ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOWT/WGTCP/W/67
26 de marzo de 1998
(98-1204)
Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre
Comercio y Política de CompetenciaOriginal:  inglés
COMUNICACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS
Se ha recibido de la Misión Permanente de lo s Estados Unidos la siguiente comunicación, de
fecha 10 de marzo de 1998, con el ruego de que se distribuya a los Miembros.
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Respuestas a las preguntas sobre legislación y política en materia de
competencia formuladas por otros Miembros de la OMC en la
reunión celebrada los días 16 y 17 de septiembre de 1997
En la reunión del Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre Comercio y Política de
Competencia celebrada en septiembre de 1997 diversas delegaciones formularon preguntas sobre la
función, finalidad y aplicación de las leyes y políticas nacionales en materia de competencia.  Aunque
la delegación de los Estados Unidos contestó verbalmente a algunas de esas preguntas en la mismareunión de septiembre y en la reunión celebrada en noviembre de 1997, a continuación se ofrecen las
respuestas a todas las preguntas formuladas con el fin de contestar cumplidamente a todos los
Miembros y facilitar el examen de estas cuestiones en el Grupo de Trabajo.
1. ¿De qué forma facilitan las directrices y demás declaraciones oficiales de política la
aplicación sin dificultades de las políticas nacionales de competencia y fomentan elcumplimiento de las leyes sobre competencia?  ¿Pueden los Miembros dar ejemplos de esas
directrices?
En las directrices se explica la manera en que el organismo encargado de las cuestiones
relativas a la competencia analiza cuestiones concretas y se informa al público de las normas
aplicables a determinados tipos de conducta o transacciones con mayor detalle del que puede darse en
las leyes.  Como ejemplos de directrices dictadas conjuntamente por la Comisión Federal de
Comercio y el Departamento de Justicia  pueden citarse los siguientes:  Directrices sobre fusioneshorizontales (1º de abril de 1992, modificadas el 8 de abril de 1997);  Directrices antimonopolio sobre
la expedición de licencias de propiedad intelectual (6 de abril de 1995);  Directrices sobre la
aplicación de las disposiciones antimonopolio en las operaciones internacionales (abril de 1995);
Declaraciones de política antimonopolio en la esfera de la atención sanitaria (15 de septiembre de
1993, 27 de septiembre de 1994);  Declaraciones de política en materia de aplicación de lasdisposiciones antimonopolio en la esfera de la atención sanitaria (agosto de 1996).
Estas orientaciones más detalladas permiten a las empresas planificar con mayor seguridad,
reducir el costo de sus actividades al conocer por anticipado cómo se aplicará la ley a las operaciones
previstas, y ahorrarse el costo y las molestias de impugnaciones por parte del gobierno, los
competidores o los consumidores.WT/WGTCP/W/67
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Las directrices ahorran recursos a los organismos al dar orientaciones con carácter más
general que en los casos o dictámenes individuales.  En la medida en que las empresas se atengan a
las directrices, se producirá un ahorro de los recursos destinados por los organismos a la aplicación de
las correspondientes disposiciones.
Las directrices pueden ser especialmente útiles en esferas en que la economía está en proceso
de cambio, los tribunales tienen pocas oportunidades de aplicar las leyes (y, por consiguiente, lasnormas son inciertas) o se aplican por primera vez los principios de competencia.  Cabe citar como
ejemplos de esas esferas el sector de la atención sanitaria en los Estados Unidos (cambio del sector);
las fusiones (en más de 20 años no se ha presentado ningún caso ante el Tribunal Supremo);  la
propiedad intelectual (nuevas cuestiones en materia de competencia);  las empresas conjuntas (nuevas
formas de colaboración) o la electricidad (apertura a la competencia por primera vez).
Las directrices pueden modificarse con el transcurso del tiempo con mayor facilidad que las
leyes, con lo que pueden adaptarse más fácilmente que éstas a un mejor entendimiento económico o alos cambios del entorno económico.
Las declaraciones oficiales de política -por ejemplo, las alocuciones de altos funcionarios-
pueden servir de indicación a los círculos empresariales de cuáles son las preocupaciones y
prioridades de los funcionarios encargados de las cuestiones de competencia o de cómo enfocan
nuevos tipos de problemas.  Este género de diálogo es importante para promover el cumplimiento delas disposiciones pertinentes.
Los informes u opiniones consultivas emitidos en relación con casos concretos pueden ser de
cierta utilidad para empresas preocupadas por la manera en que pueda contemplar una determinada
transacción el organismo encargado de las cuestiones de competencia.  Al ofrecerle orientaciones
informales y no vinculantes, el organismo anima al público a colaborar con él y a pedir suasesoramiento, lo que mejora también el cumplimiento de las disposiciones.
2. ¿Cómo influyen los acuerdos comerciales regionales o los acuerdos de integración
económica en la aplicación de la política de competencia?  ¿Debería un país parte en un acuerdo
de ese tipo tratar de establecer o mantener su propia política nacional de competencia,
especialmente si en los demás países que sean partes en el Acuerdo no hay tales políticas?¿Debería considerarse, si no, la posibilidad de establecer una política regional de competencia?
Los acuerdos comerciales o económicos regionales se basan en cierto grado en valores
compartidos y pueden constituir un marco para pr omover una visión convergente de la política de
competencia en toda la región.  En el caso del TLCAN, por ejemplo, las partes contrajeron
determinados compromisos básicos, como la adopción y el mantenimiento de una legislación enmateria de competencia y la aceptación de limitaciones al funcionamiento de monopolios y empresas
estatales.  Ahora bien, establecieron también un Grupo de Trabajo que se reúne con regularidad y
promueve efectivamente la convergencia de las leyes y políticas en materia de competencia.  Un país
que participe en un acuerdo económico regional puede también obtener ayuda de los funcionarios
encargados de las cuestiones de competencia de otros países Miembros para promover su política de
competencia interna cuando el apoyo público que encuentren en el país esas políticas sea débil o
incipiente.
No existe razón alguna para que un país no tenga una política de competencia aun cuando las
demás partes en un acuerdo económico regional no la tengan.  Todo país puede siempre mejorar el
bienestar de sus consumidores mediante el mantenimiento de una política de competencia.  Ello
representará también un factor más para atraer las inversiones deseadas.  Como varios Miembros de la
OMC señalaron en la reunión de noviembre, la política interna en materia de competencia obliga a lasempresas nacionales a convertirse en fuertes competidores, que serán también probablementeWT/WGTCP/W/67
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competidores más eficaces en los mercados mundiales.  Por último, la política interna en materia de
competencia puede promover la innovación, que es actualmente un elemento de crucial importancia
del crecimiento económico.
Una política regional de competencia presupone forzosamente una visión compartida de la
competencia, un nivel relativamente equivalente de desarrollo económico y un grado de integración
económica en el que apenas existan obstáculos al comercio.  Una política regional de competenciarealmente significativa constituye una empresa ambiciosa.  Sólo es probable que surja cuando existe
una razón imperiosa  -política, económica o de seguridad- para la integración.  (Son ejemplos notables
la Unión Europea y el acuerdo entre Australia y Nueva Zelandia.)  Cuando los países tienen ya en pie
políticas de competencia un tanto diferentes que reflejan sus propios valores, es poco probable que
surja a corto plazo una política regional de competencia significativa.  Tampoco hay ejemplos de
políticas regionales de competencia significativas en los que cada Miembro no haya adoptado también
sus propias leyes en materia de competencia.
Cabe imaginar que un grupo de países relativamente parecidos sin una legislación sobre
competencia puedan convenir en una legislación o política regional en materia de competencia,
aunque resulta cuestionable el grado de afianzamiento o aplicabilidad que podría tener esa política o
legislación.  Es también útil la competencia entre políticas nacionales de competencia.  Hungría tenía
algunas ideas y variaciones interesantes en su ley sobre competencia en proyecto, pero estimóconveniente ajustarse al modelo de la CE.  Este tipo de uniformidad, cuando sigue evolucionando
nuestra idea de la legislación en materia de competencia, puede tener sus inconvenientes.
3. ¿Qué importancia tiene la defensa de la competencia como elemento de la política de
competencia, en particular en un país en transi ción a una economía de mercado?  ¿Qué alcance
debería tener la intervención de la autoridad encargada de la co mpetencia en lo que respecta a:
a) el proceso de privatización;  y b) la vigilancia de la evolución de los mercados de capital,
como medio de asegurarse de que se aplica la política de competencia?
En un país en transición a instituciones de mercado la defensa de la competencia es
probablemente la principal función de las autoridades en esa esfera.  La defensa de la competencia es
con frecuencia de máxima utilidad cuando no se dispone de los instrumentos tradicionales deaplicación de la ley.  Desempeña también una importante función cuando el poder legislativo
promulga o modifica las leyes en materia de competencia o regulación o cuando los organismos
reguladores aplican dichas leyes.  Es asimismo útil cuando el organismo encargado de la competencia
no tiene jurisdicción directa en materia de aplicación o comparte esa jurisdicción con otros
organismos.
Es interesante preguntar quién desempeña esa función de defensa.  Puede hacerlo el órgano
ejecutivo,  para lograr resultados coherentes con los principios, educar al público y crear apoyo para la
política de competencia;  pero si el hacerlo impone cierto grado de transacción política, esa
intervención puede comprometer su credibilidad y  autoridad legal.  Si el órgano ejecutivo no
desempeña la función de defensa, podría haber una "comisión de reforma" especial o un ministerio de
rango especial que pueda hacerlo.  El enfoque más eficaz depende de las costumbres y estilo de la
cultura política (y de competencia) del país de que se trate.
La función de defensa debe ejercerse tanto interior como exteriormente, dentro del gobierno
en el primer caso y orientada al público, los consumidores y las empresas en el segundo.  Las
limitaciones gubernamentales a la competencia pueden ser constantes y tener una gran importancia
económica, pero pueden corregirse por medio del proceso político.  Los funcionarios encargados de la
competencia deben realizar una labor interna de defensa en los comités mixtos o intergubernamentaleso en los grupos de trabajo especiales que formulen la política económica.  Pueden realizar tambiénWT/WGTCP/W/67
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esa labor públicamente en audiencias ante los organismos reguladores o más discretamente mediante
la presentación de observaciones a organismos que aborden cuestiones relacionadas con la
competencia.
También es importante la labor exterior de defensa, para que los ciudadanos comprendan y
valoren los principios de la competencia.  Las charlas a empresas y grupos de consumidores llenan
lagunas y aportan comprensión.  Incluso los comunicados de prensa en los que se explican lasmedidas y posiciones de los organismos ayudan a los consumidores a comprender cuánto dinero
ahorran -o cómo ha aumentado el número de productos entre los que elegir- cuando se pone fin a una
conducta anticompetitiva.  La creación de apoyo político a los principios de la competencia es de
importancia crucial.
Las autoridades en materia de competencia deben intervenir en el proceso de privatización.
Si no se presta la debida atención, los monopolios públicos pueden convertirse en monopolios
privados.  Los compradores de monopolios públicos tal vez emprendan la reestructuración tecnológicay financiera pero no es probable que realicen una reestructuración en materia de competencia.  Esta
última no reporta beneficios especiales a los propietarios;  en realidad, éstos pueden haber tenido en
cuenta los beneficios esperados del monopolio al calcular su precio de compra.  Así pues, es
conveniente dividir los monopolios públicos en empresas competidoras antes o en el curso de la
privatización, especialmente cuando haya pocas probabilidades de una oportuna entrada de nuevasempresas y sea reducida la competencia de las importaciones.  Los organismos encargados de la
competencia deben asesorar sobre estas cuestiones.
Una propuesta razonable con respecto a la intervención de los funcionarios encargados de la
competencia sería exigir a los organismos responsables de la privatización que consultaran con las
autoridades en materia de competencia antes de adoptar decisiones relativas a la privatización,  yquizás que obtuvieran su conformidad.  Si fuera posible desde el punto de vista político, sería
preferible que existiera esta última facultad de veto.  Los organismos encargados de la privatización
pueden sufrir considerables presiones encaminadas a elevar al máximo el precio de venta de las
empresas objeto de privatización, por lo que tal vez se muestren reacios a reducir el valor de venta de
una posición dominante.  Pueden también tener vinculaciones con la industria, lo que suele llamarseacaparamiento de la industria.  Y los inversores extranjeros pueden tratar de lograr que se impongan
restricciones a la competencia antes de convenir en una compra o una empresa conjunta.  Por
supuesto, algunas restricciones son eficaces y reducen el riesgo de los inversores, pero la vigilancia de
los organismos encargados de la competencia puede evitar disposiciones excesivamente restrictivas.
Varios regímenes existentes requieren una interacción entre las autoridades encargadas de la
privatización y las encargadas de la competencia.  En la República Checa, la legislación en materia de
competencia ordena a las autoridades responsables de la privatización que sometan a la aprobación de
las autoridades encargadas de la competencia las propuestas de transferencia de bienes estatales.  En
Hungría, con arreglo a la política de competencia las autoridades encargadas de la privatización deben
celebrar consultas con las autoridades antimonopolio si una empresa en venta tiene potencial de
dominio del mercado.  También en México es obligatoria la celebración de consultas.
La intervención de las autoridades en materia de competencia en la vigilancia de la evolución
de los mercados de capitales es menos importante.  Cabe imaginar que se realicen intentos de
monopolizar esos mercados, pero es muy improbable, ya que podrían desalentar la entrada de capital.
Por otra parte, permitir la intervención de los organismos encargados de la competencia en la
evolución de los mercados de capitales (por ejemplo, operaciones de capitalización e intercambio
comercial) crearía demoras inconvenientes en el mejor de los casos y corrupción en el peor.  Variosorganismos de economías en transición están en la etapa de examen para la creación de sociedades de
todo tipo;  no es evidente, sin embargo, que ello responda a un objetivo necesario desde la perspectiva
de la política de competencia.WT/WGTCP/W/67
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4 ¿Qué medidas convendría adoptar en relación co n la retirada de empresas (o industrias)
ineficientes, en particular en el contexto de la transformación económica?
Lo que se necesita son normas que permitan la retirada de las empresas más ineficientes.  La
teoría económica nos dice que en primer lugar deben retirarse las empresas más ineficientes, pero la
realidad económica, las limitaciones a la movilidad de la mano de obra y los activos, e incluso la
teoría de los juegos discurren a veces de otra manera.  Algunos países ponen obstáculos a la retiradade las empresas con la esperanza de proteger a los trabajadores del desempleo y conservar un capital
escaso.  Pero esas restricciones fomentan que las empresas ineficientes sigan operando, lo que
representa un desperdicio de los recursos, perjudica a los consumidores y puede de todas maneras dar
lugar a despidos.  En cambio, el efecto de las medidas en materia de competencia es animar a las
empresas ineficientes a centrarse en otros productos, reducir sus dimensiones, lograr eficiencia o
proceder al cierre.  Como señaló la Argentina en  la reunión de noviembre, no es la competencia la que
crea un desempleo persistente, sino los controles de los precios y la reglamentación excesiva.
Otra posibilidad es que una empresa débil se fusione con un competidor más fuerte.  La
política de fusiones de los Estados Unidos permite una excepción estricta cuando se fusiona una
empresa en situación de quiebra.  Aunque en principio su finalidad era en parte mitigar los trastornos
y daños a los trabajadores, acreedores y demás personas perjudicadas cuando las empresas se ven
obligadas a la quiebra en vez de la venta, la estricta interpretación de la política ha sido de hechocompatible con resultados competitivos.  (Ello se debe a que los criterios aplicados para que pueda
realizarse una fusión con una empresa en situación de quiebra son muy rigurosos.  Sólo se permite la
fusión si la empresa en situación de quiebra:  1) no puede cumplir sus obligaciones financieras;  2) no
podría reorganizarse satisfactoriamente en el marco de las leyes sobre la quiebra;  3) ha realizado
esfuerzos infructuosos, pero de buena fe, para encontrar otros compradores que puedan representarmenos daño para la competencia;  y 4) se retiraría del mercado si no se produjera la adquisición.)  En
recientes audiencias la Comisión Federal de Comercio consideró la posibilidad de ampliar la defensa
de las empresas en situación de quiebra.  La reacción general fue negativa:  la estricta excepción
actual tiene sentido desde el punto de vista económico y los trabajadores no pueden quedar aislados
del cambio.  Es probable que pierdan su trabajo tanto si la empresa se declara en quiebra como si sefusiona para aumentar su eficiencia.  Pero estimamos también que, al incorporar consideraciones de
eficiencia en nuestro análisis de las fusiones, podemos apreciar la situación cambiante de la industria,
lo que a menudo reduce las preocupaciones en materia de competencia en esas fusiones.
No queremos decir con ello que el desempleo no sea una cuestión importante.  Lo es, como lo
son también la reeducación profesional de los trabajadores, la continuidad del seguro de enfermedad ycuestiones similares.  Pero hay políticas distintas de la política de competencia que se adaptan mejor a
la solución de esos graves problemas.  La política de competencia no funcionará si trata de lograr
demasiados objetivos, algunos de ellos opuestos.
5. ¿Cómo deberían los países llevar a cabo la armonización, o establecer otra forma de
interacción, de la legislación nacional sobre competencia con otros elementos de su
ordenamiento jurídico nacional, que puede incluir disposiciones que limiten la competencia?
En primer lugar, deben hacer recaer en todo momento la responsabilidad principal de la
aplicación de la legislación sobre competencia en las autoridades nacionales competentes.  Así pues,
cuando un país desreglamenta o liberaliza determinados sectores, como el de las telecomunicaciones o
el transporte, debe considerar seriamente si el mantenimiento de la competencia en el sector de que se
trate debe ser responsabilidad de las autoridades encargadas de la competencia en vez de serlo de los
antiguos (o nuevos) organismos reguladores.WT/WGTCP/W/67
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Es preciso que los funcionarios encargados de la competencia formen parte de grupos y
comités mixtos en los que puedan defender el valor de los principios de la competencia.  Deben
también mantener buenas relaciones con el poder legislativo y prestar asesoramiento sobre las
cuestiones importantes relativas a la competencia que puedan plantearse en las propuestas legislativas
en curso de examen.
6. ¿Es factible recurrir al principio de respeto activo de la prelación "positive comity"
como instrumento para resolver los problemas de la política de competencia reduciendo al
mismo tiempo al mínimo los conflictos internacio nales de jurisdicción, en circunstancias en las
que las prácticas anticompetitivas se originan  en sectores económicos que no entran en el
ámbito de la legislación nacional sobre competen cia aplicable en la jurisdicción en la que se
utilizan esas prácticas?
No.  Una solicitud de aplicación del principio de cortesía internacional positiva  ("positive
comity") debe basarse en una infracción de las leyes de competencia del país en el que tenganprincipalmente lugar las prácticas anticompetitivas.  De lo contrario, el organismo al que se pida que
realice la investigación y consiguiente acción judicial no tendrá potestad para hacerlo.
No obstante, aun cuando un organismo encargado de la competencia no pueda aceptar
formalmente una solicitud de aplicación del principio de cortesía internacional positiva por no
infringir su legislación la conducta denunciada -debido a una exención o exclusión, por ejemplo-, encasos apropiados ese organismo podrá ayudar a las autoridades peticionarias a tratar de lograr
reparación en el marco de las leyes de su país, por ejemplo facilitando información pertinente.  En los
casos de exenciones establecidas por ley podría también resultar apropiado un enfoque de política
comercial.
7. ¿En qué medida pueden los países "quemar etapas" en el proceso de aprendizaje que
implica la elaboración y aplicación de regímenes nacionales de competencia eficientes,
aprovechando la mayor experiencia de otros país es en la administración y aplicación de la
legislación sobre competencia?
En medida considerable.  Desde 1990, 35 país es han promulgado leyes sobre competencia y
en los pocos años transcurridos la gran mayoría de ellos han logrado una comprensión de la teoría dela competencia y su aplicación mucho más avanzada que la que tenían los funcionarios de los Estados
Unidos 10 años después de la promulgación de la Ley Sherman.  Los programas de asistencia técnica
permiten a los países con nuevas leyes sobre competencia establecer una política de competencia
eficaz lo antes posible y "quemar etapas" en el proceso de aprendizaje.  A veces puede disponerse de
abogados y economistas experimentados de países con tradición antimonopolio para colaborar confuncionarios de los nuevos organismos encargados de la competencia durante períodos largos (seis
meses).  También los funcionarios que se ocupan de la cuestión de cómo aplicar las nuevas leyes
sobre competencia pueden visitar por breves períodos organismos como el Departamento de Justicia o
la Comisión Federal de Comercio para oír y ver  personalmente  cómo se aplican las leyes sobre
competencia.
El sistema Internet y las páginas correspondientes a diversos organismos con experiencia en
la aplicación de la política de competencia proporcionan abundantes orientaciones y precedenteslegales útiles para hacer frente a las cuestiones relativas a la política de competencia.
8. Reconociendo que, en algunos casos, las prácticas anticompetitivas de las empresas
pueden tener su origen en políticas gubernamenta les, tácitas o expresas, que toleran o fomentan
tales prácticas, ¿qué medidas pueden ser necesarias para cumplir los objetivos de la política de
competencia, además de la aplicación de las leyes sobre competencia que se refieren a laactuación de las empresas?
La defensa de la competencia.  El organismo nacional encargado de la competencia debe
disuadir a los demás organismos públicos de todos los niveles (nacional, regional y local) de queWT/WGTCP/W/67
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formulen o apliquen leyes o reglamentaciones que obstaculicen la competencia en un mercado.  Las
autoridades en materia de competencia deben prestar tanta atención a la supresión de los obstáculos
internos a la rivalidad en el mercado libre sancionados por el Estado como prestan a la prevención de
conductas anticompetitivas puramente privadas.  Cuando otros organismos públicos adopten
decisiones que afecten a la política de competencia, en materia por ejemplo de desreglamentación,
deben consultar a dichas autoridades o permitirles que formulen observaciones.
Los funcionarios de otras naciones encargados de las cuestiones relacionadas con el comercio
y la competencia deben intervenir cerca de los organismos nacionales que fomenten o toleren las
prácticas anticompetitivas.  Deben ayudar a educar a las empresas y a los consumidores nacionales
para que se den cuenta del perjuicio que les causan esas prácticas.
La legislación nacional en materia de competencia debe otorgar derechos de recurso al sector
privado con el fin de que las empresas nacionales o extranjeras que resulten perjudicadas por las
prácticas anticompetitivas (por ejemplo, de organizaciones de establecimiento de normas que lasexcluyan de manera injusta) puedan tener ciertas posibilidades de recurso y ejercer también presión
para que cambie la situación.
9. ¿Cuál es el equilibrio óptimo entre la ejecuci ón y la no ejecución de la legislación sobre
competencia?  ¿De qué forma evitan las autorida des encargadas de la competencia convertirse
en "un órgano regulador más"?
Dadas las limitaciones presupuestarias, no es probable que una política de competencia
ajustada a  la situación económica se considere excesivamente reguladora.  Lo más probable es que el
organismo encargado de la competencia no tenga recursos suficientes para ocuparse de la gran
variedad de prácticas potencialmente anticompetitivas con las que se enfrente.
Siempre que sea posible, debe adoptarse un enfoque de ejecución de las leyes más que un
enfoque de control previo.  El enfoque de ejecución de las leyes conserva los recursos, emite señales
claras y es menos probable que llegue a ser excesivamente regulador.  Cuando es necesario un
enfoque de control previo -como en el caso de las fusiones en proyecto, prácticamente imposibles de
deshacer a posteriori - debe haber exenciones o mecanismos de defensa claros que liberen tanto a las
partes como a los gobiernos de la necesidad de dedicar recursos a casos que no ofrezcan dudas.  Debehaber también normas claras en consonancia con los principios económicos (no categorías rígidas)
que permitan a las empresas planificar su conducta y prever las reacciones oficiales y a los
organismos reguladores actuar de manera coherente.
Las sanciones deben consistir en prohibiciones, multas (o penas de prisión) o arreglos
estructurales -por ejemplo, enajenaciones- que puedan aplicarse de una vez por todas para resolver elproblema anticompetitivo.  Los funcionarios encargados de la competencia deben evitar sanciones que
requieran vigilancia continua, reglamentación del acceso o supervisión de precios, por ejemplo de
cánones o derechos de propiedad intelectual.
10. ¿Cómo pueden los países promover una "cultura de la competencia" para
complementar y reforzar los efectos positivos de la aplicación de las leyes sobre competencia?
También en este caso lo mejor es una enérgica defensa de la competencia:  lograr aliados en
el gobierno, en el sector empresarial y entre los co nsumidores o grupos de consumidores;  dar charlas
que demuestren a los consumidores el ahorro conseguido mediante las medidas de aplicación;  animar
a las empresas y a los círculos académicos a que colaboren con el organismo encargado de la
competencia en la redacción de directrices o hacer que las empresas puedan obtener opiniones
consultivas sobre transacciones en proyecto, por ejemplo, empresas conjuntas.WT/WGTCP/W/67
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El fomento de una "cultura de la competencia" requiere también la aplicación efectiva de las
leyes sobre competencia, para establecer la línea divisoria entre buena conducta y mala conducta y
lograr efectos disuasorios.  Las posibles sanciones deben ser lo bastante importantes para que no se
consideren un gasto más del negocio.  La obligación personal -en contraposición a la simple
obligación social- puede contribuir enormemente a establecer un sentimiento de responsabilidad
personal en el cumplimiento de la ley.
11. [Pregunta dirigida a la CE]
12. Los países más pequeños se ven afectados algunas veces por fusiones que suprimen la
rivalidad entre divisiones nacionales de empres as multinacionales (EMN), cuando la fusión ha
sido "aprobada" o autorizada en la jurisdicción  en la que tienen su sede las EMN. ¿Tienen en
cuenta las autoridades encargadas de la comp etencia en las jurisdicciones en que las EMN
tienen su sede los efectos que tales fusiones pued en producir en otros países en los que esas EMN
desarrollan sus actividades?
La jurisdicción sustantiva de las leyes sobre competencia de una nación determina dónde se
medirán los efectos.  El artículo 7 de la Ley Clayton prohíbe toda fusión o adquisición cuyos efectos
en cualquier línea de comercio o en cualquier actividad que afecte al comercio en cualquier parte de
los Estados Unidos puedan ser en lo esencial reducir la competencia o tender a crear un monopolio.
Así pues, las autoridades de los Estados Unidos se centran en los efectos de la fusión en proyecto enlos Estados Unidos.
No obstante, el mercado geográfico pertinente puede ser mayor que el de los Estados Unidos.
En tal caso, la fusión puede muy bien surtir efectos fuera de los Estados Unidos.  Como mínimo, es
posible que el Departamento de Justicia o la Comisión Federal de Comercio traten de ponerse en
contacto con las empresas extranjeras que sean real o potencialmente competidores, abastecedores oclientes.  Cuando se trate de mercados geográficos transfronterizos, las autoridades de los Estados
Unidos harán la oportuna notificación al país cuyos intereses se vean afectados o con cuyos
nacionales pueda entablarse contacto, de conformidad con la Recomendación sobre Cooperación de la
OCDE o con el correspondiente acuerdo bilateral de cooperación (con Australia, el Canadá, Alemania
y la CE).  Además, las empresas objeto de la fusión pueden haber hecho la oportuna gestión en otrospaíses si se han traspasado los umbrales de sus leyes sobre fusiones.  En teoría, si un mercado abarca
más de un país y las leyes sobre competencia de los  países abarcados son lo bastante similares, las
autoridades competentes de esos países que examinen la fusión deberán llegar a conclusiones
similares.  No obstante, hay excepciones.  En el caso Ciba-Geigy/Sandoz tanto los Estados Unidos
como la CE concluyeron que había un mercado mundial de I+D con respecto a algunos de los
productos pertinentes.  Sin embargo, los Estados Unidos impusieron una medida más rigurosa, debido
en parte a las diferencias existentes entre lo que protegen nuestras respectivas leyes sobre propiedad
intelectual.  El caso Boeing/McDonnell Douglas se sale también de lo acostumbrado:  pese a haber un
mercado mundial de aeronaves comerciales y leyes sobre competencia relativamente similares, las
diferencias en la manera en que las respectivas autoridades analizan las fusiones y restricciones
verticales fueron suficientes para que las autoridades de los Estados Unidos y de la CE llegaran a
conclusiones diferentes.
Es también posible que una fusión tenga efectos en varios países aun cuando los mercados
pertinentes sean de países específicos (por ejemplo, cuando la aprobación reglamentaria nacional
afecta a  un mercado nacional) o no se superpongan.  En esos casos las autoridades estadounidenses
en materia de competencia se pondrán también en contacto con los países cuyos intereses sea probable
se vean afectados siempre que exista un acuerdo de cooperación.  Además, las empresas habrán hechola oportuna gestión en los países en los que se traspasen los umbrales de sus leyes sobre fusiones.  Al
cooperar con otras autoridades en la materia, los funcionarios encargados de la competencia se dan
cuenta de las preocupaciones de los demás y pueden colaborar para hallar soluciones a los problemasWT/WGTCP/W/67
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en materia de competencia de cada jurisdicción sin imponer a las partes (y a su capacidad de
cumplimiento) obligaciones incongruentes.  La cooperación entre las autoridades competentes permite
a cada país centrarse efectivamente en los problemas que se plantean en su territorio sin impedir los
beneficios en materia de eficiencia que puedan lograrse en otros países como consecuencia de la
fusión.
Este último punto demuestra la utilidad de tener una ley de control de las fusiones y de ser
parte en acuerdos de cooperación.  Recientemente, la Comisión Federal de Comercio examinó la
fusión de una empresa alemana y otra brasileña que eran las dos principales empresas productoras de
pistones para motores diesel en los Estados Unidos.  La Comisión  abordó el problema planteado en el
mercado de los Estados Unidos.  No tenía autoridad para investigar si podía haber efectos
anticompetitivos únicamente en el mercado brasileño ni tal vez el Brasil hubiera querido que lo
hiciera en cualquier caso.  Si el Brasil hubier a tenido un acuerdo de cooperación con los Estados
Unidos, sus funcionarios encargados de la competen cia hubieran advertido de la posibilidad de que se
produjeran esos efectos.
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