios innovadores para aprovechar  los conocimientos existentes en la sociedad 
civil y velar por que ésta entendiera la labor del Comité.  Corea dijo que si se regularizaban los simposios, era necesario un planteamiento más centrado.   Australia propuso que se suprimiera en breve br azo el carácter reservado del documento de la 
Secretaría sobre los beneficios ambientales de la eliminación de las restricciones y distorsiones del 
comercio.  Polonia, Marruecos, la ASEAN, el Bras il, las CE, Corea y otros participantes dijeron que 
los documentos del Comité debían examinarse antes de  que se suprimiera su carácter reservado para 
dar una idea equilibrada de las opiniones de los Miembros.  Los Es tados Unidos dijeron que sería 
mejor suprimir primero el carácter reservado de los documentos y después el del informe de la 
reunión en la que se hubieran examinado, para  que los Miembros pudiesen celebrar un debate 
nacional más completo.  La Argentina, Australia y otros dijeron que, aunque era deseable suprimir el 
carácter reservado de los documentos después de que se hubieran examinado, la circunstancia que 
había acompañado a la terminación de este documento  abogaba por la pronta supresión de su carácter 
reservado.  
 Las CE se refirieron al párrafo 2 del artículo V del Acuerdo sobre la OMC y a las Decisiones 
del Consejo General de 18 de julio de 1996 en  las que se había reconocido el papel que las 
organizaciones internacionales podían desempeñar en la  facilitación de la corriente de información de 
la OMC.  En la Decisión sobre organizaciones no gubernamentales se observaba que las ONG podían 
contribuir a la riqueza y la precisión del debate públ ico sobre las cuestiones examinadas por la OMC y 
se había pedido una mayor transparencia, la pronta supresión del carácter reservado de los 
documentos y que la Secretaría intensificara la interacción con las ONG.  Las CE pedían que se 
suprimiera el carácter re servado de los tres documentos oficiosos sobre los puntos 1 y 5, 3 b) y 6. 
 Puntos 1 y 5  La relación entre las disposiciones del sistema multilateral de comercio y las medidas 
comerciales adoptadas con fines medioambientales, con inclusión de las adoptadas en 
aplicación de acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente;  y la relación entre los 
mecanismos de solución de diferencias de l sistema multilateral de comercio y los 
previstos en los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente 
 
 El Brasil dijo que las negociaciones multilate rales eran la mejor vía para abordar los 
problemas medioambientales mundiales.  Los AMUMA constaban de varias dis posiciones, algunas de 
las cuales estaban orientadas hacia el mercado y se denominaban "medidas comerciales";  otras eran 
medidas cooperativas y "positivas", que aportaba n los medios para la plena aplicación de 
un AMUMA.  El artículo XX y el Entendimiento so bre Solución de Diferencias podían abordar las 
controversias medioambientales relacionadas con el comercio.  Hasta la fecha no se había constituido 
ningún grupo especial por una controversia sobre una medida comercial en un AMUMA y todas las 
controversias presentadas ante el Órgano de Solu ción de Diferencias habían sido consecuencia de 
medidas unilaterales supuestamente encaminadas a abordar problemas medioambientales.  A no ser 
que determinada medida medioambiental relacionada  con el comercio fuera una restricción comercial PRESS/TE/021 
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CONTINÚA encubierta, el Brasil entendía que había de cont ar con apoyo multilateral.  El Brasil acogía con 
beneplácito el seguimiento de la Reunión de expertos en medidas positivas para promover el 
desarrollo sostenible de la UNCTAD.  Punto 6  El efecto de las medidas medioambientales en el acceso a los mercados, 
especialmente en lo relativo a los países en desarrollo, en particular los países menos 
adelantados, y los beneficios resultantes para  el medio ambiente de la eliminación de 
las restricciones y distorsiones del comercio 
 
 Los Miembros acogieron con satisfacción un nuevo documento de la Secretaría sobre los 
beneficios resultantes para el medio ambiente de la eliminación de las restricciones y distorsiones del 
comercio en varios sectores, que proporcionaba un a base para que el Comité prosiguiera su labor 
sobre este punto.  Varios Miembros dijeron que el análisis indicaba que la liberalización del comercio 
entrañaba, a un tiempo, dificultades y oportunidad es para mejorar la protección del medio ambiente.  
Muchos Miembros, entre ellos Australia, el Brasil,  las CE, el Canadá, Cuba y los Estados Unidos, 
dijeron que distribuirían el documento a nivel na cional para obtener aportaciones de las partes 
interesadas.   Australia dijo que en los países en los que las subvenciones y los obs táculos al acceso a los 
mercados habían estimulado niveles elevados de  utilización de los recursos y de procesos de 
producción derrochadores, la corrección de esas medidas distorsionadoras del comercio brindaba 
oportunidades para el mejoramiento medioambie ntal.  Sin embargo, como señalaron varias 
delegaciones, entre ellas el Brasil, Egipto, Austra lia, Suiza y otras, no se debía dar por sentado que el 
mejoramiento ambiental resultaría automáticamente de  la liberalización del comercio.  La reforma de 
la política comercial podía contribuir a la corrección de  los fallos de las políticas aplicadas que habían 
dificultado la consecución de una gestión ambienta l idónea.  Muchas delegaciones dijeron que los 
gobiernos debían velar por la aplicación de políti cas apropiadas para aprovechar las oportunidades 
brindadas por la liberalización del comercio.   El Brasil dijo que la liberalización del comercio desencadenaba una concatenación de 
resultados que en su momento propiciaban nivel es mayores de protección del medio ambiente.  Al 
aumentar los intercambios de bienes, la liberali zación del comercio estimulaba la producción, creaba 
productividad, aumentaba la renta, aceleraba los cambios tecnológicos y brindaba nuevas y 
provechosas posibilidades para la creación, adquis ición y aplicación de tecnologías ecológicamente 
racionales.  La relación positiva entre la liberalizaci ón del comercio y el medio ambiente aumentaría 
la competencia y crearía modalidades más eficient es de consumo y de utilización de los factores, 
reduciría la pobreza mediante la expansión del comercio, fomentaría una tasa sostenible de 
explotación de los recursos naturales y aumentaría la disponibilidad de bien es y servicios relacionados 
con el medio ambiente.   Varias delegaciones, entre ellas el Canadá y Australia, propusieron que se abordara sector por 
sector la posible contribución de la supresión de  las subvenciones a la consecución de mejores 
resultados medioambientales.  Los sectores agrope cuario, pesquero y energético estaban recibiendo 
importantes subvenciones cuya eliminación podría te ner beneficios ambientales significativos.  
Australia dijo que estas subvenciones constituían un tema central para la la bor del Comité.  Tales 
subvenciones podían tener muy diversas consecuencias para el medio ambiente mediante el fomento 
de una utilización excesiva de la energía y métodos  de producción energéticamente ineficientes, un 
exceso de capacidad de las flotas pesqueras, una excesiva utilización de insumos químicos y 
mecánicos y de agua de riego en la agricultura, además de sistemas superintensivos de cultivo y de 
producción pecuaria.  El Brasil dijo que la progresi vidad arancelaria era otro método distorsionador  PRESS/TE/021 
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CONTINÚA que afectaba negativamente a sectores como la pes ca, la silvicultura, la confección y la industria 
del cuero.   Australia, el Brasil y otros participantes dije ron que las mejoras en materia de oportunidades 
de acceso a los mercados podían contribuir a ayuda r a los países a promover estructuras económicas 
más propicias para el desarrollo sostenible.  Un a cuestión fundamental era la necesidad de promover 
modalidades de crecimiento económico que contribuy eran eficazmente a la reducción de la pobreza, 
dada la estrecha relación existente en muchos país es entre la pobreza y la degradación ambiental.  
Australia dijo que, aunque se trataba de cuestiones mucho más amplias que la  reforma del comercio, 
el Comité debía contribuir al examen del alcance de la reforma del comercio con vistas a facilitar 
cambios en la estructura de la actividad económ ica que resultan fundamentales para lograr un 
desarrollo sostenible.   Egipto dijo que había que centrar la labor en las necesidades de las pequeñas y medianas 
empresas, la reducción de la pobreza, las mejoras ambi entales y la transferencia de tecnología inocua 
para el medio ambiente.  Las CE dijeron que de bería incluirse en este punto un análisis de los 
servicios medioambientales.   Nigeria y otros recordaron la importancia de  la reducción de la pobreza para abordar las 
inquietudes medioambientales, teniendo en cuenta  además el mandato que tiene el Comité de 
examinar este punto desde la persp ectiva del desarrollo sostenible.  Desde esta perspectiva, varias 
delegaciones dijeron que los instrumentos comerc iales no constituían la me jor política para abordar 
los problemas ambientales.  Noruega dijo que la  degradación medioambiental tenía muchas causas:  
en unos casos la pobreza era un factor important e, en otros las causas  subyacentes eran unas 
modalidades de consumo y producción insostenibles.  
 Australia señaló que los estudios realizados del comercio agropecuario indicaban que el 
apoyo directamente vinculado con los niveles de utilización o producción de insumos tenían efectos 
importantes para el medio ambiente.  Los dato s indicaban que la mayor parte del apoyo seguía 
estando supeditado a los niveles de utilización o de  producción de insumos, aunque cada vez se 
reconocía más la necesidad de reformar esos tipos de ayuda.  Sin embargo, las políticas sustitutivas 
podían seguir teniendo el efecto de mantener los elevados niveles actuales de producción.  Aunque 
esas políticas podían justificarse con el argumento de  que serían más inocuas para el medio ambiente 
que el apoyo directamente vinculado con los nive les de utilización o producción de insumos, si 
mantenían estructuras de producción que entrañaran  una utilización de recursos y una producción de 
desechos innecesariamente elev adas e ineficientes, podían seguir teniendo consecuencias 
desfavorables para el medio ambiente.  Al bloquear el ajuste adecuado de las estructuras de 
producción, esas políticas podían resultar desincentiv adoras con vistas a la adopción de tecnologías 
que pudieran reducir la utilización de recursos o emplear más eficientemente los insumos materiales y 
energéticos.  Otros tipos de políticas ambientales con una formulación y una fijación de objetivos 
idóneas podían ser más eficaces que las subvenciones a fin de garantizar beneficios para el medio 
ambiente.  
 La Argentina y el Brasil dijeron que, dada  la distorsión de los precios internacionales 
provocada por las subvenciones, los agricultores se enfrentaban a la opción de o bien explotar 
excesivamente los recursos para aumentar las ga nancias inmediatas o abandonar el mercado.  En 
ambos casos los resultados podían ser un aumento de la pobreza rural, un descenso en la protección 
del medio ambiente, la perpetuación de la pobreza y un aumento de la marginalidad rural y urbana.  
La reducción de las subvenciones probablemente propi ciaría precios más altos para las producciones 
agropecuarias de los países en desarrollo.  El Brasil dijo también que si bien algunos Miembros 
habían sostenido que unas subvenciones medioamb ientales bien concebidas podían desempeñar un PRESS/TE/021 
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CONTINÚA papel importante en el fomento de la agricultura y la silvicultura sostenibles, no se debían pasar por 
alto los efectos negativos de ciertas políticas en otros países, como por ejemplo sus consecuencias 
para las oportunidades de acceso a los mercados.   En el caso de las mercancías, la Argentina dijo  que era esencial eliminar las medidas vigentes 
que distorsionaban los precios.  En el Principio 16 del Programa 21  se señalaba que, para poder 
aplicar políticas de producción sostenib les, era necesario que los precios  internalizaran los costos de 
producción.  No se podían internalizar los costos medioambientales a partir de precios distorsionados 
por las subvenciones de la exportación.  El primer paso para internalizar lo s costos medioambientales 
correspondía a los países que causaban  esas distorsiones del mercado. 
 
 El Japón, Corea, Noruega y las CE dijeron que  se debía llevar a cabo un análisis completo de 
los efectos positivos y negativos de la liberalizaci ón del comercio.  El Japón dijo que en el Comité 
existía coincidencia de pareceres respecto de que, si los mecanismos del mercado valoraran 
adecuadamente las externalidades ambientales, mejoraría la asignación eficaz de recursos.  Había 
externalidades ambientales positivas, como en los ca sos en que las actividades agrícolas apoyaban la 
biodiversidad y la conservación de la tierra y del paisaje.  La reforma de las políticas agrarias podía 
tener consecuencias negativas para el medio ambiente.   Noruega dijo que si bien la liberalización de l comercio agropecuario produciría beneficios 
para el medio ambiente, convenía señalar los posib les efectos negativos y el papel multifuncional 
desempeñado por el sector agropecuario, y se debí a reconocer que, como se indicaba en el informe 
de 1996 del Comité, cada país tenía sus condicion es socioeconómicas propias.  Corea dijo que la 
aportación por parte de los Miembros de sus propias  experiencias nacionales sería útil.  Corea había 
implantado una política de "cinturón verde", por la  que se había prohibido el desarrollo de ciertas 
zonas agrícolas y forestales.  El declinar del sect or agropecuario resultante de la liberalización del 
comercio en los países pequeños y densamente poblados, como Corea, podía contribuir a que se 
transformaran tierras de labranza en zonas menos inocuas para el medio ambiente.   Para asegurar que se produzcan beneficios en  el medio ambiente a consecuencia de la 
liberalización del comercio, Suiza dijo que era esencial que se aplicaran al mismo tiempo políticas 
nacionales de protección del medio ambiente, con objeto de internalizar los costos ambientales.  En 
algunos sectores, como por ejemplo, el del carbón, la eliminación de ciertas formas de restricciones 
del comercio tenían beneficios evidentes para  el medio ambiente, pero en otros sectores las 
consecuencias a largo plazo para el medio ambiente de los cambios de ciertos usos eran difíciles de determinar.  Según sus objetivos y la forma como se aplicaran, ciertas formas de apoyo podían resultar beneficiosas para el medio ambiente. 
 
 Noruega dijo que la sección del documento de  la Secretaría dedicada a la energía era 
equilibrada, y que en ella se describían las interven ciones estatales existentes en el sector energético, 
tales como las subvenciones, los impuestos y otr as no referidas a los precios, que habían propiciado 
una composición y un nivel de c onsumo energético que distaba de ser óptimo desde un punto de vista 
ambiental o económico.  Si bien los estudios lleva dos a cabo habían mostrado que la supresión de las 
subvenciones de la energía producían beneficios  económicos y ambientales, una subvenciones 
adecuadamente concedidas podían contribuir a un desarrollo sostenible.  Noruega subrayaba la 
necesidad de una reforma de los mercados de la el ectricidad.  Los países nórdicos habían creado un 
mercado integrado de la electricidad modifica ndo sus respectivas políticas medioambientales.  El 
Brasil dijo que la eliminación de las subvenciones a la energía sería un incentivo para desarrollar las 
tecnologías limpias y recurrir a las fuentes de energía renovables.  A este respecto, los resultados de la 
Conferencia de Kyoto relativa a la Convención s obre el Cambio Climático indicaría la buena 
disposición de algunos países para contribuir a la resolución de los problemas ambientales.  PRESS/TE/021 
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CONTINÚA  La República Checa dijo que, como tenía un elevado índice de consumo energético por 
unidad de producción, tendría que aumentar la eficie ncia de la utilización de la energía, introducir 
tecnologías economizadoras de energía y fomentar  la utilización de energías renovables.  El 
Ministerio de Industria y Comercio de la Repúbli ca Checa estaba trabajando en la formulación de una 
nueva política energética con el fin de introducir una nueva fiscalidad de la energía inocua para el 
medio ambiente, después de suprimir las s ubvenciones a la energía que tenían efectos 
distorsionadores.  Con ayuda de expertos danese s, la República Checa estaba considerando también la 
posibilidad de una reforma fiscal ecológica.   Los Miembros dijeron que la gestión de los r ecursos era un factor importante para lograr el 
uso sostenible de los recursos pesqueros.  Varias delegaciones, entre las que figuraba Noruega, dijeron 
que la gestión de recursos, sin em bargo, quedaba fuera del alcance de la OMC.  Al examinar las 
repercusiones en el medio ambiente de la libera lización del comercio, había que hacer una distinción 
entre las poblaciones ícticas excesiva mente explotadas y las gestionadas de forma eficiente.  El Brasil 
dijo que la supresión de las subvenciones en el sector pesquero podían provocar una contracción de 
capital, una reducción de la pesca excesiva al limitarse la capacidad excesiva, una reducción de la 
participación de los productores ineficientes y la re tirada progresiva del equipo antiguo y perjudicial 
para el medio ambiente.  Con una atmósfer a competitiva más equilibrada, se podían lograr 
transformaciones estructurales y la diversificación de  las exportaciones y facilitar la transición a la 
producción de bienes con mayor valor añadido.  Así, pues, el crecimiento propiciado por la 
liberalización del comercio podía engendra r beneficios para el medio ambiente. 
 
 La Argentina y otros participantes dijeron que un debate sobre la silvicultura debía prestar 
atención a la vinculación entre la pobreza rural y la deforestación.  El consumo de madera en los 
países en desarrollo estaba relacionado principalmen te con su utilización como combustible en forma 
de leña.  En el informe de la FAO sobre la S ituación de los Bosques del Mundo  correspondiente 
a 1997 se decía que la leña era la principal fuente de energía doméstica para las dos quintas partes de 
la población mundial.  Según cálculos del Instituto Forestal Europeo, la demanda de leña era 
inversamente proporcional al aumento de la re nta, de modo que la pobreza rural hacía que se 
utilizaran los bosques para producir madera con la que satisfacer necesidades básicas. 
  La ASEAN dijo que para alcanzar un desarro llo sostenible se aplicaban controles de la 
exportación de troncos sin elaborar .  La supresión de la progresivida d arancelaria aplicada a productos 
forestales con valor añadido contribuiría a la g estión sostenible de los bosques en los países en 
desarrollo, junto con otras medidas de conservación.   La certificación de bos ques explotados de modo 
sostenible y el etiquetado de productos forestales no eran un componente obligatorio de la política de 
gestión de los bosques;  lo importante era la formulación y la aplicación de políticas racionales de 
gestión. 
  En esta fase, dijeron los Estados Unidos, corr espondía a los Miembros hacer aportaciones al 
debate.  El comercio había de desempeñar un pape l importante en la consecución de los objetivos 
ambientales;  al mismo tiempo, sin políticas ambienta les no se lograrían los beneficios para el medio 
ambiente de la liberalización del comercio.  Era importante distinguir entre efectos en materia de 
aumento de la renta, condición necesaria pero no su ficiente para la contribución de los objetivos 
ambientales, y efectos directos mediante el pr oceso de liberalización del comercio, que convenía 
examinar por sectores y productos.  La determinación  de las repercusiones en el medio ambiente era 
una cuestión difícil de examinar, en partic ular porque los Miembros no eran expertos 
medioambientales. 
 
 Nigeria dijo que el Comité debía dedicar más atención a las técnicas de evaluación para medir los beneficios ambientales de la liberalización del co mercio.  A este respecto, otro documento de la PRESS/TE/021 
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CONTINÚA Secretaría, elaborado para esta  reunión, había iniciado la labor  mediante la compilación de 
bibliografía sobre la valoración medioambiental.   Los Estados Unidos formularon observaci ones sobre el documento de un Miembro, 
presentado en la reunión de septiembre, donde se sup onía que existía un problema en relación con la 
utilización y la disponibilidad mundiales de t ecnologías y productos ecológicamente racionales 
patentados, porque en el Acuerdo sobre los ADPIC figuraban normas relativas a la protección de las 
patentes.  La protección de las patentes era uno de lo s muchos factores del clima existente en un país 
respecto a las inversiones extranjeras que influían  en el comercio de tecnología y de bienes 
patentados.  Exigir la utilización de tecnol ogías o productos ecológicamente racionales en 
un AMUMA o en una legislación nacional resultaba  insólito y podría ser contraproducente, pues 
eliminaría los incentivos a la creación de tecnología y productos ecológicamente racionales perfeccionados.  Los Estados Unidos  dijeron que reducir la investig ación y el desarrollo en torno al 
medio ambiente tendría como resultado una reducci ón paralela de esas tecnologías y productos.  Un 
Miembro podría revocar una patente sólo si se descubría que la in vención reivindicada no cumplía las 
normas de patentabilidad establecidas en el párrafo 1 del artículo 27. 
  Un Miembro dijo que el debate mostraba que muchas clases de medidas comerciales tenían repercusiones en el acceso a los mercados que eran pertinentes para el debate del Comité sobre los 
efectos de dichas medidas restrictivas del comercio  en la transferencia de tecnología y productos 
ecológicamente racionales, en particular las acord adas en los AMUMA.  Las restricciones en la 
transferencia de tecnología creaban obstáculos al acceso a los mercados y a la protección del medio 
ambiente en los países en desarrollo.  Entre los obj etivos del artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC 
figuran "la transferencia y difusión de la tecnología,  en beneficio recíproco de  los productores y de los 
usuarios de conocimientos tecnol ógicos y de modos que favorezcan el bienestar social y económico".  
Esa disposición no indicaba cómo velar por dicho bienestar, en particular en los casos en que 
un AMUMA obligaba a utilizar la tecnología.  Para alcanzar los objetivos del Protocolo de Montreal 
los países en desarrollo necesitaban pasar a utili zar tecnología y productos inocuos para el medio 
ambiente.  La experiencia en materia de adquisi ción de la tecnología impuesta por el Protocolo 
indicaba que las disposiciones de éste sobre la tran sferencia de tecnología eran inadecuadas.  Sería 
provechoso que el Comité analizase este punto.  
Punto 8  Las disposiciones pertinentes del Acue rdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
 
 Los Estados Unidos hicieron observaciones sobr e un documento presentado en la reunión de 
septiembre que declaraba que el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica estaban vinculados entre sí y proponía que el Comité se esforzara por compatibilizar sus 
disposiciones.  Los debates sobre el control del acceso a los recursos genéticos y el reparto de los 
beneficios resultantes debían centrarse en la le gislación nacional de los países de origen.  La 
afirmación de que, antes del Convenio, los recursos  genéticos estaban consid erados un patrimonio de 
la humanidad y a disposición de e lla no correspondía a la realidad, ya que el acceso a los recursos 
biológicos estaba regulado por la  legislación del país en que se encontraban.  El Acuerdo sobre 
los ADPIC establecía niveles mínimos de protección de los derechos de pr opiedad intelectual y no 
especificaba obligaciones contractuales que los go biernos debían imponer respecto del acceso a los 
materiales genéticos en el territorio de otros países.   Si alguna cuestión había que examinar, dijeron 
los Estados Unidos, debía ser la de cómo podían  los países prestar asistencia a sus pueblos 
tradicionales para que adquirieran derechos y cómo  se podían explotar dichos derechos mediante la 
inversión y la concesión de licencias por el propio país. 
  Un Miembro dijo que identificar el origen de los recursos de la biodiversidad aclararía el 
examen de las solicitudes de patentes, en  el sentido de salvaguardar dicho origen. 
  PRESS/TE/021 
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  El Canadá y otros participantes alentaron a los Miembros a centrar la atención en la 
comunicación de la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en la que se planteaban cuestiones complejas y se pedían observaciones de la OMC al respecto.
5 
 Informe del Comité del año 1997 
  Los Miembros se congratularon de la adopció n del informe sobre la labor del Comité 
realizada en 1997 que se remitió al Consejo Genera l en su reunión del 10 de diciembre (véase Boletín 
de Comercio y Medio Ambiente Nº 20 ).  Las CE y Polonia dijeron que habrían deseado un Informe 
más sustancioso y de más amplias miras.  Egipto di jo que el informe debía especificar el número de 
reuniones del Comité que se celebrarían en 1998. 
  El Presidente dijo que el Comité había prof undizado y ampliado el análisis de todos los 
puntos del programa de trabajo y había avanzado en  los debates celebrados en 1997.  Los Miembros 
habían hecho progresos respecto de sus propias pos iciones según estaban recogidas en el informe 
de 1996 del Comité.  Durante 1997 había tenido lugar un proceso educativo para todos los interesados 
en los debates sobre el comercio y el medio ambiente, incluidas las organizaciones intergubernamentales y las no gubernamentales.  La  sesión de información con las secretarías de 
los AMUMA y los mecanismos financieros multilatera les, celebrada en la reunión de septiembre, 
había sido una experiencia valiosa que podía resultar ú til repetir.  Otra forma de divulgación que había 
contribuido a la profundización y ampliación de la comprensión de los puntos del orden del día por 
parte del Comité, era el Simposio celebrado en ma yo con la participación de ONG dedicadas al medio 
ambiente, al desarrollo, a la protección de los consumidores y a asuntos económicos. 
   
FIN 
                                                      
5 Se pueden obtener ejemplares de este documento (WT/CTE/W/64) solicitándolos a la División de 
Comercio y Medio Ambiente, Secretaría de la OMC, y se puede acceder al mismo a través de http://www.wto.org. 
 