. /.ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOS/C/N/115
G/C/4
21 de febrero de 2000
(00-0593)
Consejo del Comercio de Servicios
Consejo del Comercio de MercancíasOriginal:  español
NOTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO XXI
DEL GATT DE 1994 Y EL ARTÍCULO XIV bis DEL AGCS
Se ha recibido de la delegación de Nicaragua la siguiente comunicación.
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1. El 2 de agosto de 1986, Honduras y Colombia suscribieron un Tratado de Delimitación
Marítima en el Mar Caribe (Tratado Ramírez-López), el cual lesiona los derechos soberanos de
Nicaragua en el Mar Caribe al pretender imponer límites de manera unilateral, ilegal y arbitraria,a través de un reconocimiento recíproco de sus máximas pretensiones de expansión en el Mar Caribe,
en perjuicio de los derechos territoriales de Nicaragua.  El Tratado Ramírez-López no había sido
ratificado por los poderes legislativos de las partes.
2. Sorpresivamente, en noviembre de 1999, las autoridades hondureñas anuncian su intención de
ratificar el Tratado Ramírez-López, lo que se inicia con la aprobación del mismo por el Congreso dedicho país, el 30 de noviembre de 1999, a pesar de que la Corte Centroamericana de Justicia, a través
de una Resolución dictó medida cautelar consistente en la suspensión por parte de Honduras del
procedimiento de ratificación y trámites posteriores para la puesta en vigor del Tratado.  Pocos días
después, el Congreso colombiano también aprobó el Tratado, coronándose de esta forma las
pretensiones hondureño-colombianas de cercenar más de 130 km
2 de territorio nicaragüense.
3. La ratificación del Tratado Ramírez-López viola la soberanía e independencia política de
Nicaragua y crea un grave tensionamiento internacional.  El desplazamiento inmediato de tropashondureñas a la frontera con Nicaragua y de aviones de guerra colombianos a la región provocó una
convocatoria de urgencia por parte de Honduras y Nicaragua al Consejo Permanente de la OEA y el
traslado de un enviado especial de dicha organización hemisférica a la región.
4. La implementación de este Tratado crea una situación marítima compleja que puede producir
incidentes de alcance impredecible capaces de comprometer la paz y la estabilidad de la región.  Portal razón, y haciendo uso de los instrumentos que brinda el derecho internacional para la defensa de
los intereses de seguridad y la soberanía, Nicaragua presentó una demanda en contra de Honduras en
la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
5. En virtud de lo antes expuesto, la República de Nicaragua, con base en el artículo XXI
literal b), numeral iii) del GATT de 1994 y el artículo XIV bis, párrafo 1, literal b), numeral iii) del
AGCS se vio obligada a tomar una serie de medidas entre las cuales figuran las siguientes:S/C/N/115
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i) Ley Nº 325 creadora de impuestos a los bienes y servicios de procedencia y origen
hondureño y colombiano, la cual impone un gravamen del 35 por ciento a los bienes
y servicios procedentes de estos países, calculado sobre la base de la sumatoria del
valor c.i.f. más los aranceles existentes;
ii) Acuerdo Ministerial Nº 041-99, por medio del cual se cancelan los permisos de pesca
a las embarcaciones hondureñas y colombianas por razones de seguridad nacional y
para evitar la violencia innecesaria.
6. Al adoptar las medidas antes señaladas, Nicaragua ha tomado debidamente en consideración
los intereses de terceras partes, no interrumpiendo el tráfico internacional por su territorio ni
estableciendo obstáculos adicionales al comercio.  Asimismo, se ha esforzado en respetar los
compromisos arancelarios contraídos en la OMC, al  fijar por debajo de los niveles consolidados el
impuesto que grava los bienes de origen hondureño y colombiano.
7. Por consiguiente, en virtud de lo dispuesto en la decisión del 30 de noviembre de 1982,
relativa al artículo XXI del Acuerdo General y en el párrafo 2 del artículo XIV bis del AGCS,
Nicaragua procede a notificar a la Secretaría de la OMC, al Órgano de Solución de Diferencias y los
demás órganos competentes las medidas comerciales adoptadas al amparo del artículo XXI del GATTde 1994 y el artículo XIV bis del AGCS, las cuales están plenamente justificadas en el contexto
general y en el ambiente de grave tensión internacional por el que atraviesa la región.
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